Ramírez ordenó la apertura de una carta de crédito irreversible de $us 35 millones para Gulsby.
El Commerzbank alemán tiene el dinero que YPFB dio a Gulsby.
Investigación. La planilla de diciembre de 2008 de SIPSA muestra que sus gerentes tenían sueldos superiores a 22.000 bolivianos. Gulsby ya cobró $us 13,2 millones de una filial estadounidense del Commerzbank alemán y el saldo de $us 21,8 millones sólo puede ser recuperado con su consentimiento. Morales habla de “agentes externos” infiltrados en la red de corrupción de YPFB.
Prueba: en la imagen se observan las planillas de la empresa creada por el ex Presidente de YPFB y los documentos notariados de constitución
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La Prensa
La firma creada por Santos Ramírez es investigada por el Ministerio de Transparencia
Los gerentes de SIPSA ganaban más que el presidente Morales
El salario de Rogelio Ashmine, ex gerente general de la firma, era de 23.500 bolivianos al mes.
YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), formada por Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pagaba salarios por encima de los 22.000 bolivianos, o sea, sus ejecutivos ganaban más que los 15.000 bolivianos que percibe el presidente Evo Morales.
Así revela la planilla de sueldos y salarios del personal permanente elaborada para diciembre del año pasado y que maneja el Comité Cívico de Camiri.
En enero de 2006, mediante el Decreto 28610, el Gobierno dispuso que ningún funcionario público puede ganar más que el Primer Mandatario de la nación.
El actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, denunció el jueves que en SIPSA se encontraron graves anomalías en su constitución, manejo financiero y pasivos, por lo que se solicitó una auditoría al Ministerio de Transparencia.
La autoridad dijo que esta firma contrató a 140 funcionarios sin certificación presupuestaria ni contratos. Y ahora se investiga si la elevada planilla se cubría con recursos fiscales de YPFB.
El funcionario con mayor ingreso mensual era Rogelio Ashmine, quien ejerció como Gerente General desde septiembre de 2008 hasta enero de 2009. Él ganaba 23.500 bolivianos mensuales. Fue destituido de YPFB por Villegas el 31 de enero.
En segundo lugar se ubica el gerente de Operaciones, Alfonso Arias Anaya, con un haber básico de 22.500 bolivianos.
El mismo monto fue asignado como sueldo al jefe de Operaciones, Reynaldo Vargas Quiroga, quien, sin embargo, solamente cobró 12.000 bolivianos por 16 días trabajados.
En las planillas figuran 62 trabajadores contratados, entre ellos el Gerente Administrativo Financiero con un salario de 13.500 bolivianos, un Jefe de Recursos Humanos y otro de Compras y Contrataciones, ambos con salarios de 11.500 bolivianos.
También se seleccionaron a tres superintendentes, dos de Mantenimiento, contratados el 1 de noviembre, quienes ganaban 9.228 bolivianos, cada uno. El tercero es de Operaciones, con un haber básico que llega a 18.000 bolivianos, y fue reclutado a mediados de diciembre.
Al iniciar su mandato, Morales aplicó la disminución de salarios a todo el personal ejecutivo del sector público bajo el criterio de austeridad en los gastos.
No obstante, en noviembre de 2008 reconsideró esta posición tomando en cuenta la necesidad de técnicos especializados en el sector de hidrocarburos. Entonces, el Ejecutivo decidió incluir en el Presupuesto General de la Nación para este año la autorización de salarios por montos mayores a los del Presidente en YPFB, Entel, Boliviana de Aviación y otras empresas.
Sin embargo, la planilla de SIPSA es anterior a la aplicación de esta modificación. Sus ejecutivos se asignaron los sueldos bajo el criterio de que la firma es privada y no depende de la estatal petrolera.
Hugo de la Fuente, ex superintendente de Hidrocarburos, dijo que YPFB creó una empresa privada para que eluda los controles de la Contraloría y la fiscalización de la Ley Safco. Mientras, el analista Hugo del Granado añadió que de esta manera se evitó el seguimiento del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa.
A través de este sistema, el Ministerio de Hacienda tiene control sobre los ingresos y egresos de las entidades públicas y los rubros a donde se dirigen sus gastos.
SIPSA es un firma privada dedicada a otorgar servicios a YPFB para la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) y la perforación de pozos petroleros, como el 34D en el campo Víbora, ubicado en Santa Cruz; construcción de plantas, tendido e instalación de poliductos y plantas de almacenamiento, entre otros.
Fue formada el 4 de septiembre del año pasado por Santos Ramírez, quien el viernes fue trasladado a la cárcel de San Pedro de La Paz, acusado por cinco delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo. Todo esto luego de conocerse irregularidades en la firma del contrato para la construcción de una planta de separación de licuables (GLP y gasolina natural) en el campo Río Grande, ubicado en la provincia cruceña de Cordillera, entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice.
Además, SIPSA es una sociedad anónima compuesta por tres accionistas: YPFB, representado por Ramírez, Lucy Barbery y Nilda Domínguez Rodríguez; y dos personas particulares propietarias de la empresa Full Industry, que fue comprada por el Estado para formar YPFB-SIPSA.
A pesar de que la constitución data de septiembre de 2008, hasta la fecha no inició la perforación de un solo campo. La empresa hoy se promociona como una sociedad joint venture con Petróleos de Venezuela S.A.
Documentos de las reuniones efectuadas en noviembre entre representantes de YPFB y la petrolera venezolana develan que existía una preocupación de los delegados extranjeros por el retraso de la puesta en funcionamiento del taladro chino vendido a Bolivia que llegó el 31 de julio a La Paz y fue trasladado hasta el campo Víbora para iniciar sus operaciones.
Planilla cuesta Bs 5,9 millones
El gasto anual en salarios de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) iba a tener un costo de 5.979.552 bolivianos, de acuerdo con los documentos que se refieren a la estructura de remuneraciones de la empresa engarrafadora.
Sólo en el mes de diciembre de 2008, la planilla de 65 trabajadores a la que accedió La Prensa revela una erogación de 498.296 bolivianos, que multiplicados por 12 meses se aproximan a seis millones de bolivianos. Y la suma puede inflarse más si se toma en cuenta que el actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, dijo el jueves que SIPSA contrató a 140 funcionarios.
Una ex autoridad que solicitó reserva en su nombre informó a este medio que dicha planilla no guarda relación con el capital pagado de la empresa, que asciende a 1,1 millones de bolivianos. Esto porque pagar en cada gestión casi seis millones de bolivianos la obligaría a generar ingresos superiores por la actividad a la que se dedica.
Además, el capital con el que se forma la compañía le da la capacidad para hacer las tareas de perforación de pozos petroleros y gasíferos, construcción de plantas e instalación de poliductos.
Antecedentes
Documentos notariales de la compañía de servicios dan cuenta de que se constituyó el 4 de septiembre del año pasado cuando la firma Full Industry S.A cambia de denominación a SIPSA.
Esto, atendiendo a que el 25 de agosto de ese año, Santos Ramírez, a nombre de YPFB, compra las acciones de esta firma y se convierte en socio mayoritario con 218 acciones; Lucy Barbery (ex presidenta del directorio y apoderada de la sociedad Full Industry) y Nilda Domínguez poseen una acción cada una en la compañía.
Como antecedente se tiene que Full Industry, fabricante de garrafas, fue autorizada mediante Resolución Administrativa SSDH Nº 0666/2002 del 19 de diciembre de 2002, la que fue hecha por la Superintendencia de Hidrocarburos para que realice la recalificación de los balones de GLP en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
Pero como elemento más reciente se tiene que la firma se hizo cargo de la perforación del campo Víbora, contratada para que le preste el servicio a YPFB-Andina.
También se conoció que la estatal petrolera le iba a dar un contrato a la empresa por 1,8 millones de dólares, para que realice la recalificación de garrafas de gas.
Planilla de pagos de diciembre de 2008
Nombres Ocupación Fecha de ingreso Haber básico
Rogelio Ashmine Gerente General Octubre-2008 23.500
Alfonso Arias Anaya Gerente de Operaciones Octubre-2008 22.500
Rolando Aguado Quiroz Gerente Administrativo Financiero Septiembre-2008 13.500
Reynaldo Vargas Quiroga Jefe de Operaciones Diciembre-2008 22.500
Abraham Arandia Jefe de Recursos Humanos Septiembre-2008 11.500
Bergman Vargas Zabala Jefe de Compras y Contrataciones Septiembre-2008 11.500
Hugo Soliz Mirabal Superintendente de Operaciones Diciembre-2008 18.000
Rodolfo Gutiérrez Gallardo Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
Isidro Martínez B. Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
Jaime Guizada Llanos Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
José Medina Flores Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
Emilio Torrico Salvatierra Perforador Diciembre-2008 12.162
Cresencio Barrancos Rojas Perforador Diciembre-2008 12.162
Ahmed Mendieta Romero Perforador Diciembre-2008 12.162
Más datos
La compañía SIPSA nació el 4 de septiembre de 2008 para prestarle servicios a YPFB.
Full Industry, una recalificadora de garrafas decidió venderle a Ramírez su paquete accionario
Hasta la fecha, su ex propietaria, Lucy Barbery, dice que no se le pagó por la transferencia.
El Commerzbank alemán tiene el dinero que YPFB dio a Gulsby
El ex Presidente de YPFB autorizó abrir una carta de crédito irreversible
Transparencia: la ministra Nardi Suxo se apresta a hacer revelaciones sobre la supuesta corrupción en YPFB
Gulsby cobró $us 13,2 millones y el saldo que mantiene en la carta de crédito es de $us 21,87 millones.
El destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez autorizó abrir una carta de crédito irreversible por 35,07 millones de dólares a favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems mediante el Commerzbank, establecimiento bancario alemán que tiene subsidiarias en el país del norte.
Esta suma fue desembolsada por el Banco Unión, depositario de un fideicomiso de 45 millones de dólares depositado el 2 de septiembre del año pasado por el Ministerio de Hacienda.
De esa suma, hasta el momento la empresa beneficiaria cobró 5,3 millones de dólares para elaborar los planos de procesos y tuberías con un sistema especial de simulación para la planta separadora de líquidos de Río Grande; 2,7 millones de dólares para el diseño y especificaciones de la planta rodante y 5,2 millones de dólares por anticipo del 40 por ciento de la fabricación de recompresores.
En total, la firma de Estados Unidos recibió 13,2 millones de los 35,07 millones de dólares.
En consecuencia, el saldo que queda en la carta de crédito asciende a 21,87 millones de dólares, que el Estado no podrá recuperar si no se logra un acuerdo con el Commerzbank y Gulsby.
Un equipo de técnicos bolivianos viajó a Estados Unidos para verificar si efectivamente esa empresa establecida en Houston, Texas, cumplió las labores que aseguró hacer a tiempo de llevar adelante los retiros de fondos del fideicomiso.
Hace algunos días circuló la versión de que Ramírez había transferido recursos a una cuenta de su propiedad abierta en un banco alemán.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, explicó que, al menos en este caso, se hizo una transferencia “institucional” de dinero, pues el depósito efectuado en el Commerzbank se encuentra bajo la forma de carta de crédito cuyo beneficiario es Gulsby.
El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, lamentó que las anteriores autoridades de YPFB hubieran autorizado la concesión de la carta de crédito irreversible directamente a favor de una subcontratista y no de la Sociedad Accidental Catler-Uniservice, que firmó el acuerdo con la estatal petrolera nacionalizada.
Los agentes del Ministerio Público temen que no se pueda recuperar ese fondo depositado en el banco extranjero.
Pedido de información
El Ministerio de Transparencia Institucional solicitó a la Corte Nacional Electoral (CNE) un informe acerca de una eventual relación familiar entre Ramírez y los hermanos Córdoba Santiváñez, actualmente recluidos en el penal de San Pedro, bajo acusación de ser los autores intelectuales del atraco y muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, el martes 27 de enero.
Se espera recibir el reporte correspondiente, procedente del Registro Civil, en el curso de la próxima semana.
Una fuente de esa cartera gubernamental dio cuenta de que el pedido se extiende a todos los involucrados y protagonistas en el hecho, pues en muchos casos hay similitudes de apellidos.
Instrumento de pago
La carta de crédito o crédito documentario es un instrumento de pago independiente del contrato que dio origen a la relación entre las partes negociantes, es decir, el comúnmente llamado “contrato de compra-venta internacional”.
En relación con los demás instrumentos de pago que son normalmente usados en el curso de las operaciones de comercio internacional, como las cobranzas, órdenes de pago, transferencias, etcétera, los créditos documentarios dan mayor seguridad sobre el riesgo de cobro.
La carta de crédito se considera “irrevocable” cuando el compromiso emitido y aceptado por las partes no puede ser modificado sin el consentimiento de todas las partes involucradas (ordenante, bancos, beneficiario) que, en este caso, son Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los bancos Unión y Commerzbank y la empresa estadounidense Gulsby.
En consecuencia, no podrá revertirse el saldo sin acuerdo de esas cuatro partes.
También es posible emitir un crédito documentario nominado como “revocable”, en cuyo caso podrá modificarse siempre que no haya sido utilizado, quedando firmes las obligaciones adquiridas o en curso de ejecución.
Cuentas normales
Las cuentas bancarias de Santos Ramírez y su todavía esposa Jiovana Cristina Navia Doria Medina no presentan “movimientos sospechosos”, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Todos los funcionarios cobran sus haberes a través de cuentas bancarias que son abiertas a su nombre por la entidad que los contrata.
Hasta el momento de su destitución, Ramírez cobraba su sueldo como presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que el Tesoro General de la Nación (TGN) depositaba en esa entidad bancaria.
En su condición de diputada suplente, Jiovana Navia percibía sus dietas en su cuenta personal. La UIF asegura que ambos no efectuaron movimientos inesperados de depósitos o retiros y se mantienen con los niveles normales que corresponden a sus ingresos con los retiros hechos para atender sus necesidades.
A tiempo de conocerse la demanda de divorcio, Jiovana Navia sostuvo que su patrimonio asciende a 108.000 bolivianos, producto de la división de bienes gananciales que se realizó en su primer matrimonio; en tanto que Ramírez declaró que posee 10.000 dólares.
“Agentes externos”
El presidente Evo Morales habló de una “gran infiltración de agentes externos” que configurarían la red de corrupción que se destapó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“El nuevo Presidente de YPFB (Carlos Villegas) ya despidió a cerca de 200 personas. Y tiene la instrucción directa del Presidente de que suspenda a quien sea corrupto”.
De esa manera, Morales comentó el caso en el que se vio involucrado Santos Ramírez, uno de los dirigentes con mayor influencia en el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ramírez fue recluido el viernes en la cárcel de San Pedro, de La Paz, luego de que el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal considerara que existe el riesgo para la averiguación de la verdad sobre las irregularidades cometidas en la suscripción de un contrato entre la estatal petrolera y la Sociedad Accidental Catler-Uniservice.
La contratista se adjudicó la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, por algo más de 86 millones de dólares; sin embargo, las dudas sobre la transparencia de este acuerdo saltaron cuando el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado durante el “volteo” de 450.000 dólares, que aparentemente correspondían a una coima a favor de Ramírez.
“Todos tienen que defenderse ante la justicia boliviana, tienen que transparentar sus actos porque el Gobierno nacional no perdona la corrupción (…) Si hay un corrupto del MAS es una traición al partido y al pueblo boliviano. Si hay corruptos dentro y fuera del Gobierno es una traición a la patria. No se puede robar la plata del pueblo. El compañero Santos Ramírez tiene la obligación de defenderse ante la justicia boliviana”.
Morales formuló este sábado esas aseveraciones en la base aérea de Cochabamba, desde donde emprendió viaje de visita oficial a Rusia y Francia.
El Jefe de Estado se había declarado afectado por el escándalo, especialmente porque se había manchado la imagen de la estatal petrolera, la primera nacionalización del Gobierno.