El escándalo de corrupción más grave de la «era Morales» estalló con un asesinato y aires de novela negra.
Con $us 132.800, cae presunto cómplice de la banda que mató al empresario y la Fiscalía imputa a Miguel O’Connor.
Sospechoso. Lucio Lazo Contreras llevaba el dinero en su mochila. La Policía lo interceptó en el retén de Unduavi (foto El Deber)
OPINION
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En la cárcel Santos Ramírez, va a ser custodiado por el Cnl. Ernesto Michel, quien también estuvo casado con Giovanna Navía, aunque él alega que hace muchos años que no tiene ningún tipo de relación con ella y que eso no va a interferir en su trabajo.
Abraham Zamorano
La Paz/EFE.- El escándalo de corrupción más grave de la «era Morales» estalló hace menos de un mes con un asesinato y aires de novela negra, pero comenzó a adquirir tintes de «realismo mágico» con la irrupción de rupturas sentimentales y hasta adivinos.
El asesinato de un empresario destapó en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) una oscura trama que fue derivando en «culebrón» con el anuncio televisivo del divorcio de los principales protagonistas y con la participación de una «vidente» a la que quieren llamar como testigo en el caso.
Por si fuera poco, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez fue recluido, como medida preventiva, en un penal que dirige desde este lunes un jefe policial que resulta ser el ex marido de la mujer de la que pretende divorciarse.
El comienzo y la coima
Todo comenzó con el asesinato a finales de enero del empresario Jorge O’Connor, a quien robaron casi medio millón de dólares cuando supuestamente se disponía a entrar a casa de un familiar de Giovanna Navía, quien se había casado en enero con Santos Ramírez.
O’Connor era un alto ejecutivo de Catler Uniservice, empresa participada por capitales argentinos que había obtenido un contrato por más de 86 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de gas en el Sur del país.
La oposición al presidente Evo Morales, quien ha hecho de la honestidad y transparencia una de las «banderas» de su Gobierno, se apresuró a denunciar que el dinero que le robaron a O’Connor estaba destinado a pagar una «coima» (comisión ilegal).
Trama y divorcio
Poco a poco salió a la luz toda una trama que obligó al Gobierno a intervenir YPFB y a poner al frente de la empresa a Carlos Villegas, una especie de «comodín» de Morales que ha ocupado los cargos de ministro de Planificación y de Hidrocarburos.
Tras su destitución, Ramírez anunció en televisión su intención de divorciarse de Giovanna Navía por el «gran problema» que suponía para él la presunta relación de su familia con el caso de corrupción.
«Qué difícil es juntar los cariños y los amores frente a los principios», llegó a decir el ex presidente de YPFB al anunciar su separación.
Navía mostró su sorpresa ese mismo día por lo que vio decir a su marido en televisión y, sobre todo, porque lo había hecho en vivo y sin avisarla previamente.
La mujer renunció a su inmunidad parlamentaria, es diputada suplente del partido de Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), y además solicitó no ser sometida a presiones ya que está embarazada. Espera gemelos.
El mediático anuncio de su demanda de divorcio no libró a Ramírez de toda sospecha y cinco días después fue enviado al penal de San Pedro en el centro de La Paz, donde probablemente continuará la lectura del libro que ha exhibido en todas sus comparecencias judiciales: «Conversaciones con Dios».
Carcelero y ex marido
En esa cárcel, va a ser custodiado por el coronel Ernesto Michel, quien también estuvo casado con Giovanna Navía, aunque él alega que hace muchos años que no tiene ningún tipo de relación con ella y que eso no va a interferir en su trabajo.
«Con ella, (desde) más de siete u ocho años atrás que no tengo ninguna relación. Yo soy profesional. Son casi doce años (los) que trabajo en cárceles», alegó el nuevo gobernador del penal de San Pedro.
La clarividente
En medio de todo este enredo, la Fiscalía continúa su investigación y ha hecho público, como prueba contra Giovanna Navía, un manuscrito donde, según los medios, ella anotó frases comprometedoras que la relacionaban con el asesinato de O’Connor.
Sin embargo, la abogada de Navía, Teresa Montaño, explicó a Efe que la nota fue dictada, ni más ni menos, por una vidente de nombre Cristina, que pretenden que sea testigo en el caso.
«La nota nunca supe que hablara de sicarios. Lo que al parecer decía es que: ‘el gordo tenía el dinero, el moreno bajó las gradas’. Cosas de ese tipo», dijo la abogada.
Según Montaño, la nota fue escrita por Giovanna más de una semana después del asesinato de O’Connor a dictado de la adivina.
El testimonio de esta «clarividente» ante el fiscal determinará, según la abogada, si «tiene o no facultades psíquicas (sobrenaturales)».
Con $us 132.800, cae presunto cómplice de la banda que mató al ingeniero y la Fiscalía imputa a Miguel O’Connor
El socio de Uniservice confirmó ante el Ministerio Público que su hermano iba a entregar ese dinero a los parientes políticos de Santos Ramírez el 27 de enero
Traslado: dos policías escoltan, ayer, a Lucio Lazo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
LA PRENSA
La Fiscalía allanó anoche nuevamente El Caballito en busca de nuevas pruebas, que no encontró. Lucio Lazo fue detenido el 29 de enero junto con su patrón, Ernesto Córdoba, y fue dejado en libertad.
Otro golpe de “suerte”. Lucio Lazo Contreras, garzón de El Caballito, fue detenido ayer en el retén de Urujara, camino a Yungas, en posesión de 132.800 dólares, mientras la Fiscalía confirmó que Jorge O’Connor D’Arlach, el día de su asesinato, llevaba 450.000 dólares para entregarlos a los parientes políticos de Santos Ramírez, y el hermano de la víctima, Miguel, fue imputado por cohecho activo.
A las 04.00 de ayer, el intenso frío de la madrugada en faldas de la cordillera obligaba a los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) a buscar refugio dentro del ambiente policial, aunque la llegada de un minibús tipo carry que se dirigía a Palos Blancos, Sud Yungas, obligó a dos de ellos a salir.
Enfrentando el viento helado, ellos se acercaron al pequeño vehículo y abrieron la puerta corrediza. Miraron al interior y observaron a un pasajero, joven, con rastas y de raza negra, quien tenía la mano derecha vendada pero ensangrentada.
El hombre agarraba, con la izquierda, una mochila. Ante la revisión rutinaria se mostró nervioso. Le obligaron a bajar del motorizado y le formularon algunas preguntas.
—¿Por qué tiene una herida abierta en la mano?
—Sufrí anoche un accidente de tránsito.
—¿Qué tiene en la mochila?
El silencio del ya sospechoso puso en alerta a los agentes, quienes le obligaron a mostrar el contenido del bolsón. Entre la ropa y otros objetos encontraron un paquete envuelto con cinta masking. Lo desenrollaron y encontraron un gran fajo de dólares. Presumieron que provenía o se destinaba al narcotráfico.
Fue detenido y conducido a ambientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la ciudad de La Paz, donde finalmente reveló que trabaja en El Caballito como garzón y que el dinero le había sido entregado por su patrón, Ernesto Córdoba Santiváñez, actualmente encarcelado.
Los investigadores comprendieron de qué se trataba el asunto y se comunicaron con el Ministerio Público. El fiscal Edwin Sarmiento admitió ayer por la tarde: “Encontramos parte del dinero que estábamos buscando”, en alusión al atraco de Miraflores, el 27 de enero.
El aprehendido se acogió a su derecho a guardar silencio y alrededor de las 18.45 fue presentado públicamente en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Recibió el asesoramiento del abogado Víctor del Villar, quien informaba de lo que sucedía por celular.
Lazo Contreras vive, con su esposa y su hijo de seis meses de edad, en el mismo edificio donde funciona El Caballito y hoy será sometido a una audiencia de medidas cautelares.
Esta acción permitió recuperar, hasta el momento, 220.800 de los 450.00 dólares robados el 27 de enero, por lo que todavía quedan por recobrar 229.200 dólares.
Dos operativos
Ayer por la tarde, mientras Lazo prestaba sus declaraciones, los fiscales Sergio Céspedes y César Romano, en compañía de técnicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), salieron rápidamente de la FELCC al penal de San Pedro.
Habían recibido un informe en sentido de que la esposa de Lazo se encontraba en ese recinto carcelario, donde se entrevistaba con los hermanos Córdoba, recluidos bajo la acusación de ser los autores intelectuales del mencionado atraco seguido por el asesinato de O’Connor.
No se conoció el resultado de tal acción de los investigadores.
Además, en la noche, personal de la Fiscalía volvió a allanar El Caballito, aunque en esta oportunidad no encontró nuevos indicios o pruebas.
Ese local nocturno, perteneciente a Ernesto Córdoba, fue señalado por Rufino Rodríguez Coca como el lugar en el que se planificó, el lunes 26 de enero, la acción criminal.
Lazo había sido detenido junto con su patrón el 29 de enero, aunque fue dejado en libertad por no encontrarse indicios de culpabilidad en su contra.
Otras imputaciones
Entretanto, el Ministerio Público se apresta a imputar por cohecho pasivo a Gonzalo Aramayo, primo político del ex Presidente de Yacimientos, porque se comprobó que recibió 87.500 bolivianos de Uniservice, empresa contratada para construir una planta separadora de líquidos en Santa Cruz, y prepara una segunda imputación, por cohecho activo, contra Miguel O’Connor D’Arlach.
El fiscal Edward Mollinedo, quien dirige las investigaciones, explicó que la declaración de Miguel O’Connor D’Arlach, hermano del fallecido, “apunta a que ese día (27 de enero) se dirigía con la víctima y otras tres personas al domicilio de la avenida Tejada Sorzano para hacer una entrega de dinero. Eso nos hace presumir la comisión de otros tipos penales”.
Según el reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Aramayo y Javier Navia, parientes políticos de Ramírez, recibieron cuatro giros de la encargada de compras de Uniservice, Helen Soto, por 45.000 dólares en total.
Mollinedo aclaró que ese dinero estaba destinado a la Fundación Khantati, aunque esta entidad no tiene contratos con el Viceministerio del rubro para construir casas ni erigió una sola dentro del Plan Nacional de Vivienda Social.
El agente del Ministerio Público calificó a esa entidad como una “coartada”, pues la declaración de Miguel O’Connor D’Arlach confirma que los 450.000 dólares objeto del “volteo” tenían a los primos Aramayo y Navia como destinatarios.
Ambos representantes de la organización no gubernamental declararon que ésta trabaja con el fondo financiero Prodem, a cuyos ejecutivos los fiscales solicitaron un informe en torno a la posibilidad de que maneje una nómina de potenciales beneficiarios de la fundación a través de la ejecución de viviendas de interés social.
“Aparentemente, existe una lista que debería ser entregada a Jorge O’Connor, pero es una coartada de los señores Navia Doria Medina para deslindar todas las responsabilidades de los hechos que se investigan, aunque esperamos una certificación de Prodem” sobre el tema.
El Ministerio Público tiene listos ambos memoriales, que serán presentados en cualquier momento, aunque en el caso de
O’Connor D’Arlach no será necesaria su aprehensión previa, pues acreditó tener una familia, un domicilio conocido y una actividad laboral estable.
Esta acción judicial será presentada ante la magistrada Marcela Siles, porque es la juez directora de la investigación y establecerá día y hora para la audiencia respectiva, en la que los fiscales pedirán la detención preventiva del socio de Uniservice.
No se pudo establecer si pesará otra imputación sobre Javier Navia, presidente de esta organización no gubernamental.
Ayer por la mañana, Aramayo prestó declaraciones ante el fiscal Edward Mollinedo. Al salir de la audiencia se mostró enojado y molesto por las preguntas de los periodistas.
Jornada de intensa labor
El Ministerio Público cumplirá hoy una jornada de intensa actividad, pues está prevista la recepción de cuatro declaraciones en los casos de asesinato y corrupción pública y dos audiencias de medidas cautelares.
Esther Carmona, estrecha colaboradora del ex presidente de Yacimientos Santos Ramírez, comparecerá ante la juez Marcela Siles a las 15.00 en audiencia de medidas cautelares bajo las imputaciones de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y contratos lesivos al Estado.
Todavía no hay hora para la audiencia cautelar de Lucio Lazo Contreras, empleado de Ernesto Córdoba que fue detenido en flagrancia, según la Fiscalía, con parte del botín robado el 27 de enero.
Se esperan para hoy las declaraciones, ante Corrupción Pública, de Misael Gemio, ex viceministro de Desarrollo Energético, y de Rodrigo Carrasco, ex gerente nacional de Comercialización de YPFB, quien además fue guardaespaldas del ex presidente de la estatal Guillermo Aruquipa.
Carrasco fue encontrado en sus oficinas de la estatal petrolera, el 2 de febrero, mientras destruía documentos, extremo que negó.
Gloria Paola Miranda Meyer cobró en total 177.000 dólares del Banco Unión sin tener relación familiar o laboral alguna con el consorcio Catler-Uniservice.
Posteriormente, Rufino Rodríguez Coca debe presentar su declaración ampliatoria ante el fiscal Luis Mamani.
“Ticoco” recusa a Luis Mamani
La defensa de Luis Fernando Córdoba, acusado de haber planificado el “volteo” de 450.000 dólares provenientes de una presunta coima a favor del destituido presidente de YPFB Santos Ramírez, pidió la recusación del fiscal Luis Mamani, al cargo de este caso, agravado por el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach.
Según el abogado Williams Sánchez, se planteó el pedido porque existe “animadversión” de Mamani contra su defendido, situación que mostraría parcialización en la investigación de este caso.
Explicó que el Fiscal al cargo frenó el curso legal de al menos tres recursos que planteó Córdoba para demostrar que puede defenderse en libertad de las acusaciones que se le imputan, no detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. Anticipó que extremará los esfuerzos legales para demostrar la inocencia de su cliente.
El fiscal Mamani negó todo tipo de parcialización en este caso y aseguró que las investigaciones continuarán con el propósito de esclarecer los móviles y hallar a los responsables del delito perpetrado en la avenida Tejada Sorzano el 27 de enero reciente.
A los dos días, la Policía capturó a tres personas en Cochabamba: Franz Rodríguez Calero, Rufino Rodríguez Coca y Verónica Mamani, quienes revelaron que tanto Luis Fernando Córdoba como su hermano, Ernesto, también detenido en San Pedro, habían planeado el atraco. Las investigaciones aún no han descartado los vínculos entre los hermanos Córdoba y el ex titular de YPFB.
Un desfile y nueva declaración
La Fiscalía realizará hoy un desfile identificatorio de los implicados en el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga y el robo de los 450.000 dólares para establecer si Rufino Rodríguez Coca fue quien disparó contra la víctima, pero éste solicitó ampliar sus declaraciones ante el Ministerio Público.
Ello debido a que el identikit del asesino elaborado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mediante la descripción de los testigos, no coincide con el supuesto autor de este crimen, cuyas pistas ayudaron a descubrir una red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presidida por Santos Ramírez.
El fiscal de Homicidios, Luis Mamani, informó: “Vamos a llamar a un reconocimiento de personas, mediante el desfile identificativo donde se presentarán todos los implicados en este caso el día jueves en dos turnos, a las 09.00 y a las 14.00. El objetivo es que los testigos de este caso y los imputados confirmen si todos participaron”.
El 29 de enero, la Policía presentó a Rufino Rodríguez Coca y Franz Rodríguez Caero como autores de ese hecho de sangre. Luego, ambos dijeron que efectivos policiales los habían presionado con torturas para incriminarse, al señalar que incluso les obligaron a firmar papeles en blanco que luego, supuestamente, fueron utilizados para documentar declaraciones, según ellos falsas, ante el Ministerio Público.
La ampliación del testimonio de Rodríguez Coca, alias el “Rufo”, tendrá lugar esta mañana, entre los dos desfiles identificatorios que se realizarán en la División de Delitos Contra la Propiedad de la FELCC, en tanto que la ampliación del testimonio debe llevarse a cabo en el edificio del Ministerio Público.
Pistas
Una mano herida permitió a dos efectivos de Umopar detener al garzón de El Caballito.
Lucio Lazo tenía $us 132.800 en su poder, parte del botín del 27 de enero, según la Fiscalía.
Hasta ahora se han recuperado 220.800 dólares de los arrebatados a Jorge O’Connor D’Arlach.
Las autoridades todavía no encuentran 229.200 dólares robados en la avenida Tejada Sorzano.
Miguel O’Connor reveló al fiscales que su hermano iba a entregar el dinero a Navia y Aramayo.
El Ministerio Público tiene lista una imputación por cohecho activo contra el empresario.
Rastros
Umopar detuvo a Lucio Lazo en el retén de Urujara, en el camino a la región yungueña.
En principio sospecharon que se trataba de un narcotraficante y fue llevado a la FELCN.
El aprehendido trabaja y vive en el edificio donde funciona el local nocturno El Caballito .
El garzón es casado y tiene un hijo de seis meses. Su esposa habló ayer con los Córdoba.
El abogado defensor del joven detenido es Víctor del Villar. Su representado guardó silencio.
El arrestado pretendía llevar esa cantidad en efectivo a Palos Blancos, de donde es oriundo.
Fiscalía apela a testigos para confirmar si «los Rufos» mataron a Jorge O’Connor
La Paz/ANF.- La Fiscalía realizará, este jueves, un «desfile identificativo» de los implicados en el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga y el robo de los 450.000 dólares establecer si Rufino Rodríguez Coca fue quien disparó contra la víctima.
Toda vez que el identikit del asesino elaborado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mediante la descripción de los testigos, no coincide con el supuesto autor de este crimen, hecho de sangre que permitió descubrir una millonaria red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encabezado por Santos Ramírez.
«Vamos a llamar a un reconocimiento de personas, mediante el desfile identificativo donde se presentarán todos los implicados en este caso el día jueves en dos turnos a las 09.00 y a las 14.00 horas. El objetivo es que los testigos de este caso y los imputados confirmen si todos participaron», dijo Luis Mamani, uno de los fiscales asignados a este bullado caso.
El 29 de enero pasado, la Policía presentó a Rufino Rodríguez y Franz Rodríguez Caero como autores de ese hecho de sangre. Luego, ambos dijeron que efectivos policiales los presionaron con torturas para incriminarse, al señalar que incluso les obligaron a firmar papeles en blanco, que luego habrían sido utilizados para documentar declaraciones, según ellos falsas, ante el Ministerio Público.
No obstante, Rodríguez Coca dijo que la madrugada del 29 de enero más de una decena de policías irrumpieron en su domicilio en Cochabamba cuando se encontraba durmiendo con su familia, a la cual maltrataron antes de trasladarlos a las instalaciones de la FELCC de esa ciudad.
«En ese lugar me golpearon y me dijeron que me culpe por el asesinato y que diga que los Córdova me habían contratado», relató el imputado a los medios de prensa tras su detención en la sede de gobierno, al asegurar que una vez que llegó a dependencias de la FELCC en La Paz, la Policía lo obligó a firmar cerca de 20 papeles en blanco para inculparse.
Por su parte, Franz Rodríguez Caero, quien conversó ayer con La Razón, según él, al menos cinco sujetos llegaron a su domicilio la noche del miércoles 28 de enero.
«Yo estaba hablando por celular en el patio y me han subido a un auto, me pusieron un pasamontañas al revés. Me llevaron a la Policía y ahí me torturaron, me pegaron y luego me ahogaron con agua, sólo inhalaba agua. Cuando te torturan de esa forma, no te queda más que decir que sí, por desesperación», afirmó.