Nardi Suxo, del despacho de lucha contra la corrupción, hace la revelación. Dice que hizo conocer las observaciones a Ramírez, pero no se sabe si tomó otras medidas. Un experto en administración pública señala que debió hacerlo.
• La audiencia de ayer • En la foto se observa el grupo de personas que acompañan al ex viceministro Misael Gemio (centro, sentado), quien debe guardar detención domiciliaria.
La Razón
El ministro de Finanzas y Economía, Luis Arce Catacora, conocía las irregularidades que se cometió en el manejo del fideicomiso de YPFB, las advirtió al presidente de la empresa estatal del petróleo, pero no se conoce si tomó alguna determinación adicional, según reveló ayer la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una entrevista con la Cadena A.
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“Nosotros tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda cuando se instruía los desembolsos. Pese a todo ello, lamentablemente quien debía cuidar que ese fideicomiso sea desembolsado de acuerdo a norma, es la máxima autoridad ejecutiva de YPFB, en ese momento Santos Ramírez”, señaló.
El Ministerio de Finanzas, como fideicomitente, entregó al Banco Unión $us 45 millones en calidad de fideicomiso para la construcción de una planta de extracción de licuables en Río Grande-Santa Cruz. De este monto, según un informe, el 12 de noviembre del 2008 se realizó un desembolso de $us 35 millones para la apertura de una carta de crédito (una garantía) a nombre de Gulsby para la importación de equipos para la planta.
YPFB suscribió un contrato con Catler-Uniservice, ésta subcontrató a Gulsby. La irregularidad, según explicaron a La Razón, es que la carta de crédito (la garantía) tenía que abrirla Catler y no el Estado boliviano.
Este contrato está sometido a investigación del Ministerio Público, luego de que estallara un escándalo, que incluye un atraco y volteo, y que provocó la destitución del presidente de YPFB, Santos Ramírez, y posterior reclusión en la cárcel de San Pedro.
El Ministerio de Finanzas también informó que el Banco Unión realizó otros dos desembolsos de $us 1.650.000 cada uno en favor de Catler-Uniservice SRL. El primero, el 1 de diciembre, y el segundo, el 14 de enero del 2009.
Según Cadena A, los recursos habrían sido desembolsados a nombre de Uniservice, cuando el contrato fue suscrito entre YPFB y el consorcio Catler-Uniservice.
Al respecto, Nardi Suxo dijo que de acuerdo con el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), los desembolsos se habrían realizado a favor de Catler-Uniservice. “Yo creo que la confusión está en que el representante legal de Catler-Uniservice es Miguel O’Connor D’Arlach, que es dueño de Uniservice”.
Suxo dijo que, pese a las observaciones, “lamentablemente” lo que se puede ver es que el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, encaminó los desembolsos.
“Hay notas que manifiestan que pese a las observaciones, se deben desembolsar (los recursos) . Estos documentos se los ha entregado al Ministerio Público y será esa instancia la que investigue y cruce información”, dijo.
Un experto en finanzas y administración pública, que pidió guardar su nombre en reserva, dijo que “si Hacienda tenía observaciones (como dice Suxo), siendo el fideicomitente tenía la obligación de instruir la suspensión de todo desembolso y por otro lado cursar notas a la Contraloría General o al Presidente de la República, si era necesario, para que subsanen las observaciones”.
El periodista Carlos Valverde, en su programa Sin Letra Chica, dijo que tenía información de que un funcionario del Ministerio de Finanzas recomendó la no contratación del consorcio.
DATOS
Luis Arce • El Ministro de Hacienda convocó ayer a los periodistas a una conferencia; tras informar sobre el tema de autos usados, dejó a su directora Legal en el salón y así evitó ser cuestionado sobre el caso YPFB
Hacienda • El ministro Arce, en un comunicado público, dice que el fideicomitente no tiene como competencia la fiscalización de los movimientos de fideicomiso.
Carmona aprobó compra con presunto sobreprecio
AUTOS • La primera adjudicación se anuló y en la segunda, el precio subió en Bs 3 millones.
• HECHO • Esther Carmona (i) compareció ante la Fiscalía.
La compra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de 58 camionetas a la empresa Taiyo Motors (única proponente) con un presunto sobreprecio de 3 millones de bolivianos, fue aprobada por la ex directora Jurídica de la estatal petrolera, Esther Carmona, que actualmente es investigada por la Fiscalía, por acciones irregulares y sospecha de corrupción.
Así lo reflejan las resoluciones administrativas de adjudicación de estos vehículos publicadas por la petrolera nacional. Un hecho inusual fue que para la adquisición de las camionetas de doble cabina y doble tracción se haya realizado dos licitaciones.
En la primera, se adjudicó el total de los motorizados por un monto de 10,4 millones de bolivianos. En la segunda licitación, el precio subió a 13,3 millones de bolivianos por la misma cantidad de camionetas, con similares especificaciones.
Carmona, que fue colaboradora de Santos Ramírez, firmó la aprobación de la adjudicación en las dos oportunidades. En ambas resoluciones administrativas, la ex funcionaria figura como responsable del proceso de contratación en licitaciones públicas.
La primera adjudicación fue aprobada el 21 de octubre del 2008. Sin embargo, el 11 de noviembre se anula el proceso de contratación para la adjudicación y se vuelve a llamar a una nueva licitación. En este segundo proceso, nuevamente la única proponente es Taiyo Motors, que el 26 de noviembre vuelve a adjudicarse la venta de los vehículos.
Un ex viceministro será detenido en su domicilio
PROCESO • La defensa del ex viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio, dijo que la determinación fue motivada por presiones.
• AL SALIR DE LA CORTE • El ex viceministro Gemio sale de la audiencia y es conducido rumbo a su detención domiciliaria.
La juez 10° de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, determinó ayer el arresto domiciliario del ex viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio Jordán, después de encontrar indicios suficientes sobre los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
El 14 de julio del 2008, cuando la empresa Catler-Uniservice firmó el contrato con el Gobierno y se adjudicó la construcción de una planta separadora de licuables en Río Grande, Santa Cruz, Gemio era gerente de planificación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Luego del volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, se destapó un escándalo por un supuesto contrato ilegal entre YPFB y Catler-Uniservice.
El Ministerio Público argumentó que Gemio, cuando era gerente de Planificación de YPFB, “fue quien presentó las notas de invitación directa a siete empresas que supuestamente estaban interesadas” en la adjudicación de la construcción de la planta. Es decir que, según la Fiscalía, él conocía que Catler-Uniservice era una empresa ilegal.
Asimismo, uno de los fiscales, César Romano, explicó que Gemio había sugerido al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, las empresas que estaban interesadas en la licitación y que entre ellas estaba Catler-Uniservice.
Uno de los abogados de Gemio, Franz Avilez, aseguró que su cliente no incurrió en actividades antijurídicas. “Dentro de sus atribuciones, únicamente recibió las propuestas de interés de siete empresas y sugirió que se haga llegar la invitación a todas” y no sólo a Catler-Uniservice.
El Ministerio Público aseguró que una vez que asumió el cargo de Viceministro de Desarrollo Energético “no realizó una transferencia de documentación” a la persona que quedó en su lugar, Juan Carlos Arellano. Según la Fiscalía, Gemio era el responsable de realizar esa entrega.
En octubre del 2008, el entonces ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, posesionó a Gemio como viceministro de Desarrollo Energético.
Avilez aseveró que si hubo delitos dentro de YPFB, fueron anteriores al cargo que asumió su cliente. “Hemos demostrado que reúne todos los elementos para ser acreedor de una libertad irrestricta”, afirmó el abogado.
Pese a lo argumentado por la defensa de Gemio, Siles determinó su detención domiciliaria por existir probabilidad de participación en los delitos imputados, sin embargo descartó el riesgo de fuga que la Fiscalía presentó como una amenaza de obstaculización.
El abogado de Gemio aseveró que la decisión de la jueza fue a causa de presiones, pero no especificó de quiénes. Aseguró que continuará con su defensa.
Cuando estalló el escándalo, el 27 de enero, Gemio seguía en el cargo de viceministro. Pocos días después, el presidente Evo Morales destituyó a Ramírez y solicitó la dimisión de una decena de personas, entre ellas la de él.
Policía agrede a un fotógrafo
Luego de finalizar la audiencia cautelar contra Misael Gemio, un grupo de uniformados se apostó afuera del Juzgado 10° de Instrucción en lo Penal. Uno de ellos no permitió que el fotógrafo de La Razón, David Guzmán, fuera detrás del imputado, cuando otros medios así lo hicieron, y lo agredió violentamente.
El efectivo policial, totalmente encolerizado, llevó a empujones a Guzmán por el pasillo del primer piso de la Corte Superior de Distrito de La Paz, en su afán de conducirlo hasta la planta baja. Antes de bajar las gradas, lo zarandeó repetidas veces. Tres policías llegaron al lugar y comenzaron a gritarle hasta que otros periodistas se acercaron y defendieron al reportero gráfico de este medio.
En cuestión de segundos, el policía soltó a Guzmán y se fue. Otro efectivo del orden, que estuvo en el lugar, explicó que sólo cumplen órdenes superiores.
Sin embargo, no es la primera vez que ocurren altercados con la Policía. Los periodistas, camarógrafos y fotógrafos de los diferentes medios de comunicación que cubren audiencias cautelares tienen que lidiar con el mal humor y el maltrato de los guardias que impiden que cumplan con su trabajo periodístico.
En varias ocasiones, no permitieron el acceso a las fuentes dentro de la Corte de La Paz.
La defensa de O’Connor espera notificación oficial
Versión • Según Alemán, su cliente le dijo que desconocía el destino de los $us 450 mil.
Iván Alemán, representante legal de Miguel O’Connor D’Arlach (hermano del fallecido empresario Jorge O’Connor D’Arlach), informó que el Ministerio Público no notificó hasta ayer a su cliente, acusado de incurrir en cohecho pasivo y contratos lesivos al Estado en relación a la licitación entre Catler-Uniservice y Yacimientos.
De acuerdo al defensor legal, su cliente le habría manifestado que desconocía el destino del dinero volteado el 27 de enero.
“No tenemos nada oficial todavía, de acuerdo a procedimiento, lo primero que deben hacer es notificar en forma personal en el domicilio real a mi cliente, en Tarija, porque eso dice la ley, y después (ir a) una audiencia cautelar”, indicó ayer Alemán en un contacto telefónico con este medio.
Según Alemán, la mañana del 27 de enero, Miguel O’Connor sólo acompañó a su hermano a retirar el dinero del Banco Unión, pero dijo que no tenía conocimiento de adónde se dirigían.
“El 27 de enero, él (Miguel O’Connor) estaba dentro del vehículo, no ha hecho ningún retiro de fondos y simplemente ha visto lo que le pasó a su hermano. Lo acompañó y ni siquiera sabía dónde estaban yendo, no hubo ninguna confianza de montos, nada”, argumentó el abogado.
El 27 de enero, el empresario, acompañado de socios y asesores, retiró 450 mil dólares para presuntamente pagar una coima al entonces presidente de la estatal, Santos Ramírez, por la adjudicación a un proyecto. No obstante, al llegar al lugar, delincuentes le arrebataron el dinero y le segaron la vida de un disparo.