Cambio. La subordinación de las ‘Súper’ a los ministerios es criticada por ex superintendentes que creen que generará corrupción. El titular de Transportes, Wilson Villarroel, tiró la toalla
Medida. El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, anunció que mañana el gabinete analizará el incremento salarial
Especialistas critican que Bolivia quede con dos superintendencias
El Deber
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Wilson Guzmán O.
Cuatro ex superintendentes (Luis Lema y Hugo de la Fuente ex de Hidrocaburos; René Bustillos, ex de Telecomunicaciones; y Zulma Santander, ex de la ‘Súper Agraria’), además del actual superintendente de empresas, Rolando Morales, consideran que es un retroceso la decisión del Gobierno de eliminar estos entes fiscalizadores sectoriales, con la sola excepción de las ‘Súper’ de Hidrocarburos y de Bancos y Entidades Financieras.
Lema, Bustillos y Santander, por separado, coincidieron en indicar que la subordinación de las superintendencias sectoriales a los ministerios del área incrementará la burocracia y abrirá las puertas a la corrupción, ya que todo el trabajo se centralizará en el Ejecutivo.
Luis Lema destacó que la decisión del Gobierno, en los hechos, es una estatalización centralizada. “Debería mantenerse la independencia de recursos, es decir manejar su propio presupuesto, y de acción para garantizar un buen trabajo”, anotó Lema.
Por otro lado, el ex superintendente de Hidrocarburos indicó que con esta decisión gubernamental se politiza aún más el sector. “Considero que la designación de las autoridades debe seguir la ruta legalmente establecida. Es decir, se deben nombrar ternas y que el Presidente elija a los mejores”, señaló Lema.
Por su parte, Bustillos manifestó que con esta decisión, el Gobierno convertía al Estado en un creador de normas, fiscalizador, financiador y proveedor de servicios; en suma, concentra todo el poder en sus manos.
Sin embargo, el ex superintendente de Telecomunicaciones no se mostró muy confiado en que se logren resultados positivos, ya que este esquema centralista no ha dado resultados en otros países. Es más, Costa Rica está mudando de un esquema centralista a uno de libre mercado, con lo cual queda demostrado que Bolivia está yendo en contrarruta. Posibles resultados se los verá en dos o tres años.
Zulma Santander, por su parte, anotó que antes de esta decisión gubernamental la Superintendencia Agraria ya era una entidad centralizada, debido a que casi todos los trámites se los tenía que hacer en La Paz. “Por ejemplo, para la aprobación de un Plan de Ordenamiento Predial (POP), el trámite se lo presenta en Santa Cruz; aquí hacen la evaluación técnica, pero la legal es en La Paz y allá se emite la resolución observando, rechazando o aprobando el mismo”, manifestó Santander.
Las críticas a la decisión del Gobierno de hacer desaparecer las superintendencias no solamente parten de ex funcionarios, sino también del actual ‘Súper’ de Empresas, Rolando Morales, quien considera que es dar un paso atrás y que provocaría ineficiencia en la regulación.
Morales resaltó que entre las funciones de la ‘Súper’ de Empresas está el vigilar el respeto a los principios de imagen corporativa de las empresas privadas, resolver las disputas entre socios de la misma empresa, velar por la sana competencia entre firmas del mismo rubro y evitar el monopolio del mercado. Destacó que las empresas públicas también requieren de una supervisión en materia empresarial y puso como ejemplo la crisis por la que atraviesa YPFB, la cual se hubiera evitado si se hubieran aplicado los principios de gobierno corporativo.
“Estamos hablando de que los directorios funcionen de forma adecuada y de que se hagan las convocatorias de forma apropiada”, explicó Morales.
Ésta no es la única reacción negativa que hubo entre los actuales superintendentes.
El titular de Transportes, Wilson Villarroel, señaló que ante la medida dispuesta por el Ejecutivo, él prefería no continuar en la función pública y retomar sus actividades particulares, excusándose de emitir opinión sobre la medida.
A su turno, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, también criticó la medida del Gobierno por cuanto esta situación provocará que los ciudadanos queden en indefensión, teniendo en cuenta que la superintendencia tenía como función principal la de fiscalizar y regular las relaciones del Ejecutivo con la población.
Nuevos ministros darán continuidad
Los ministros de Desarrollo Social y Tierras, Julia Ramos; de Trabajo y Empleo, Calixto Chipana, y de Desarrollo y Obras Públicas, Wálter Delgadillo, por separado, manifestaron que continuarán los programas iniciados por sus antecesores.
Delgadillo manifestó que hará énfasis en el desarrollo de los planes de viviendas elaborados por el Gobierno, en el entendido que es uno de los temas urgentes que deben ser encarados en esta gestión.
A su turno, Chipana indicó que mañana se reunirá el gabinete ministerial para mejorar la propuesta de incremento salarial establecida en el decreto emitido por el Presidente. También apuntó que dará continuidad a los proyectos de su antecesor, Walter Delgadillo, sobre todo en lo que se refiere a mejorar la calidad de empleo de los bolivianos.
Sobre el particular, el secretario general de la Central Obrera Boliviana, Mario López, indicó que el nuevo ministro de Trabajo tiene la obligación de mejorar las condiciones laborales y lo propio en el tema del incremento salarial.
La nueva ministra de Tierras señaló que continuará con los proyectos de su antecesor. Se mostró partidaria del diálogo con los productores agropecuarios. Destacó que hará respetar la propiedad privada, si es que cumple con la Función Económica Social (FES).
Por otra parte, puntualizó que hará cumplir lo que establece la Ley de Reconducción Comuni taria en cuanto a las causales de reversión, con lo que dio a entender que el proceso de saneamiento no sufrirá modificación alguna. Ratificó que trabajará por la seguridad alimentaria.
Esta decisión puede generar corrupción
Hugo de la Fuente / Ex súper de Hidrocarburos
Considero que es un retroceso, porque en todo el mundo, no solamente en Bolivia, se necesita un ente regulador, que se transforme en un árbitro confiable para los inversores y los usuarios de los diferentes servicios.
No tenemos que olvidarnos que las personas que invierten en cualquier rubro y en cualquier país necesitan tener las reglas claras y que se respete lo pactado sin que se cambien las reglas al calor político; y es por eso que se requiere de un ente que vele por el cumplimiento de lo establecido.
En un país se requiere que la relación entre los administradores del Estado y los administrados se lleve en el marco de lo que establece la ley y el derecho, eso es fundamental y es lo que se pierde con la subordinación de las superintendencias a sus respectivos ministerios: no habrá posibilidad alguna de un efectivo control.
El poder corrompe y puede provocar que los inversores tengan miedo de venir a Bolivia porque les pueden cambiar las reglas de juego cuando a los políticos se les ocurra.
El problema en este tipo de Estado, que todo lo hace, es que se genera corrupción, porque se está en manos del poder político que desconoce la parte estrictamente técnica.
Esta medida también puede correr inversiones. Una de las garantías en el mundo para los inversores es que existan mecanismos de control.