Denuncian que el Gobierno está montando un fraude electoral en el exterior para favorecer a su partido en las elecciones de diciembre.
El MAS avanza como topadora con la CPE.
Un ciudadano emite su voto en el referéndum del 25 de enero en Cochabamba. | Daniel James
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Por decreto, Evo avala voto de bolivianos en el exterior
Los Tiempos
La Paz | Agencias. El Gobierno emitió ayer un decreto supremo por el cual instruye a la Corte Nacional Electoral (CNE) iniciar el proceso de empadronamiento de los ciudadanos bolivianos que viven en el exterior, para que éstos emitan su voto en las elecciones de diciembre de este año. Sin embargo, inmediatamente surgieron las críticas de la oposición y acusaron al Ejecutivo de montar un fraude con el voto en el exterior.
En conferencia de prensa en Palacio Quemado, el Canciller David Choquehuanca informó que el proyecto de Ley se enmarca en el artículo 27 de la Nueva Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho de todos los bolivianos residentes en el exterior a participar en las elecciones de Presidente y Vicepresidente.
El diputado de Podemos y ex vicecanciller Fernando Messmer dijo que, si estos procesos son administrados por masistas que trabajan en consulados y embajadas, el oficialismo armará el «fraude más grande del que se tiene memoria en los procesos electorales en el territorio nacional» para ganar las elecciones.
Aseguró que Evo Morales podrá seguir siendo presidente de los bolivianos gracias al fraude y la corrupción en los procesos electorales que, aseguró, el MAS implementó, estableció y consolida actualmente.
El presidente del Senado, Oscar Ortiz (Podemos), aseguró que con la emisión del Decreto el presidente quebró la democracia y desconoce su propia Constitución, ya que en ningún momento le da las atribuciones para gobernar por decreto.
Dijo que se distorsiona la democracia y aseguró que lo que se debe hacer es desarrollar una ley que otorgue el derecho de voto en el exterior con garantías de que el sufragio será administrado por la Corte Electoral y por delegados que aseguren que los resultados no se distorsionen en el exterior.
El senador Carlos Börth (Podemos) advirtió por su parte que el voto en el exterior está inscrito en la Nueva Constitución y que antes sólo estaba establecido en el Código Electoral.
Dijo que, por lo tanto, el decreto emitido la tarde de este miércoles podría dar las primeras disposiciones para acelerar el proceso, pero señaló que las decisiones finales se deben tomar mediante ley.
“El Gobierno ha decidido llevar adelante algunas acciones como el empadronamiento de los ciudadanos bolivianos, y para ello ha emitido un decreto donde se instruye a la Corte Nacional Electoral proceder al registro y empadronamiento de las bolivianos que viven en el exterior para garantizar su derecho al sufragio en futuros procesos electorales regulados por Ley», dijo.
El decreto supremo establece que el empadronamiento se realizará en todos los países donde existan ciudadanos bolivianos, en coordinación con la Cancillería y las delegaciones diplomáticas (embajadas y consulados bolivianos).
«Es interés del gobierno boliviano lograr el cumplimiento de este decreto, para que en las próximas elecciones se pueda ejercer este derecho», afirmó.
Colaboran ministerios
El decreto que autoriza el censo de bolivianos en el exterior habilita al órgano electoral para que pueda elaborar el procedimiento con la colaboración de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno.
El proyecto de ley sobre el voto de bolivianos residentes en el extranjero homologa a los ciudadanos bolivianos mayores de 18 años, domiciliados temporal o permanentemente en el exterior del país, para que cumplan con los requisitos exigidos, tras lo cual podrán ejercer su derecho a voto en la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, en elecciones generales y referendos de carácter nacional, previstas para diciembre y abril venideros y siguientes.
Además, establece que los ciudadanos bolivianos residentes en el exterior deberán –para habilitarse como electores– inscribirse en el padrón electoral dentro de los plazos y términos de la convocatoria, en las diferentes representaciones diplomáticas y consulares que acredita el país.
Asimismo, instruye que los ciudadanos fuera del país –que no hubieran renunciado a su nacionalidad– tendrán la oportunidad de ejercer sus derechos y obligaciones políticas.
El MAS avanza como topadora con la CPE
En los 4 días posteriores a la promulgación de la Carta Magna, el Gobierno cambió por decreto la estructura del gabinete, dispuso ejecutar el voto en el exterior y anunció el cese de funciones de tres supremos. Sus medidas son criticadas.
• PALACIO DE GOBIERNO • Evo Morales anuncia su primera decisión política tras la vigencia del nuevo texto constitucional. Modificó la estructura del gabinete. Ocurrió el domingo 8.
La Razón
El 7 de enero entró en vigencia una nueva Constitución Política del Estado (CPE) y al día siguiente el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) aprobó un cuestionado decreto de reorganización del Órgano Ejecutivo. De ahí en adelante puso en marcha una topadora política de al menos siete ejes para transitar al modelo de estado que propugna.
Además de la reorganización del Órgano Ejecutivo decidida por decreto, utilizó el mismo mecanismo para poner en marcha el voto en el exterior, presentó un proyecto de ley para tres procesos electorales bajo amenaza de ejecutarlos aun sin aval congresal, anunció el retorno al Estado de 36 hectáreas de tierra en Alto Parapetí, declaró el cese de funciones de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia y amenazó con enjuiciar a quienes incumplan la nueva Constitución.
“El Gobierno está vulnerando el principio de la legalidad y esto derivará en un conflicto social”, advirtió el analista político Jorge Lazarte, mientras otro experto, Carlos Cordero, opinó que “aparentemente el Gobierno quiere favorecerse políticamente del proceso de transición”.
El 8 de enero, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto 29894, mediante el cual amplió el número de ministerios de 17 a 20 y definió atribuciones para ellos. “Fue la primera violación constitucional”, según Lazarte. Dijo que se violó el artículo 175 de la CPE, que determina que “las atribuciones de los ministros y ministras de estado se establecerán a través de la ley”. La oposición hizo las mismas observaciones.
Un día después, el 9 de enero, Morales envió al Congreso un proyecto de ley electoral que define fechas para la realización de tres procesos electorales: referéndum autonómico (12 de julio del 2009) elección general (6 de diciembre del 2009) y elección de autoridades departamentales y municipales (4 abril del 2010).
Morales conminó al Congreso a aprobar la norma “hasta el 7 de abril” bajo amenaza de llevar adelante los procesos sin su aval.
El proyecto define 15 escaños para la representación indígena y, según el dirigente de la Confederación de este sector, Pedro Nuni, no respeta las negociaciones que se realizaban con su sector.
El mismo día, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió con iniciar procesos legales contra quienes incumplan la CPE, mientras el INRA anunció que 36.00 hectáreas de tierra en Alto Parapetí retornarán al Estado.
El 10 de enero, la ministra de Justicia, Célima Torrico, anunció el cese de funciones de tres ministros de la Corte Suprema, con el argumento de que cumplieron el mandato de seis años que dispone la Constitución vigente. Los supremos, que fueron elegidos por 10 años, respondieron que no dejarán sus cargos porque la CPE no es de aplicación retroactiva y denunciaron al Ejecutivo de cometer “injerencia” en este caso.
Ayer, en esta línea de acción, el Gobierno aprobó el Decreto 0003, mediante el cual dispone la implementación del voto en el exterior, con el argumento de que éste es un derecho reconocido en el artículo 26 de la CPE. El presidente del Senado, Óscar Ortiz, dijo que la medida viola la Constitución y además recordó que existe un proyecto de ley en curso en el Parlamento. Además, el Gobierno aprobó otros dos decretos en materia social.
MEDIDAS POLÉMICAS
Gabinete • El equipo de ministros fue reestructurado y se aumentaron tres carteras. La oposición denunció que se violó la nueva Constitución.
Voto • Aunque aún se debate una ley en el Congreso, un decreto pone en marcha el voto en el exterior. La oposición dice que hay un cálculo político.
Judicial • El Gobierno dice que tres ministros de la Suprema deben dejar sus funciones. El órgano judicial denunció que esta autoridad viola la ley.
Puntos de vista
“La ley la acatan cuando les sirve”
Jorge Lazarte
analista político.
“El principio de la legalidad no forma parte del Gobierno, porque la ley sólo la cumplen cuando les sirve, pero cuando la ley aparece como obstáculo entonces la pasan por encima. Esto lo han estado haciendo y posiblemente lo hagan aunque se trate de una Constitución Política que ellos mismos la han hecho aprobar. Pero esto puede ser muy costoso para el Gobierno porque habrá una parte de la población que va a resistir esta forma de gobernar: acudiendo a decretos para reemplazar a la ley o sesgar la Constitución. Por otra parte, van a terminar reduciendo a nada su propio texto constitucional, es decir que van a llevar a pensar a la población que esa Constitución sirve tan poco como la anterior y que no habiendo deber de cumplimiento todo debería resolverse haciendo uso de la fuerza”.
“Hay intención de favorecerse”
Carlos Cordero,
analista político.
“En este momento de transición el Gobierno, sin cometer ningún acto ilegal, está avanzando en esto que define como el proceso de cambio y está tomando decisiones que lo favorecen políticamente, como el voto en el exterior. Es decir que hay detrás de esos decretos una intencionalidad política de hacer realidad la transformación del Estado y favorecerse políticamente. Finalmente, tiene que ver con que está absolutamente demostrado que el Congreso de la República no es un aliado del Gobierno, es decir que en el Congreso hay un bloqueo a las intenciones del Gobierno y hay una relación tensa y difícil. Una de las causas profundas del porqué el Gobierno está gobernando por decretos es porque no tiene el control en el Congreso. Las acciones del Gobierno están en el borde de la legalidad, por el período de transición”.