Para lavar imagen del gobierno.
El ex Presidente de YPFB se amparará en cuatro decretos firmados por Evo Morales.
Fiscalía imputa a Santos por seis delitos y con él caen otros 12 ejecutivos.
Nardi Suxo entrega documentación que supuestamente incrimina a Santos Ramírez en varios delitos
LA PATRIA
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los esfuerzos del ex hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez para salvarse de la inmolación política por el caso de crimen y corrupción en YPFB resultan infructuosos ante la decisión política de su partido de acelerar el proceso antes de que las sospechas de irregularidades se extiendan a otros niveles del Gobierno.
Ayer, antes de que Ramírez preste sus declaraciones ante una jueza de medidas cautelares, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, sentenció que el contrato suscrito por Ramírez con la empresa Catler Uniservice por 86 millones de dólares demuestra la existencia de los delitos de daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incluso “negociaciones incompatibles con el beneficio del caso”.
Suxo entregó a los fiscales que investigan el caso un archivador con 300 hojas en el que se detallan todos los pasos de la firma del contrato de YPFB con la empresa cuestionada.
“Hemos podido detectar que existen algunos indicios que tienen que ver con contratos lesivos al Estado”, dijo Suxo a tiempo de mencionar los delitos que Ramírez supuestamente cometió mientras era presidente de YPFB.
REACCION CRITICA
En la oposición, la agilidad del Gobierno para inculpar a Ramírez generó críticas. La diputada por Podemos, Ninoska Lazarte advirtió ayer que se decidió “inmolar a Santos Ramírez enviándolo a la cárcel para lavar la imagen del Gobierno y proteger a los verdaderos “intocables” del gabinete, especialmente el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, acusado por el contrabando de 33 camiones en Pando.
En el contrato que YPFB firmó con la empresa Catler Uniservice se menciona la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande de la provincia Cordillera de Santa Cruz. Según Suxo, la responsabilidad por los delitos cometidos también se extiende a una larga lista de funcionarios de YPFB involucrados en ese caso de corrupción.
El 27 de enero, el presidente de la Asociación Accidental Catler-Uniservice, Jorge O’Connor fue asesinado por un grupo de personas que le arrebataron 450.000 dólares, dinero que según investigaciones iniciales era la “coima” por la adjudicación del proyecto de 86,3 millones de dólares a favor de una empresa de dudosa existencia real y legal.
Suxo dijo que “los contratos, las agendas, las actas de reuniones del directorio de la comisión de clasificación, las actas de una comisión que se había formado para la concertación, han sido debidamente analizadas y contrastadas con la legislación legal vigente” para tipificar los delitos. Según la ministra, el Ministerio Público debe investigar a Miguel O’Connor, hermano del fallecido Jorge O’Connor, porque se constituye en una pieza fundamental dentro de esta investigación que se está llevando adelante.
“Hasta este momento, no ha explicado (Miguel O’Connor) en absoluto por qué su hermano Jorge O’Connor tenía 450 mil dólares en su poder, en efectivo”, dijo.
Las empresas Catler y Uniservice se fusionaron tres días antes de la suscripción del contrato con YPFB para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, según Suxo.
El contrato se suscribió el 14 de julio del año 2008, entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice, para la construcción e instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Tarija).
La Ministra dijo que “todo el análisis que se ha hecho” arroja indicios de responsabilidad contra la directora Jurídica de YPFB, Esther Carmona; el director Administrativo, Marco Vega y los miembros de la comisión calificadora, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán y Diego Argandoña.
Además se involucra a Víctor Aguilera, Federico Galán, Iván García Coca, Juan Carlos Orellano, Elizabeth Morales, Iván García, entre otros.
Fiscal atribuye 6 delitos a Santos, que comparece hoy ante una juez
El ex Presidente de YPFB se amparará en cuatro decretos firmados por Evo Morales. El Ministerio Público presentó ayer la imputación contra la ex autoridad.
Operativo: el vehículo que lleva a Ramírez dentro de la Corte de Justicia
LA PRENSA
La audiencia de medidas cautelares está prevista para las 14.00 de hoy. El acto se cumplirá en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, dirigido por Marcela Siles, quien determinará si la ex autoridad es recluida en el penal de San Pedro o si asume su defensa en libertad.
Santos Ramírez comparecerá a las 14.00 de hoy ante la juez Décima de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, en una audiencia de medidas cautelares en la que se decidirá si será recluido en el penal de San Pedro o se deberá defender en libertad de los seis delitos imputados por la Fiscalía.
En un operativo cumplido alrededor de las 16.00, Ramírez fue llevado en un todoterreno del edificio del Ministerio Público a la Corte de Justicia, en la vereda opuesta de la calle Potosí.
La ex autoridad fue conducida de inmediato a las celdas de la Policía Judicial, en las que seis activistas cívicos chaqueños permanecieron durante un mes aproximadamente.
Sin embargo, no fue recluido en uno de esos ambientes, sino en el dormitorio de los guardias policiales.
Los delitos
La Fiscalía imputa a Ramírez por seis delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y asociación delictuosa.
La juez Marcela Siles evaluará los alegatos de los agentes del Ministerio Público para dar a conocer su determinación.
Edward Mollinedo, fiscal anticorrupción, presentó a las 16.00 el correspondiente requerimiento, e inmediatamente después Santos Ramírez abandonó el edificio en el que había permanecido desde la víspera para quedar formalmente detenido en un ambiente más cómodo, aunque fue visto con la misma ropa con la que había concurrido a la convocatoria del Fiscal para contestar el interrogatorio sobre el procedimiento seguido para contratar a la sociedad accidental Catler-Uniservice para que construya una planta separadora de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz.
Mollinedo decidió aprehender a Santos Ramírez por considerar que puede ejercer presión sobre otros involucrados en el caso, quienes deben prestar declaraciones y aportar pruebas o elementos para esclarecer el caso de presunto cohecho pasivo que se investiga.
Como resultado del trabajo de la comisión investigadora compuesta por el interventor de YPFB, Carlos Villegas, y sus colaboradores, además de los equipos de los ministerios de Defensa Legal del Estado y Transparencia Institucional, junto con Ramírez, la demanda se ampliará contra 12 ex ejecutivos y funcionarios de la petrolera nacionalizada: Esther Carmona, Marco Antonio Vega, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña, Federico Galán, Linet Ontiveros, Richard Aguilera, Juan Carlos Arellano, Iván García Coca y Elizabeth Morales.
Filemón Escóbar y Félix Santos salen al frente
El ex dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Filemón Escóbar aseguró ayer que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez fue denunciado por corrupción desde 2001, cuando era integrante del Concejo Municipal de Potosí.
“En 2001, en una gran reunión del MAS en La Paz, se le entregó a Evo Morales papeles sobre las supuestas irregularidades de Santos Ramírez cuando era miembro del Concejo Municipal, aunque todos pensábamos que era una pelea personal entre Santos Ramírez y Félix Santos”, dirigente campesino.
“Es un hombre peligroso”. Es la definición del ex diputado masista Félix Santos en torno a su ex compañero Santos Ramírez, a quien acusó de haber montado una red de corrupción en el departamento de Potosí cuyos orígenes se remontan a 1996, cuando el ex Presidente de YPFB era presidente del Concejo Municipal.
“Ramírez es un personaje peligroso. No hay que sentarse ni siquiera a su lado porque se corre riesgo”, dijo Félix Santos, ex secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Filemón Escóbar confirmó esa versión y agregó que las denuncias surgieron cuando el MAS designaba a sus candidatos a parlamentarios para las elecciones de 2002. “Al final, se decidió que los dos sean diputados por Potosí”.
Félix Santos ratificó esa historia y mencionó que se esforzó por destapar la corrupción de Ramírez, pero ningún dirigente del MAS le hizo caso.
La demanda se ampliará contra 12 ex autoridades de la empresa petrolera nacionalizada.
4 decretos de Evo serán las armas de defensa de Santos
Las disposiciones le autorizaron a pasar por encima de las leyes
Vigilia: Albo Lacaze, defensor de Ramírez, en puertas de la Policía Judicial, donde está su cliente
Los abogados del ex Presidente de YPFB expondrán que su defendido no incurrió en irregularidades, pues su proceder fue amparado en decretos supremos promulgados por el consejo de ministros y firmados por el Primer Mandatario. Fiscalía y Transparencia dicen lo contrario.
Los decretos promulgados por Evo Morales serán el arma de defensa del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez frente a las imputaciones del Ministerio Público por el contrato suscrito con la sociedad accidental Catler-Uniservice para la construcción de la planta de extracción de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
El otrora hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue aprehendido a las 19.15 del martes, después de dos días de prestar declaraciones por la investigación abierta por el Ministerio Público.
La audiencia de medidas cautelares para determinar si la ex autoridad será detenida preventivamente en la cárcel de San Pedro está programada para las 14.00 de hoy en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, dirigido por Marcela Siles.
La comisión de fiscales asignada a esta investigación decidió aprehender a Ramírez luego de hallar indicios de irregularidades en el proceso de contratación del mencionado consorcio, además de que determinó que existe el peligro de obstaculización en la investigación, pues Ramírez podría influir sobre otros involucrados o testigos del caso.
La estrategia de los defensores de Ramírez, Víctor Borda y Albo Lacaze, consistirá en escuchar los argumentos de la imputación planteados por los representantes del Ministerio Público y, posteriormente, exponer documentación de descargo.
Borda refirió que “se ha solicitado toda la documentación a Yacimientos”, sobre el contrato con la sociedad accidental Catler-Uniservice y “la vamos a exhibir en la audiencia; amparados en esa documentación, el proceso se ha llevado a cabo conforme al Decreto 29506, emitido por el Gobierno”.
El jurista se refirió a la disposición legal del 9 de abril de 2008, que es la base jurídica para la licitación, adjudicación y contratación de la constructora de la planta.
Este decreto fue respaldado y complementado por otros tres emitidos ese mismo año, signados con los números 29564, del 14 de mayo; 29661, del 30 de julio, y 29225, del 9 de agosto.
Borda señaló que en la audiencia también se expondrá personería jurídica de la sociedad Catler-Uniservice.
Observó las actuaciones de la Fiscalía porque sus representantes mostraron a su defendido sólo fotocopias del contrato y recortes de publicaciones de periódicos como indicios en su contra.
El jurista José Franz Avilés denunció que la detención de Ramírez fue ilegal, pues se efectuó a las 19.15, fuera de horas laborales, elemento que será puesto a consideración de la juez Siles.
Normas se aprobaron el año 2008
El Gobierno promulgó cuatro decretos supremos en 2008 que respaldan la decisión del ex Presidente de YPFB de contratar a la empresa Catler-Uniservice para construir una planta separadora de líquidos.
La primera disposición, aprobada el 9 de abril del año pasado, autoriza a la estatal petrolera la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría.
El Decreto 29564, del 14 de mayo, faculta al Ministerio de Hacienda para suscribir el fideicomiso de 45 millones de dólares para construir la mencionada planta.
El 30 de julio se emitió el Decreto 29661, que autoriza la contratación directa de una constructora para la planta, y por decreto del 9 de agosto Ramírez podía proceder a hacer contrataciones sin considerar las normas de bienes y servicios.
Los plazos de cualquier juicio penal
El primer paso para abrir un proceso penal es la apertura de la querella, que da pie a la investigación.
El Nuevo Código de Procedimiento Penal establece que, cuando se colecta la suficiente cantidad de indicios, la Fiscalía puede presentar la imputación formal a consideración de un juez de medidas cautelares.
A partir de la detención, el Fiscal tiene 24 o, excepcionalmente, 72 horas para plantear la imputación y a partir de ese momento el juez dispone de un máximo de 24 horas para someter al aprehendido a audiencia de medidas cautelares, a partir de cuando el Código de Procedimiento establece un plazo máximo de seis meses para llevar adelante la investigación y realizar el juicio oral, público y contradictorio, a cuya finalización se debe pronunciar la correspondiente sentencia, que puede ser recurrida.
Datitos
Incógnita: Hasta ayer por la tarde, los defensores no conocían la imputación.
Respaldo: Los decretos autorizaron a Ramírez a ignorar disposiciones.
Irregularidades: Los fiscales dicen que la adjudicación es irregular.
Recortes: La defensa aduce que recortes de prensa son indicios.
Ramírez va al banquillo por montar negociados en YPFB
La Fiscalía acusó al ex presidente de YPFB por seis delitos. Cinco de ellos relacionados con la adjudicación presuntamente irregular a Catler-Uniservice y otro por recibir presunto soborno. Hoy, a las 14.00, será la audiencia cautelar.
“Conversando con Dios” • Ese es el libro que el ex presidente de YPFB lleva de la Fiscalía a la Policía Judicial.
LA RAZÓN
La Fiscalía imputó al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y lo llevará hoy ante una jueza cautelar por seis delitos. Lo acusan de encabezar un negociado por la adjudicación de la empresa Catler-Uniservice para la construcción de una planta procesadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, y por recibir soborno por ese tema.
Augusto Romano, uno de los fiscales asignados al caso, informó ayer a este medio que se imputará al ex ejecutivo de YPFB por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y cohecho pasivo propio.
El martes, después de una larga declaración que fue recibida en dos días, el equipo de fiscales anunció la aprehensión de Ramírez. El ex funcionario público pasó toda la noche y la mañana de ayer en una oficina del Ministerio Público. A las 16.30, en un operativo en el que intervinieron casi una veintena de policías, lo sacaron en una vagoneta blanca por el garaje de la Fiscalía, y lo pasaron al frente, donde están las instalaciones de la Corte Superior de Justicia y las celdas de la Policía Judicial (calle Potosí).
El motorizado se estacionó en el garaje, Ramírez salió del vehículo, llevaba bajo el brazo el libro Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch, y unos papeles doblados y confundidos entre las páginas de ese texto. Subió unas gradas con escolta policial y se dirigió al lugar donde están las celdas. Sin embargo, fuentes de la Policía señalaron a La Razón que negoció para quedarse en una oficina y no tras las rejas.
Inmediatamente después, se cerraron las puertas de la Corte Superior. Un celoso resguardo policial evitó el ingreso y la salida de personas por al menos 30 minutos. Cuando se confirmó que la audiencia cautelar no se iba a realizar, retornó la normalidad.
Los integrantes del equipo de fiscales que indagan el caso presentaron la imputación a las 16.00 de ayer ante la jueza 10º de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles. Al salir, evitaron cualquier contacto con los medios de comunicación.
Siles se encerró en su oficina con su secretaria, y no salió hasta después de las 18.00, hora en que los periodistas fueron desalojados del edificio. Sin embargo, los abogados de Santos Ramírez, quienes se quejaron porque no tenían acceso al expediente del caso, y no conocían la imputación, indicaron que la audiencia se realizará hoy a las 14.00.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, presentó un informe sobre el caso a la Fiscalía. El documento coincidió con la Fiscalía en el establecimiento de indicios en cuatro de los seis delitos.
Atribuye conducta antieconómica “por la mala administración o dirección técnica” de Santos Ramírez y de quien fue su gerente de Planificación Inversión y Servicios, en la contratación de la empresa Catler-Uniservice.
Al beneficiar a la empresa del fallecido Jorge O’Connor, con la adjudicación de la obra, “sin cumplir los requisitos establecidos en la norma vigente”, el informe señala que Ramírez incurrió en uso indebido de influencias.
Halla también indicios de que firmó contratos lesivos al Estado “por celebrar el contrato en perjuicio” del mismo “sin las condiciones técnicas, económicas, legales y administrativas que exige la norma vigente”.
Establece también incumplimiento de deberes por “irregularidades” en la contratación, como la falta de protocolización ante la notaría de Gobierno, del contrato y de las adendas; por no remitirlo a la Contraloría, por no establecer su vigencia, por iniciarlo sin una orden, por pagos realizados sin respaldo de supervisión, y por comenzarlo sin un supervisor, sin certificación presupuestaria ni fuente de financiamiento y por la ejecución de cuatro adendas sin la autorización de la MAE.
Por otra parte, la Fiscalía estableció, a partir del volteo de los 450 mil dólares de una presunta coima dirigida a Ramírez por un grupo de delincuentes el 27 de enero, hecho que tuvo como consecuencia el asesinato del empresario Jorge O’Connor, que el ex presidente de YPFB incurrió en el delito de cohecho pasivo propio (soborno).
El fiscal asignado a la investigación, Edward Mollinedo, declaró la semana pasada que se había detectado al menos tres entregas de dinero, que coincidían con desembolsos que YPFB realizó a Catler-Uniservice.
A esto se suma el indicio de la asociación de más de cuatro personas para presuntamente realizar estos pagos, con lo que se sustenta asociación delictuosa.
En todo caso, si es que hoy se dictara sentencia condenatoria contra Santos Ramírez y se lo declarase culpable de cometer los seis delitos, el ex presidente de YPFB podría tener una pena máxima de ocho años de cárcel.
Los delitos en el código penal
Artículo 145 • (Cohecho pasivo propio): El que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones recibiere dádivas u ofrecimientos, será sancionado con presidio de dos a seis años.
Artículo 146 • (Uso indebido de influencias): El que aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias obtuviere ventajas o beneficios será sancionado con presidio de dos a ocho años.
Artículo 156 • (Incumplimiento de deberes): El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año.
Artículo 224 • (Conducta antieconómica): El que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, causare por mala administración o dirección técnica daños al patrimonio de ellas o del Estado, será recluido de uno a seis años.
Artículo 132 • (Asociación delictuosa): El que formare parte de una asociación de cuatro o cinco personas, destinada a cometer delitos, será sancionado de seis meses a dos años de prisión.
Artículo 221 • (Contratos lesivos al Estado): El que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de (otras) entidades será recluido de uno a 5 años.
Catler usó a dos empresas para adjudicarse la planta
IRREGULAR • Pese a haber presentado su oferta a YPFB con datos de ARCAN y Carlos Caballero SRL, el consorcio marginó a esas compañías.
El consorcio Catler-Uniservice usó información de dos empresas para presentarse al proceso de contratación directa para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz) y una vez que se le adjudicó la obra, marginó a estas compañías del proyecto.
Según ANF, los principales ejecutivos de ARCAN Engineering y de Carlos Caballero SRL señalaron por separado que el consorcio Catler-Uniservice presentó su oferta a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con cotizaciones de ambas compañías y luego las marginó del proyecto.
ARCAN Engineering y Carlos Caballero SRL fueron mencionadas como parte del consorcio por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, en el informe escrito enviado al Senado en agosto del 2008. En ese reporte, esa cartera de Estado adjuntó los antecedentes y currículum de ambas empresas.
En el contrato suscrito el 14 de julio del 2008, sólo firman Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB; Miguel O’Connor D’Arlach (Uniservice SRL) y Agustín Melano (Catler), ambos en representación de la Asociación Accidental Catler-Uniservice.
Según ANF, las compañías fueron excluidas del proyecto por Catler-Uniservice y reemplazadas por extranjeras: ARCAN Engineering por la estadounidense Gulsby Process Systems —subcontratista para la construcción de una parte de los equipos— y Carlos Caballero SRL por las argentinas SICA y Lito Gonella.
“No somos socios (de Catler-Uniservice)… Nos usaron los antecedentes de ARCAN. Les dimos la cotización, antecedentes y los incorporaron en su propuesta”, declaró Hugo Lizzo, gerente de ARCAN Engineering, según ANF.
El ejecutivo indicó que después de la firma del contrato, estuvo buscando durante tres meses a los ejecutivos de Catler- Uniservice. “Normalmente me decían que estaban viajando. En noviembre, escribí un mail preguntando cómo quedaba (la relación). Jorge O’Connor me dijo que (la ingeniería) la dieron al fabricante de la planta”, puntualizó.
Ayer en la noche, el periodista Carlos Valverde presentó en su programa Sin letra chica el correo electrónico enviado por Jorge O’Connor D’Arlach (uno de los representantes del consorcio, que fue asesinado el 27 de enero) a Lizzo. En la misiva, O’Connor D’Arlach le comunicó que se había cerrado el trato con otra compañía (la estadounidense).
Carlos Caballero, ejecutivo de la empresa del mismo nombre, explicó a la ANF que después de la firma del contrato con YPFB, la adjudicataria “no ha negociado nunca con nosotros” el suministro de los equipos que debía proveer la firma. “Después del inicio (de obras) y la firma del acta no tuve ningún contacto”. Agregó que el mismo 14 de julio se acercó al argentino Melano diciéndole: “Agustín, tengo las reservas hechas”. Pero la respuesta fue no.
Ayer, el nuevo presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, confirmó que la empresa estadounidense Gulsby Process Systems es subcontratista y no socia de Catler-Uniservice.
En el informe escrito enviado por Carlos Villegas en respuesta a la Cámara de Senadores en agosto del 2008, se da cuenta de que “la experiencia de la sociedad accidental (Catler-Uniservice) se apoya en la sociedad Gulsby”.
La credibilidad y solvencia del consorcio fueron puestos en duda tras el caso de corrupción en YPFB destapado con la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach.
La comisión viaja a dos países
La comisión del Ejecutivo que investiga los hechos de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) viajó a EEUU e irá a Argentina para verificar el avance de la fabricación de los equipos para la planta separadora de líquidos en Río Grande (oriente).
El presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, brindó esta información ayer, tras haber presentado sus declaraciones ante la Fiscalía.
La autoridad precisó que la comisión, conformada por representantes de YPFB y del Ministerio de Defensa Legal del Estado, se encuentra en Houston, Texas (EEUU) —sede de la empresa subcontratista Gulsby Process Systems— para verificar la evolución del trabajo. “Es un primer viaje de verificación de avance de estas obras”, señaló.
Además, una nota de prensa del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción da cuenta de que “se están haciendo gestiones en Santa Fe, Argentina, para que se realice el mismo trabajo”. En ese país están las otras dos empresas (SICA y Gonella) que construyen los equipos.
Indagan cuentas bancarias para encontrar el dinero
FISCAL • La hermana de los Córdova habría recibido un paquete con dinero, según ATB.
La Fiscalía investigará cuentas bancarias y movimientos de dinero con el fin de encontrar los 360 mil dólares que faltan, de los 450 mil que fueron arrebatados al empresario Jorge O’Connor D’Arlach el 27 de enero.
El fiscal que investiga el caso del asesinato, Sergio Céspedes, informó que existen datos de algunos movimientos bancarios.
“Tenemos que descartar o confirmar aquello, si hay cuentas no sólo a nombre de los partícipes, sino a nombre de las personas que estarían involucradas en el caso”, dijo Céspedes.
De acuerdo con la indagación que realiza el equipo de fiscales sobre el volteo del dinero y el asesinato de O’Connor D’Arlach, el objetivo de los autores intelectuales y materiales del crimen era apoderarse de esa suma de dinero que estaba en los maletines negros que llevaban ese día el empresario y uno de los testigos, Mario Cossío Mc Galem.
Asimismo, el fiscal sostuvo que la idea de los delincuentes era victimar a cualquier persona que ese día hubiese portado el maletín con el dinero al llegar a la casa de la avenida Tejada Sorzano (Miraflores), propiedad de Gonzalo Aramayo.
Por otro lado, la red ATB informó ayer que un testigo anónimo denunció que la hermana mayor de los hermanos Córdova Santiváñez, Nieves, habría recogido un paquete, por lo que levantó sospechas. Según el informante, en la caja había dinero que supuestamente le habrían enviado sus hermanos. La red televisiva intentó encontrarla, pero no estaba en su casa.
Villegas pide un informe al banco sobre el fideicomiso
DINERO • El presidente de YPFB demandó conocer los montos que se han desembolsado.
El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, informó ayer que se solicitó al Banco Unión un informe sobre los montos desembolsados a favor de Catler-Uniservice, provenientes del fideicomiso para financiar la planta separadora de líquidos en Río Grande.
El fideicomiso asciende a $us 45 millones, de los cuales $us 35 millones se emplearon para constituir una carta de crédito para la empresa Gulsby, que fabrica los equipos para la planta. “Hay un mecanismo importante de constitución de una carta de crédito en EEUU. Es una carta irrevocable por $us 35 millones, de los cuales la empresa contratista Gulsby ya recibió aproximadamente $us 13 millones y, por otra parte, Uniservice SRL ha tenido dos desembolsos por un monto de $us 1.650.000, son desembolsos reales que ya se han hecho”, señaló Villegas.
El manejo del fideicomiso ha sido cuestionado por las autoridades que investigan los hechos de corrupción en YPFB.