Y… la Suxo es todo, menos confiable. En decenas de casos no mostró la diligencia que exhibe cuándo se trata de perseguir a autoridades de la oposición.
En el Palacio de Gobierno. Villegas, tras asumir como presidente de YPFB, habla con Suxo, Rada escucha. (foto ABI)
De manera inobjetable, la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, es la menos indicada para conducir la investigación en torno a los hechos de corrupción en YPFB, que involucran al presidente de la entidad, Santos Ramírez y que en un inusual acto de sinceridad, fueron reconocidos por el propio Evo.
Ocurre que “entre bueyes no hay cornadas” y Nardi a pesar de las múltiples confesiones de fe que hizo luego del público reconocimiento de Evo de que las cosas andaban muy mal en YPFB, ha demostrado en más de una oportunidad de que no está muy dispuesta a investigar los actos de corrupción cometidos por sus correligionarios.
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Hasta el reconocimiento del Presidente , la viceministra, como es su costumbre trató de lavar la cara a su correligionario Santos Ramírez y se hizo eco de los consabidos “nadie es culpable hasta que no se demuestra su culpabilidad”, “confiamos en el hermano Santos” que lanzaban los masistas (principalmente el comedido senador Rojas) repitiendo el mismo libreto.
Sin embargo, cuando Evo, ante la contundencia de los hechos no tuvo más remedio que reconocer que su entrañable y dilecto ahijado estaba metido en algo muy turbio, ahí se lanza Nardi para proclamar que las investigaciones se realizarían “caiga quien caiga”, afirmación poco o nada creíble a la luz de sus antecedentes.
Tuvo que haber un muerto de por medio para que la viceministra saliera al ruedo para proclamar su voluntad de luchar contra la corrupción. Anteriormente no hizo lo mismo y las múltiples denuncias relacionadas con sobreprecios y otros negociados quedaron cubiertas con el piadoso manto del olvido.
Recordemos el caso de las viviendas en la zona de La Comarca en Santa Cruz. Miguel Angel Linares, propietario de la cooperativa Sudamericana compró terrenos con un abultado sobreprecio y ahora camina rampante por las calles cruceñas sin que a Nardi se le mueva un pelo de su ahora rojiza cabellera. En este caso están en juego 16 millones de dólares supuestamente destinados a financiar viviendas de interés social.
Hace pocos meses instituciones cochabambinas denunciaron que la adjudicación de la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio a la empresa brasileña OAS Ltda. por un valor total de 415 millones de dólares tenía un sobreprecio de 175 mil dólares por kilómetro.
En varias ocasiones se denunció que esta empresa había financiado la campaña electoral de Evo Morales en el año 2005 y como es de suponer, tampoco en este caso Nardi Suxo dijo esta boca es mía.
El 14 de marzo de 2008, se denunció que Suxo ofreció al Cnl. José Luis Centellas, en esa época Director Nacional de Inteligencia, la suma de 48 mil bolivianos para que ese organismo dependiente de la Policía haga un seguimiento (espionaje) a políticos opositores, periodistas, militares y policías, con el propósito de encontrar algo que pudiera descalificarlos. A pesar de que se ofrecieron suficientes pruebas, ella no se dignó siquiera a intentar una explicación.
Entre las decenas de casos que doña Nardi dejo en un conveniente olvido, está el asunto del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, que en ostensible tráfico de influencias, alquila su hotel a la alcaldía de Villa Tunari y para todos los eventos del gobierno en el Chapare. Ernesto Justiniano en su condición de diputado envió hace un año la nota oficial a Suxo (está el registro de recepción) y la viceministra dijo a una red televisiva que nunca recibió denuncia alguna. Nada hizo en consecuencia y el «Zar» antidroga sigue llenando sus bolsillos.
Como se ve son decenas de casos (que por el espacio, no mencionamos en esta columna) en que Suxo no mostró la diligencia que exhibe cuándo se trata de perseguir a prefectos, dirigentes o empresarios de la oposición.
Respecto al caso Ramírez, reconoció que ella conocía los antecedentes pero sin embargo no hizo nada y todo siguió como si nada estuviera ocurriendo a pesar de que no era necesario ser un gran auditor para darse cuenta que el asignar la construcción de una planta separadora de líquidos a un costo de 86 millones de dólares a una empresa cuyo capital declarado es de 50 mil bolivianos, es, cuando menos, sospechoso.
Debe tenerse también en cuenta que la adjudicación se realizó bajo la modalidad de “llave en mano”, es decir que la empresa Catler Uniservice debía poner todo lo requerido en tanto que YPFB debía realizar los pagos conforme avanzaba la obra. Resulta que a la fecha de lo que debía ser esa planta en Río Grande no existe una sola tubería y sin embargo, de acuerdo a últimas informaciones YPFB ya ha desembolsado 6.8 millones de dólares.
Por tanto existen razones más que valederas para suponer –o estar seguro- de que las “investigaciones” que ha ordenado Evo Morales estarán dirigidas a sacar a Santos Ramírez, libre de polvo y paja y en el mejor de los casos se le dará al principal implicado una descansada pega en el servicio exterior o en algún lugar estratégico del gobierno, como ya ocurrió anteriormente.
Esta certeza se ve reforzada con las declaraciones del juez Constancio Alcón, quien se ha apresurado a afirmar que Santos Ramírez sigue siendo senador y que para procesarlo se requiere de su previo desafuero. Por lo visto no conoce (o prefiere hacerse al que no conoce) que un senador, de acuerdo al Reglamento de Debates de la Cámara Alta , solo puede asumir los cargos de ministro o embajador sin que pierda la condición de tal. De asumir otro cargo de menor jerarquía pierde de inmediato su condición de parlamentario.
Se debe recordar también que el juez Alcón tuvo una cuestionada actuación en el caso del empresario Ernesto Asbún, cuando fue suspendido por seis meses sin goce de haberes.
Otro «angelito» es el fiscal Gutierrez que conocía un mes atrás, el asunto del contrato «trucho» con la Catler y se quedó calladito, ahora alza el pico y se lo ve saliendo y entrando de las «intervenidas» oficinas de YPFB.
En suma, lo que se está haciendo es montar todo el andamiaje para que Santos Ramírez salga más limpio de culpa que la Madre Teresa de Calcuta y los bolivianos seremos nuevamente testigos de que las proclamas contra la corrupción que salen del gobierno del MAS no son más que palabras huecas y sin sentido.