El perjuicio podría superar los $us 60,7 millones. Santos Ramírez esta acusado de ocho delitos. Un ex Viceministro es aprehendido y Lucio Lazo es acusado por asesinato de Miguel O’Connor.
Trabajo: Obreros del taller de recalificación de garrafas YPFB-SIPSA en El Alto en plena faena
El taller de recalificación de garrafas de YPFB-SIPSA, en El Alto, aún opera con normalidad.
Ministerio de Transparencia denuncia a Santos Ramírez ante la Fiscalía
Gobierno halla daño al Estado por $us 6,7 millones en SIPSA
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LA PRENSA
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción halló al menos un daño económico al Estado de 60.756.800 dólares (60,7 millones) en la empresa YPFB- Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) tras su conformación, firma de contratos y alquiler de una perforadora importada desde Venezuela para la estatal petrolera.
Por estos hechos se denunció ante la Fiscalía al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez; como a Misael Gemio, presidente del directorio de SIPSA, y al gerente general, Rogelio Ashimine. Además se incluyó a las dos accionistas de la firma, Lucy Barbery y Nilda Domínguez; a los miembros del directorio de la sociedad anónima: Esther Carmona (vicepresidenta), quien además fue asesora jurídica de YPFB; Reynaldo Marín (Director); Nelly Salvatierra (Síndico), y a Rolando Aguado.
La titular del Ministerio de Transparencia, Nardy Suxo, informó que el daño fue causado por la suscripción de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad anónima para la recalificación de garrafas, que asciende a 1.892.000 dólares, de los que ya se pagó el 40 por ciento (756.800 dólares).
Por el desorden encontrado en las oficinas intervenidas de ambas empresas, la autoridad no halló documentos.
Tal como lo reveló La Prensa el 14 de febrero, la suscripción de un contrato con YPFB data del 19 de septiembre y fue hecha por el gerente de la firma, Rogelio Ashimine, con el aval del directorio, presidido por el ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio y la vicepresidenta Esther Carmona, asesora de YPFB.
Suxo explicó que además existe la posibilidad de otro daño, de entre 30 y 60 millones de dólares, “esto en relación al alquiler que se habría estado pagando de un taladro para llevar adelante las funciones que debía desarrollar YPFB”.
La maquinaria se encuentra, desde agosto de 2008, en el campo Víbora, de la provincia Cordillera, de Santa Cruz, para perforar el pozo 34d y ampliar la producción de gas y líquidos en el país, sin embargo, aún no funciona.
Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) trasladó el taladro, tarea por la que reclamó, en agosto pasado, una deuda de más de 6 millones de dólares en una reunión con representantes de la estatal petrolera y YPFB-SIPSA.
Suxo dejó la investigación y confirmación de su denuncia en manos de la Fiscalía para confirmar el monto total. “Será el Ministerio Público que pueda valorar más adelante cuál es el real daño económico que se le habría causado al Estado”.
Los delitos que cometieron los funcionarios implicados, según Suxo, son: asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el uso de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución (Política del Estado) y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica
La Prensa visitó el taller de recalificación de garrafas en El Alto y comprobó que cerca de 15 obreros trabajan en la reparación de las botellas de GLP. Según el Jefe de Planta, quien no quiso dar a conocer su nombre por ordenes superiores, dijo que desde enero ningún empleado recibe su salario, y que Yacimientos no invirtió en maquinarias, sólo les enviaban los insumos para seguir trabajando.
La autoridad indicó que en la documentación revisada también se observó que “esta entidad (SIPSA), de la cual yacimientos supuestamente tiene el 100 por ciento del paquete accionario y se le habría pagado 216 mil dólares”.
El gerente de esta compañía aseguró que SIPSA es una entidad privada, que tiene la mayor parte accionaria a nombre de YPFB. Esta situación nace cuando Ramírez, como representante de la nacionalizada petrolera, autoriza la compra irregular de la planta recalificadora de garrafas Full Industry a tres socios, en 216 mil dólares, monto que aún no se hizo efectivo, según Barbery, ex propietaria y accionista de la nueva empresa.
Suxo mencionó que también puede existir un pago por este concepto. Cuando la firma se constituye, ésta amplía sus servicos a la perforación de pozos petroleros y gasíferos, exploratorios, y de mantenimiento, construcción de plantas y equipamiento de campos petroleros, gasíferos, tendido e instalación de poliductos y plantas de almacenamiento..
YPFB no compró la perforadora
El taladro PDV-08, que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Venezuela, no es propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como fue anunciado por el Gobierno en el acto realizado en Patacamaya ese mismo día.
De acuerdo a publicaciones de diarios de esa fecha, la perforadora fue comprada a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) por un valor cercano a los 25 millones de dólares, aunque no se da conocer la forma de pago acordada entre ambas partes.
Ayer, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, declaró que “no, lamentablemente no (pertenece a YPFB la perforadora) por los malos manejos que se está haciendo”.
Añadió que la maquinaria está en condición de alquiler “cuando incluso este taladro ya lo podrían haber adquirido a favor de Yacimientos”. Esta perforadora se otorgó bajó esa figura (alquiler) para realizar la perforación del pozo 34d en el campo Víbora, tarea que le fue entregada a YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S. A. (YPFB-SIPSA) mediante un contrato. Según El Deber, el monto del mismo sería de 4,3 millones de dólares.
Bajo este concepto existe la posibilidad de un daño económico al Estado de entre 30 y 60 millones de dólares. Por este hecho, el Ministerio de Transparencia acusó a nueve personas ante el Ministerio Público, entre estos el ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
En un reportaje realizado por El Deber, se confirmó que el taladro no está funcionando, sin embargo, Suxo afirmó que la información que tiene es que la maquinaria empezó la perforación.
YPFB-SIPSA, según su portal de internet, se promociona en el exterior como signataria de un joint venture con PDVSA para prestar servicios en el área petrolera.
Más datos
YPFB compra las acciones de Full Industry, una recalificadora de garrafas, el 25 de agosto.
El 4 de septiembre cambian el nombre a YPFB-SIPSA ante Notario de Fe Público.
El 17 de septiembre, SIPSA obtiene el informe técnico 003/2008 de recalificación.
El 19 del mismo mes, el directorio autoriza el contrato del gerente, Rogelio Ashimine.
Antecedentes
— El 13 de febrero se conoce que el ex presidente (YPFB) Santos Ramírez armó un empresa irregular, YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA), con 140 funcionarios, sin certificación presupuestaria.
— El 14 de febrero La Prensa informó que YPFB contrató a SIPSA por 1,8 millones de dólares para que ésta recalificara garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).
— El 15 de febrero se da a conocer que SIPSA pagaba salarios por encima de los 22.000 bolivianos, o sea, sus ejecutivos ganaban más que los 15.000 que percibe el presidente Evo Morales.
El funcionario con mayor ingreso mensual era Rogelio Ashmine, quien ejerció como gerente general desde septiembre de 2008 hasta enero de 2009. Él ganaba 23.500 bolivianos mensuales. Fue destituido el 31 de enero.
– El 17 de febrero se confirma que SIPSA se creó sin resolución de directorio ni decreto supremo, que autorice su constitución.
Ramírez se amparó en la Resolución Suprema 228612 de su nombramiento, el 12 de marzo de 2008.
Un ex Viceministro es aprehendido y Lucio Lazo es acusado por el asesinato de Miguel O’Connor
Dos fiscales encuentran un documento “clave” en una requisa a la celda de Ernesto Córdoba en el penal de San Pedro
Ex autoridad: el ex viceministro Misael Gemio, ayer, se dirige a prestar sus declaraciones a la Fiscalía Anticorrupción, que ordenó su aprehensión
El lunes 16 por la tarde, Lucio Lazo visitó a Ernesto Córdoba en el penal de San Pedro.
Los casos de supuesta corrupción en YPFB, así como el atraco y asesinato traen cola. El ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio fue aprehendido ayer y será sometido a una audiencia cautelar, en tanto que el garzón de El Caballito Lucio Lazo fue detenido preventivamente en el penal de San Pedro, bajo la acusación de asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach.
Gemio prestó declaraciones ayer durante unas tres horas ante la Fiscalía de Corrupción Pública, a las 13.00 fue aprehendido y alrededor de media hora más tarde fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Se trata, después de Santos Ramírez, de la autoridad gubernamental más importante que es aprehendida por el supuesto cohecho en la estatal petrolera.
Los fiscales deben presentar hasta el mediodía de hoy la imputación formal contra Gemio y presentarla ante la juez Marcela Siles, quien dirige la investigación por corrupción.
La magistrada fijará día y hora para la audiencia en la que se decidirá si Gemio prosigue la causa en libertad o es detenido preventivamente.
El fiscal César Romano informó que a Gemio se le imputaron los cargos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
“Fue la persona que presentó al presidente de YPFB, Santos Ramírez, la carta de invitación a Catler para intervenir en la licitación para construir la separadora de líquidos”.
Más descubrimientos
En una requisa efectuada el martes por la tarde a la celda de Ernesto Córdoba, alias el “Papis”, los fiscales César Romano y Sergio Céspedes encontraron un documento clave en la investigación, aunque ninguna fuente del Ministerio Público quiso revelar mayores detalles sobre su contenido.
Se conoció que el papel fue encontrado debajo del colchón de Córdoba.
Entretanto, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Willams Dávila, dispuso ayer la detención preventiva de Lucio Lazo, bajo la acusación de haber participado en el asesinato de O’Connor D’Arlach, el 27 de enero en Miraflores.
El Ministerio Público expuso que era una de las cuatro personas que esperaron a su víctima en una vagoneta Toyota Caldina verde en la escena el crimen.
Lazo fue detenido el martes 17 por la madrugada en el retén de Urujara, cuando se aprestaba a viajar a Palos Blancos, provincia Sud Yungas, de La Paz.
El acusado fue sorprendido en posesión de 132.800 dólares que el fiscal Sarmiento confirmó que son parte del botín. Es uno de los más estrechos colaboradores de Ernesto Córdoba, recluido en San Pedro bajo el argumento de que es, junto con su hermano Luis Fernando, autor intelectual de ese golpe criminal.
Las investigaciones determinaron que Lazo, alias el “Negro”, visitó a su patrón el lunes 16 por la tarde y que lo hizo en varias oportunidades previas para llevarle víveres, frazadas, ropa y enseres personales.
No fue ésta la primera vez que se menciona este alias, pues “El Negro bajó las gradas” es una de las anotaciones hechas de puño y letra por Ramírez en una hoja arrancada a un cuaderno en la que la aún esposa de la autoridad depuesta enumeró a los protagonistas en el atraco que, según ella, le dictó una clarividente.
Jorge Borda, defensor de Ernesto Córdoba, aseguró que la semana pasada dos personas visitaron a su cliente y al hermano de éste en el centro penitenciario para ofrecerles “dinero, una suma determinada, para que calle o lo involucre al señor Santos. Esto es de conocimiento del señor Gobernador, a quien se ha denunciado este hecho”.
Borda desmintió que Lazo sea “empleado de confianza” de su representado y dijo que sólo es “anticresista de mi cliente. Esta persona (Lazo) se aproxima ayer a mi cliente y le dice que están ofreciendo 50.000 dólares a cada uno de ellos para que, lo mismo, callen o, en su defecto, lo involucren al señor Santos y, evidentemente, mi cliente rechaza este tema y desconocemos por qué él de motu proprio ha recibido seguramente ese dinero y se estaba yendo de la ciudad de La Paz”.
El jurista explicó que los dos hombres que le ofrecieron el soborno hace una semana no cruzaron los controles de ingreso, sino que se aproximaron a la reja que separa el jardín del zaguán y a través de los barrotes les formularon la propuesta, por lo que no fue necesario que presentaran su cédula de identidad al entrar.
La versión no pudo ser corroborada en la Gobernación del centro penitenciario paceño.
Empero, son pocas las personas que pueden aproximarse a ese portón, que se encuentra muy cerca de la mesa en que al menos tres uniformados revisan bolsos y maletines de los visitantes, quienes escuchan todo cuanto sucede a unos pasos de sus espaldas.
Consultado en torno al hecho de que se demostró que los 132.800 dólares que llevaba Lazo provenían del atraco, respondió que “entonces alguna persona ha tenido que ofrecer a mi cliente ese mismo dinero”.
Borda dijo además que su defendido ofreció “hace algunos meses” la concesión de El Caballito, por lo que Lazo ya no trabajaba bajo sus órdenes.
Imputaciones formales
Mañana en una hora por determinar tendrán lugar las audiencias de medidas cautelares consecuentes de las imputaciones contra Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío MacGalem, Javier Navia y Gonzalo Aramayo.
Los cuatro fueron imputados por cohecho activo y contratos lesivos al Estado.
El fiscal Aldo Ortiz confirmó que el Ministerio Público formuló las correspondientes proposiciones y los defensores de los aludidos fueron notificados.
O’Connor D’Arlach declaró ante la Fiscalía que su hermano Jorge llevaba 450.000 dólares que había retirado minutos antes del Banco Unión para entregarlos a Javier René Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina, parientes políticos de Ramírez y ejecutivos de la Fundación Khantati.
La ex “mano derecha” de Santos, Esther Carmona, quedó en libertad
Esther Rosario Carmona Nogales, ex asesora legal de YPFB y persona de total confianza de Santos Ramírez, quedó en libertad condicional, según lo determinó ayer la juez Marcela Siles, pese a que la Fiscalía requirió su detención preventiva por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
La abogada no dejó de llorar durante la audiencia de medidas cautelares a la que fue sometida y que duró entre las 15.00 y las 18.00.
La televisión la mostró fugazmente mientras, angustiada, hablaba frente a la Juez, pero no se escucharon sus expresiones, pues la magistrada restringió el ingreso de los medios de comunicación a su tribunal.
El fiscal anticorrupción César Romano expuso los indicios encontrados en contra de Carmona. Explicó que se ganó la confianza del ex Presidente de Yacimientos desde que fue su secretaria privada en 2006, cuando él presidía la Cámara de Senadores, y continuó a su lado en la planta ejecutiva de la petrolera.
Al terminar la audiencia, Romano dijo: “Ella fue parte activa y material de la comisión de calificación que recomendó que la empresa Catler-Uniservice sea favorecida con la adjudicación del proyecto para construir la planta separadora de líquidos en Río Grande”.
La juez Siles consideró de los cuatro delitos imputados sólo los indicios por incumplimiento de deberes y determinó aplicarle cuatro medidas sustitutivas a la detención preventiva solicitada por la Fiscalía.
La ex funcionaria quedó arraigada, deberá acreditar un garante personal, presentarse una vez por semana ante la comisión de fiscales que lleva la causa y no cambiar su domicilio.
Freddy Cuentas, defensor de la imputada, dijo: “Hemos desvirtuado la acusación de la Fiscalía, los delitos no se han ajustado a la conducta de mi cliente. La Juez tomó en cuenta que no hay prueba suficiente o sustento y por eso se dispuso la libertad y la aplicación de las medidas sustitutivas”.
Contradijo a Romano y aseguró que su cliente nunca recomendó la contratación de la sociedad accidental Catler-Uniservice y que un comité efectuó la evaluación de las propuestas, aunque admitió que “la comisión de concertación y adjudicación sí recomiendan que contraten a la empresa Catler”.
La imputada fue aprehendida el lunes 16 y pernoctó esa noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el martes 17, en la Policía Judicial de la Corte paceña, pero ayer fue dejada en libertad.
Comparecen dos personas
La abogada Gloria Paola Miranda Meyer y Rodrigo Carrasco, ex gerente nacional de Comercialización de YPFB, prestarán hoy sus declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción, después de que se suspendieran los actos que debió cumplirse ayer por la mañana.
Ella deberá explicar por qué hizo dos retiros de 99.000 y 78.000 dólares los días 3 de diciembre y 15 de enero de las cuentas de Uniservice en el Banco Unión sin tener aparentemente relación legal o contractual alguna con los ejecutivos de la empresa.
Su defensor, Carlos Frías, explicó que el Ministerio Público “ha desatado una cacería de brujas” y que no puede revelar por qué su cliente efectuó tales retiros de fondos, pues “eso forma de su estrategia de defensa”.
En tanto, la de ayer fue la segunda oportunidad en que se postergan las declaraciones de Carrasco.
La detención de Lucio Lazo, el martes, y las audiencias cautelares de éste y de la también abogada Esther Carmona obligaron a que se aplazara la comparecencia de Carrasco ante el fiscal.
El “Rufo” aún no declaró
Rufino Rodríguez Coca, alias el “Rufo”, presunto cabecilla de la banda supuestamente contratada por los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba para perpetrar el atraco del 27 de enero, no pudo efectuar ayer la ampliación de sus declaraciones informativas.
La defensa de Rodríguez Coca solicitó, bajo el argumento de que nadie puede constitucionalmente incriminarse en un acto delictivo, que su cliente amplíe ante el fiscal de Homicidios, Luis Mamani, su primer testimonio.
Su defensor, Jorge Gutiérrez, declaró que Rodríguez Coca fue obligado, cuando fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, a firmar papeles en blanco que fueron posteriormente llenados con la confesión de que fue él quien asesinó a Jorge O’Connor D’Arlach e involucró en el hecho criminal a los hermanos Córdoba.
Además, el “Rufo” debió participar en un desfile identificatorio, que se suspendió ayer, acto que debería tener lugar hoy en instalaciones de la FELCC de La Paz.
Indicios
La Fiscalía sostiene que Lucio Lazo participó en el atraco del 27 de enero por la mañana.
La imputación señala que era uno de los asaltantes movilizados en la vagoneta Caldina verde.
Lucio Lazo visitó el lunes 16 por la tarde a su patrón, Ernesto Córdoba, en el penal de San Pedro.
El garzón de El Caballito fue detenido la madrugada del martes con 132.800 dólares en su poder.
El defensor de Ernesto Córdoba asegura que Lazo cobró un soborno a nombre de su cliente.
El jurista Jorge Borda reveló que dos personas ofrecieron 50.000 dólares a su cliente para que calle.
La oferta se amplió al hermano de su defendido, Luis Fernando Córdoba, también recluido.
Los hermanos habrían denunciado el intento de soborno al Gobernador del penal.
Jorge Borda dijo que cree que Lazo cobró ese dinero a nombre de su cliente y huía con esa suma.
Una requisa en la celda de Ernesto Córdoba permitió descubrir un documento “clave” en el caso.
Ese papel fue hallado debajo del colchón sobre el que duerme el acusado en la cárcel.
No fue posible obtener mayores detalles sobre el contenido de ese hallazgo de la Fiscalía.
Mañana se efectuará la audiencia cautelar de otros cuatro imputados por este caso.
Se trata de Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Ángel Cossío, Javier Navia y Gonzalo Aramayo.
Misael Gemio, ex viceministro de Energía, fue aprehendido ayer e irá a medidas cautelares.
YPFB se querella contra Santos y hallan nuevas irregularidades
La estatal ratifica que el contrato con Catler-Uniservice vulneró normas vigentes
Amistad: el representante de Catler Agustín Melano (izq.) estrecha la mano de Evo Morales, el 14 de julio
YPFB adquirió 58 camionetas por un valor superior al fijado en una primera licitación.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió una querella penal y se constituyó en parte civil contra el ex presidente de la entidad Santos Ramírez y 16 ex funcionarios por la suscripción del contrato con Catler-Uniservice. Además se encuentra una nueva presunta irregularidad en la adquisición de 58 vehículos.
La demanda fue interpuesta por el presidente de la estatal, Carlos Villegas, en su calidad de representante legal luego de identificar a los ex funcionarios como autores de seis delitos penales. Éstos son uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al haber infringido los artículos 146, 154, 224, 144, 221 y 150 del Código Penal.
Villegas asumió el mando de la entidad el 31 de enero luego de la destitución de Ramírez al haberse descubierto indicios de actos de corrupción en la estatal petrolera tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor.
El 27 de enero, el socio de la empresa boliviana Uniservice, con 450.000 dólares en su poder, fue victimado en un domicilio de la avenida Tejado Sorzano donde parientes del ex Presidente de YPFB lo esperaban.
En la querella están implicados Julio Anagua Chumacero, quien estuvo al cargo de la comisión que evaluó e hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto, y la asesora legal de YPFB Esther Carmona Nogales, quien fue aprehendida el martes reciente, además de los funcionarios Daniel Álvarez Gantier, Javier Guzmán Navarro, Diego Argandoña Aramayo, Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Coca, Federico Galán Laime, Richard Aguilera Montesinos.
Estas personas formaron parte de la comisión calificadora y de concertación antes de la suscripción del contrato con Catler-Uniservice.
También fueron incluidos los funcionarios María Cecilia Palacios Jiménez, Pablo Valeriano Barroso, Ramiro Lizarazu Orellana, Mauricio Ochoa Urioste y Juan Carlos Arellano Paz, este último era gerente de Planificación de la estatal.
El informe de YPFB señala que la documentación entregada al fiscal de la comisión especial, Edward Mollinedo Pinedo, menciona varias irregularidades. Entre ellas, la contratación de Catler-Uniservice, que “no contaba con la certificación presupuestaria, vulnerando la Ley 1178 Safco y la Ley Financial 2042, apelando para esta contratación a la Resolución de Directorio 023/2008, de fecha 16 de abril, que no es compatible con la ley citada anteriormente”.
También se observa que Catler-Uniservice “se constituyó en sociedad tres días antes de la suscripción de contrato con YPFB”.
Por otra parte, “no se remitió a la Dirección General de Sistemas Administrativos Gubernamentales el contrato modelo establecido en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)”.
El informe de YPFB agrega que el contrato tampoco fue protocolizado en la Notaría de Gobierno sino ante un notario de fe pública. Según el informe, éstas son algunas de las irregularidades legales y administrativas que “implicaron un manejo discrecional de las normas establecidas en el Decreto Supremo 29506”.
Nuevas irregularidades
Una nueva irregularidad fue advertida en la adquisición de 58 vehículos (camionetas doble cabina y doble tracción) por parte de YPFB, para lo cual tuvo que encarar dos licitaciones.
La empresa, el 1 de octubre del año pasado, licitó la adquisición de 58 camionetas y el 21 de ese mes seleccionó a un único proponente (Taiyo Motors) para que le proveyera de los automóviles a un costo por debajo del valor referencial de 13,9 millones de bolivianos establecido en la convocatoria a la licitación. Se decidió hacer la transacción por 10,4 millones de bolivianos.
La compra la validó María Esther Carmona, quien se encontraba como responsable del proceso de contratación en licitaciones públicas.
Sin embargo, el 11 de noviembre se anuló el proceso cuando prácticamente se estaba elaborando el contrato con la firma Taiyo Motors. YPFB hizo una nueva licitación y ganó la misma importadora, a la que se adjudicó el proceso por un monto de 13,3 millones de dólares.
El gerente general de Taiyo Motors, Marcos Córdova, explicó a La Prensa que el costo se elevó porque YPFB primero quería que los vehículos llegasen a zona franca, pero cuando se estaba por firmar el contrato sus abogados retrocedieron porque iba a implicar que la estatal pagara los impuestos.
Por eso se hizo una nueva licitación, esta vez para que las camionetas arribasen a almacenes con todos los impuestos pagados y se nacionalizara esos automotores en Aduana.
Córdova señaló que la primera convocatoria debió especificar en detalle las exigencias de la empresa y no hacer ajustes.
Constructora en Potosí asegura que no se le pagó
La empresa constructora Improcon, encargada del levantamiento de un muro perimetral en Potosí para una planta engarrafadora y donde no se observa la obra comprometida, no recibió un solo centavo de los 100.000 bolivianos que debió entregarle Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Así lo reveló al diario El Potosí la administradora de Improcon Elena Delgado, quien manifestó que “YPFB debía haberles pagado el anticipo de la obra pero no recibieron ni un solo centavo”.
Fotografías difundidas por Cadena A revelaron que en el lugar apenas se colocó una estaca y no el muro por el que la estatal desembolsó los recursos en dos cuotas, cada una de 50.000 bolivianos.
En la regional de YPFB en Potosí se conoció que Delgado ya les había comunicado que no recibieron el pago de los 100.000 bolivianos y estaban esperando que se hiciera efectivo.
Sin embargo existen facturas que avalan la entrega de los recursos y cuya validez fue confirmada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
La presidenta de la entidad, Marlene Ardaya, informó que luego de hacer una primera verificación se constató la validez de los documentos fiscales, pero existen observaciones relacionadas con el hecho de que la empresa no específica en las facturas el tipo de contrato que tiene con YPFB y si los pagos realizados corresponden a un anticipo u otro concepto. Además si no se observa obra alguna en el lugar, puede constituirse en una conducta irregular.
El Servicio de Impuestos continúa la investigación y el cruce de información.
En Tarija hay otros casos
Un nuevo presunto acto de corrupción en que incurrió el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez fue descubierto, esta vez en la planta de almacenamiento de esta empresa en Bermejo, donde se firmó un contrato para la readecuación de la malla perimetral.
Según el diario Nuevo Sur, lo llamativo es que el contrato fue firmado el 24 de noviembre de 2008 con la empresa “Servicio y Mantenimiento de Ingeniería (Copai), de Jorge Rojas Escóbar, por un monto de 170.000 bolivianos para la readecuación de la malla perimetral en la Planta de Almacenaje Bermejo-Tarija”.
El contrato está firmado por Ramírez, sin embargo, una carta firmada por el jefe de Zona Comercial de YPFB en Bermejo, José Yucra Paredes, fechada el 29 de enero de este año, hace notar que la malla está bien y no precisa ningún trabajo.
Según este personero, la “malla no presenta ruptura alguna, no es necesario hacer cambio, tampoco presenta problemas en los cimientos y no es necesario aumentar el número de columnas”.