Notaria y abogado van a prisión por apropiarse de bienes incautados al narcotráfico


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Santa Cruz | ANF.

La juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Inés Justiniano, envió a detención preventiva en la cárcel de Palmasola a una notaria de Fe Pública y a un abogado, ambos acusados de fraguar documentación para apropiarse de bienes incautados al narcotráfico.



La Notaria Carmen Inés Domínguez, y el abogado Carlos Octavio Gonzáles Antelo, abogado del Estudio Jurídico del mismo nombre, fueron enviados a prisión por haberse encontrado riesgo de fuga y obstaculización a la justicia en el proceso de investigación de apropiación indebida de bienes incautados mediante documentos fraguados, en beneficio de personas vinculadas a delitos de narcotráfico.

Este proceso investigativo se inició a partir del hecho que personas vinculadas al narcotráfico obtenían de la Notaria investigada, documentación que permitía la liberación de bienes, muebles e inmuebles secuestrados, incautados o confiscados al narcotráfico.

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La investigación permitió descubrir, además, que están involucradas otras personas considerados como palos blancos y abogados quienes cooperan en la transferencia y ocultación de la propiedad verdadera.

En los allanamientos realizados a la Notaria ubicada en Cotoca, se encontró cinco computadoras, sellos de Notaria, sellos de Pie de Firma, Documentos de Protocolos, Poderes, reconocimientos, máquinas de escribir y un sello a nombre de Ronald Saucedo Roca, Presidente del Consejo Municipal de Cotoca.

Asimismo, en el allanamiento realizado al Estudio Jurídico se encontraron tres computadoras, tres computadoras portátiles, fotocopia a color del Poder Judicial, fotocopias a color de cédulas de identidad adulteradas en fotos, datos e impresiones dactilares, sellos de notarias y otros equipos.

El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, cuando era Viceministerio, recibió la denuncia correspondiente y apoyó en forma coordinada a la Dirección de Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en este caso, en el que se burlaron de la justicia boliviana.