La oposición espera que no sea un show político.
Ramírez guardaría dinero en una cuenta en Alemania.
La Fiscalía anuncia un careo entre los Córdova y los Navía. Arce afirma que no puede fiscalizar el fideicomiso. El Gobierno garantizó el pago a Gulsby en lugar de Catler.
La Fiscalía detiene a Ramírez y hoy se sabrá si va a la cárcel
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Luego de cinco horas de declaración, Santos Ramírez fue aprehendido y hoy se someterá a medidas cautelares. El Gobierno señaló que es una señal de que no tapará la corrupción. La oposición espera que no sea un show político.
La Razón
Con el cuerpo erguido, el ceño fruncido y mostrando seriedad, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez llegó a la Fiscalía de Distrito de La Paz a las 14.00 de ayer para concluir su declaración. Sin hablar con los medios, ingresó a la oficina del fiscal Edward Mollinedo. Cinco horas después, el Ministerio Público anunció su aprehensión.
La decisión surgió un día antes de que el ex presidente de YPFB se presente ante la comisión multipartidaria del Senado, que también investiga el caso.
“El Ministerio Público determinó la aprehensión del señor Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que se tienen”, informó escuetamente Mollinedo a las 19.15, y pidió a los medios desalojar el lugar.
Hoy se espera que la jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, defina su detención preventiva o su libertad.
Mientras pasaban las horas, en los pasillos corría el rumor de que Ramírez iba a ser aprehendido, sin embargo ningún fiscal informaba al respecto. Fuentes de la investigación confirmaron a La Razón que la aprehensión estaba definida y sólo se tramitaba su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
• LLEGÓ CON SUS PAPELES • El ex presidente de YPFB Santos Ramírez ingresa a la Fiscalía. Se lo vio muy serio. Horas después, el grupo de investigadores determinó su aprehensión.
La actitud de Ramírez al llegar a la Fiscalía cambió más tarde. Sentado en una silla, al interior de la oficina de Mollinedo, mantuvo su cabeza agachada durante varios minutos. Afuera, un grupo de personas que en anteriores días agredió a los periodistas, esperaba su salida.
Tras el desalojo de los medios y de otras personas, el fiscal Mollinedo y los otros miembros de la comisión que investigan el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach permanecieron junto a Ramírez y sus abogados por al menos 20 minutos.
Más tarde, uno de los abogados del ex presidente de Yacimientos, Franz Avilés, afirmó que la decisión del Ministerio Público tiene un matiz político y que no existe una imputación formal.
El fiscal Edward Mollinedo, que está a cargo de la investigación sobre corrupción, afirmó días atrás que los delitos que se investigan son: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes, cohecho activo, pasivo y otros. Aclaró que todas las personas llamadas a declarar estaban en calidad de sospechosas.
El volteo de los 450 mil dólares que presuntamente eran una coima y la muerte de O’Connor destaparon el escándalo que derivó en su detención y desnudó un presunto caso de corrupción relacionado con la adjudicación para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, que involucró también a Catler Uniservice, la compañía del empresario asesinado.
Avilés dijo que la aprehensión es por seguridad “hasta presentarlo ante el juez y que éste determine si lo detendrán, aunque no lo creo porque cumple con requisitos como domicilio fijo y familia, salvo que haya presiones”.
Mientras Ramírez declaraba en la oficina de Mollinedo, en el tercer piso de la Fiscalía, sobre el mismo nivel, pero en otro despacho, prestaban su informe el testigo clave del volteo del dinero y el asesinato de O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem, y el cuñado de Ramírez, Juan Carlos Navía Doria Medina.
Mollinedo transitó al menos cinco veces de una oficina a otra. En una de ellas, llevó en las manos una computadora portátil en cuya pantalla se observó fotos.
Los fiscales César Román, Sergio Céspedes y Edwin Sarmiento también entraban y salían de ese espacio. Aproximadamente a las 18.00, los abogados de Ramírez salieron de la oficina de Mollinedo y no declararon nada a los medios de comunicación.
Poco antes del anuncio del fiscal Mollinedo, este medio reconoció a un teniente de la Policía que trabaja en Palacio de Gobierno. El mismo ingresó al despacho, donde estaba Ramírez, y salió minutos después.
Luego de la determinación de la Fiscalía, otro de los abogados de Ramírez, Albo Lacaze, aseguró que su cliente está firme en sus convicciones y que su defensa demostrará su inocencia. “Vamos a revisar la resolución de fundamentación y luego señalar si hubo o no un error procedimental o algo”, manifestó.
Lacaze conversó con un periodista de este medio y le comentó que Ramírez sería llevado a la FELCC. Sin embargo, más tarde se vio que una persona entregaba una frazada y una mochila a un policía, supuestamente para Ramírez. Un funcionario cercano a los fiscales informó que el detenido se quedaría en el Ministerio Público.
Dos vagonetas, una roja y otra blanca, salieron de la Fiscalía media hora después de la declaración de Mollinedo.
Ramírez fue aprehendido horas antes de su declaración informativa ante la comisión del Senado que investiga el caso.
Por la mañana, la esposa de Santos Ramírez, Jiovanna Navía, declaró ante los fiscales. Su abogada, Teresa Montaño, advirtió que “de ninguna manera su informe pudo influir en la decisión de aprehenderlo”.
El Gobierno, a través del ministro de Descentralización y Autonomías, Carlos Romero, señaló que aunque lamentaba la situación de Ramírez, ésta es una muestra de que el Gobierno no intervendrá en el proceso. El diputado del MAS Gustavo Torrico dijo que “es un sopapo tapabocas a todos aquellos que han ido denigrando el actuar del Gobierno y de nuestro Presidente (…) Les ha mostrado que en este Gobierno no se tapa a nadie la corrupción”, aseveró.
La oposición saludó la decisión. El senador de Podemos Wálter Guiteras y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, esperan que no sea un “show político”.
El analista Humberto Vacaflor fue más escéptico, y señaló que espera que no sea una “inmolación negociada”.
“Se determinó la aprehensión de Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que hay”
Edward Mollinedo, fiscal a cargo del caso de corrupción.
Glosario
Aprehensión • Tomar alguna cosa o persona; por ejemplo, la detención material de un presunto delincuente, según establece un diccionario jurídico.
Ramírez guardaría dinero en una cuenta en Alemania
DATO • Una fuente de la investigación dijo que Ramírez deposita el dinero de los “diezmos” en un banco boliviano, y que es enviado al exterior.
• LA ESCENA DEL CRIMEN • Uniformados llegan al lugar donde fue asesinado O’Connor el 27 de enero. Ayer, la Policía informó que se realizará la prueba de ‘luminol’ en este domicilio.
El presidente destituido de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, sería poseedor de una cuenta bancaria en Alemania, donde presuntamente guardaría el dinero de los “diezmos” que recibía de anteriores adjudicaciones y proyectos con la estatal petrolera, según afirmaron fuentes vinculadas con la investigación del caso.
De acuerdo con la versión de la fuente, el ex presidente de YPFB depositaba el dinero en un banco boliviano (este medio mantiene en reserva el nombre de la entidad bancaria) y luego se realizaría el movimiento del dinero hacia el exterior.
“Sólo con un PIN el dinero pasaba a un banco en Costa Rica y luego a Alemania, ahora no recuerdo el nombre de ese banco, pero era así, por eso es que no van a encontrar nada de dinero en esas sus cuentas personales ni en los datos de la Controlaría”, afirmó la fuente.
En una declaración jurada de bienes ante la Controlaría General de la República, que Ramírez presentó el 14 de marzo del 2008, se señala que cuenta con un patrimonio neto en contra, pues tendría más deudas que bienes.
El portal www.cgr.gov.bo, de la Controlaría, indica en el rubro total “bienes” (activos), habrían 154.000 bolivianos.
En el rubro 2, en el que se consigna total “deudas” (pasivos), declaró 256.000 bolivianos.
Mientras que su patrimonio neto (total bienes menos total deudas) es de “-102.000 bolivianos”, el total de sus rentas es de “199.500 bolivianos”.
Según la fuente de la pesquisa, Ramírez habría recibido “diezmos” de otras adjudicaciones y proyectos al margen de la que debería presuntamente recibir de la empresa Catler Uniservice la mañana del 27 de enero. “Están varias empresas, gasolineras por ejemplo, porque les alargaba los contratos, también por la compra de vehículos pesados y otros”, afirmó la fuente.
En el caso del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, y volteo de 450 mil dólares en las puertas de un domicilio de la avenida Tejada Sorzano el 27 de enero, se conoció que el dinero debía ser recibido por los cuñados de Ramírez, como una forma de “pago” por la adjudicación de la Catler Uniservice con un proyecto de YPFB.
Dos días después del hecho, la Policía halló a tres presuntos responsables de la muerte del empresario e informó que se encontraron 88 mil dólares de los 450 mil robados.
Consultado sobre el paradero del resto del dinero, el fiscal que integra la comisión especial, Luis Mamani, indicó: “Se presume que habrían salido fuera del país, no olviden que tenemos dos prófugos, Yerko Soto Camacho y Abel Montaño, los mismos que al no estar presentes ni haber comparecido en los tribunales, se presume que estarían en el exterior del país”, afirmó.
Según se conoció, Santos Ramírez sería el propietario de un domicilio ubicado en la calle 15 de Calacoto de La Paz, que estaría valorado en un millón y medio de dólares y que ahora está puesto a la venta.
Al respecto, la fuente de la pesquisa indicó que esa vivienda “fue adquirida por Santos, pero a otro nombre” y que la habría comprado de unos empresarios, “en Santa Cruz ellos comentaban este tema”, afirmó.
En una entrevista con un medio televisivo, Ramírez dijo que presentará “descargos” para probar su inocencia y afirmó que no posee ninguna casa propia.
DATOS
Dinero • Según fuentes de la investigación, Ramírez ya habría recibido dos “diezmos” por la adjudicación de YPFB con la empresa Catler Uniservice en un domicilio en Miraflores.
Vínculos • El dinero, según la fuente, era entregado al cuñado de Ramírez, Javier Navía, quien luego daba el dinero a su esposa y ésta se lo entregaba después a Ramírez.
Ramírez cae en 15 días de la cima en YPFB a la Fiscalía
PERFIL • El hombre que incluso fue Presidente interino por 30 horas y acumuló mucho poder en el Gobierno, podría ir hoy a una cárcel paceña.
El masista Santos Ramírez Valverde perdió en 15 días el poder político que lo encumbró en la presidencia de la estatal YPFB y desde ayer tiene la situación de un ciudadano imputado por el Ministerio Público.
Involucrado en un escándalo de corrupción que estalló el 27 de enero, Ramírez intentó, desde el inicio de la investigación, aislarse de las acusaciones, con el argumento de que no es responsable de las acciones individuales de sus cuñados, quienes habrían actuado de intermediarios en un pago de coimas del consorcio Catler-Uniservice al presidente de YPFB. El lunes incluso llegó a anunciar que iniciaba una demanda de divorcio a su esposa Jiovanna Navía Doria Medina en defensa del llamado proceso de cambio.
Sin embargo, por los datos que se recabaron hasta la medianoche, Ramírez pasó la noche en la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Nació a la vida política en 1995, cuando se postuló como concejal suplente de René Joaquino, en la Alcaldía de Potosí.
Dos años después, el legislativo municipal designó a Joaquino como alcalde, y Ramírez asumió la titularidad de la concejalía.
Es maestro y abogado. Y precisamente su llegada al MAS se gestó como resultado de su experiencia en el sector sindical, como dirigente del magisterio y asesor de la Confederación de Campesinos, en Potosí.
Tras su fracaso como candidato a la Alcaldía de esa ciudad por ese partido, el 2002 fue electo diputado de Potosí por el MAS.
Desde la Cámara Baja, fue uno de los impulsores de una reforma en la legislación sobre hidrocarburos, cuando era presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, en el 2005. Esta ley elevó la participación del Estado en los ingresos petroleros.
El 2006, cuando el MAS llegó al Gobierno, fue elegido presidente de la Cámara de Senadores. Fue una de las fichas clave en la nacionalización de esa industria decretada por Morales en mayo de ese año. Esta última medida entregó a YPFB el control de la cadena productiva.
Siempre estuvo cerca del sector hidrocarburífero. En septiembre del 2006 su colaborador y oficial mayor de la Cámara Alta, Guillermo Aruquipa, fue nombrado viceministro de Producción y Explotación, y seis meses después, presidente de YPFB.
El 12 de marzo del 2008, el Jefe de Estado decidió que él se encargue personalmente de la presidencia de YPFB. Se casó con Jiovanna Navía 20 días antes de que estallara el escándalo. El 31 de enero, el Mandatario lo echó de Yacimientos y hoy un juez definirá si es que irá o no a la cárcel.
Los cinco detenidos por el caso O’Connor
Luis Fernando Córdova Santiváñez
Hermano de Ernesto Córdova y ex empleado del fallecido empresario Jorge O’Connor D’Arlach. Sería un vínculo entre Santos Ramírez y el empresario. Acusado de ser uno de los autores intelectuales del hecho, fue detenido en San Pedro el viernes 6.
Ernesto Córdova Santiváñez
Acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato a Jorge O’Connor D’Arlach. Es propietario de El Caballito, un local de remate en Villa Fátima. Fue aprehendido el jueves 29 de enero y hace casi dos semanas que permanece en San Pedro.
Rufino Rodríguez Coca
Presuntamente disparó a O’Connor. Fue aprehendido en Cochabamba el 29 de enero y, según la Policía, se halló en su domicilio 50 mil dólares. Él y otras cuatro personas habrían robado los 450 mil dólares. Permanece detenido en San Pedro.
Franz Michael Rodríguez Calero
Acusado de ser uno de los autores materiales de la muerte de O’Connor D’Arlach. Pertenecería a la misma banda de Rodríguez, presuntamente contratada por Ernesto Córdova. Según fuentes de la pesquisa, fue quien involucra a Santos Ramírez.
Sandra Verónica Mamani Quispe
Es esposa de Rufino Rodríguez. La Policía la aprehendió en Cochabamba el 29 de enero. Está acusada de ser una de las autoras materiales del crimen. Ella permanece detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes hace casi dos semanas.
La Fiscalía anuncia un careo entre los Córdova y los Navía
PROCEDIMIENTO
El fiscal de Homicidios, Luis Mamani, anunció ayer que se realizará un “careo” entre los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova, acusados de ser los autores intelectuales del asesinato a Jorge O’Connor, y los hermanos de la esposa de Ramírez.
“Este careo será un acto investigativo que nos va a permitir saber quién miente y quién no. Dependiendo de esos resultados vamos a ampliar la imputación, o en su defecto quedarnos con los imputados que tenemos hasta ahora”, precisó el fiscal.
Mamani aseveró que el careo se realizará “una vez que concluyamos esta semana las declaraciones informativas”.
Luego precisó que en el careo participarán los hermanos Navía y los Córdova, “sacaremos información importante”, dijo.
El Gobierno garantizó el pago a Gulsby en lugar de Catler
IRREGULAR • Un experto dice que el Estado abrió la carta de crédito por $us 35 millones porque el consorcio no tiene respaldo financiero.
El Gobierno boliviano garantizó a la estadounidense Gulsby que, llegado el momento, le pagará 35 millones de dólares por la construcción de los equipos para la planta separadora de líquidos, compromiso que debió ser asumido por el consorcio Catler-Uniservice, reveló ayer el senador Wálter Guiteras, miembro de la comisión investigadora.
El Estado fue el que abrió la carta de crédito (que garantiza el pago) para Gulsby y no Catler-Uniservice, consorcio que según las investigaciones del Ejecutivo es una empresa que tiene un capital de 800.000 bolivianos y se conformó irregularmente, a tan sólo tres días de la firma del contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Se abrió una especie de póliza (carta de crédito) que tenía que abrir la Catler para los proveedores y no la abrió ni Catler ni Uniservice, la ha tenido que abrir el Estado, una carta de crédito de 35 millones de dólares para que vayan haciendo infraestructura de equipamiento. La apertura de carta de crédito debió hacerla Catler y lo ha hecho el Gobierno boliviano”, declaró Guiteras a los medios, tras el informe brindado por el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
Un experto financiero que pidió mantener su nombre en reserva, observó el hecho de que haya sido el Ejecutivo el que abrió la carta de crédito y no la empresa que se adjudicó la obra. Infirió que el consorcio Catler-Uniservice no lo hizo porque no tiene el respaldo financiero suficiente como para abrir una garantía por 35 millones de dólares. “¿Para qué se necesita a la empresa (Catler-Uniservice) si el dinero lo puede gastar el Estado?”.
La firma del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice es cuestionada tras la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, uno de los ejecutivos del consorcio que, presuntamente, habría pagado para adjudicarse la construcción de la planta.
El domingo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un comunicado en el que aclara que de los desembolsos que se efectuaron en el fideicomiso creado para financiar la planta, “el más grueso fue de 35 millones de dólares, y se lo realizó el 12 de noviembre del 2008 con la apertura de la carta de crédito para la importación del equipo”.
“Según el reporte del Banco Unión, este desembolso se realiza para la apertura de una carta de crédito a nombre de Gulsby PS para la compra de equipo básico de ingeniería y diseño para la Planta de Gas”, añade el documento del Gobierno.
El experto consultado explicó que la carta de crédito es un pago que se realiza al final, una vez cumplida la entrega de la obra. “En este caso… Catler-Uniservice tenía que abrir la carta de crédito con su plata, con sus propios medios, para garantizarle a quien está construyendo la planta el pago, una vez que se entregue la obra. Catler es la que tenía que hacer y no utilizar la plata del Estado para abrir la carta de crédito”.
Hay al menos tres versiones sobre los desembolsos del dinero del fideicomiso de 45 millones de dólares para la construcción e instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande. Mientras Hacienda dice que hubo tres pagos, Santos Ramírez tiene dos versiones: una sobre desembolsos de $us 6,8 millones y otra de $us 16,5 millones.
“No es nuestra competencia”
El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, deslindó toda responsabilidad en el caso de irregularidades en el contrato firmado por la estatal petrolera con Catler-Uniservice, para la construcción de la planta separadora de líquidos.
“La Superintendencia sólo tiene atribución de controlar, fiscalizar y regular el transporte de hidrocarburos, refinación, comercialización de productos derivados (combustibles) y distribución de gas por redes, el resto de las actividades no es de nuestra competencia”. Guillermo Aruquipa agregó que no participó en la firma del contrato.
Respecto a Santos Ramírez, ex presidente de la estatal petrolera YPFB, afirmó que lo conoció en los pasillos de la Cámara de Diputados y que hizo algunos trabajos con él, como la elaboración de la Ley de Hidrocarburos.
Arce afirma que no puede fiscalizar el fideicomiso
VERSIÓN • El Estado recuperará el dinero en dos años y medio, cuando la planta funcione.
• INFORME • Luis Arce declaró ayer en el Senado Nacional.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, admitió ayer que su despacho no tiene poder de fiscalización sobre el fideicomiso de 45 millones de dólares otorgado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el proyecto de construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
“Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda no tiene las facultades para ver ese tipo de gastos (de un fideicomiso), porque eso es facultad privativa de la Contraloría General de la República (CGR), es la única instancia. El Ministerio de Hacienda no tiene capacidad de fiscalización”, afirmó Luis Arce, tras declarar en la comisión del Senado que investiga el caso de corrupción en la estatal petrolera.
Según Arce, “estos recursos tienen que volver al Estado en dos años y medio de firmado el documento (contrato de fideicomiso)” y la entidad fiduciaria, es decir, el Banco Unión, debe remitirle informes sobre su uso cada seis meses. “En marzo se cumplen los primeros seis meses para el envío del informe”, precisó.
Para Wálter Guiteras, presidente de la comisión congresal, al tratarse de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), “el ministro (Arce) debería hacer el seguimiento que corresponde”.
La devolución del dinero —señaló Arce— se garantiza “con los recursos que YPFB tiene que generar. Esa planta va a generar líquidos que van a ser vendidos, esos son recursos que tienen que servir para el repago, para la devolución del fideicomiso”.
Guiteras agregó que, según Arce, el fideicomiso fue suscrito primero con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y que, mediante un decreto supremo posterior, el Banco Unión pasó a ser la nueva entidad fiduciaria del mismo.
El Estado adjudicó la planta al consorcio Catler-Uniservice por un monto de $us 86,3 millones.
Morales sugiere rescindir contrato con el consorcio
ANÁLISIS • El senador Carlos D’Arlach pidió analizar el tema porque la planta es necesaria.
El superintendente de Empresas, Rolando Morales, sugirió ayer rescindir el contrato firmado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad accidental Catler-Uniservice, para la construcción e instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
“En mi criterio profesional, es una empresa muy chiquita que tiene un capital total de 800.000 bolivianos, que ha registrado una pérdida de 1,2 millones de bolivianos. Sólo una volqueta y dos computadoras de patrimonio. No era una empresa para hacer un negocio tan grande”, declaró ayer en una conferencia de prensa.
La autoridad reguladora explicó que el contrato se puede dejar sin efecto al iniciar el trámite de anulación, con el argumento de que la empresa no ha demostrado la solvencia necesaria para la instalación de una planta.
El senador y ex presidente de YPFB, Carlos D’Arlach, señaló que antes de tomar cualquier decisión, la estatal y el Ministerio de Hidrocarburos deben hacer una evaluación que analice “qué es lo más beneficioso y menos perjudicial para el país”, debido a que se trata de una obra necesaria para mantener el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado interno.
“Hace dos años, la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) dijo que había indicios de corrupción y suspendió el contrato (para la carretera Potosí -Tarija) con la Queiroz Galvao, y dos años después las obras siguen paralizadas”, comparó.