Los procesos en La Paz abren una nueva polémica.
Una marcha de campesinos liderados por Luis Alfaro llegará a la ciudad de Tarija el miércoles 3 de diciembre. El mismo día, el Comité Cívico protestará con un paro ante la detención de Reynaldo Bayard y en defensa de su Prefecto.
8 de agosto del 2008. Ésta fue la última movilización departamental que se realizó en la ciudad de Tarija, un mes antes de los hechos que llevaron a Reynaldo Bayard a la cárcel.
La Razón
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Una marcha de campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) liderados por Luis Alfaro y el anunciado paro del Comité Cívico en protesta por la detención del dirigente Reynaldo Bayard y en defensa del prefecto Mario Cossío trasladarán este miércoles 3 de diciembre la tensión política a la ciudad de Tarija.
Ayer, los sectores sociales llegaron al municipio de Entre Ríos y tienen previsto ingresar el miércoles por la mañana a la capital tarijeña, según Alfaro. Mientras que esta tarde a partir de las 17.00 se reunirá la Asamblea Departamental para definir qué otras medidas se tomarán en la semana junto al Comité Cívico.
“Yo creo que el paro será el último pataleo de algunos cívicos”, sostuvo ayer Alfaro, para quien el movimiento cívico tarijeño no tiene la misma fuerza que meses anteriores, porque a su juicio, la Universidad Juan Misael Saracho, además de las juntas vecinales, gremiales y maestros se desmarcaron de los cívicos.
Ante un eventual choque entre campesinos y cívicos en la jornada del miércoles, el dirigente cívico Freddy Castrillo apuntó que “ el movimiento cívico nunca tuvo la lógica de la confrontación ni de generar algún tipo de conflicto y mucho menos con los campesinos”. No obstante, apuntó al directivo Alfaro “que nunca estuvo en la misma línea, siempre estuvo operando para el Gobierno, movilizando gente en contra del movimiento departamental. Esperemos que esta marcha sea pacífica. Que no se genere ningún tipo de provocación ni confrontación con ningún sector social de Tarija”.
Los cívicos protestarán ante la política de persecución a sus dirigentes y ante el eventual enjuiciamiento al prefecto Mario Cossío. El Gobierno detuvo la anterior semana al cívico Reynaldo Bayard, acusado de ser el autor material del atentado contra un ducto en Villamontes.
Sobre el tema, el secretario general de la Prefectura tarijeña, Mauricio Lea Plaza, indicó que la protesta es organizada por el Comité Cívico, “pero, por lo que hemos sabido, es un paro que justamente está rechazando este manejo de la administración de la justicia que penaliza a la movilización social a través del encarcelamiento de Bayard”.
Lea Plaza dejó la responsabilidad de preservar el orden público en manos de la Policía, cuando el miércoles confluyan en la ciudad las marchas de los campesinos y de los cívicos en Tarija.
Con relación al paro, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en una entrevista con radio Erbol, dudó ayer de que el mismo pueda tener respuesta. “Escuché a la dirigente cívica de Tarija, Patricia Galarza, que van a convocar a un paro. Mire, yo tengo mis grandes dudas de si ese paro va a tener respuesta”, precisó.
Alfaro y los campesinos marchan hace cinco días desde Yacuiba a Tarija, con el fin de pedir la transferencia y la administración directa de los recursos y regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las secciones municipales.
“Frente a una actividad totalmente política de la Prefectura en todo este tiempo y una extrema corrupción que está llevando a que el Gobierno intente confiscar o revertir los recursos que no han ejecutado y que son más del 60 por ciento en la Prefectura”, reclamó el directivo.
En Tarija podría librarse una nueva pulseta entre el Ejecutivo y los cívicos, después del acuerdo al que se llegó en noviembre.
OTROS DETALLES
Otro sospechoso • El ministro Rada dijo ayer que sigue prófugo Felipe Moza, dirigente y presidente del Comité Cívico de Villamontes que habría participado del atentado.
Reunión • Cívicos de Tarija, Sucre, Santa Cruz y Beni podrían reunirse entre hoy y mañana para definir las medidas que tomarán en defensa de los prefectos y dirigentes cívicos.
Los procesos en La Paz abren una nueva polémica
DISCUSIÓN • Alfredo Rada asegura que son legales. Podemos, que criminalizan protestas.
El Gobierno asegura que el traslado de autoridades y cívicos a La Paz para juzgarlos por delitos que, dice, afectan a la seguridad del Estado (terrorismo) es legal y está avalado por el Ministerio Público, que designó una comisión de investigadores. La oposición advierte que el Ejecutivo convierte a la sede de gobierno en un campo de concentración y criminaliza la protesta social.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, se encuentran en la cárcel de San Pedro luego de que fueron detenidos en sus distritos, trasladados a La Paz y procesados.
La misma suerte corrieron otros cívicos, como José Vaca, por la voladura de un gasoducto en Villamontes; Jorge Melgar, un presentador de radio en Riberalta que supuestamente alentó tomas del aeropuerto, y los tres integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista que supuestamente golpearon a dos jefes policiales.
El senador de Podemos Roberto Ruiz declaró ayer que “me parece que nada justifica convertir a La Paz en un gran campo de concentración sólo porque la sede de gobierno tenga un juez servil como Williams Dávila, que ha organizado su banda de cinco fiscales para hacer persecuciones políticas por encargo”.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseveró que “La Paz es sede de los principales poderes del Estado. Nosotros presentamos, hace algún tiempo, una protesta al Ministerio Público, de decir que aquí se cometen delitos de sedición, de terrorismo, de conspiración y todos ellos tienen en común que atentan contra la seguridad del Estado”.
Por lo tanto, acotó: “Allá donde está la sede de los poderes es donde deben ventilarse los casos. Hay jurisprudencia. Hace 10 ó 15 años se habrían ventilado casos de terrorismo, y no importaba el lugar donde eran detenidas las personas, todas ellas eran trasladadas a La Paz”.
Acotó que el fiscal general de la República, Mario Uribe, conformó una comisión especial de investigadores con jurisdicción nacional integrada por cinco fiscales, encargados de indagar por la vía judicial estos casos de sedición, terrorismo y conspiración. Esa es la comisión que actuó en todos estos casos.
Ruiz replicó que “la tipificación de terrorismo es un intento forzado de criminalizar la protesta social, que ha podido tener excesos, los reconocemos, pero no por eso se la puede tildar de una acción organizada, deliberada de terrorismo, como conocemos, a través de grupos especializados estilo Al Qaeda, EGTK o Triple A”.
Además, lamentó que mientras el presidente Evo Morales plantea la discusión de la transición a un régimen autonómico y la adecuación de sus estatutos a la nueva CPE, “su ministro encarcela líderes cívicos y amenaza a prefectos. ¿Dónde quiere poner las mesas de trabajo?, ¿en Chonchocoro, con todos los prefectos presos?
Recluyen a los tres unionistas
La jueza 4ª de Instrucción en lo Penal Cautelar, Margot Pérez, dispuso ayer la detención preventiva de los tres presuntos agresores del ex jefe de la Policía de Santa Cruz, coronel Wilge Obleas.
“Se declaró la aprehensión ilegal ya que el fiscal (Isabelino Gómez) no aplicó el procedimiento (citado por) el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”, informó Pérez al concluir la audiencia.
Sin embargo, explicó que Jorge Brasil, Julio César Zenteno y David Yu Lee fueron enviados al penal de San Pedro porque su defensa no demostró dónde se encontraban cuando ocurrieron las agresiones a la Policía.
Agregó que se estableció en los detenidos riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, porque “no nos han demostrado que tienen domicilio, familia, ni trabajo” y porque no son las únicas personas que participaron en los hechos ocurridos el 15 de agosto en Santa Cruz durante una protesta de los discapacitados.
Por su lado, el abogado defensor, Rolando Rojas, dijo que si sus patrocinados “fuesen los autores, deberían ser juzgados en Santa Cruz, lugar donde viven y en el que pueden defenderse”.
Por ello, indicó que apelará la resolución y agregó que está pendiente un recurso de excepción de competencia contra el juzgado donde radicó el proceso.