Capturan al garzón de Córdova en un curioso operativo. Fiscalía acude a testigos por el caso del volteo. Carrasco dice que llegó a YPFB por sus méritos. Ministerio Público dice que imputará a Gonzalo Aramayo. Catler fue recomendada para la obra el mismo día de su fusión. La compra de SIPSA aún no fue pagada
LA RAZÓN
INVESTIGACIÓN • Así lo afirma el presidente de la comisión especial de senadores que indaga el caso de corrupción y del volteo. Pero, dice que aún falta gente de YPFB y de Catler-Uniservice.
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El presidente de la comisión especial de la Cámara de Senadores, Wálter Guiteras, señaló ayer que la Fiscalía tiene cerrado al círculo más cercano de la corrupción que presuntamente encabezaba el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Santos Ramírez, pero precisó que falta indagar a más implicados dentro de la estatal y de la empresa Catler-Uniservice.
Hoy, la comisión presentará un informe sobre su trabajo. “Hay varias etapas de la investigación. En la primera están Santos Ramírez y el círculo próximo en términos de la empresa, YPFB”, aseveró el legislador.
Según una declaración que Guiteras ofreció a este medio, Ramírez utilizó a círculos del comité de concertación de la empresa, y otro de adjudicación, para establecer su red de corrupción.
Mencionó en el ámbito más cercano al ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio, “quien vino desde esa entidad y era del ámbito íntimo de decisiones. También está Esther Carmona, quien era su jefa de gabinete en el Senado, luego se la llevó a la bancada, y después como vicepresidenta de la empresa YPFB Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA)”.
Luego complementó que también es indagado “el señor Rodrigo Carrasco, ex policía, y la persona que se perdió con el petróleo reconstituido”.
Guiteras se refiere a un barco que transportaba 300 mil barriles de petróleo reconstituido (recon) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que paseó durante dos semanas por las costas marítimas de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica en busca de un comprador, debido a que la estatal petrolera fue engañada por una compañía que presentó una boleta de garantía sin validez para comprarlo.
“Al final se vendió en Venezuela. Además, este señor tenía el croquis de dónde iba a ser el soborno y los montos (del volteo). Por eso se lo investiga”, acotó.
Sin embargo, el presidente de la comisión advirtió que “aún falta el segundo proceso de la investigación. Me refiero a la identificación de las responsabilidades de por lo menos 12 personas de la petrolera, una lista proporcionada por la doctora (Nardi) Suxo (ministra de Transparencia), que tendrán que ir por diferentes caminos”.
En la tercera etapa, dijo, están Javier Navía y Gonzalo Aramayo. “Los fiscales deberán determinar cómo intervienen en la acción del soborno, si están en la acción del volteo y si tienen un grado de complicidad en el tema del asesinato”.
Finalmente, detalló que el cuarto nivel es la empresa Catler-Uniservice, “que se adaptó a un mecanismo de corrupción, no cumplió una serie de normas o se las facilitaron. Por lo tanto, hay que investigar tanto a quien recibe un soborno como al que lo entrega”, especificó.
Capturan al garzón de Córdova en un curioso operativo
La Policía dijo que halló parte del supuesto botín de 450 mil dólares en un operativo de rutina. Quien lo llevaba es un empleado del local El Caballito. Fuentes cercanas a ellos revelan que el dinero era el “costo del silencio”.
El empleado de mayor confianza de Ernesto Córdova, propietario del local El Caballito, fue detenido la madrugada de ayer en un curioso operativo realizado en la tranca de Urujara y fue presentado al final de la tarde, con el anuncio de que lo capturaron con parte de los 450 mil dólares volteados el 27 de enero a Jorge O’Connor.
Lucio Lazo Contreras (29 años), garzón de El Caballito y con un amplio prontuario policial, fue capturado con la suma de 132.800 dólares cuando supuestamente se dirigía a la localidad de Palos Blancos, al norte de La Paz.
La Fiscalía de Distrito aseguró que Lazo llevaba el dinero que fue arrebatado en la avenida Tejada Sorzano en el crimen que destapó el mayor escándalo de corrupción en el actual Gobierno. Sin embargo, las circunstancias del operativo y fuentes cercanas a los Córdova plantean dudas sobre la hipótesis de los investigadores.
Lazo fue detenido en una requisa de rutina y casual realizada por los efectivos antidrogas que tienen base en La Rinconada. El hecho ocurrió a las 0,45 de ayer. Es decir que el personal de Umopar se habría trasladado desde La Rinconada —ubicada a kilómetros más allá de La Cumbre— hasta la tranca de Urujara, a minutos del barrio de Villa Fátima, en busca de droga y se habría encontrado con Lazo, quien se resistió a la requisa en una primera instancia.
“(Lazo) estaba en un vehículo de transporte público que se dirigía a Caranavi (Yungas) y posteriormente hasta Palos Blancos. Estaba llevando en un bolso y no permitió la revisión de las pertenencias que tenía, pero nuestro personal logró identificar, percibir y evidenciar que tenía ese dinero”, afirmó el jefe departamental de la Policía Antidroga, coronel Fernando Amurrio.
Según el jefe policial, el dinero “estaba seriado en fajos correlativos” en un bolso y camuflado.
Anoche, en instalaciones de la Fuerza Anticrimen, el fiscal de Distrito Jorge Gutiérrez presentó al detenido y confirmó que Lazo es una persona cercana a Ernesto Córdova. “Trabajaba y vive en la casa de Ernesto Córdova, en El Caballito, y estaba yendo a los Yungas, a Palos Blancos (…). Una persona con 132.800 dólares es de admirarse”, dijo. Otras fuentes explicaron que tiene acusaciones de trata de personas y volteo a personas ebrias.
Este medio realizó las averiguaciones sobre el horario de salida de buses hacia Palos Blancos, y la información lograda señala que el horario tope de salida de buses hacia Caranavi son las 22.00. Entonces, de haber sucedido de esa manera, el vehículo en el que iba Lazo habría demorado casi dos horas en llegar hasta la tranca de Urujara, donde las requisas antidrogas son inusuales, según constató este medio en otras ocasiones.
Ahora, allegados a la familia Córdova revelaron a La Razón que personas interesadas en el caso ofrecieron dicha cantidad de dinero a los hermanos Córdova a cambio de su silencio. Según la denuncia, la anterior semana un emisario visitó a los hermanos Córdova en el sector de La Posta de San Pedro y les ofreció 50 mil dólares, en un principio.
Ellos habrían aceptado el trato, por lo que enviaron a Lazo a recoger el dinero el lunes en la plaza Villarroel de La Paz, donde Lazo se encontró con que la suma excedía lo acordado.
“Fue también a cambio de que Ernesto y Luis Fernando no se metan, pero agarran al garzón de Ernesto llevando el dinero; aparece como que estaba yendo a los Yungas, pero en realidad iba a guardar el dinero en otro lado”, relató un familiar.
La Policía admitió que Lazo fue capturado a las 0.30 del martes, pero no explicó por qué fue presentado a las 19.00, a pesar de que el detenido se protegió en el derecho al silencio.
Lazo permaneció en celdas de la FELCN, donde recibió la visita de policías, según afirmaron fuentes de la pesquisa, y luego fue remitido al Ministerio Público en la tarde.
La supuesta novedad hizo que la Fiscalía suspenda la declaración programada para las 17.00, la de Rodrigo Carrasco, ex funcionario de Yacimientos y testigo “clave” en el caso.
La mañana del 27 de enero, a dos cuadras del local El Caballito, un grupo de delincuentes cometió un volteo de 450 mil dólares y que costó la vida del empresario Jorge O’Connor D’Arlach.
Ayer, en la oficina de la FELCC, Lazo permaneció junto a los fiscales para prestar sus declaraciones informativas, pero no emitió declaraciones.
Luego de casi una hora, el detenido fue llevado a una sala de la Policía y fue presentado a los periodistas. El fiscal de Distrito Jorge Gutiérrez declaró a la prensa y ordenó el traslado de Lazo a celdas de la Policía Judicial en la calle Genaro Sanjinés.
Según la Policía, Lucio Lazo cuenta con antecedentes penales y el fiscal Jorge Gutiérrez confirmó que fue acusado de robo.
La mañana del 27 de enero, el representante en Bolivia de la empresa Catler-Uniservice retiró 450 mil dólares del Banco Unión para pagar una supuesta “coima” al ex presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos Santos Ramírez, tras la adjudicación de su empresa con un proyecto de la estatal.
Sin embargo, al llegar al domicilio en la avenida Tejada Sorzano, cinco delincuentes lo interceptaron y le arrebataron el dinero. La resistencia provocó que uno de ellos dispare a O’Connor y termine con su vida.
Dos días después del hecho, la Policía presentó a tres supuestos autores materiales e informó que se recuperó 80 mil dólares del botín. Luis Fernando, quien fue socio del empresario, y su hermano Ernesto fueron acusados de ser los autores intelectuales del volteo y ahora los cinco acusados guardan detención en el penal.
“Trabaja y vive en la casa de Ernesto Córdova, en El Caballito, y estaba yendo a los Yungas, a Palos Blancos”.
Jorge Gutiérrez. Fiscal de Distrito
“Fue también a cambio de que él (Luis Fernando) ya no se meta. Pero lo agarran al ‘Negro’ en la tranca”.
Fuente allegada a la familia Córdova.
Fiscalía acude a testigos por el caso del volteo
PESQUISA
El Ministerio Público realizará este jueves un desfile identificativo de todas las personas involucradas en el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach y el volteo de 450 mil dólares, con el fin de establecer si Rufino Rodríguez Coca fue quien le disparó.
«Vamos a llamar a un reconocimiento de personas, mediante el desfile identificativo, donde se presentarán todos los implicados en este caso, el jueves, en dos turnos. El objetivo es que los testigos de este caso y los imputados confirmen si todos participaron», dijo Luis Mamani, uno de los fiscales asignados a la investigación sobre el crimen.
El identikit del presunto asesino, que realizaron especialistas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), no coincide con el supuesto autor del disparo contra el empresario.
Dos días después del volteo de O’Connor, tras un fuerte operativo, la Policía presentó a Rufino Rodríguez El Rufo y a Franz Rodríguez Caero como los autores materiales del crimen.
Carrasco dice que llegó a YPFB por sus méritos
Contraparte
El ex gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Rodrigo Carrasco, dijo que llegó a la estatal por la experiencia que acumuló en el ámbito de abastecimiento de carburantes durante un viaje que realizó al Medio Oriente.
“Me especialicé en Nigeria, Irak, Kuwait, aunque no tengo títulos académicos. Presenté mi currículum a diferentes empresas y por eso me fui. Cuando volví a Bolivia el 2007, conocí a Guillermo Aruquipa e iniciamos una relación de asesoramiento, y así llegué a YPFB. En octubre de ese año me retiré”.
El periódico cruceño El Nuevo Día informó que su salida se debió a pugnas entre el Ministerio de Hidrocarburos y el de la Presidencia, hecho que Carrasco no desmintió.
Luego, cuando Ramírez asumió el cargo, lo invitó a trabajar como asesor. “Tres meses después, asumí la gerencia. Llegué por mis méritos, no por otra cosa. Nunca cometí delitos”, acotó.
Ministerio Público dice que imputará a Gonzalo Aramayo
ACCIONES • Según su abogado, su cliente no conoce cuál era el destino de los $us 450 mil.
• TRAS SALIR DE LA FISCALÍA • Aramayo (izq.), en el interior de un minibús, luego de huir de los medios de comunicación.
El Ministerio Público adelantó que podría imputar a Gonzalo Aramayo, socio de la fundación Khantati y primo de Javier Navía Doria Medina, por su supuesta vinculación con el volteo de los 450 mil dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach y acciones irregulares con relación a la empresa Catler-Uniservice.
“El señor estuvo el 27 de enero en el lugar de los hechos donde fallece O’Connor; es parte de la fundación Khantati, recibió algunos (montos) de dinero vía Catler-Uniservice a través de unos giros que serán especificados también en una imputación”, aseveró uno de los fiscales a cargo del tema de corrupción pública, Edward Mollinedo.
Aramayo junto a Javier Navía Doria Medina, cuñado del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, guiaron el vehículo en el que iba O’Connor hasta la casa del primero, en la avenida Tejada Sorzano, donde asesinaron al empresario.
El abogado de Aramayo, Marcelo Ugarte, aseveró ayer en la puerta de la Fiscalía de Distrito de La Paz que su cliente no conoce cuál era el destino del dinero. Explicó que el vehículo de su cliente esperó a O’Connor en la calle Loayza para dirigirse hacia la Tejada Sorzano, pero nunca supo que el empresario salió del banco Unión con dinero.
“Todos sabemos que fueron hasta la avenida Tejada Sorzano para recibir información sobre proyectos de construcción de viviendas”, aseveró Ugarte.
Sin embargo, Mollinedo aclaró que hay información del Viceministerio de Vivienda de “que no existe ningún proyecto aprobado” y que todos los que se presentaron desde la fundación Khantati están archivados en la repartición.
“Una lista que debía ser entregada a O’Connor es una coartada de los señores Navía y Aramayo para deslindar toda responsabilidad en los hechos que se investigan. Las declaraciones de Miguel O’Connor (hermano del empresario) apuntan a que ese día (27 de enero) se dirigían a este domicilio a realizar un pago, una entrega de dinero”, dijo el fiscal.
Esa información hace presumir al Ministerio Público otros tipos penales que también serán especificados.
Aramayo no declaró a los medios de comunicación, huyó de la Fiscalía, se subió a un vehículo de servicio público y se fue.
APUNTES
27 de enero • Gonzalo Aramayo esperó a Jorge O’Connor en la puerta de su domicilio cuado éste tenía un maletín con dinero, en la avenida Tejada Sorzano. Minutos después mataron al empresario de un balazo.
Catler-Uniservice • Tras el volteo y el crimen de O’Connor, Aramayo afirmó a un periodista que el dinero era para una empresa. Ayer, su abogado negó esa declaración y señaló que la investigación debe continuar.
Catler fue recomendada para la obra el mismo día de su fusión
FECHAS • El 11 de julio, la Comisión de Concertación de YPFB recomendó al consorcio para la construcción de la planta. La sociedad se creó tres días antes de la firma del contrato (14 de julio).
• EL ACTO DE FIRMA DEL CONTRATO • El entonces Ministro de Hidrocarburos (der.) ofrece un discurso el 14 de julio del 2008, cuando se suscribió el documento con Catler-Uniservice.
La sociedad accidental Catler-Uniservice se creó el mismo día en que la Comisión de Concertación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recomendó a esta empresa para adjudicarle la construcción y puesta en marcha de la planta separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz.
Así lo refleja el informe de la Comisión de Concertación enviado al presidente de YPFB, al que accedió La Razón. El documento está fechado el 11 de julio del 2008, es decir, tres días antes de la firma del contrato (14 de julio), y a la letra señala:
“Del análisis técnico y financiero; y, sobre todo en base a la capacidad de Proceso de la Planta de Separación de Licuables, la comisión recomienda la adjudicación de la Provisión e Instalación Llave en Mano de la Planta de Extracción de Licuables de Gas Natural a ser instalada en el Campo Río Grande, ubicado en la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, a la empresa Catler-Uniservice”.
El viernes 6, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que la sociedad accidental se conformó tres días antes de la suscripción del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice. “La fusión la hacen tres días antes de firmar el contrato. Por esa razón, la comisión observó el tema. Ahora todo esto debe confirmarse con documentos”, afirmó.
Entonces, la ministra aclaró que la fusión de las empresas tres días antes de la suscripción del contrato es irregular, debido a que el consorcio debió conformarse para presentarse a la convocatoria, cuyo proceso empezó en mayo del año pasado.
La Comisión de Concertación, que realizó la evaluación de las propuestas de las dos empresas que se postularon (Catler-Uniservice y Exterran-Hanover) y que recomendó la adjudicación a la primera, estuvo conformada por Marco Antonio Vega, Elizabeth Morales, Iván García, Federico Galán y Richard Aguilera. Estas personas forman parte de la lista que Suxo presentó a la Fiscalía para que sean investigadas.
Antes de la Comisión de Concertación, el análisis y evaluación de las propuestas de ambas empresas pasó por la Comisión de Calificación, conformada por Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña, Lineth Ontiveros y Esther Carmona, explicó el abogado de esta última, Freddy Cuentas. Su cliente fue implicada en el caso de corrupción de YPFB y hoy será su audiencia de medidas cautelares.
Cuentas indicó que esta comisión realiza la evaluación y la comparación de las dos propuestas, para luego presentar observaciones y recomendaciones.
Aclaró que la Comisión de Calificación, y por ende Esther Carmona, no tiene ninguna facultad para analizar la procedencia de las empresas, ya que sólo se debió dedicar a revisar las propuestas.
“El conocimiento de las empresas invitadas para la contratación directa forma parte de una etapa previa, que le corresponde a la Dirección Jurídica y la Gerencia de Planificación de YPFB”.
Subrayó que Esther Carmona fue nombrada directora jurídica en diciembre del 2008, cuatro meses después que se firmó el contrato. Cuentas negó que su defendida haya sido jefe de gabinete de Santos Ramírez en el Senado y aclaró que Carmona fue la segunda asesora jurídica del ex presidente de la estatal petrolera.
Agregó que, tras ser nombrada directora jurídica, su cliente no firmó la cuarta adenda al contrato, pues —dijo— hizo observaciones verbales al documento, que fueron ignoradas por Ramírez.
El Gobierno confía en Villegas
El Ejecutivo confía en que el préstamo de $us 1.000 millones del Banco Central de Bolivia (BCB) a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será administrado de forma transparente por el nuevo presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas.
“YPFB ya tiene una nueva autoridad. Carlos Villegas es una persona de amplia trayectoria, conocida su transparencia y su capacidad profesional, la empresa va a ser principalmente transparente”, aseguró el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Emilio Pinto.
Manifestó que aún no se ha ejecutado el préstamo de $us 1.000 millones para YPFB. “No es un tema discrecional. El Banco Central va a establecer los criterios de dar fideicomiso. Seguramente el BCB va a pedirle el plan de inversiones sobre estos 1.000 millones, donde tendrá que haber una clara identificación de la utilización de estos recursos”.
La autoridad añadió que, sobre la base de su normativa, el ente emisor evaluará y determinará un convenio para que la estatal petrolera lo cumpla. ANF
La comisión aún no informa
La comisión del Ejecutivo que investiga la presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aún no informó los resultados obtenidos por el grupo enviado a Houston, en EEUU, para verificar el avance de la construcción de los equipos para la planta separadora de líquidos de Río Grande (Santa Cruz).
La comisión está conformada por el actual presidente de la petrolera, Carlos Villegas; la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, y el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.
El jueves, Villegas indicó que el viernes 13 arribaría la comisión enviada a Estados Unidos. Sin embargo, hasta ayer, ninguna de las tres autoridades informó sobre los resultados del viaje.
El presidente de YPFB también había anunciado que se enviaría otra misión a Argentina, para verificar la construcción de la otra parte de la planta. Se desconoce si la comisión viajó o no. El avance existente permitirá determinar la continuación o no del contrato con Catler-Uniservice.
La compra de SIPSA aún no fue pagada
EMPRESA
El Estado aún no pagó por la compra de la empresa que le permitió crear Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA) —dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)—, confirmó ayer el ex gerente de la compañía, Rogelio Ashimine.
El 14 de febrero, La Razón informó que la estatal aún no había pagado a Mario Osini, propietario de Full Industry (empresa base para la constitución de SIPSA), los $us 250.000 comprometidos, pese a que YPFB ya había firmado el contrato para la compra de la recalificadora de garrafas.
En una conferencia de prensa ofrecida ayer, Rogelio Ashimine indicó que la estatal no ha pagado por sus acciones en la sociedad anónima. “SIPSA es una empresa que cuenta con 99% de (participación de) YPFB (218 acciones) y 1% de dos personas privadas. Una acción es de Lucy Barberí, de Full Industry, y otra de Nilda Domínguez. SIPSA no se inició con dinero del Estado y no es dinero del Estado porque Yacimientos no ha pagado sus acciones”, respondió a la pregunta sobre si es o no una empresa que actúa con dinero del Estado.
SIPSA ha sido observada por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, que detectó irregularidades en la conformación de la empresa. El sábado 14, este medio también reveló que se decidió que la compañía sea una Sociedad Anónima y no una Sociedad Anónima Mixta (SAM), para poder pagar salarios más altos que el del Presidente.
El hecho fue negado por Ashimine, que sostuvo que toda la documentación fue sustraída de su oficina, por lo que no podía demostrar que no pagaba planillas tan altas. Redacción Santa Cruz
MÁS DATOS
Asesor • El ex gerente de SIPSA admitió que fue asesor de Santos Ramírez cuando fue presidente de YPFB y señaló que este hecho motivó a que se lo involucre en el caso de presunta corrupción en la estatal.
Fiscal • El fiscal Edward Mollinedo observó el hecho de que la abogada Esther Carmona haya sido nombrada vicepresidenta del directorio de SIPSA “sin tener conocimiento alguno ni experiencia profesional… en materia de hidrocarburos