Hay indicios de que Juan Carlos Navia estaba en el sitio del asesinato y que en ese lugar esperaba Jiovana Navia, esposa del ex titular de YPFB.
La Fiscalía indaga posibles nexos entre la Fundación y los 450.000 dólares.
La Prensa
Los fiscales allanaron ayer las oficinas de Khantati ubicadas en el piso 10 del edificio Ballivián.
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El inmueble ubicado en la avenida Tejada Sorzano, número 601, donde fue asesinado el empresario Jorge
O’Connor D’Arlach y se perpetró el “volteo” de 450.000 dólares, resultó ser el domicilio legal de la Fundación Khantati, de la que uno de los cuñados de Santos Ramírez, Javier Navia Doria Medina, y el primo de éste, Gonzalo Aramayo Doria Medina, son socios fundadores.
Esa organización no gubernamental (ONG) fue constituida el 13 de octubre de 2006.
Según un informe del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, esa Fundación tramitó su personería jurídica en Potosí, es decir en la Notaría de Gobierno de la Prefectura de ese departamento, que responde al MAS, la cual data del 13 de junio de 2007, tiene el registro No. 1832 y su NIT es 14806029.
De acuerdo con sus estatutos, “en la zona Miraflores, avenida Tejada Sorzano, número 601, esquina calle Monje (…) se ubicarán y operativizarán sus actividades, sus órganos de decisión (normativos), dirección institucional y administración central”.
Entre los socios de la entidad no figura el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez ni su esposa Jiovana Navia Doria Medina, como aseguró el ex constituyente Emilio Gutiérrez (UN).
Khantati, de acuerdo con su documento de constitución, “es una institución privada y sin fines lucrativos”, cuyos objetivos son fortalecer y fomentar la autoconstrucción de viviendas productivas y el desarrollo de asentamientos humanos en áreas deprimidas del país.
Según las indagaciones, Javier Navia y su primo Gonzalo Aramayo se encontraban el 27 de enero en la escena del crimen porque guiaron hasta el inmueble de la Tejada Sorzano al empresario O’Connor, quien luego fue asesinado en el zaguán de esa casa.
En sus declaraciones a la Fiscalía, y a través de su abogado, Marcelo Ugarte, ambos aseguraron que desconocían que Jorge O’Connor llevaba consigo los 450.000 dólares.
Según el abogado Ugarte, el día en que ocurrió el atraco y muerte del empresario, este último y sus clientes debían reunirse en el domicilio de Aramayo para intercambiar información de proyectos de vivienda porque había interés de O’Connor de establecer una sociedad estratégica.
Sin embargo, el 27 de enero, tras presenciar el crimen y lamentarse por lo ocurrido, Javier Navia dijo a uno de los periodistas de La Prensa que el dinero “era para la Fundación”. Al día siguiente, esa misma persona precisó que se trataba de Khantati, ubicada en el piso 10, oficina 1008, del edificio Ballivián.
Precisamente, los investigadores allanaron ayer por la tarde esas dependencias, de donde secuestraron un plano de construcción de viviendas en Cochabamba y documentos relacionados con proyectos de esa misma naturaleza.
A la fecha, según el Viceministerio de Vivienda, presentaron 11 proyectos, de los que ninguno fue aún aprobado.
Supuestos nexos
Los fiscales que investigan la supuesta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma de contratos lesivos al Estado también indagan los posibles nexos entre la Fundación Khantati y los recursos que fueron arrebatados al empresario O’Connor.
El fiscal Edward Mollinedo explicó que la información que tiene la Fiscalía es que Javier Navia y su primo Gonzalo Aramayo son socios de Khantati y que tienen proyectos para la construcción de viviendas, información que será analizada en estos días, sobre cuya base se “verá qué relación tiene esa Fundación con lo que estamos investigando”.
Según fuentes de la Fiscalía, para determinar si hay o no nexos entre esa ONG, la muerte del empresario y las supuestas irregularidades en YPFB, se solicitó a las entidades bancarias la relación de cuentas de la entidad.
Se explicó que todavía no se tiene indicios de si Khantati era o no tapadera de los 450.000 dólares que supuestamente debían ser entregados en calidad de “comisión” a Santos Ramírez porque habría favorecido la contratación de la sociedad Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), cuyo costo es de 68,3 millones de dólares.
El abogado de Javier Navia y Gonzalo Aramayo no precisó de dónde provienen los fondos de la Fundación Khantati.
De acuerdo con la explicación del asesor legal del Viceministerio de Vivienda, Humberto Quispe, una vez que una institución logra consolidar alguno de los proyectos, el 60 por ciento de los recursos proviene del Estado, en tanto que el 40 por ciento es la contraparte de la empresa.
Al mediodía de ayer, en el viceministerio de Vivienda hubo un movimiento inusual. Los funcionarios realizaban llamadas y solicitaban informes sobre la Fundación Khantati. Según uno de ellos, el presidente Evo Morales requirió esa información.
Cuñado de Ramírez quería adjudicarse las obras
Javier Navia Doria Medina, hermano de la diputada suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jiovana Navia y cuñado del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, pretendía adjudicarse la construcción de casas en el Plan de Vivienda Social, para lo cual presentó 11 proyectos al Viceministerio de Vivienda.
Los planes fueron presentados por la Fundación Khantati, de la que Javier Navia es socio, el 24 de julio del pasado año, a menos de un mes de que esa organización no gubernamental (ONG) obtuviera su registro.
De los 11 proyectos, siete fueron solicitados para su ejecución en Cochabamba, dos en La Paz y otros dos en Potosí.
El Programa de Vivienda Social y Solidaria consta de dos proyectos, según el Decreto Supremo 28794 del 12 de julio de 2006: cuantitativo y cualitativo, que pretenden atender la demanda habitacional del país, que supera dos millones de unidades.
El viceministro de Vivienda, José Antonio Lambertín, explicó que de acuerdo con los documentos que fueron presentados por la Fundación Khantati, esos legajos “avalan que esta institución tiene registros como para poder respaldar un proyecto”.
Aclaró que posiblemente los proyectos tengan alguna observación, por lo que se encontraban en archivos. El asesor legal de ese despacho, Humberto Quispe, explicó que analizarán la documentación presentada por Khantati para verificar su autenticidad.
Javier Navia Doria Medina es investigado por asesinato y volteo de 450.000 dólares al empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach perpetrados el pasado 27 de enero en el zaguán de la casa número 601 de la avenida Tejada Sorzano, zona Miraflores, que además es el domicilio legal de Khantati.
El miércoles 5 de febrero, los fiscales allanaron su domicilio ubicado en la calle Iturralde de Miraflores, de donde secuestraron el vehículo que participó en ese hecho delictivo.
Los detalles
El martes 27 de enero, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach fue victimado.
Llevaba 450.000 dólares que retiró del Banco Unión y que le fueron arrebatados.
La casa donde ocurrió el hecho es de propiedad de Gonzalo Aramayo, primo de los Navia.
Sin embargo, también figura como domicilio legal de la Fundación Khantati.
Javier Navia y Gonzalo Aramayo aparecen como socios de esa institución privada.
Dicha fundación fue constituida para la construcción de viviendas sociales.
Para ello esa organización presentó 11 proyectos para La Paz, Cochabamba y Potosí.
Gonzalo Aramayo y Javier Navia fueron testigos del asesinato del empresario.
Durante sus declaraciones ambos aseguraron desconocer que había dinero de por medio.
Dijeron que ese día debían reunirse para tratar proyectos de construcción de viviendas.
La Fiscalía cree que Juan Navia conducía el auto de O’Connor
Indagaciones: Santos Ramírez (centro), ayer en la Fiscalía, donde declaró por el caso de visas chinas
Santos declara protegido por su grupo de choque, el cual lo acordonó ayer para evitar a la prensa.
La Fiscalía tiene indicios de que Juan Carlos Navia Doria Medina, cuñado del ex presidente de YPFB Santos Ramírez, condujo la vagoneta Cherokee en la que el ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach Taborga se dirigió hasta el inmueble número 601 de la avenida Tejada Sorzano, donde fue victimado y le arrebataron 450.000 dólares. Las indagaciones también apuntan a que en ese lugar esperaba Jiovana Navia Doria Medina, esposa del ex titular de Yacimientos.
El 27 de enero, O’Connor, socio de Catler-Uniservice, a la que se adjudicó un contrato de YPFB por 86,3 millones de dólares para la construcción de una planta separadora de líquidos, se dirigía a esa casa, de propiedad de Gonzalo Aramayo Doria Medina, primo de los Navia, y que resultó ser domicilio legal de la Fundación Khantati, de la que este último y Javier Navia Doria Medina son socios fundadores.
Gonzalo Aramayo y Javier Navia fueron testigos de ese asesinato porque, según las pesquisas, guiaron a O’Connor a ese inmueble en su vagoneta Montero.
La Fiscalía presume que el vehículo Cherokee en el que iban el empresario, su hermano Miguel O’Connor y sus hombres de confianza Fernando Córdoba y Mario Cossío Magalén fue conducido por Juan Carlos Navia, aunque el día del crimen Fernando Córdoba, quien incluso lloró ante las cámaras de televisión, dijo que él estaba al volante de ese motorizado.
Para aclarar esas sospechas, el Ministerio Público, convocó ayer a Juan Carlos Navia a fin de que declare sobre esa situación. Sin embargo, la sesión fue suspendida por los fiscales que investigan los hechos debido a que tenían en agenda otras acciones urgentes. El interrogatorio fue suspendido para las 14.00 del martes 10 de febrero.
Además, ayer secuestró la vagoneta Cherokee en un allanamiento efectuado en un garaje de la calle Jenaro Sanginés.
Cinthia Prince, abogada del sindicado, explicó a La Prensa que las presunciones del Ministerio Público no son correctas porque el 27 de enero él se encontraba en Santa Cruz, y para demostrarlo cuenta con el pasaje de viaje a esa ciudad y el documento de estadía en un hotel.
La jurista considera que Juan Carlos Navia es sindicado porque “es familiar del dueño de la casa (donde ocurrió el atraco) y hermano de la esposa de Santos Ramírez, entonces piensan que es el autor, piensan que manejaba el vehículo en el que se llevaba el dinero”.
Juan Carlos Navia trabajaba en la Dirección de Comunicación de la estatal petrolera, pero él y otros diez ejecutivos fueron suspendidos el sábado pasado para ser sometidos a la investigación por presuntas irregularidades en el contrato con Catler-Uniservice.
Esas presuntas irregularidades en YPFB y en la firma del acuerdo con esa sociedad salieron a la luz tras el atraco y asesinato de O’Connor. Según las indagaciones, los 450.000 dólares eran presuntamente una “comisión” para Santos Ramírez, quien pudo haber favorecido la contratación de Catler-Uniservice.
Más implicados
En el caso de la diputada suplente del MAS Jiovana Navia, esposa de Santos Ramírez y quien renunció a su inmunidad parlamentaria para ser investigada, la Fiscalía tiene indicios de que el día del asesinato ella se encontraba dentro de la casa donde ocurrieron el asalto y el asesinato.
La pareja del ex titular de Yacimientos, cuyo estado de salud, según su abogada, Teresa Montaño, es delicado por su embarazo de gemelos, declaró ayer en el Ministerio Público.
Tras la reunión con los fiscales dijo: “Se especula que yo estaba dentro del domicilio de la Tejada Sorzano donde ocurrió el hecho, no conozco el domicilio, (ese día) estaba en mi oficina, reunida con una diputada de Podemos, veíamos un plan para (combatir) el cáncer de útero”.
Reconoció que la casa donde se perpetró el crimen es de su primo Gonzalo Aramayo y negó conocer las actividades de su marido respecto del cuestionado contrato y también las de sus hermanos, así como la existencia de la Fundación Khantati, de la que su pariente Javier Navia y su primo Gonzalo Aramayo son socios.
Estos dos últimos, testigos de la muerte del empresario, debían declarar, ayer pero los fiscales suspendieron los interrogatorios porque tenían que realizar otros operativos.
Estas declaraciones y de casi una decena de ex ejecutivos de YPFB, según el fiscal Edward Mollinedo, deberán ser concluidas el martes 10 de enero, porque al día siguiente presentarán un informe sobre la investigación del crimen y corrupción en la estatal petrolera.
Santos Ramírez también declaró ayer, dentro de la investigación del asesinato de O’Connor y el robo de los 450.000 dólares, pero aún se desconocen los pormenores de su testimonio.
Para abandonar el Ministerio Público, un grupo de guardaespaldas lo acordonó y perjudicó la labor de los medios de comunicación.
Ramírez dice que quieren afectarlo políticamente
El ex presidente de YPFB Santos Ramírez consideró que la convocatoria del Ministerio Público para que declare por el caso de las “visas chinas II” sólo persigue perjudicarlo políticamente.
A las 08.40 de ayer, el ex presidente de la estatal petrolera se presentó en la oficina del fiscal Prudencio Flores y fue interrogado por unas dos horas en ese proceso, que fue iniciado cuando todavía era senador de la República.
“Ésta es una segunda declaración en el tema de las visas para súbditos chinos. Hicimos declaraciones en 2008 ante la autoridad correspondiente para esclarecer el tema; sin embargo, de manera casual se la pone en el escenario, esperemos que esto no sea con el propósito de seguir perjudicándonos y para seguir afectándonos políticamente”.
Sobre el hombre fuerte del MAS pesan tres investigaciones: el caso de las visas chinas, el crimen del empresario de Catler-Uniservice Jorge O’Connor y posibles anomalías en la firma de contratos.
“Somos respetuosos con el Ministerio Público y daré respuesta a todas las declaraciones, por tanto reitero la voluntad de seguir asistiendo a la Fiscalía para esclarecer cuanto sea necesario para que prime la verdad”, dijo el ex Presidente de YPFB al salir de la oficina de Flores.
Su abogado, Víctor Borda, también expresó su molestia por la convocatoria en el caso de las visas II, puesto que en la investigación de las visas I, su defendido fue liberado de culpa por el fiscal Edward Mollinedo, quien ahora lo investiga por corrupción.
“Santos es la única persona que al presente ha sido citada para declarar (…) Se podría considerar la persecución señalada, son parlamentarios de Podemos y de otras tiendas políticas”. Ramírez comparecerá el lunes 9 por la presunta corrupción en YPFB.
“Ticoco” está en la cárcel
Luis Fernando Córdoba Santiváñez, conocido en su medio familiar como “Ticoco”, ya acompaña a su hermano Ernesto en la cárcel de San Pedro de La Paz. Él era “hombre de confianza” del empresario Jorge O’Connor D’Arlach y estaba presente el día en que lo asesinaron y le robaron 450.000 dólares.
La Policía y la Fiscalía lo detuvieron porque hallaron indicios de que él y su hermano Ernesto planificaron el atraco. Los autores materiales los delataron, declararon que ambos los habían contratado para el robo, no para matar, sino para disparar si O’Connor se resistía.
A las 12.30 de ayer, “Ticoco” fue trasladado de la Clínica policial Virgen de Copacabana al penal luego de que una junta médica determinara que está bien de salud porque sólo sufrió policontusiones.
Córdoba denunció que al día siguiente de la muerte de su jefe fue secuestrado y golpeado en La Cumbre.
La investigación del crimen se amplió a su familia, su suegro declaró ayer en la Fiscalía. Su esposa, Yolanda Salinas, lo hizo el jueves.