La wiphala flameó como el nuevo símbolo nacional.
Leyes aprobadas con la vieja CPE aún seguirán vigentes.
En el acto de promulgación de la nueva Carta Magna, realizado en El Alto, convocó a sus opositores a ser partícipes de la implementación del texto constitucional y de un proceso de reconciliación. No obstante, los acusó de divisionistas.
• LUEGO DE LA FIRMA • El Presidente sostiene la CPE que promulgó ayer ante miles de bolivianos.
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LA RAZÓN
En medio de una multitudinaria concentración de sectores sociales del oficialismo, el presidente Evo Morales Ayma promulgó y puso en vigencia ayer la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, proclamó el “socialismo comunitario” y llamó a la “reconciliación”, aunque contradictoriamente atacó a la oposición política y regional.
Desde un palco instalado en la avenida 6 de Marzo de El Alto, Morales pronunció un discurso en el que hizo una rememoración del papel histórico de los héroes indígenas y de la independencia, entre ellos Túpac Katari y Simón Bolívar. Sobre este último dijo: “Aquí estamos sus hijos para garantizar la segunda independencia, la verdadera liberación”.
Miles de personas se reunieron desde muy temprano para ser testigos de la promulgación del texto constitucional, que 13 días antes fue aprobado en un referéndum con el 64,43 por ciento de respaldo ciudadano. En ese acto también se estableció que el latifundio no sobrepase las 5.000 hectáreas de tierra.
Con la promulgación de la CPE nace el “socialismo comunitario”, dijo Morales y añadió que en el pacto social “está el gran sentimiento del pueblo boliviano, la lucha permanente contra el colonialismo, contra el neoliberalismo y, fundamentalmente, contra el imperialismo”.
El primer artículo del texto constitucional describe al Estado como “multiétnico y pluricultural”, mientras en el segundo parágrafo de este artículo se afirma que el país es “un Estado Social y Democrático de Derecho”.
La Constitución tiene 411 artículos; 177 más de la que quedó derogada ayer. Morales, en su discurso que se extendió por cerca de una hora, destacó los pilares del pacto social que se asientan en el fortalecimiento del Estado y un fuerte componente indígena por el espacio que se les da en la estructura de poder.
“Juntos estamos aquí para nacionalizar los hidrocarburos para toda la vida”, arengó y también destacó que, a partir de ayer, los servicios básicos como el agua son un derecho ciudadano. Además garantizó la propiedad privada y acusó a los “vendepatrias, neoliberales” de sembrar dudas infundadas en la población.
El texto constitucional fue redactado por el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Constituyente. La oposición abandonó el foro por los conflictos derivados por la capitalidad y las autonomías. En Sucre se produjeron tres muertos y decenas de heridos durante su redacción.
La situación obligó a trasladar las sesiones a Oruro, donde en diciembre del 2007 fue aprobada. Morales, en su alocución, acusó a la oposición de intentar “permanentemente liquidar, eliminar a la Asamblea Constituyente” y destacó la labor de sus asambleístas, quienes aseguró fueron “escupidos, pateados, humillados”. Concluido el trabajo de los constituyentes se intentó espacios de diálogo con los prefectos opositores de Santa Cruz, Rubén Costas; Pando, Leopoldo Fernández (hoy suspendido); Tarija, Mario Cossío, y de Beni, Ernesto Suárez, y en octubre se perfiló un acuerdo en el Congreso.
Fue entonces que se concluyó el proceso con la modificación de más de 100 artículos. El Mandatario aseguró que las autonomías departamentales están garantizadas. “Dijeron autonomías, ahí tienen autonomía, dijeron capitalía, ahí tienen las capitalías correspondientes”.
No obstante, acusó a los cuatro prefectos y cívicos de las regiones citadas de pretender “dividir Bolivia”. “Un comandante de las Fuerzas Armadas me decía: dígannos con qué dirigentes sindicales debemos coordinar para defender la unidad de la patria cuando so pretexto de autonomía algunos grupos querían dividir Bolivia… querían descuartizar a Bolivia, como cuatro caballos descuartizaron a Túpac Katari”, afirmó Morales.
Además de las autonomías departamentales, que tienen facultades legislativas, se definió los niveles autónomos regionales, indígenas y municipales.
Flanqueado por el vicepresidente Álvaro García, su gabinete y los comandantes de las Fuerzas Armadas, José Luis Cabas, y de la Policía, Miguel Gemio, el Jefe de Estado hizo referencia a la expulsión del embajador de EEUU, Philip Goldberg, por supuesta intromisión política en el país.
“Sólo la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestras fuerzas sociales permitió identificar, resistir y derrotar a los agentes externos, derrotar al imperialismo norteamericano… en esta nueva Constitución Política del Estado se garantiza esa lucha histórica”.
Antes de la promulgación de la CPE, efectuada al mediodía, García entregó la Ley de Leyes a Morales en la Vicepresidencia de la República y en su mensaje expresó que “vale la pena defender (la Constitución), luchar por ella va a valer la pena, si es necesario entregar la vida para defender su vigencia y su aplicación”.
Una vez que Morales promulgó el pacto social en El Alto, el Presidente llamó a los alcaldes y prefectos, entre ellos a los de la oposición, a participar en su implementación y a sumarse a un proceso de reconciliación que, admitió, tomará su tiempo.
“De la rebelión de nuestros antepasados a la revolución democrática cultural; de la revolución democrática cultural a la refundación de Bolivia; de la refundación de Bolivia —que es mi pedido con respeto— a la reconciliación de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos, respetando la igualdad”, señaló al respecto.
Las autoridades y cívicos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca hicieron campaña en contra del texto constitucional. En los primeros cuatro departamentos ganó el No a la vigencia del pacto social, mientras que en Chuquisaca el Sí triunfó con el 51,54 por ciento.
Durante su alocución, también sostuvo que la burocracia, el nepotismo y la corrupción son problemas que aún se deben erradicar. “A ningún corrupto se perdona; sea masista o no masista. Corruptos a la cárcel; sean familiares o no familiares. Corruptos a la cárcel”, dijo en momentos en que el ex presidente de YPFB y alto dirigente masista, Santos Ramírez, es investigado por corrupción.
Al acto asistieron el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Insulza valoró lo hecho en Bolivia y confió en un “futuro de paz, de fraternidad, de armonía”.
Frases
Actitud • “Tiene que cambiar Evo Morales; tiene que cambiar Álvaro García, empezando de nuestras autoridades del gabinete, del Parlamento, y en qué consiste ese cambiar: dejar de ser egoístas, dejar de ser individualistas, dejar de ser ambiciosos, dejar de ser sectaristas, regionalistas, primero la patria”.
Transición • “De la rebelión de nuestros antepasados a la revolución democrática y cultural; de la revolución democrática cultural a la refundación de Bolivia; de la refundación, que es mi pedido con respeto, a la reconciliación de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos”.
Acusaciones • “Intentaron permanentemente liquidar, eliminar a la Asamblea Constituyente con falsos pretextos. Dijeron autonomía, ahí tienen autonomía; dijeron capitalía, ahí tienen las capitalías correspondientes. Dijeron dos tercios, el 10 de agosto del año pasado, más de dos tercios del pueblo boliviano apoya esta revolución democrática”.
Derrota • “Sólo la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestras fuerzas sociales ha permitido identificar, resistir y derrotar a los agentes externos, derrotar al imperialismo norteamericano. Gracias a los movimiento sociales, en esta nueva Constitución se garantiza esa lucha histórica de nuestros antepasados y de nosotros”.
Historia • “Las Fuerzas Armadas, desde el momento que llegamos al Palacio, ya pasaron a la historia; a la buena historia, a la nueva página de defender a la patria y servir al pueblo boliviano, junto a los movimientos sociales. Un comandante de las FFAA me decía con qué dirigentes sindicales debemos coordinar para defender la unidad de la patria, cuando so pretexto de autonomía algunos grupos querían dividir Bolivia”.
Unidad • “Algunos grupos permanentemente intentaron sacarme de Palacio, algunos grupos permanentemente intentaron matarme; ahora puedo decirles ‘pueden sacarme de Palacio, pueden matarme’, misión cumplida con la refundación de una Bolivia unida. Mientras tenga vida…trabajaremos por la unidad”.
Evo toma juramento de la CPE
COMPROMISO • Los asistentes juraron respetarla y hacerla respetar.
• Acto • El Presidente levanta el puño izquierdo para jurar.
Después de su discurso, el mandatario Evo Morales tomó juramento de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) a los miles de bolivianos concentrados ayer en la Av. 6 de Marzo de la ciudad de El Alto.
Cuando el reloj marcaba las 12.56, Morales pidió a las miles de personas hacer la señal de acuerdo a su creencia, y preguntó: “A nombre de los próceres de la liberación, de los héroes de los antepasados que dieron la vida por la vida de los demás, del pueblo boliviano, ¿juran respetar y hacer respetar la nueva Constitución Política del Estado boliviano?”. Tras dos segundos de silencio, se escuchó al unísono: “Sí, juro”. En forma inmediata, Morales respondió: “Si así lo hicieran, nuestros próceres, nuestros héroes de la resistencia del Estado colonial os premien, caso contrario os castiguen. Han jurado para defender la nueva Constitución Política del Estado”.
Minutos previos al juramento, el Primer Mandatario firmó la nueva Carta Magna. Después, junto al vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades de Gobierno, levantaron el puño izquierdo y la mano derecha la pusieron en el pecho. Así tomaron el juramento de la CPE.
Poco después, los ministros, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, movimientos sociales y ciudadanos de a pie, que se apostaron en la Av. 6 de Marzo, aplaudieron por 30 segundos. El acto finalizó con una parada militar.
La wiphala flameó como el nuevo símbolo nacional
CPE • El Art. 6 también incorpora a la flor del patujú como uno de los emblemas de Bolivia.
En la jornada de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, los sectores sociales e integrantes de los 36 pueblos indígena originarios marcharon ayer con la wiphala y la tricolor, los símbolos oficiales de Bolivia.
La nueva Constitución incorpora a la wiphala y a la flor de patujú como los nuevos símbolos nacionales. El artículo 36 de la decimosexta Carta Magna, segundo parágrafo, señala: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”. La wiphala —que representa, por sus siete colores, a los pueblos indígenas y originarios en varios países andinos (Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile principalmente)— fue propuesta por dirigentes aymaras y quechuas, además de sectores sociales para que sea reconocida como símbolo nacional.
En cambio la flor del patujú —que tiene los colores de la tricolor: el rojo, amarillo y verde— es oriunda del oriente; su reconocimiento, como otro símbolo de Bolivia, fue solicitado por los pobladores de los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.
Leyes aprobadas con la vieja CPE aún seguirán vigentes
Las normas actuales dejarán de funcionar cuando sean reemplazadas o modificadas
Pacto: el Vicepresidente (centro) acompañado por legisladores oficialistas y opositores, y veedores del diálogo, el 21 de octubre en el Congreso
LA PRENSA
El tan temido vacío legal luego de la promulgación de la nueva Carta Magna es sólo un fantasma, confirmaron, por separado, abogados constitucionalistas, autoridades del Gobierno y un parlamentario oficialista, miembro de la Comisión de Constitución del Senado.
Aunque la nueva Constitución Política del Estado (CPE) está en vigencia, las leyes que se aprobaron con la antigua Carta Magna no serán derogadas sino que estarán vigentes hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional efectúe reformas o las reemplace con otras normas, coincidieron, por separado, constitucionalistas y miembros del oficialismo.
En ese contexto, los magistrados y ministros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura seguirán administrando justicia de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Código Tributario, Código Minero, la Ley del Medio Ambiente y otras más de mil leyes que fueron creadas con la Ley Fundamental que fue aprobada en 1967 y reformada en tres oportunidades.
Los procesos legales que están en curso y los que se inicien serán juzgados con las leyes actuales hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (el nuevo Congreso Nacional) elabore, sancione y apruebe la Ley del Órgano Judicial Plurinacional y genere nuevas leyes para reemplazar a las actuales. Lo mismo sucede con los decretos supremos, aunque éstos podrán ser reemplazados por otros que pueden ser dictados por el Presidente.
La disposición abrogatoria de la nueva CPE señala textualmente: “Queda abrogada la Constitución Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores”. Sin embargo, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, admitió que las normas elaboradas al amparo de la Carta Magna antigua estarán vigentes durante la primera etapa de transición, que está comprendida entre la promulgación de la nueva CPE y las elecciones generales del domingo 6 de diciembre de 2009, cuando se elijan al Presidente, Vicepresidente y a la Asamblea Legislativa.
Habrá una segunda fase que será más larga porque el Legislativo no generará leyes de inmediato, sino de forma gradual, mientras tanto las normas que no sean reemplazadas permanecerán vigentes.
El abogado constitucionalista y ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán explicó que la nueva CPE no puede valerse por sí sola porque de lo contrario habrá un “trauma jurídico”, pues los procesos penales o civiles quedarían paralizados. El experto valoró la decisión del Órgano Ejecutivo de recurrir a la anterior legislación hasta que el Estado se dote de nuevas normas.
Durán aclaró que los códigos promulgados hasta ahora no van contra la ley de leyes, sino que reglamentan los mandatos generales de la nueva Constitución. El constitucionalista Íver Pereira manifestó, por su parte, su preocupación e incertidumbre respecto del futuro de las leyes que han sido reguladas por el Tribunal Constitucional en el marco de la antigua Carta Magna.
El jurista se pregunta, por ejemplo, qué pasará con las sentencias o fallos de los juzgados, sobre todo si van contra algún principio de la nueva CPE, ¿tendrán o no valor legal?, ¿quién regulará? Agrega, además, que el país precisa de un Tribunal Constitucional para que vigile la aplicación de la nueva Carta Magna.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Rojas, quien forma parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, afirmó que las normas vigentes tampoco podrán ser modificadas por el actual Congreso a menos que existan acuerdos políticos que faciliten las adaptaciones de estas leyes a la nueva CPE.
El partido oficialista tiene previsto posponer las reformas o la renovación de todo el cuerpo legal que rige en Bolivia hasta la instalación de la Asamblea Legislativa, que según la nueva Constitución debe sancionar en un plazo máximo de nueve meses después de su implementación la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley del Régimen Electoral, Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
El ministro de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Romero, indicó que las acciones legales reconocidas por la nueva Constitución, como la acción de libertad, el amparo constitucional, protección de privacidad y la acción popular, entrarán en vigencia y tendrán que ser resueltas por las autoridades judiciales.
Según el senador Rojas, la Corte Suprema de Justicia se mantendrá vigente y con el mismo denominativo hasta que se elija el Tribunal Supremo de Justicia Plurinacional que estará constituido por 12 magistrados y se organizará internamente en salas especializadas mediante una ley aprobada por el Legislativo.
El Tribunal Constitucional seguirá trabajando con una sola magistrada suplente, Silvia Salame. Esa entidad pasará a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este organismo, según el artículo 169 de la nueva Carta Magna, velará por la supremacía de la Constitución, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de derechos y las garantías constitucionales.
De igual forma sucederá en el Consejo de la Judicatura que pasará a llamarse Consejo de la Magistratura, que será el responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de otras jurisdicciones como la indígena.
Lo propio pasará con la Fiscalía General de la República que hasta que se cree la procuraduría seguirá defendiendo los intereses de la sociedad y del Estado.
12 normas serán ajustadas por la Asamblea
Una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional (que será elegida el 6 de diciembre de 2009) sancione la Ley del Órgano Judicial se llevarán a cabo modificaciones a por lo menos 12 normas, según adelantó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Rojas.
El parlamentario explicó que en la actual legislatura no se pueden implementar reformas, aunque sean necesarias, porque tendría que hacerse un pacto político con la oposición, “pero como tenemos opositores poco democráticos es casi imposible”.
Entre las normas más importantes que son las “leyes matrices” para poner en marcha el nuevo Estado están el Código de Procedimiento Penal, en el que se deben incorporar los delitos referidos a la traición a la patria y los contratos lesivos al Estado, y la investigación de fortunas. También, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Administración Judicial, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante la cual se reglamentará la extensión de la tierra y las características de la función económica y social, entre otros puntos.
Otras normas que serán modificadas son el Código de Comercio que hasta ahora no reconocía la economía cooperativizada; la Ley General del Trabajo y el Código de Familia, en el que se deberá sumar el reconocimiento de paternidad vía estudio gratuito de ADN. Otras son las del Consejo de la Judicatura, el Régimen Electoral, la Ley de Descentralización Administrativa, del Tribunal Constitucional y la Ley del Ministerio Público que sufrirá variantes porque se le disminuyen atribuciones que son asumidas por la Procuraduría de la República.
En el Código Niño, Niña y Adolescente se deben incorporar los nuevos derechos reconocidos en la nueva CPE. La Ley de Aduanas también será modificada.
Juicios de responsabilidades acabarán con antigua norma
El ex magistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera aseguró que los juicios de responsabilidades contra ex importantes dignatarios del Estado que continúan en curso en la Corte Suprema de Justicia deben concluir con la aplicación de la antigua Constitución Política del Estado (CPE).
Solamente los delitos que se cometan a partir de la promulgación de la nueva Carta Magna deben ser juzgados mediante las nuevas reglas.
Las declaraciones surgen después de que el abogado Alberto Morales, defensor del ex ministro de Desarrollo Económico de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Torres Obleas, imputado por la “masacre en octubre de 2003”, en la que murieron 60 personas, asegurara que una vez que sea promulgada la nueva ley de leyes habrá un vacío jurídico en la tramitación de los juicios de responsabilidades.
Según el abogado, la nueva Ley Fundamental le quita competencias a la Corte Suprema y a la Fiscalía, por lo que los procesos en trámite pasarán a instancias ordinarias.
Al respecto, el fiscal de Recursos Milton Mendoza calificó la interpretación de “muy apresurada” y afirmó que Morales sólo busca seguir dilatando los juicios para lograr su extinción.
Contrariamente, el ex magistrado Rivera considera que si bien la nueva Constitución entra en vigencia una vez que fue promulgada, el proceso de implementación pasará por un periodo de transición que debe garantizar la seguridad jurídica de los bolivianos.
La nueva ley del Órgano Judicial deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional una vez que sea instalada después de que sus miembros sean elegidos en las elecciones generales previstas para el 6 de diciembre de este año.
Rivera explicó que todos los procesos judiciales iniciados en vigencia plena de la Carta Magna de 1967 y sus reformas deben concluir en su tramitación con la aplicación de la normativa prevista en esa norma pasada.
“Desde el día que entra en vigencia la Constitución, para adelante quienes cometan delitos serán juzgados en el marco de la normativa prevista en la nueva Constitución”.
Sin embargo, lamentó que el régimen transitorio de la nueva CPE no haya sido estructurado y redactado de forma adecuada en el proyecto aprobado en Oruro y peor en la aprobación por consenso en el Congreso Nacional, que “en vez de corregir las falencias terminaron de complicarlo mucho más”.
Dijo que será un camino largo porque el punto sexto de la parte transitoria de la nueva CPE y los ajustes a este órgano del Estado seguirán luego de 2010 con las nuevas normas judiciales.
Apuntes
Los códigos Civil, Penal y otras leyes seguirán tal como están y no serán modificados.
Por lo menos este año no podrán ser ajustados por el Congreso Nacional.
La nueva Constitución indica que la Asamblea Legislativa dictará las nuevas leyes.
En tanto, los procesos penales y civiles se desarrollarán con las normas vigentes.
La nueva Asamblea Legislativa Plurinacional será elegida en diciembre de 2009.
La producción de normas comenzará tras un año del funcionamiento del Legislativo.
No hay vacíos jurídicos
La Constitución antigua no está abrogada del todo como señala el nuevo texto de CPE.
Las leyes que fueron aprobadas bajo esa legislación continuarán vigentes.
Los delitos serán juzgados con normas como el Código Penal, Código Civil y otros.
El partido oficialista tiene prevista la renovación de leyes tras la elección de la Asamblea Legislativa.
Los miembros del Órgano Judicial serán elegidos por votación previa selección.