La Fiscalía cree que hubo un plan para eliminar a O’Connor.
Santos inicia divorcio para eludir vínculos.
Uniservice registró pérdidas el 2008. Catler aparece y contrata a un abogado para su defensa
Declaración: Santos Ramírez, junto con Albo Lacaze, uno de sus abogados, comparece ante la Fiscalía
La Prensa
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Corrupción. El ex Presidente de YPFB también es indagado por nepotismo. Catler no tramitó permiso ambiental para planta de GLP.
Dice que la “Súper” de Seguros autorizó a Catler a cambiar pólizas por boletas
La ex autoridad se presentó ayer junto con cuatro abogados que lo asesoraron en el interrogatorio.
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez reveló ayer en su declaración a la Fiscalía que la nacionalizada pagó 16,5 millones de dólares al consorcio Catler-Uniservice en seis partidas diferentes, de las que al menos tres fueron respaldadas por pólizas de cumplimiento y no boletas de garantía, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa.
Para dar lugar a estos pagos, la ex autoridad se respaldó en una nota remitida por el cesante superintendente interino de Pensiones, Valores y Seguros Mario Guillén Suárez, quien comunicó que con la Resolución Administrativa 731/007 es posible la sustitución indicada a pesar de que la licitación y el compromiso del consorcio exigían a esa empresa presentar estos documentos, según su propuesta técnica.
Ramírez se presentó ayer a declarar ante el fiscal de Corrupción Pública, Edward Mollinedo, en una sesión que duró entre las 14.15 y las 18.30.
Los investigadores prepararon desde la semana pasada un cuestionario de diez preguntas, de las que Ramírez respondió la mitad y se prevé que desde las 14.00 de hoy conteste las restantes cinco.
El ex hombre fuerte del MAS está involucrado en dos procesos penales. Uno es el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ejecutivo de Catler-Uniservice, a quien robaron 450.000 dólares, y el segundo tiene que ver con estos hechos relacionados con delitos de daño económico al Estado por presuntas irregularidades en la suscripción de contrato de YPFB con ese consorcio para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Además, según María Teresa Montaño, abogada de su esposa, tanto su representada como Santos Ramírez son investigados por nepotismo.
Los hermanos de Jiovana de Ramírez, Juan Carlos y Mario Christian, trabajaron en la estatal petrolera nacionalizada, lo que da pie a esta nueva causa.
Ramírez declaró el viernes pasado dentro de la investigación del homicidio y atraco.
En el interrogatorio de ayer, al que asistió acompañado por al menos cuatro abogados, el Fiscal le hizo preguntas en términos técnicos sobre el contrato.
En la oportunidad, admitió los desembolsos de YPFB a favor de la constructora por 16.508.750,77 dólares “para asegurar los tanques de almacenaje y asegurar la construcción”.
El lunes, cuando las oficinas de la estatal petrolera fueron intervenidas por el Viceministerio de Transparencia, Ramírez informó que se desembolsaron 6,8 millones de dólares.
Hoy, la Fiscalía cuestionará a Ramírez sobre su relación con los 450.000 dólares robados.
El ex dirigente político, al concluir su declaración, resguardado por policías, abandonó el Ministerio Público.
Su defensor, Víctor Borda, dijo que Ramírez presentará pruebas de descargo después de que concluya su comparecencia ante la Fiscalía. “Declaró sobre los hechos que se le pretende atribuir —explicó el jurista—, como contratos lesivos, resoluciones contrarias a la Constitución, cohecho activo y cohecho pasivo”.
Borda indicó que ayer se presentó documentación del proceso de contratación con Catler y de la existencia real de la empresa contratista, el informe que acredita que la empresa estadounidense Gulsby Process System avanza en la fabricación de tanques y tuberías para la planta.
Habla pareja de detenido
Carla Bolaños Arauco dijo que desconoce la presunta participación del padre de sus hijos, Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez, en el atraco y asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ocurrido la mañana del 27 de enero.
Ella se presentó ayer en en el Ministerio Público a declarar por esos hechos.
Para el abogado defensor del imputado, Jorge Borda, “nada tiene que ver ella, (además) nunca vivió con él, nunca tuvo una relación estable con él, y no estaba ese día con él”, y aunque es mamá de sus tres hijos, dijo que no están casados.
El jurista indicó que su defendida fue convocada por el fiscal Luis Mamani sólo para prestar declaraciones informativas sobre el caso.
Bolaños es estilista y posee un salón de belleza. Pidió mediante su abogado que no se la fotografiara al salir de la Fiscalía para resguardar la dignidad de sus tres hijos.
Ernesto y su hermano Luis Fernando están recluidos preventivamente en la cárcel de San Pedro bajo la sindicación de ser autores intelectuales de ese crimen.
De Obrajes a Pampahasi
Hasta hace una semana, Santos Ramírez ocupaba una cómoda vivienda en la avenida Héctor Ormachea, cerca de la calle 16 de Obrajes. Es el inmueble que la empresa reservó para que lo ocupe su presidente, cuando éste no reside habitualmente en la ciudad de La Paz.
La familia Ramírez-Navia habitó esa casa hasta unos días después de ser destituido por instrucción del presidente Evo Morales. A partir de ese momento, el matrimonio se instaló en un departamento perteneciente a una sobrina de la ex autoridad ubicado en un modesto edificio de la calle 4 de Pampahasi. Se trata de una sencilla construcción de tres plantas. El investigado ocupa la segunda planta. La fachada es de ladrillo, como en todas las laderas, y las ventanas son de perfiles de fierro.
La abogada María Teresa Montaño informó que su representada Jiovana Cristina Navia Doria Medina abandonará ese inmueble después de recibir la demanda de divorcio de su todavía esposo, Santos Ramírez.
Indicios
El ex Presidente de YPFB inició su declaración ayer alrededor de las 14.15 en la Fiscalía.
La sesión se suspendió alrededor de las 18.30, al cabo de más de cuatro horas.
Al salir, Santos Ramírez no formuló declaración alguna a los periodistas que lo esperaban.
Víctor Borda, defensor de Ramírez, dijo que su cliente presentó todos sus descargos.
El interrogatorio continuará hoy con las últimas cinco preguntas del cuestionario.
El investigado abandonó el Ministerio Público sin atender a los periodistas.
Santos se divorcia para evadir el vínculo con la familia Navia
Abrió demanda para dejar sin efecto su matrimonio con Jiovana Cristina Navia
Demandada: Jiovana Navia (centro) en la Fiscalía junto con su abogada María Teresa Montaño. Santos Ramírez le planteó ayer el divorcio, decisión que ella dice que “respetará”
El domingo por la noche, la pareja discutió y a la mañana siguiente, anunció que se divorciará.
Alrededor de las 17.45 de ayer, Santos Ramírez presentó una demanda de divorcio contra Jiovana Cristina Navia Doria Medina, causa que hoy será sorteada para seguir su curso regular.
“Yo quiero pedirle perdón a quien ha sido mi compañera hasta hoy, he tomado esta decisión por las conexiones que se hacen con Santos Ramírez a los hermanos de mi esposa. Quién sabe que no era el momento de casarme el 6 de enero”.
El otrora hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) declaró ante la red televisiva PAT: “Quiero confesar de corazón y quiero pedirle una especie de disculpas a la compañera que hasta el día de hoy he tenido. He tomado la decisión porque mi gran problema, y el país lo sabe, es esta relación que conecta a Santos Ramírez a partir de los hermanos de mi esposa”.
Una historia de amor
Samuel Guarayo, presidente regional del MAS paceño, refirió que la candidatura de Jiovana Navia a una diputación fue propuesta por dirigentes de las trabajadoras del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (Plane).
Como representante de mujeres de bajos ingresos, la futura parlamentaria suplente participó activamente en la organización de actos de masas que tuvieron la finalidad de apoyar la candidatura presidencial de Evo Morales.
“Hubo concentraciones en el Teatro al Aire Libre y la zona Sur, en la ciudad de La Paz, en las que esta compañera trabajó y esos actos fueron exitosos”.
Ella no militaba en el MAS, pero al haber sido propuesta para ser incluida en la plancha, debió incorporarse al partido que ganaría los comicios nacionales.
En las reuniones para llevar adelante la campaña, la dirigente de las mujeres trabajadoras conoció al influyente dirigente político.
No se pudo establecer cómo, pero entre ambos surgió un romance. Cuando se conocieron, ella ya estaba divorciada gracias a la sentencia pronunciada el 4 de junio de 2005 por el Juzgado Segundo de Familia, y el 12 de marzo de 2008 la partida matrimonial fue oficialmente cancelada.
Ella es madre de dos hijos, de 14 y nueve años. Él es padre de tres hijos.
El 6 de enero de este año, en Caiza D, departamento de Potosí, la pareja se casó, bajo el padrinazgo del presidente Evo Morales.
En ese momento, ella ya llevaba un embarazo gemelar de cuatro semanas.
La felicidad sonreía a la pareja. Ella, en su condición de legisladora suplente, presidía la Unión de Mujeres Parlamentarias y él dirigía interinamente la estatal petrolera nacionalizada.
Una de las primeras decisiones de Ramírez fue contratar a sus futuros cuñados, Juan Carlos y Mario Christian, para que trabajaran en Yacimientos.
Los cuñados dejaron sus puestos laborales en la empresa después del matrimonio. Desde la última semana de enero, Juan Carlos hacía un “proceso de inducción” para ser contratado por YPFB Transportes en Santa Cruz. No pudo concluir esa etapa y regresó a La Paz después del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach y el robo de 450.000 dólares.
La pareja se quiebra
La abogada de Jiovana Navia, María Teresa Montaño, refirió que el domingo por la noche la pareja mantuvo una discusión, pero nada que hiciera pensar en una ruptura de la relación conyugal. “Mi defendida se enteró con mucho dolor de la decisión de su esposo, a través de la prensa”.
La jurista reveló que su cliente lloró al conocer la decisión de su esposo, porque “se casó con mucho amor al doctor Ramírez”.
En declaraciones a los medios, la demandada dijo que se sentía “confundida”.
El investigado reveló públicamente que durante la madrugada del lunes, mientras revisaba los documentos de descargo que debe presentar ante la Fiscalía, “a las cuatro de la mañana, decidí plantear el divorcio porque, pese al amor que siento por mi esposa, es más fuerte lo que siento por el pueblo y por el proceso de cambio”.
Montaño refirió que con su representada van a “responder inmediatamente la demanda, pero antes necesitamos conocer cuál es la causal alegada”, que sólo puede ser una entre cinco.
Ella es estudiante de Medicina. Cursa el cuarto año de esta carrera y espera llevar un embarazo normal que le permita proseguir su trabajo y no se vea obligada a interrumpir sus estudios superiores y ya se plantea rehacer su vida.
Él aseguró que responderá con responsabilidad sus obligaciones de padre, “como lo hago con mis otros hijos”.
Además de alegar su inocencia sobre las sospechas que se ciernen sobre él, Ramírez sostuvo que se casó con su esposa “y no con los familiares de ella”.
Su todavía cuñado Javier René Navia y el primo hermano de éste Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina son testigos del hecho de sangre y mantienen la condición de sospechosos, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía, que investiga el caso.
Ambos estuvieron en la escena del crimen el martes 27 de enero en avenida Tejada Sorzano y la calle Monje, en La Paz.
Un fiscal dice que no cambiará el curso de su labor
El fiscal Edwin Sarmiento, uno de los agentes del Ministerio Público que investigan el atraco seguido por muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, aseguró que “el estado civil del señor Santos Ramírez no modificará el curso de la investigación que se lleva adelante”.
Sarmiento explicó que, en tal sentido, continuará la labor de recolección de elementos que permitan ”el esclarecimiento total de los hechos”.
Resaltó el hecho de que todas las personas convocadas a declarar por esta causa acudan a la convocatoria de la Fiscalía, por lo que abriga la seguridad de que esta indagación “avanzará favorablemente” y se podrá sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho criminal.
En forma coincidente, el nuevo ministro de Hidrocarburos y Energía, Óscar Coca, dio cuenta de que el divorcio no será óbice para que se mantenga la “política adoptada por el Gobierno sobre este caso” y calificó al divorcio de la autoridad investigada “como un asunto personal”.
La esposa de Santos Ramírez, Jiovana Cristina Navia, acudirá posiblemente esta mañana para declarar sobre el asunto. La abogada María Teresa Montaño explicó que su representada, al haber sentido un fuerte impacto emocional por las declaraciones de Ramírez, presentó un memorial en el que solicita otra fecha para responder las preguntas de los fiscales e investigadores. Es posible que la nueva audiencia tenga lugar esta mañana.
El Ministerio Público abrió una nueva causa por presunto nepotismo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre el que también la diputada suplente del oficialismo deberá dar respuesta a las consultas correspondientes.
Jiovana Navia, a decir de su abogada, está dispuesta a colaborar de manera activa hasta que el caso se aclare por completo.
La historia
Jiovana Navia fue dirigente de las trabajadoras del Plan de Empleo de Emergencia.
Este organismo postuló la candidatura de su representante ante la dirigencia del MAS.
La aún esposa de Ramírez pasó en ese momento a militar en filas masistas.
La Fiscalía cree que hubo un plan para eliminar a O’Connor
LA RAZÓN
Uno de los investigadores del caso plantea una hipótesis en la que señala que la muerte del empresario tarijeño era parte de un plan para hacer público el presunto “diezmo” del que está acusado Santos Ramírez, ex presidente de YPFB.
• Santos Ramírez • Ingresa a la Fiscalía. Antes quiso distraer con el anuncio de su divorcio.
La Fiscalía tiene la hipótesis de que las personas que participaron en el volteo de 450 mil dólares al empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach también planificaron matarlo, para que el negocio que supuestamente implica al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, se haga público.
Así lo aseveró ayer Sergio Céspedes, uno de los fiscales asignados a la investigación de este caso. “Tenemos varias hipótesis, una de ellas es que en el mismo volteo había una decisión de matar al empresario O’Connor”.
El martes 27 de enero, O’Connor junto a Luis Fernando Córdova —quien supuestamente trabajaba con Ramírez y era representante legal de la empresa Catler-Uniservice— y Mario Cossío Mc Galem sacaron del Banco Unión 450 mil dólares americanos que, según la ahora ministra de Transparencia, Nardi Suxo (en declaraciones a la red Erbol), “salió de una cuenta estatal con la que se le habría pagado al señor O’Connor”.
Los tres, además de Miguel, el hermano de Jorge O’Connor, subieron a una vagoneta Cherokee negra con un maletín que contenía 300 mil dólares, mientras que en otro estaban los restantes 150 mil. Iniciaron su recorrido y eran escoltados por Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo, el cuñado de Ramírez y el primo de la esposa del ex presidente de YPFB, respectivamente.
Al llegar al domicilio de la Tejada Sorzano, O’Connor alzó el maletín con los 300 mil dólares, y Cossío, el otro con los 150 mil. Cuando ingresaban al inmueble, un grupo delincuencial los interceptó. La persona que enfrentó a O’Connor, ante su presunta resistencia, le disparó y lo mató. Se llevaron todo el botín.
Ante la pregunta sobre a quién iba dirigido el dinero, el fiscal Céspedes señaló que “está la teoría de que el dinero iba para Santos Ramírez, pero él arguye que estaba en una reunión gubernamental en la zona de Huajchilla”.
Sin embargo, el fiscal planteó una hipótesis nueva. “Es extraño que si ese beneficio (los 450 mil dólares del volteo) iba a ser repartido entre los delincuentes, porque así supuestamente trabajaban, ¿por qué tenían que matar a O’Connor si el volteo se podía realizar de manera, digamos, pacífica?”, se preguntó.
Sergio Céspedes aseveró que los delincuentes “no tenían motivo para asesinar al empresario. ¿Por qué no llevarlos (a O’Connor y sus acompañantes) al interior de la casa (ubicada en la avenida Tejada Sorzano) con amenazas y luego llevarse el dinero? Había la aparente intención de que se descubra el tema”.
La Razón volvió a preguntar si la hipótesis radicaba en que el asesinato, en la puerta del domicilio, tenía el objetivo de que se descubra el traslado de los 450 mil dólares. “Es posible, atamos los cabos en ese sentido”, precisó el investigador.
Este medio insistió: ¿Qué elementos tiene la Fiscalía para sustentar su hipótesis?
La respuesta textual fue la siguiente: “Hay algún interés de por medio, esta muerte podría haber sido planificada. Los atracadores, tomando en cuenta lo que tenían que hacer (el volteo de los 450 mil dólares), ¿por qué procedieron a hacerlo en público? Tal vez tenían interés de que este tema se conozca”.
¿Y quiénes podrían tener interés en que se sepa? “Eso sí que no sé”, respondió Céspedes. “Yo solamente tomo en cuenta el hecho, que definitivamente radica en que había decisión de matar”.
Reiteró la versión que ofreció Rufino Rodríguez Coca, quien supuestamente admitió en una declaración a la Fiscalía que el martes 27 de enero interceptó a O’Connor en la puerta del domicilio de la Tejada Sorzano, intentó quitarle el maletín con 300 mil dólares y disparó porque el empresario opuso resistencia.
“Rufino podía meterlo al departamento o sacarle el dinero y retirarse, no lo hizo”.
Sin embargo, en declaraciones a este medio, el propio Rufino desmintió sus aseveraciones y señaló que las autoridades le obligaron a firmar un papel en blanco, y que le amenazaron con matar a su esposa e hija si es que no se autoincriminaba.
Luego, el investigador sostuvo que “es posible” que alguien se enteró que el volteo iba a favorecer al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y que armó el volteo y el asesinato para perjudicarlo. “No me interesa favorecer ni ensañarme con nadie, me interesa la investigación”, precisó posteriormente.
Para sustentar su criterio, el fiscal indicó que “los delincuentes hicieron el seguimiento de las personas, eso quiere decir que alguien les dio el pitazo. Rufino y compañía no actuaron por cuenta propia. Los hermanos Córdova supuestamente fueron los que dieron los datos. Si tenían que voltear el dinero, era más fácil hacerlo, cobrar de su trabajo y listo, pero estos señores mataron. Podían llevarse el botín sin dañar a nadie, o incluso meterlos al departamento y asesinarlos ahí, para no dejar vestigios. En cambio, querían hacerlo público, y lo han hecho público”.
¿Esto quiere decir que este es un tema mucho más gordo y que hay más implicados de los que se conocen hasta ahora?, preguntó este medio. “Claro, por eso estamos en la investigación”.
La semana pasada, fuentes allegadas a la familia Córdova denunciaron que el caso del volteo “se generó y se desencadenó por rencores dentro del partido oficialista”. La fuente, incluso, acusó con nombres y apellidos a legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, este medio se reserva los nombres de esas personas.
La indagación toma un nuevo giro, según reveló el fiscal consultado. Sin embargo, las autoridades aún no saben dónde está el dinero.
“Tenemos varias hipótesis, una de ellas es que en el mismo volteo había la decisión de matar al empresario O’Connor”.
Sergio Céspedes, fiscal asignado al caso.
“(Los volteadores) ¿por qué procedieron a hacerlo en público?, tal vez tenían el interés de que el tema se conozca”.
Sergio Céspedes, fiscal asignado al caso.
Ramírez gastó Bs 196 mil en ocho viajes en avioneta
Desde la dirección administrativa y de finanzas se solicitó la disposición de dinero para trasladarlo a Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y otros.
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, gastó 196.128 bolivianos en ocho viajes que realizó en una avioneta privada, en su mayoría por el eje central del país, cuando presidía la estatal petrolera.
En ocho memorandos escritos por el gerente nacional administrativo y finanzas, Julio Anagua Chumacero, y dirigidos al director nacional de Finanzas, Federico Galán Laime, se solicita la disposición de diferentes montos de dinero para cubrir gastos de contratación de una avioneta para transportar a Ramírez a diversos lugares del país. Cadena A accedió a los documentos.
Julio Anagua fue sorprendido en oficinas de YPFB destruyendo algunos documentos. Fue citado a declarar a la Fiscalía. El presidente Evo Morales pidió que se lo destituya junto a otros nueve funcionarios más.
En el primer memorándum se solicita Bs 19.500 destinados a Martín Quino Huasco, con el fin de contratar una avioneta que transporte al ex presidente de YPFB en el tramo La Paz- Potosí – La Paz, del 25 al 26 de enero.
“Por instrucciones de la presidencia” se solicita disponer de 11.536,85 bolivianos a nombre de Raúl Acho Portillo, con el fin de contratar una avioneta para transportar a Ramírez de La Paz a Potosí el 1 de noviembre del 2008 para participar de diferentes reuniones de la empresa.
En octubre, se envía otra solicitud para la obtención de 28.280 bolivianos destinados a Acho Portillo para el transporte de Ramírez y el Gerente Nacional de Administración y Finanzas. El documento no especifica el tramo que cubriría la aeronave.
En la cuarta solicitud se pide 50.322,42 bolivianos a nombre de Juan Maidana Flores, “destinados a cubrir el gasto de contratación de una avioneta” para el traslado de Ramírez hacia Cobija, Guayaramerín, Santa Cruz, del 20 al 23 de noviembre del año pasado.
Para que el ex presidente de YPFB sea transportado desde La Paz a Santa Cruz y desde esa ciudad de regreso, otro documento solicita al Director de Finanzas el desembolso de Bs 16.560,77, el 19 de diciembre del 2008.
Tres días después, se envía otro pedido para cubrir la misma ruta, pero con el monto de 29.778 bolivianos. En esa oportunidad, Ramírez participaría de diversas reuniones de trabajo.
En septiembre, se solicita de nuevo 29.778 bolivianos para cubrir el tramo La Paz- Cochabamba- Santa Cruz- La Paz con el traslado de Ramírez para que participe en diferentes reuniones de trabajo con empresas, en todas esas ciudades.
En el último memorándum, Anagua solicita la disposición de 10.372,67 bolivianos para el traslado del ex presidente de YPFB de La Paz a Potosí y el viaje de regreso para participar de diversas reuniones de la empresa.
Santos Ramírez es investigado por la Fiscalía, por el ahora Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y por una comisión del Senado por actos de corrupción.
Catler aparece y contrata a un abogado para su defensa
AVANCES • El ex presidente de Yacimientos, Santos Ramírez, declarará mañana ante el Senado. El directorio de la estatal no aprobó el contrato.
• 14 DE JULIO DEL 2008 • El Mandatario habla durante el acto en que se firmó el contrato para la construcción de la planta.
La empresa internacional Catler, que junto a Uniservice SRL se adjudicó el proyecto de construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), salió a la luz a través de su representante para anunciar que contrató los servicios de un abogado para defenderse de las acusaciones sobre irregularidades en el contrato firmado con YPFB.
“Esta mañana (ayer) el representante (de Catler), el señor (Agustín T.) Melano nos llamó a la Superintendencia indicándonos que habían pedido a un abogado de Santa Cruz constituirse como defensor de la empresa en el conflicto que se ha formado con Yacimientos”, informó ayer el superintendente de Empresas, Rolando Morales.
La autoridad prestó su declaración ayer ante la comisión del Senado que investiga presuntos hechos de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Mientras, el presidente de esa instancia congresal, Wálter Guiteras (Podemos), precisó a este medio que el abogado contratado por Catler es Javier Serruto Olmos y que Morales “no brindó mayores detalles” sobre el tema.
El 27 de enero, el presidente de la Asociación Accidental Catler-Uniservice fue asesinado por personas que le arrebataron $us 450.000, una supuesta comisión ilegal para el ex titular de YPFB, Santos Ramírez, por la adjudicación del proyecto hidrocarburífero por 86,3 millones de dólares.
Según Guiteras, la comisión multipartidaria de senadores citará a Ramírez para que declare el miércoles por la tarde.
El parlamentario opositor agregó que hubo contradicciones en las palabras de Rolando Morales, ya que éste “ha dicho (a los medios) que el contrato (entre Catler-Uniservice y YPFB) tiene validez”, siendo que ante la comisión “se declaró incompetente de conocer” el mencionado documento.
Tras comparecer, Morales señaló que la asociación accidental se formó el 1 de julio del 2008 y que su protocolización tuvo lugar el 11. Acotó que la firma del contrato con Yacimientos y la adjudicación del proyecto fue el mismo día, el 14 de julio.
Cuando los medios le consultaron sobre la legalidad de ese proceso, el superintendente respondió: “Eso es legal, pero sorprende un poco que se hagan las dos cosas en la misma fecha”.
“Lo que es importante para Yacimientos y para cualquier persona que hace un contrato es averiguar los antecedentes de la otra persona”, añadió Morales.
Según la red Erbol, Edmar Galarza, miembro del directorio de YPFB, sostuvo que dicha instancia no aprobó el acuerdo suscrito con Catler-Uniservice; pero que Ramírez tenía atribuciones especiales que le permitían firmar convenios millonarios. El Decreto Supremo 29506 autoriza a la estatal petrolera a realizar contrataciones de manera directa.
Uniservice registró pérdidas el 2008
PATRIMONIO • La empresa tenía Bs 800.000 y perdió Bs 1,2 millones.
La empresa Uniservice SRL, socia de Catler International Corporation, registró el 2008 una pérdida de 1,2 millones de bolivianos, cuando su patrimonio asciende a sólo 800.000 bolivianos.
“¿Por qué (la Superintendencia de Empresas) no ha visto una empresa nacional (Uniservice) que tiene Bs 800.000 de capital y una pérdida de Bs 1.295.932 al 31 de marzo del 2008?”, cuestionó ayer el senador Wálter Guiteras.
El presidente de la comisión del Senado que investiga las presuntas irregularidades del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos, señaló que Uniservice debió “pasar a un proceso de observación y después a uno de liquidación”, debido a su déficit.
Mientras, el superintendente de Empresas, Rolando Morales, confirmó que la compañía —inscrita legalmente en enero del 2007— tiene un capital de Bs 800.000 y que el año pasado “arrojó una pérdida de Bs 1,2 millones”. Agregó que es una iniciativa “relativamente pequeña” que “tiene muy pocos activos: dos o tres camionetas, dos computadoras, unos escritorios. No es una empresa capaz de asumir un contrato tan grande ($us 86,3 millones)”.
La autoridad compareció ayer en el Senado y, según Guiteras, indicó que Uniservice SRL “no pasó por la muestra que normalmente hace la Superintendencia” acerca de la situación de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Comercio.