Los peruanos ocupan el primer grupo de deportados en el país. Detenidos medio centenar de chinos. En 2008 fueron deportados de otros países 668 bolivianos.
Revista Domingo de La Prensa
Por: Mirna Echave Mallea
En 2008, los inspectores del Servicio Nacional de Migración y la Policía detuvieron en Bolivia a más de medio centenar de ciudadanos chinos que se supone eran transportados por redes internacionales de traficantes de personas. Los peruanos ocupan el primer grupo de deportados en el país. También hubo dos pesquisas de matrimonios por conveniencia
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Agosto de 2008. Ruta a Bermejo, Tarija. Localidad de Toldos. Un grupo de indocumentados busca alcanzar su próxima parada. Veinte chinos hacen el viaje encerrados en dos vagonetas, tras haber eludido el control fronterizo de Perú a Bolivia. Lucen relajados, confiados. Es el tercer país andino que atraviesan, sumado Ecuador, rumbo a su destino final: tal vez Argentina, tal vez África, tal vez Estados Unidos… Transitan caminos inhóspitos. Eluden a los uniformados.
La travesía llega a su fin al cruzar el puente binacional entre Tarija y Argentina. Las dudas de los inspectores del Servicio Nacional de Migración (Senamig), de la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio (dependiente de la Policía Internacional) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen los delataron. Los choferes de los dos automóviles aseguran que sólo fueron contratados de manera eventual. El alegato es rechazado porque evadieron las trancas viales.
El hallazgo revivió lo acontecido hace pocos años. Revivió la hipótesis de que las mafias internacionales del tráfico de personas han vuelto a Bolivia. Los 20 chinos retenidos, entre hombres y mujeres de la clase media y mayores de edad, lucen menudos, completamente callados. Se resignan y cargan su magro equipaje, al que suman sus esperanzas perdidas. No llegaron al destino que tal vez les habría dado prosperidad, tras haber invertido más de 10.000 dólares.
Bolivia expulsó de su territorio a 78 extranjeros de esta nacionalidad en 2008, según el informe en exclusiva al que accedió Domingo, por no contar con sus documentos legales de residencia; guarismo que se triplicó en relación con 2007, cuando se detuvo a 24 ciudadanos asiáticos, cantidad sólo superada por la deportación de peruanos: 123 en 2008. Tras estas cifras hay un mundo de tapaderas, negocios clandestinos, artimañas, matrimonios fraudulentos y más…
Más allá del Dragón Rojo
Hace cinco años, una banda internacional con cuartel general en el continente asiático iba a causar dolores de cabeza a las autoridades: el Dragón Rojo. Ésta descargaba ilegalmente inmigrantes chinos en Bolivia, y tramitaba documentos falsos con los que podían residir en este suelo o viajar a países como Estados Unidos o España; empero, sobre todo, Bolivia era usada como “puente”. Tras las pesquisas policiales, la mafia y sus nexos locales fueron desbaratados.
El caso es llamado “visas chinas”. Entre los 30 implicados, hay un ex Cónsul de China y 12 parlamentarios que gestionaron el arribo de estos extranjeros con pretextos como que eran capacitadores agrícolas de proyectos en zonas rurales. El proceso salpica en especial al ex congresista del oficialismo José Bailaba. Así, los anillos de la cola del Dragón Chino que se extendieron hasta Bolivia, fueron cortados. No hay aún culpables, y la investigación se reactivó hace semanas.
Se manejó que el tráfico de ciudadanos chinos había sido erradicado. Pero el hallazgo de agosto del año pasado en Toldos, quebró esta tesis. El director nacional de Inspectoría y Arraigos del Senamig, Marcelo Landa, señala que primero se dio la verificación de la identidad de los 20 inmigrantes detenidos en Tarija: cinco portaban documentos y el resto, no. El segundo paso fue notificar de la situación a su Consulado, que cooperó con el trámite de deportación a la nación del Asia.
Se emprendieron las investigaciones, mientras los chinos pasaron a custodia. Pero en noviembre, otro grupo irregular conformado por 15 asiáticos fue descubierto en una pequeña habitación de adobes alquilada en Chaguaya, aldea entre la frontera peruana y el pueblo altiplánico de Achacachi. Vivían hacinados y esperaban el motorizado para seguir su periplo a otro país; en vez de ello, se toparon con los coches de Migración que los llevarían a la ciudad de La Paz.
Una semana después de este hallazgo, otros 15 chinos indocumentados eran aprehendidos en Puerto Acosta, de nuevo en los límites con el Perú; como en el anterior caso, no tenían registro de su paso por esa nación. La situación se tornó preocupante, el tráfico de estos extranjeros se había rearticulado. Había en total 50 retenidos que fueron instalados en una casa arrendada de la ciudad de El Alto. El Senamig debía proporcionarles techo, alimentos, abrigo y un traductor.
Un hecho llamó la atención de las autoridades. Al encontrarse, los asiáticos de los distintos grupos se saludaban con aprecio, como si se conocieran. Todos debían retornar a China y su Consulado aceleró gestiones en tierra boliviana. Mientras tanto, los chinos rechazaban la comida que se les proporcionaba y, fieles a su gastronomía, pedían sólo arroz y pollo frito. Algunos enfermaron por el sorojche y otros resultaron resfriados, por lo que precisaron atención médica.
El jefe nacional de Inspectoría del Senamig, Juan Carlos Arraya, recuerda otro elemento que atrajo su curiosidad: los documentos de los 50 detenidos tenían un sticker pegado que contenía un código que, al parecer, había sido escrito con la misma letra, el mismo color de bolígrafo y respondía a una secuencia numérica: 1, 2, 3, 4… Pero las pesquisas no daban con los responsables, hasta que en diciembre se agarró a otra comitiva de cinco chinos en Guayaramerín, Beni.
La travesía de estos últimos los conducía en coches hacia Bermejo, Tarija… Se determinó días después que las cuatro agrupaciones ilegales habían partido de un mismo país sudamericano: Ecuador; no se sabía su destino final. En el último hecho, los cinco asiáticos tenían otro tipo de código pegado a sus papeles, con cifras y letras ininteligibles… no sabían adónde iban, parecían gente más humilde y colaboraron con los inspectores.
Con la ayuda de un traductor, revelaron que habían estado en suelo ecuatoriano de turistas y que allí unas personas les ofrecieron un paseo por el Amazonas. Pagaron, subieron en automóviles y fueron obligados a transbordarse durante dos días. Con este quinteto de asiáticos se detuvo a seis sospechosos, cinco bolivianos y un paraguayo. El Senamig sospecha que iban a ser explotados laboralmente en un sitio anónimo.
Dos mafias internacionales
Más aún, esto abre la posibilidad de dos tipos de bandas que operan con nexos en distintos continentes y Estados. Los primeros tres casos implicarían a una mafia multinacional que transporta ilegalmente a chinos a otras naciones. Y el último encajaría con el “esclavismo” al que serían sometidos extranjeros raptados. Arraya explica que los aprehendidos seguían una ruta: Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y, tal vez, intentaban llegar a Estados Unidos.
La posible mafia multinacional emplearía las estrategias de la célebre Dragón Rojo. El ex director nacional de la Policía Internacional (Interpol) Reynaldo Iturri señala que redes de tráfico de este tipo son manejadas por ciudadanos de la misma nacionalidad. En este caso serían asiáticos que cobran por sus servicios de transporte ilegal entre 10.000 y 16.000 dólares, según el destino solicitado, lo que puede incluir la gestión de pasaportes y residencia estable en el país receptor.
Los traficantes pescan a los interesados en China y el primer viaje se realiza por avión, hacia un Estado sudamericano; y en 2008, el punto de llegada preferido fue Ecuador, porque abrió sus fronteras y exigía sólo pasaportes a los viajeros. Los clientes tienen sus razones para emprender este periplo, las primordiales involucran al reducido mercado laboral en China por su población numerosa y los bajos ingresos económicos.
Iturri comenta que igualmente se capta en territorio chino a trabajadores para que sean mano de obra barata en actividades como la costura, la construcción, la agricultura u otras. Así, los traficantes ubican sus contactos y cómplices de otras nacionalidades para garantizar el traslado, en ocasiones ayudados por personas con peso político. Éstos contratan a los coyotes, que transportan a los clientes por aire, mar o tierra eludiendo los controles migratorios de fronteras.
Pero, según los uniformados entrevistados, no todos los coyotes cumplen su papel. Hubo casos en que abandonaron a los clientes en el trajín o decomisan sus documentos y les amenazan con denunciarlos a los efectivos de Migración si no se someten a la explotación laboral; así se evidenció en varias naciones sudamericanas. La trata y el tráfico rondan este rubro ilícito. Aparte, la mayoría de los clientes busca llegar a Estados Unidos y sólo usa a Sudamérica como “puente”.
Sobre los cuatro grupos ilegales con 55 chinos hallados en Bolivia, Iturri informa que se compartió esta información con 168 Estados del mundo, sobre todo China, para alertar de la situación. “Cuando llegaron a su territorio, la Interpol de ese país los esperaba. Ella hace el trabajo que le corresponde, incluida la investigación”. Por ello, esta autoridad desconoce el desenlace de esas 55 historias o si se halló a los traficantes. “Tampoco se pidió más datos a la Interpol de Bolivia”.
Hay otro elemento que se determinó de este cuarteto de casos: el destino tras pasar tierra boliviana era Argentina. No obstante, relata Iturri, la Policía Internacional de esa nación descartó esa posibilidad y tras sus propias averiguaciones dijo que los traficantes buscaban llevar a sus clientes por Uruguay, y de allí seguirían su travesía en barcos de carga, sobre todo de carne, hasta continente africano, para tomar vuelos a Estados Unidos; aunque la ruta no fue confirmada.
Ahora, la llave para desentrañar estos procesos la tienen los detenidos. Iturri concluye con que el número total asciende a 12, entre bolivianos, peruanos, un paraguayo y un argentino. Todo se halla en manos de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y su ex director Édgar Martínez informa que los fiscales están a punto de terminar la recolección de pruebas para formular la imputación ante la justicia ordinaria.
“Aparentemente, quien conoce más sobre esta red internacional de tráfico de personas y su forma de operar es el ciudadano paraguayo, pero se niega a dar información y por ello se estancaron las investigaciones”. Cinco sospechosos están detenidos en la cárcel y los demás salieron con medidas sustitutivas. Mientras, Ecuador cerró sus fronteras, pero lo ocurrido a fines del año pasado hizo revivir el peligro de las andanzas de la mafia del Dragón Rojo en Bolivia.
Zona Franca en la mira
La gestión pasada, 281 extranjeros fueron deportados del territorio boliviano, principalmente por no poseer residencia o documentación que avalara su estadía legal. Las cifras del Servicio Nacional de Migración señalan que los peruanos son los más recurrentes: representaron 45 por ciento de los casos (123). El guarismo guardó los parámetros de año antes, cuando, de 274 inmigrantes ilegales devueltos a sus países, 114 (42 por ciento) eran de esta nacionalidad.
Landa explica que esto se debe a la facilidad que tienen estas personas para entrar en Bolivia, ya que sólo precisan presentar su documento de identidad nacional ante los controles limítrofes, al igual que los bolivianos deben mostrar su carnet de identidad, así lo estipulan los acuerdos bilaterales. Además, todo peruano, al pasar la frontera o llegar a un aeropuerto, debe llenar un formulario y así obtener un salvoconducto que le permite estar en Bolivia por tres meses.
Pero cumplido este plazo, la mayoría de deportados de esta nación no renueva esta hoja con el sello migratorio, o emprende alguna actividad económica en el tiempo de su estadía legal sin contar con un aval del Estado para esto. Landa, por ello, asevera que varios de los peruanos retenidos por su división fueron descubiertos sin autorización para aplicar el comercio en ferias, calles y plazas, o vendiendo cremas para aliviar enfermedades; son los denominados “pajpacus”.
A la par, un sitio está en la mira de los efectivos del Senamig por ser un posible nicho de recepción y estancia de peruanos indocumentados: la Zona Franca Industrial del camino a Viacha, en El Alto. Y las sospechas tienen una historia. Resulta que ante las estadísticas de deportados manejadas por esta entidad en 2007, la Embajada peruana y Migración abrieron una etapa de regularización de los residentes de esta nacionalidad durante el primer trimestre de 2008.
Al proceso se acogieron 287 peruanos que optaron por la residencia legal en Bolivia, lo cual les dio posibilidad de ingresar en el mercado laboral. “Algunos —relata Landa— estaban casados o vivían en concubinato con bolivianos y bolivianas y ya tenían hijos”. Sin embargo, a fines de agosto del año pasado llegaron al despacho de Landa denuncias de inmigrantes de esa nación de que todavía había algunos compatriotas indocumentados trabajando en la Zona Franca Industrial.
Al parecer, obreros peruanos “legales” que operan en el sitio y que gastaron dinero para obtener su regularización no aguantaron la llegada de personas que no tenían papeles al día y que estaban reduciendo poco a poco el valor de sus ganancias, porque ofrecían más barata su mano de obra. Entonces, el Senamig y el Distrito Policial 3 alistaron el operativo en la más absoluta reserva. Una noche de agosto, los efectivos acordonaron las vallas del amplio inmueble viacheño.
El objetivo era evitar que los indocumentados tratasen de huir. La muralla de avanzada estaba formada por uniformados de la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio. Irrumpieron por la puerta central y anunciaron a gritos que se trataba de una inspección. “Vamos a revisar los documentos taller por taller”. Bajo el enorme tinglado y sobre los estacionamientos de tierra, las reparaciones y “transformaciones” de los volantes de los coches internados al departamento paceño se detuvieron.
Clientes y trabajadores empezaron a buscar entre sus bolsillos. Un grupo de 20 operarios se acercó voluntariamente, pero no todos poseían lo requerido: o sus salvoconductos habían caducado o no poseían la visa de objeto determinado que les autoriza a tener un puesto laboral en Bolivia, o ésta no correspondía con el oficio que cumplían allí. El jefe nacional de Inspectores, Juan Carlos Arraya, rememora que muchos intentaron escapar por las altas paredes. Fracasaron.
Otros peruanos se ocultaron entre los muebles y debajo de los motorizados o en sus maleteras. Fue en vano, todos fueron encontrados. La intervención fue exitosa ya que desembocó en la captura del mayor número de inmigrantes ilegales de esa nación en la gestión pasada. En total, 50 obreros resultaron detenidos y posteriormente remitidos a su país. Pero sobre todo, la inspección marcó a la Zona Franca Industrial como posible centro para la estancia de indocumentados.
Sus 47 talleres son alquilados a mecánicos independientes, y en caso de que quien firma el contrato sea peruano, se debe exigir sus papeles de residencia legal y su permiso laboral otorgado por el Consulado boliviano en el Perú. No obstante, de acuerdo con Luis G., quien opera en dicha Zona Franca y pidió reserva en su apellido, tras el registro legal, algunos talleres no cumplen con el convenio y optan por contratar inmigrantes ilegales para abaratar sus costos operativos.
Landa dice que la mitad de los 50 detenidos de agosto de 2008 trabajaba en las instalaciones durante dos o tres años. “Ésta es una demostración clara de que el Senamig, si bien genera políticas migratorias para que estas personas se beneficien, gocen de los derechos y protección del Estado boliviano, también da lugar a expulsiones por el incumplimiento a las reglas”. Sin embargo, también existen los descargos en el caso.
El jefe de operaciones de esta Zona Franca, Víctor Salles, establece que en cada uno de los talleres de transformación de vehículos se respeta la autonomía y privacidad de la función laboral. “Cada quien contrata a su personal”. Aparte que subraya que su institución trata de controlar la legalidad de las personas que frecuentan estos sitios, entre mecánicos y clientes. Aunque esto es difícil por la afluencia de gente que entra y sale: se calcula que son unas 1.000 personas por día.
Trampas matrimoniales
Otro aspecto llama la atención al Senamig: la posible vigencia de matrimonios por conveniencia en el país. Es que los extranjeros tienen varias opciones para obtener la nacionalidad boliviana: contraer nupcias con un boliviano o boliviana o demostrar la convivencia en caso de no haber boda, o lograr un contrato laboral permanente con el que pueden tramitar su residencia, o tener más de tres renovaciones de salvoconductos bajo las normas legales exigidas por el Senamig.
Hace un quinquenio, precisamente con el estallido del caso “visas chinas”, se descubrió que en Bolivia hay inmigrantes que establecen vida marital con un residente sólo por el interés de obtener su naturalización. Hay quienes pagan por un matrimonio temporal, que sólo sea de apariencia y se rompa tras conseguir su meta, y hay gente que se alquila para ello a cambio de un monto económico, por lo cual las autoridades consideran estos hechos como fraudes al Estado.
Marcelo Landa comenta que se siguieron dos casos el anterior año, los cuales se activaron cuando un extranjero solicitó los documentos de residencia permanente aludiendo su nuevo estado civil. Una de las uniones resultó ser “legal”, y por ello se dio vía libre a su trámite; pero el otro resultó ser “engaño”: se ordenó bloquear las gestiones del involucrado y la anulación de su partida matrimonial, lo que puede acabar en su deportación.
En dicho proceso, saltaron a la vista de los agentes hechos casi anecdóticos que determinaron el fraude. En la intervención hecha al hogar de la supuesta pareja, por ejemplo, el inmigrante solicitante no tenía ni siquiera un sitio para colocar su indumentaria personal. Alejandro Giacoman, uno de los inspectores más antiguos en el ramo, explica que eso “quiso decir” que la unión era por interés. “Se le paga a la novia para que se case y (así) el interesado busca naturalizarse”.
Lo primero que hace el Senamig en todos estos hechos es inspeccionar la casa de los supuestos esposos, continúa Giacoman. “Revisamos algunas cosas y preguntamos dónde está la cocina, el dormitorio, si el extranjero tiene espacios para poner su ropa…”. En el caso “visas chinas”, éstas prácticas se destaparon cuando se investigó a los asiáticos involucrados y asentados en varias regiones del país, y muchos estaban casados con bolivianas, mas no convivían con ellas.
El Senamig recoge toda denuncia que involucre a extranjeros, y tras verificar su estancia legal, los deriva a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Sin embargo, otro aspecto que llama la atención de los funcionarios de este ente es que los casos que más llegan a sus oficinas son planteados por inmigrantes contra bolivianos, sobre todo por líos económicos, ya sea por la no cancelación de deudas, alquileres, abusos o quejas por hacer ruido en su departamento.
Más allá de esto, el jefe de Normas y Coordinación del Senamig, Luis Alberto Morales, sentencia que aún resta una mejor fiscalización fronteriza por parte de esta repartición; aunque de los 22 puestos limítrofes que tenía Migración hace tres años, éstos se han incrementado recientemente a 30. Todo esto ayudó a gran parte de las 281 deportaciones del año pasado. Un rubro en el que rondan mafias internacionales, pícaros migrantes ilegales y casamientos fraudulentos.
Más estadounidenses entran al país
Tras la imposición de visa a los estadounidenses que quisieran entrar a Bolivia, varios empresarios, operadores de turismo y políticos de la oposición predijeron que los turistas de aquella nación borrarían a los atractivos del país de su mapa. No obstante, según el jefe de Normas y Coordinación del Servicio Nacional de Migración (Senamig), Luis Alberto Morales, sucedió lo opuesto, ya que el número de visitantes norteamericanos que arribaron a territorio boliviano aumentó en 2008 si se lo compara con años anteriores; a pesar de esta exigencia impuesta del Gobierno como medida de reciprocidad, ya que Estados Unidos igual exige este documento a los bolivianos.
“En diciembre del 2007 se implementó la visa, y en ese momento la opinión de la oposición fue clara: que el flujo migratorio iba a bajar. Pero lo que se ha visto ese año a nivel nacional fue que se emitieron 1304 visas para estadounidenses y en 2008, se otorgaron 7.708 visas”. O sea, Morales calcula que, de una gestión a otra, la demanda de este requisito por parte de estos ciudadanos se incrementó en un 491 por ciento.
El funcionario explica que estos documentos se tramitan en los puestos de control de ingreso a Bolivia, principalmente en aeropuertos. Los departamentos en los que más visas para norteamericanos se emitió fueron La Paz (6.738) y Potosí (823), y fueron menos las solicitudes en Cochabamba (65) y en Tarija (52); la región que no entregó ninguna visa fue Santa Cruz. El mayor flujo migratorio de los extranjeros de esta nacionalidad se concentró en los meses de mayo, junio y julio de 2008, con un promedio cercano a 1.000 estadounidenses por mes, mientras que los otros meses este promedio fue de unos 450 requerimientos.
Hubo 3.983 operativos en 2008
Para deportar a un extranjero del territorio nacional, primero se verifica si tiene documentos legales, antecedentes policiales o judiciales, o si se halla arraigado por algún proceso penal. En caso de no tener una sanción corporal pendiente en Bolivia o no esté arraigado, se emite una resolución de expulsión que además implica que la persona no puede regresar a Bolivia.
Durante 2008, cerca del 80 por ciento de los deportados salieron por puestos fronterizos terrestres, mientras que 20 por ciento en avión. El anterior año, 60,5 por ciento de estos extranjeros (167) salieron vía Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia; 19,9 por ciento (55) desde el aeropuerto de El Alto; 5 por ciento (14) por Villazón, frontera con Argentina, y el resto por otros sitios limítrofes. A través del aeropuerto de Santa Cruz, calificado como internacional, sólo un inmigrante ilegal fue deportado, al igual que desde el puerto aéreo de Cochabamba.
El Servicio Nacional de Migración revisa la documentación de éstos en los aeropuertos, empero, igual controla la estadía de los turistas en terminales, fronteras, en los atractivos locales, ferias, entradas folklóricas populares, museos, hoteles y alojamientos, lugares donde generalmente hallan a algún indocumentado. No obstante, ellos generalmente son vendedores callejeros de medicamentos, meretrices, comerciantes, integrantes de grupos musicales o delincuentes, por lo cual los operativos de búsqueda y registro se hacen normalmente por las noches y en las zonas frecuentadas por estos personajes.
Se realizaron 3.983 operativos en 2008: la mayor parte, 904, en trancas y fronteras; 405, en alojamientos, hoteles y hostales; 122, en empresas y centros educativos, y 441 en terminales, calles y avenidas. Asimismo, hubo 804 verificaciones domiciliarias; 42 seguimientos a denuncias; 443 deportaciones y custodias; 328 verificaciones de objeto determinado; 136 controles en ferias, entradas y festivales y 268 en lenocinios, centros nocturnos y nigth clubs.
668 bolivianos fueron deportados el año pasado
En 2008 fueron deportados de otros países 668 bolivianos que incurrieron en ilegalidad al atravesar las fronteras. Las naciones que más connacionales expulsaron fueron España (478) y Estados Unidos (141). En 2007, el número de deportados era de 636.
En su mayoría, se trata de personas que ni siquiera pudieron ingresar en esos Estados, ya que los agentes de migración de las terminales aeroportuarias se percataron de que no eran turistas comunes e iban con otras pretensiones, sobre todo laborales, diferentes a las expresadas en los formularios que les hacen llenar como requisito. Por ejemplo, hay casos de gente que por tratar de acelerar trámites pagó por obtener un pasaporte falso y al ser detectado fue expulsada del país adonde viajaba.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración (Senamig), algunos bolivianos deportados relataron que pagaron entre 500 y 900 dólares para obtener ilegalmente el documento. Esta situación fue muy frecuente meses antes de que los países europeos miembros del Grupo Schengen, dentro de los que está España, impusiera nuevas exigencias para los viajeros, como la visa.
El jefe nacional de Inspectores, Juan Carlos Arraya, recuerda que en esa época, “en los aeropuertos (de Bolivia) se encontraron muchos documentos adulterados dentro de los operativos de control, incluso entre las personas que fueron llegando deportadas del extranjero hubo gente que llegó con un pasaporte boliviano y después de una entrevista con el inspector del aeropuerto se comprobó que eran de nacionalidad peruana o ecuatoriana, las cuales, por el delito de uso de instrumento falsificado, fueron remitidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”.
El Senamig estima que, en 2008, unos cinco deportados bolivianos tenían en realidad otra nacionalidad.
Entre los compatriotas expulsados de otras naciones, hay 13 que llegaron desde Perú, seis de Italia, cinco de México, cinco de Chile, cuatro de Alemania y en menor cantidad de Costa Rica, Panamá, Brasil, Portugal, China, Japón, Reino Unido, El Salvador, Colombia y otros (ver infografía de la página 10). Salta a la vista que a diferencia de 2007, cuando la Argentina deportó a 22 bolivianos, en 2008 no hubo ningún connacional echado de ese Estado vecino.
Las artimañas empleadas por los indocumentados y los inspectores de Migración
La labor del Servicio Nacional de Migración y la Policía Internacional suele complicarse con los extranjeros que asumen una actividad ilícita o traspasan las fronteras escapando de la justicia de sus países. Uno de estos casos fue el de un chileno que asesinó a un policía para huir de la cárcel de su nación y llegó a esconderse a suelo boliviano.
Fue en noviembre de 2006. Una investigación binacional y una vigilancia minuciosa de los efectivos bolivianos revelaron el domicilio del sospechoso. Sólo quedaba hallar una excusa para atraparlo y comprobar su identidad, ya que Luis Antonio Soto Gres había cambiado de aspecto y nombre. Solamente con sospechas no era posible allanar su casa; sin un delito y sin testigos no se lo podía acusar de nada. La única forma de agarrarlo era en la calle.
El inspector Alejandro Giacoman recuerda que con sus compañeros de Migración, uniformados de la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio a integrantes de Inteligencia del Ministerio de Gobierno vigilaron el domicilio durante horas. Sabían que saldría. El extranjero podía estar armado. La puerta se abrió y, cual si fuera un ciudadano común, emprendió su camino por la acera de una de las tantas calles paceñas. Hasta que delante de él se paró Giacoman con los policías. “Teníamos el temor de que algo podía pasar por los antecedentes que tenía, era un asesino y nos tocó, como funcionarios, agarrarlo y deportarlo”.
Le pidieron sus documentos y el sospechoso sacó un carnet boliviano que portaba el nombre de Iván César Margana Guzmán. Los agentes ya habían sido informados de que era falso, que perteneció a alguien que había fallecido tres años atrás y que el chileno sólo reemplazó la fotografía. Lo llevaron a Migración y allí verificaron su identidad, le tomaron declaraciones y reveló que tenía en marcha una estafa cuantiosa al Banco Central de Bolivia y a una alta autoridad del actual Gobierno. Fue entregado a la justicia y se ordenó su traslado a Chile, donde le dieron cadena perpetua.
Los miembros del Senamig aceptan que el peligro en su trabajo es constante. Aparte, están acostumbrados a los insultos, agresiones, amenazas, las cuales incluso llegan a sus familias. Giacoman rememora que hace dos años un miembro abandonó su puesto precisamente por todo esto.
No falta la oportunidad en que los efectivos deben usar algo de fuerza o gases para controlar a los indocumentados, los cuales suelen recurrir a artimañas para desprestigiar a los policías. Por ejemplo, hubo la ocasión en que una meretriz inmigrante ilegal fue detenida y se pellizcó el cuello para alegar ante el fiscal que los uniformados habían querido estrangularla. Hay otros que golpean sus cabezas contra la pared o los que se hacen cortes con cualquier objeto para ser llevados a centros médicos, ser clasificados como víctimas de maltrato y así poder salir impunes.
Los agentes igual poseen métodos para descubrir que el indocumentado es extranjero. Aparte de lo tradicional, como pedirle que cante los himnos nacional o departamental, que ubique alguna plaza conocida o diga el nombre de alguna autoridad estatal, le preguntan por qué el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en Bolivia. Y muchos caen en las trampas.
FOTOS • Cortesía Migración