La comisión del Congreso tiene listo su pesquisa sobre el asunto y lo presentará el martes. Informe señala como autor a Santos Ramírez y otros actores.
Evaluación. Los miembros de la comisión especial la conforman dos oficialistas y tres congresistas de la oposición
El Deber
Gustavo Ondarza
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El informe de la comisión congresal que investiga los supuestos hechos de corrupción en el interior de YPFB no sólo señala como autor del mismo al ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, sino que también halló indicios de responsabilidad en otros actores.
La versión corresponde al senador Wálter Guiteras (Podemos), uno de los cinco miembros de esa instancia parlamentaria que tiene listo el reporte para presentarlo el martes.
El congresista apuntó que los otros implicados en los ‘hechos de corrupción’, que se concentran en el contrato para la construcción de una planta de gas en Río Grande, son el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas; el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa; el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora; el ex ministro de Hidrocarburos y actual viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, y toda la directiva de la estatal petrolera, “porque éstos sabían o estaban en pleno conocimiento del contrato con Catler-Uniservice”, que es el ‘meollo’ de la cuestión, agregó.
El informe que será presentado el martes, aborda otros aspectos como sugerir que se acaben los interinatos en la conducción de YPFB y que se indague en detalle cómo se ha manejado el dinero de los fideicomisos con el que, entre otros, se ha concretado contratos como los que se hizo con Catler.
Los otros miembros de la comisión son el movimientista Fernando Romero, los masistas Ricardo Díaz y Antonio Peredo, y José Villavicencio, de Unidad Nacional.
Díaz no quiso entrar en detalles sobre el reporte porque aún no está firmado, dijo, en tanto que Villavicencio confirmó los datos que dio Guiteras.
La pesquisa congresal se abrió después del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, socio de la firma Catler-Uniservice, cuando llevaba $us 450 mil para una presunta coima a Ramírez el 27 de enero en La Paz.
El hecho, que provocó la destitución de Ramírez y la apertura de sendos juicios penales por asesinato, cohecho, corrupción pública contra más de una decena de personas, motivó también la readecuación de la política hidrocarburífera del actual Gobierno.
Pese a ello, según informa la agencia Reuters, la petrolera estatal no frenará una inversión de $us 1.000 millones para este año, la más grande en la historia de esa empresa.
La inversión se concentrará en exploraciones y en aumentos inmediatos de la producción de gas natural, para satisfacer un alza prevista de la demanda de Argentina, el segundo consumidor del gas boliviano después de Brasil, según los planes del Gobierno de Evo Morales.
«Esta cifra de inversión (de YPFB) se mantiene debido a que en el sector hidrocarburos en años anteriores no hubo las inversiones esperadas por parte de la empresa privada. Por lo tanto es necesaria», dijo en conferencia de prensa el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca.
Guiteras, al igual que su correligionario Óscar Ortiz, que preside la Cámara Alta, señaló coincidentemente que cualquier adecuación del uso de fondos públicos para YPFB debe hacerse cuando se anule el decreto supremo que permite a 15 empresas públicas denominadas estratégicas, entre las que está la petrolera, realizar contratos de servicios y compras de bienes de forma directa. “Esto no puede seguir porque es como darle carta blanca para delinquir y debido a que se vulnera la Ley Safco”, apuntó Ortiz.
El contrato para la construcción de la referida planta de gas se hizo de esa forma y ahora se van destapando las irregularidades que se cometieron mediante ese sistema, resaltó por su parte Guiteras.
Coca, al respecto, dijo que se definen ‘nuevos cánones’ para manejar las inversiones de la petrolera estatal, con las que el Gobierno quiere compensar una caída de las inversiones de las transnacionales, sin señalar detalles.
La oposición critica al Gobierno por haber creado fondos de fideicomiso con los que se sostenga los programas de dichas empresas, porque no están fiscalizadas ya que no se encuentran conectadas al sistema Sigma.
El directorio tuvo su primera reunión
El directorio de YPFB tuvo su primera reunión con el nuevo presidente interino, Carlos Villegas, el jueves en la ciudad de La Paz.
De acuerdo con Fernando Vincenti, representante del Ministerio de la Presidencia en el directorio de YPFB, en la ocasión Villegas dio información preliminar de los contratos que la estatal petrolera suscribió con Catler Uniservice para la instalación de la planta de extracción de líquidos en Río Grande. Aparte de ello, también Villegas informó del caso YPFB Sipsa.
Ambos procesos fueron contratados en la gestión de Santos Ramírez, que hoy está recluido temporalmente en la cárcel de San Pedro, acusado de graves irregularidades.
Según Vincenti, solamente los directores tomaron conocimiento de los resultados iniciales de ambos contratos, pues el proceso de investigación prosigue en YPFB y en las instancias legales.
A la reunión de directorio no fue convocado el representante de la Prefectura de Santa Cruz, Raúl Barroso, motivo por el cual expresó su protesta. “No participé, no me convocaron, y si hubo esta reunión carece de toda legalidad porque no estuvieron los representantes de los departamentos productores”, enfatizó Barroso.
Sin embargo, Vincenti dijo que participaron los representantes de Tarija y Cochabamba.
Asimismo, con relación al contrato con las siderúrgicas argentinas para la construcción de tanques de almacenamiento, la empresa Sica comunicó que la comisión de YPFB aún no llegó a ese país para verificar el avance de las obras. Según Sica, sus puertas están abiertas para los funcionarios de YPFB o cualquier comisión que vaya de Bolivia a ese país, a efectos de evaluar la solvencia técnica y las inversiones realizadas. /DM
A Carrasco lo acusan pero no lo procesan
Falsedad material es la única acusación que tiene el Ejecutivo contra el ex capitán de Policía Rodrigo Carrasco, a pesar de que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, lo acusó de haber traspasado información a un Gobierno extranjero y de ser espía de la CIA.
“Puede ser procesado por falsedad material cuando menos por eso, porque ya hemos expresado como Gobierno que puede estar gozando de protección”, dijo y descartó que se pueda iniciar un juicio por traición a la patria.
El delito de Carrasco fue firmar documentos en YPFB como ingeniero comercial cuando no tiene el título académico. Según Rada, el ex capitán sostuvo reuniones con el también sindicado agente de la CIA, Francisco Martínez, que figura como segundo secretario del vicecónsul de la embajada de EEUU en Bolivia.
Rada afirmó que ambos se reunieron en varias oportunidades y que Martínez estuvo con “otras personas y empresarios”, los cuales serán “mencionados en su oportunidad”.
Pero el abogado de Carrasco, Ramiro Vega, dijo que la hoja de servicios de su defendido se logró cuando era oficial de Policía y no lejos de esa institución.
“Sí él viajó y realizó cursos fue porque su institución lo mandó y por eso el Gobierno dice que salió en comisión”, afirmó Vega. /MCh