Apoyo europeo. Las federaciones a partir de este año tendrán datos del INRA, fotos satelitales y mediciones georreferenciadas con el apoyo de la Unión Europea.
Observación de los mapas satelitales para identificar los cultivos excedentarios de coca en Chapare, el viernes pasado. | Daniel James
Los Tiempos
Por: Gisela Alcócer C.
La existencia de 28.900 hectáreas de coca en el país es una prueba del fracaso el control social que debían ejercer las federaciones cocaleras sobre sus afiliados para garantizar que nadie tenga más de un cato de coca (1.600 metros cuadrados) acordados con el gobierno del presidente Evo Morales. Por estos resultados, una entidad gubernamental financiada por la Unión Europea (UE) apoyará este proceso para garantizar que el control empiece a funcionar y se reduzca la cantidad de coca en el país.
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En Bolivia, actualmente existe tal cantidad de coca que el precio en el mercado legal disminuyó casi en 50 por ciento, pues la carga pasó de costar 1.500 bolivianos a 800. Esto se debe a que en lugar de existir las 12 mil hectáreas de coca legal establecidas en la ley 1008, actualmente hay casi el triple.
La cantidad fue definida por una medición satelital del programa F57 de Naciones Unidas en agosto de 2008. Algunos meses después, en noviembre, el Presidente anunció que se ajustaría la Ley con 20 mil hectáreas.
Para cumplir este objetivo, sin necesidad de las tropas de erradicadores que generaron muchos conflictos sociales en la década del 90, el Gobierno apuesta por el control social, que a partir de este año estará supervisado por el Viceministro de Defensa Social (“Zar Antidrogas”) y contará con un presupuesto de 12 millones de euros financiados por la UE con una contraparte nacional, que serán administrados por el Programa de Apoyo al Control Social, que tiene su oficina nacional en la ciudad de La Paz y una oficina regional en Villa Tunari.
Según el coordinador general de este programa, Marcelo Terrazas, las federaciones cocaleras controlarán con exactitud la cantidad de coca que tienen sus afiliados, porque tendrán tres tipos de información específica que evitará las contradicciones. Para empezar trabajan con la medición de puntos georreferenciados de los catos de coca, que es realizada por la Unidad de Desarrollo Social del Trópico de Cochabamba (Udestro), que antes se conocía como Direco.
También contarán con los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) respecto a las parcelas saneadas por los cocaleros y tendrán fotos satelitales del programa F57 (que tiene un costo de 400 mil dólares) con las que se identifican las parcelas excedentarias y sus propietarios.
“Se tiene un control cruzado y efectivo con todos estos datos, que son otorgados a las federaciones y sindicatos cocaleros para que puedan autoevaluar su producción y determinar dónde están los excedentes para ejercer el control social”, dijo Terrazas.
El responsable de sistemas del programa en Villa Tunari, Edgardo Gutiérrez, informó que las áreas que registran la mayor cantidad de coca excedente están en Apolo y La Asunta en el departamento de La Paz, y Yungas de Vandiola en el departamento de Cochabamba.
Acuerdo con los cocaleros
Según el coordinador regional del Proyecto de Apoyo al Control Social, Tomas Inturias, la decisión de recibir apoyo del Gobierno y de la comunidad internacional para evitar un crecimiento desmedido de coca en Bolivia fue asumida en el Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba durante la gestión 2008, razón por la cual no se puede decir que es una imposición gubernamental.
Según Inturias, el Gobierno apoya con los insumos científicos con los que cuenta para que se respeten los 1.600 metros cuadrados que se le había dado a cada productor. Con esta medida, «también se está velando por el precio de la coca, pues como en cualquier otro producto, a mayor oferta más bajos los precios, pues la carga (dos tambores) bajó de 1.500 bolivianos a 800».
El embajador jefe de la delegación de la Comisión Europea en Bolivia, Kenny Bell, visitó las instalaciones del Programa de Apoyo al Control Social en Villa Tunari, e informó que con este proyecto se intenta encarar nuevas formas de luchar contra el narcotráfico.
«Hemos decidido apoyar esa lucha a través de nuevas técnicas, trabajando con los productores y es una experiencia muy interesante y muy avanzada en comparación con otros países, ojalá de éxito», dijo.