La nueva CPE exige que en dos años todos los funcionarios dominen una lengua. Las prefecturas y la FAM-Bolivia discrepan sobre el instructivo.
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La Prensa
La Superintendencia del Servicio Civil emitió un instructivo de cumplimiento obligatorio para que en todas las instituciones del sector público se comience a poner en vigencia el artículo 234, numeral 7, de la nueva Constitución promulgada ayer.
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La nueva Constitución Política del Estado (CPE) nace con la instrucción de que todas las entidades del sector público a partir de este lunes deben habilitar en su plataforma de atención a la población a servidores públicos que hablen un idioma nativo y el castellano; en sus instalaciones hagan flamear la bandera nacional, wiphalas, y escribir su nombre en el frontis en aymara, quechua o la lengua de la región.
Así lo establece la carta circular SSSC/ICS-002/209 de la Superintendencia del Servicio Civil enviada a todas las entidades públicas del nivel central, gobiernos autónomos departamentales, municipales, autonomías regionales e indígena originario campesinos y que fue publicada por un medio local.
“En la plataforma o ventanilla de atención al público deben atender desde el lunes 9 de febrero de 2009 servidoras o servidores públicos que hablen un idioma nativo y el castellano”.
Esto tomando en cuenta la disposición transitoria décima de la nueva CPE.
“El nombre de la entidad deberá estar escrito en castellano, aymara y quechua y/o idioma de la región, y la bandera nacional y la wiphala flamearán juntas; todo en el frontis de la entidad”.
Según datos oficiales, se estima que en todo el país existen aproximadamente 35.000 funcionarios públicos, de los que 4.700 se encuentran institucionalizados y con carrera.
La instrucción se enmarca en el cumplimiento del artículo 234, numeral 7 de la nueva Carta Magna que rige en Bolivia desde ayer. Ésta fue aprobada el domingo 25 de enero por el 61,4 por ciento de los electores y establece los requisitos para acceder al desempeño de las funciones públicas, mientras que en el numeral 7 determina el requisito de “hablar por lo menos dos idiomas oficiales en el país”.
El artículo 5 menciona los idiomas oficiales del Estado: el castellano y todos los idiomas (36) de las naciones pueblo indígena originario campesinos. El parágrafo II determina: “El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión”. El viceministro de Defensa Legal del Estado, Óscar Cámara, recalcó que todos los funcionarios que de alguna manera tienen contacto con la sociedad están en la obligación de aprender a hablar una lengua materna.
La disposición es extensiva a entidades no sólo de la administración central, sino a las empresas descentralizadas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y Banco Central de Bolivia (BCB).
La Superintendencia del Servicio Civil también recordó que la disposición transitoria décima de la Constitución Política del Estado dispone: “El requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño de las funciones públicas determinadas por el artículo 234, numeral 7 será de aplicación progresiva”.
“De la misma manera y de forma gradual, en el plano no mayor a dos años, todo el personal de las entidades públicas deberá hablar un idioma nativo, tomando en cuenta la región donde desempeña funciones”.
La Superintendencia indicó que en varios ministerios, como el de Justicia, existen plataformas de atención al público con personal que habla dos idiomas, con el objetivo de prestar un mejor servicio.
Además, a través del Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) se organizan periódicamente cursos de capacitación para los trabajadores.
En el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se informó que es iniciativa propia de la entidad que sus profesionales hablen un idioma nativo por el relacionamiento amplio que deben tener con los contribuyentes de diversas condiciones sociales. En otras instituciones del Estado consultadas por La Prensa aseguraron que no habrá inconvenientes para aplicar la instrucción, aunque todavía deben capacitar a su personal.
La prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuéllar, afirmó que en esa repartición su personal conoce idiomas nativos. Sin embargo, criticó a las autoridades del Poder Ejecutivo porque en su criterio nadie sabe hablar quechua o aymara.
Las prefecturas y la FAM-Bolivia discrepan sobre el instructivo
Mientras para algunas de las prefecturas, como Tarija, será difícil aplicar el mandato de que los funcionarios hablen el castellano y un idioma nativo, en la de Oruro aseguran que no tendrán inconvenientes. La Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia cree que la Superintendencia del Servicio Civil no tiene la autoridad para establecer la obligación.
El secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, dijo que la realidad de su departamento es diferente a la del resto del país porque el 95 por ciento de la población habla castellano. “Entre el sector indígena tenemos, sobre todo, a los pueblos weenhayek, tapietes y guaraníes, pero son muy pequeños. Entonces el proceso en la región es complicado porque se tendría que aplicar el guaraní para un 95 por ciento de la gente que no lo habla”.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, al referirse al texto constitucional en general, dijo que el Gobierno no podrá aplicarlo.
“La promulgación no significa que se podrá ejercer este texto, a no ser que quieran gobernar a través de decretos, como lo hacen los gobiernos dictatoriales”. La máxima autoridad del departamento agregó: “Los estatutos autonómicos son legales y legítimos; si quieren imponer su ley, que lo hagan, nosotros tenemos el 80 por ciento de aprobación de estos estatutos”.
El secretario de Minería de la Prefectura de Oruro, Genaro Canaviri, aseguró que en ese gobierno departamental la mayoría de los funcionarios habla hasta tres idiomas, castellano, aymara y quechua.
El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Municipios, Luis Revilla, criticó la atribución que pueda tener la Superintendencia del Servicio Civil para obligar a que en el sector público todos hablen al menos un idioma nativo.
Recordó que esta iniciativa debe aplicarse de manera progresiva.
Relaciones Exteriores
El viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Guzmán, aseguró que la Cancillería inició hace dos años cursos de capacitación para que todos los funcionarios aprendan al menos un idioma nativo.
Sin embargo, recordó que la aplicación del artículo 234, numeral 7, de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) será gradual. En principio, para la atención de trámites e información del público se habilitará a funcionarios que hablen idiomas nativos. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene entre 150 y 180 funcionarios en la actualidad.
Impuestos Internos
La oficina de Comunicación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que la entidad desde hace dos años organiza cursos regulares de capacitación en idiomas nativos, como el aymara y el quechua. Además hay funcionarios en ventanillas de atención al contribuyente que están en condiciones de dialogar con cualquier persona en su lengua materna.
De acuerdo con el SIN, en los próximos días incluso serán publicados trípticos y otros materiales de orientación al contribuyente en ambos idiomas. La entidad tiene al menos 1.100 servidores.
Obras Públicas
El viceministro de Transportes, José Kinn, informó que en esa cartera de Estado y en el Ministerio de Obras Públicas el proceso de aprendizaje de dos idiomas para los funcionarios se llevará a cabo dentro de poco en las reparticiones de la institución.
Aseguró que éste es un proceso gradual, y para dar cumplimiento a la Constitución habrá cursos de capacitación.
En el Ministerio de Obras Públicas trabajan aproximadamente 300 funcionarios. De esa cartera de Estado depende la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Aeronáutica Civil y AASANA.
Yacimientos Petrolíferos
La Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia expresó su respaldo a la iniciativa de que todos los funcionarios públicos hablen dos idiomas para atender mejor a la población.
El secretario ejecutivo de la organización, Domingo Vásquez, dijo que los empleados esperan que la empresa organice seminarios y cursos para que todos puedan aprender quechua o aymara.
No obstante, aseguró que este proceso debe ser gradual y no de aplicación inmediata.
Actualmente en Yacimientos trabajan aproximadamente mil funcionarios.
Otras reparticiones
La oficina de Prensa del Instituto Nacional de Estadística (INE) comunicó que los funcionarios de la entidad aún esperan recibir capacitación, pero se pondrá en ejecución la instrución recibida.
En el Ministerio de Producción y Microempresa se informó que están por recibir capacitación de una profesora contratada para el efecto. En esa cartera de Estado existen 250 funcionarios.
En el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, los funcionarios aguardan la capacitación en idiomas nativos para servir mejor a la población.
La Paz tiene la mayor población indígena
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el año 2007, de los 8.274.325 habitantes del país, cerca de 4.133.138 personas correspondían a la población indígena, es decir la mitad del país.
En las áreas urbanas se encuentran repartidos 1.857.342 ciudadanos y en el área rural 2.275.796. La población no indígena asciende a 4.141.187 personas.
La mayor cantidad de habitantes indígenas se encuentra en el departamento de La Paz, con 1.402.184 personas; seguido por Cochabamba, con 999.963 ciudadanos.
En tercer lugar se ubica el departamento de Potosí con 572.592 habitantes, Santa Cruz con 447.955 habitantes y Chuquisaca con 345.010 habitantes.
Después aparecen Oruro con 238.829 habitantes, Tarija con 69.936 habitantes, Beni con 50.630 personas y Pando 6.039 individuos como los departamentos con menor cantidad de indígenas.
Antes de que Bolivia erradicara el analfabetismo, 19,6 personas de cada 100 no sabían leer. En las mujeres este porcentaje se elevaba 29 personas y en los varones a 9,8.
Se estima que sólo el 72 por ciento de la población indígena asiste a la escuela. En las mujeres el porcentaje disminuye a 69 por ciento.
Las regiones donde hay una mayor índice de personas que no asisten a recibir educación son La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.
Fuente: Anuario Estadístico 2007 INE.
Celebraciones
Los actos centrales de promulgación de la nueva CPE se realizaron en la ciudad de El Alto.
El vicepresidente Álvaro García entregó al presidente Evo Morales el texto constitucional.
La celebración de la vigencia de la CPE estuvo acompañada por desfiles policiales y militares.
También hubo bailes y grupos musicales de diferente variedad que estuvieron en el festejo.
La jornada se desarrolló en medio de la lluvia y granizo y en un ambiente frío.
Movimientos sociales afines al MAS marcharon al ritmo de bandas militares.