Fracasa la instructiva de izar la wiphala en entidades públicas.
Santa Cruz desafía a Evo, no acatará la disposición de una súper que ya no existe.
Muestra: en el frontis del Palacio Quemado no flameó la wiphala como dispuso la Superintendencia Civil
La burocracia estatal aumenta y se reacomoda el Presupuesto
Ahora existen 206 cargos jerárquicos, 15 más que en la anterior legislación
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También hubo cambios en el Ministerio de Gobierno, donde se creó la Dirección de Transparencia Policial.
La Prensa
Una vez promulgada la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el Gobierno del presidente Evo Morales incrementó la burocracia estatal de 191 cargos jerárquicos a 206. Los tres nuevos ministerios tienen seis viceministerios y 11 direcciones generales, según revela el Decreto Supremo 29824, de organización del Órgano Ejecutivo.
El Mandatario emitió el domingo 8 de febrero esa norma, mediante el cual reorganiza el aparato público en el marco de la aplicación de la nueva Carta Magna, promulgada la víspera.
El documento revela que ahora existen 206 cargos, entre ministros, viceministros y directores generales, es decir, 15 más que en el anterior régimen.
En la actualidad, el Órgano Ejecutivo está integrado por 20 ministerios, 57 viceministerios y 129 direcciones generales. En la anterior legislación había 17 ministerios, 51 viceministerios y 123 direcciones generales.
Las superintendencias que fueron creadas durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ingresan en un proceso de migración, como la de Bancos, que se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que además asume las atribuciones de control de Valores y Seguros; la Superintendencia de Hidrocarburos pasará a denominarse Agencia Plurinacional de Hidrocarburos, y el despacho de Minas, Dirección General Jurisdiccional y Administrativa de Minas.
En los nuevos ministerios se crearon viceministerios y direcciones generales. En el de Autonomías habrá dos viceministerios y cuatro direcciones; en Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, dos viceministerios y tres direcciones, y en el Ministerio de Culturas, dos viceministerios y cuatro direcciones.
En Culturas además se crearon la Dirección General de Administración Pública Plurinacional, la Dirección General de Lucha Contra el Racismo, la Dirección General de Promoción Cultural y Artística, y la Dirección General de Patrimonio Cultural
En Lucha contra la Corrupción hay una Dirección General de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia; la Dirección General de Investigación de Actos de Corrupción y la Dirección General de Recuperación de Bienes. En Autonomías se crearon las direcciones de Descentralización Fiscal Financiera, de Organización Territorial y de Límites.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo que este incremento no afectará a la burocracia, de la que se quejó en varias oportunidades el presidente Morales, porque las únicas innovaciones se realizaron en las instancias creadas.
Asimismo, afirmó que el presupuesto de 6.000 millones de bolivianos que fueron aprobados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la administración central no variará. “No se aumentarán recursos porque este techo ya está aprobado”. La autoridad anunció que se realizarán adecuaciones internas, pues algunos viceministerios que dependían de un ministerio fueron “transferidos” a otro con su respectivo presupuesto.
Esta “recomposición” del personal y del presupuesto será ejecutada en los siguientes días, según informó la autoridad, pues el proceso de implementación del Decreto Supremo 29824 será gradual.
Asimismo, el presidente Morales puede designar al menos dos ministros “sin cartera”, si es necesario, para la aplicación de la nueva Carta Magna mediante decretos supremos.
El secretario de Hacienda de la Prefectura cruceña, José Luis Parada, afirmó ayer que el Gobierno tendrá que reformular el presupuesto aprobado para los 17 ministerios con los que contaba antes de que se aprobara la nueva Carta Magna. “La creación de nuevas instancias requiere fondos, entonces ¿cómo comenzarán a trabajar esos ministros nuevos si no tienen un presupuesto?”, se preguntó.
La reestructuración del Órgano Ejecutivo también ingresó en las carteras estatales que fueron ratificadas. En el Ministerio de Gobierno se creó la Dirección General de Reforma y Transparencia Policial; en Justicia se abrieron el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario, y el de Igualdad y Oportunidades; asimismo en Minería se creó el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas.
Convocatoria a prefectos
El Poder Ejecutivo convocará en esta semana a los prefectos de los nueve departamentos bolivianos a una reunión de coordinación en La Paz, con miras a la aplicación del proceso autonómico, incorporado a la nueva Constitución Política de Estado (CPE), promulgada el sábado, según anunció ayer el ministro de Autonomía, Carlos Romero.
“Esta reunión será lo antes posible, seguramente vamos a definir el día preciso, seguramente será en esta semana. En el gabinete vamos a esperar la palabra del Presidente”.
Romero se dijo dispuesto a sentarse a conversar, lo antes posible, con los prefectos. “Queremos trabajar, ya que estamos desesperados por agendar todas las variables de este tema”.
Dijo que la demanda autonómica es una reivindicación de todo el pueblo boliviano y que está garantizada en la Constitución en vigencia. Según la Carta Magna, “Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, libre independiente, soberano democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Los departamentos que votaron por este régimen pueden acceder directamente a este modelo de descentralización.
El Órgano Ejecutivo
El Poder Ejecutivo pasa a denominarse Órgano Ejecutivo y tiene nuevas atribuciones.
La nueva Constitución dice que esta instancia debe ser plurinacional y equitativa.
El Presidente puede designar a dos ministros “sin cartera” aparte de los 20 posesionados.
Fracasa la instructiva de izar la wiphala en entidades públicas
Santa Cruz desafía a Evo, no acatará la disposición de una súper que ya no existe
En la plaza Murillo, ninguna institución estatal cumplió la disposición de la Superintendencia
La instructiva de la Superintendencia de Servicio Civil de izar la wiphala y atender los trámites en idiomas originarios en las entidades públicas dependientes del Estado, gobiernos autónomos y municipios fracasó en el primer día de aplicación.
El superintendente Rodolfo Illanes envió el sábado la Carta Circular SSSC/ICS-002/209 a las entidades de la administración central y los gobiernos autónomos departamentales, municipales y regionales con el instructivo de iniciar la atención en idiomas originarios e izar la wiphala junto a la tricolor, entre otras disposiciones inmediatas de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) promulgada el mismo día.
La medida debía implementarse desde ayer; sin embargo, ésta no se cumplió. La Prensa realizó un recorrido por varias entidades públicas y constató que ninguna atendió el instructivo.
El Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional y la Prefectura de La Paz izaron solamente la bandera boliviana y no así la wiphala. La Cancillería no tenía ninguna enseña patria.
En el Ministerio de Trabajo, la Vicepresidencia, la Alcaldía de La Paz, el Banco Central de Bolivia, la Dirección Nacional de Comunicación (Dinacom) y la línea aérea del Estado Boliviana de Aviación (BoA) tampoco flameó la whipala junto con la bandera nacional.
En el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (antes Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente) sí ondeaba la whipala, al igual que en el Servicio Nacional de Migración, pero no por el instructivo, puesto que esa bandera flameaba en esas dos dependencias gubernamentales antes de la disposición.
Durante la primera reunión del gabinete plurinacional en el Palacio, el domingo, una wiphala en forma de estandarte fue colocada detrás del sillón del presidente Evo Morales.
En las regiones de la “media luna” la disposición tampoco fue acatada como en los municipios de las nueve capitales, según averiguó este matutino.
En Santa Cruz, la instructiva de la Superintendencia fue rechazada por la Prefectura. Ayer, en conferencia de prensa, el director de Justicia, Vladimir Peña, adelantó que la institución departamental no acatará estas disposiciones por considerarlas “incoherentes”. “No tienen moral (el oficialismo) para tomar esas decisiones. Si ellos quieren basarse en su Constitución, las superintendencias tendrían que desaparecer del país. Eso es parte de la demagogia. Además, primero habría pedirle al presidente Evo Morales que hable un idioma originario”.
El funcionario prefectural explicó que en el gobierno departamental cruceño existe una Dirección de Asuntos Indígenas que atiende las demandas de los pueblos originarios de ese departamento y promueve el uso de sus lenguas, pero que no es obligatorio, por lo que no hará falta implementar la atención en dos idiomas y tampoco prevé izar la wiphala.
Desde Tarija, el secretario general de la Prefectura, Mauricio Lea Plaza, dijo que la Superintendencia de Servicio Civil se apresuró en enviar los instructivos cuando la nueva Constitución señala que el aprendizaje de las lenguas originarias será un proceso gradual y no inmediato.
Consultado sobre este fracaso, el ex Superintendente no supo explicar y solamente se limitó a decir que aún no tenía el reporte de qué instituciones habían izado la wiphala, aunque se le informó del recorrido realizado por este matutino.
La autoridad gubernamental explicó que la disposición que emitió va en sintonía con el establecimiento de la bandera originaria como símbolo nacional y su exposición en los frontis debía ser realizado, por lo menos, todos los días lunes.
Illanes también indicó que “el nombre de la entidad deberá estar escrito en castellano, aymara, quechua y/o idioma de la región, y la bandera nacional y la wiphala flamearán juntas; todo en el frontis de la entidad”.
Ahora, para dar cumplimiento a la disposición de la nueva CPE de hablar dos idiomas en las entidades públicas, los funcionarios del aparato estatal serán capacitados por el Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP). Esta institución, incluso, se ocupará de capacitar a las Fuerzas Armadas. El funcionario gubernamental calcula que demorará dos años tener a todo el servicio público prestando atención plurilingüe en Bolivia.
Los expertos dicen que la aplicación será difícil
Dos expertos, uno en sociología y otro en temas políticos, ven un panorama complicado en la atención del servicio público en idiomas nativos, además del castellano, tal como dispone la nueva Constitución Política del Estado, que fue promulgada el sábado. Los analistas coinciden en que la inclusión de 36 lenguas oficiales es una postura “más declarativa que efectiva”.
El sociólogo Carlos Hugo Laruta explicó que haber incorporado esa cantidad de idiomas, correspondiente al mismo número de nacionalidades, es un “exceso populista” de parte del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para Laruta, la atención en lenguas originarias en el servicio público “es ir en contra de la corriente”.
“Todas las investigaciones recientes demuestran que la tendencia de uso de los idiomas nativos es decreciente. Esto es parte del proceso regular de otras naciones porque relativizan el valor de las lenguas originarias para poder forjar una lengua franca que les sea universal”. Laruta señaló que Bolivia requiere esa “lengua franca” como el castellano, sobre la cual se cimienta la nacionalidad boliviana.
Por su parte, el politólogo Carlos Cordero vaticinó que la atención al público en los 36 idiomas en las instituciones públicas —de lograrse— va a tardar mucho tiempo y requerirá muchos recursos económicos. Recordó que existen varios puntos en la agenda política del país que irán posponiendo un esfuerzo como el de llevar 36 idiomas al uso oficial.
“Su aplicación va a ser muy difícil y costoso, existen problemas más urgentes que resolver. No podemos olvidar que éste es un año electoral y eso va a marcar la agenda. Además, el tema de las autonomías también es muy importante”.
Para Cordero, las disposiciones que tome el Gobierno para incluir los 36 idiomas de los pueblos indígenas son “simbólicas”.
Lo que dice la CPE
Artículo 2.
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Artículo 5.
I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.
II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.
Artículo 6.
I. Sucre es la capital de Bolivia.
II. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú.
Artículo 234. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere:
1. Contar con la nacionalidad boliviana.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.