Agropecuarios no permitirán la reversión de sus tierras. El Gobierno dice que entregará a los indígenas las 40 mil hectáreas revertidas.
Creen que reversión es para debilitar autonomías.
Ayer se movilizaron los productores agropecuarios. Hoy junto con el prefecto Costas partirán a la zona donde fueron revertidas 40 mil hectáreas.
La Estrella del Oriente
Los productores agropecuarios señalaron que no permitirán la reversión de sus tierras y están cerrando filas con diversos sectores y personalidades, incluido el prefecto Rubén Costas. Por su lado, el Gobierno insiste en que entregará a los indígenas las 40 mil hectáreas revertidas a los llamados terratenientes.
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Con una caravana que empieza en el edificio de la Prefectura del Departamento, a la cabeza de Rubén Costas y seguido por ganaderos y agropecuarios cruceños, hoy se inicia la desobediencia civil a la orden de reversión de 40 mil hectáreas de tierras en la zona del Alto Parapetí en la provincia Cordillera.
La caravana llegará a las tierras que tienen orden de reversión por parte del Gobierno aproximadamente al mediodía, donde se dará a conocer la política de lucha a emprender de ahí en adelante. Además confirmaron su asistencia autoridades cívicas de la provincia Cordillera y dirigentes indígenas.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Guido Náyar, sostuvo que lo de hoy es el primer acto de defensa de “nuestras tierras, ustedes saben que la desobediencia civil es la protesta no violenta, es la protesta para cambiar un programa, una política”, afirmó.
Náyar manifestó que se ha instruido a todos los afiliados a desarrollar actividades necesarias para implementar la desobediencia civil y defender las propiedades que el Gobierno intenta revertir.
Por su parte, Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras, al reiterar haberse concluido el proceso de saneamiento en los polígonos 3 y 4, se procedió a la respectiva reversión.
Las haciendas revertidas son «El Recreo», de 1.935 hectáreas y cuya propiedad detentaba Aniceto Corcuy. También, «San Isidro» (3.790 has) en manos de Babil Chávez y «Huaraca» e «Itacay» (10.958 has) de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega, entre otras. Asimismo fueron revertidas a dominio del Estado los fundos «Buena Vista» e «Isiporenda» (4.477 hectáreas), de Julia Aguilera de Chávez
El proceso de saneamiento, a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), también recayó sobre el estadounidense Duston Larsen Metenbrink, que ejercía propiedad sobre las haciendas «Caraparicito I y II (15.262 has en total), donde según Almaraz se constató el incumplimiento de la Función Económica y Social (FES), prescrita en la legislación agraria del país y refrendada en el nuevo texto constitucional.
Ante estas medidas gubernamentales, Náyar denunció que el Gobierno aplica el saneamiento de tierras a su manera, sólo para justificar el despojo de las propiedades a varios productores y que hasta el INRA aplica normas que no se conocen de manera pública.
Almaraz justificó que las acciones del INRA y el Viceministerio de Tierras se han realizado en arreglo a las leyes específicas consagradas en la Carta Magna.
«Un aporte a nuestro juicio muy importante que hace la nueva Constitución es la de no sólo enfatizar el precepto constitucional ya existente, de abolición del latifundio y la servidumbre, sino de darle una articulación adecuada con los otros preceptos constitucionales fundamentales en materia agraria, de manera de asegurar su cumplimiento», sostuvo.
Las idas y venidas de Almaraz
La apacible calma de la provincia Cordillera se quebró el 27 de febrero del pasado año. Los ganaderos de Camiri tomaron las oficinas del INRA en esa región, anoticiados que las autoridades gubernamentales incursionarían en la zona para iniciar el procedimiento de reversión de sus tierras.
Al otro día llegó Almaraz a Lagunillas, argumentando que iba a continuar con el saneamiento, pero fue retenido por los hacendados e incluso le pincharon las llantas a sus vehículos para que no avancen. El proceso quedó congelado y el Viceministro salió con la promesa de volver.
A comienzos de abril, otra vez apareció por la zona el Viceministro de Tierras junto con brigadas técnicas del INRA y por segunda vez se le impidió avanzar, aunque esta vez llegaron con respaldo policial. La región le respondió con un rotundo bloqueo de la carretera a Argentina y Paraguay y no se levantó hasta 11 días después, cuando se enteraron que Almaraz había dejado Camiri a bordo de un avión privado, prometiendo nuevamente volver a realizar su trabajo.
En esa oportunidad, la autoridad gubernamental intentó por todos los medios ingresar a Alto Parapetí e incluso organizó a un grupo de guaranies para tratar de romper el bloqueo de Cuevo. En esa oportunidad hubo un fuerte enfrentamiento de varias horas, aunque hicieron retroceder a la gente de Almaraz y los cueveños mostraron que estaban ingresando con armas de fuego. Ello ocurrió en la primera quincena de abril del 2008.
La tercera fue la vencida. El Gobierno y el INRA ingresaron el 21 de noviembre en Caraparicito y otros dos predios junto a la Policía; no obstante, los empleados de esas tres haciendas denunciaron el exceso de fuerza.
En el ingreso se empleó a policías porque -según el Gobierno- antes fueron recibidos “a tiros”. Se intervino tierras del hacendado estadounidense que tiene un hotel en la zona.
Alto Parapetí está en la provincia Cordillera y está dividido en cuatro polígonos. En el sitio hay alrededor de 150.000 hectáreas y una comunidad guaraní.
La semana pasada se anunció la reversión de 40 mil hectáreas ubicadas en la zona.
Creen que reversión es para debilitar autonomías
La reversión de tierras en el Alto Parapetí tienen un sólo fin: debilitar las autonomías departamentales. A esta conclusión llega la Gobernación cruceña al considerar que los ingresos por concepto de regalías de esta zona, que cuenta y proyecta pozos petrolíferos, serán destinados a los indígenas y comunarios que serán colocados por el oficialismo.
De acuerdo a José Padilla, asesor de Hidrocarburos del ente cruceño, el plan oficialista es evitar que las regalías de los hidrocarburos sigan repartiéndose en las provincias a través del modelo autonómico 50-40-10, que distribuye 110 millones de bolivianos anuales en 50% para las provincias productoras, 40% para las no productoras y el 10% para los pueblos indígenas.
El funcionario aseveró que con este fin, el centralismo trazó las áreas comprendidas entre los municipios de Lagunillas, Cuevo y Camiri que comprenden más de 150 mil hectáreas, de las cuales sólo el 10% son tierras productivas. En el resto, no existen condiciones para desarrollar actividades agropecuarias, ya que el 90% son serranías. “Distribuirán a los campesinos recursos que hasta la anterior Constitución administraba la Prefectura”, advirtió.
En este panorama, este miércoles el ente público encabezará una caravana que partirá a esa zona para asumir la defensa de los predios afectados y demostrar que no existe esclavitud. A esta medida acompañarán diferentes sectores regionales como Fegasacruz, la CAO, la Iglesia Católica, la Central Obrera Departamental, Control Social, la Asamblea Departamental, los pueblos indígenas del oriente boliviano y los municipios de Cordillera.