Ramírez creó su empresa SIPSA para dar servicios a YPFB.
Fiscal confirma que O’Connor retiró $us 3,3 millones.
Con Santos creció a 1500 empleados, sólo en la sede, planta burocrática de YPFB.
Batalla perdida: Santos Ramírez es conducido por policías a celdas de la Policía Judicial
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LA PRENSA
La juez Siles no firmó ayer el mandamiento de detención preventiva en en el Penal de San Pedro y la ex autoridad pernoctó en un ambiente especial de la Policía Judicial
Santos Ramírez será encarcelado hoy, acusado de cinco delitos, y se enfrenta a una pena máxima de ocho años
Por segunda noche consecutiva, el ex Presidente de YPFB permaneció en el dormitorio de los guardias de las celdas judiciales, después de haberlo hecho en la Fiscalía. Ayer se decretó que deberá defenderse en prisión de cinco acusaciones, cuya máxima pena es reclusión de ocho años.
Grupo Líder.- La juez Marcela Siles decidió ayer la detención preventiva de Santos Ramírez en el penal de San Pedro, aunque firmará esta mañana el mandamiento correspondiente, pues no lo hizo ayer porque la audiencia de medidas cautelares que presidió concluyó cerca de las 18.00, cuando no hay posibilidades de que el penal de San Pedro albergue reclusos provenientes de La Paz.
Ramírez enfrenta acusaciones por cinco delitos, cuya pena máxima es de ocho años de cárcel. Los delitos de los que se sindica a Ramírez son conducta antieconómica, penado con uno a seis años de reclusión; uso indebido de influencias, dos a ocho años; contratos lesivos al Estado, uno a cinco años; incumplimiento de deberes, un mes a dos años, y cohecho pasivo, do a seis años.
La economía jurídica nacional no acumula las penas, por lo que el sentenciado las cumple en forma paralela.
Proceso: el salón del quinto piso de la Corte de Justicia es escenario de la audiencia de medidas cautelares a la que fue sometido Santos Ramírez
La juez Marcela Siles consideró que hay elementos suficientes que permiten establecer que Ramírez influenciará en los testigos y sindicados que deben declarar sobre los malos manejos que hubo en la contratación de la empresa Catler-Uniservice para la implementación de una planta de líquidos en Río Grande.
Aunque el fiscal Edwin Sarmiento aseguró que no existe riesgo de fuga porque el acusado se presentó a declarar en cuanto fue convocado, dijo que las otras acusaciones son las que pesan para justificar la detención preventiva de Ramírez.
En un extenso alegato, el Ministerio Público describió paso a paso la formación de la empresa internacional y los pasos que se dieron dentro de YPFB para beneficiar a esta empresa. El fiscal Edward Mollinedo dijo que la empresa Catler se dedicaba a los empréstitos financieros y no a la actividad petrolera. Uniservice apenas tiene un capital de Bs 20.800 y no en el sector petrolero.
A pesar de la resistencia de la defensa, Mollinedo explicó que la sociedad accidental Catler-Uniservice nace en Panamá el 8 de julio de 2008 y en sus documentos de constitución hacen figurar un capital de un millón de dólares; la Fiscalía cree que Ramírez sabía de todos estos pasos porque un mes antes, el 5 de junio, participaron en una reunión sobre la adjudicación de la planta Mario Cossío Galem y el abogado Julio Salazar en la estatal petrolera y los dos participan a nombre de Catler-Uniservice cuando el consorcio aún no existía. Los trámites para formar de la firma estuvieron a cargo de Salazar, quien reveló que por este trabajo cobró cinco mil dólares a Agustín Melano, Miguel O’Connor y Mario Cossío Galem, responsables de la sociedad accidental.
Pero existen otras irregularidades que vinculan al ex Presidente de YPFB. El 11 de julio aparece un memorándum con la firma de Santos Ramírez en la que se convoca a “algunos funcionarios” para la reunión de concertación.
Para ello incluso envió memorándos de ascenso a algunos jefes de unidad, quienes accedieron a gerencias de la empresa para que puedan integrar la comisión calificadora.
Otro de los designados de forma inmediata fue Julio Anagua, detenido el 2 de febrero cuando intentaba destruir documentos y encendía su computador.
Los cinco integrantes de esta comisión, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña y Esther Carmona, eran de confianza de Santos y se “autodesignaron” el 9 de julio, quienes ahora son investigados.
Mollinedo dijo que no se cumplieron los requisitos exigidos por las normas y Ramírez firmó cuatro adendas al contrato para beneficiar a la empresa.
No firmó documentos sobre la supervisión de las obras, no había certificado de garantía y tampoco un calendario de operaciones; cuando Ramírez fue consultado por la Fiscalía sobre estas anomalías y el por qué no había supervisores, dijo que la empresa no tenía presupuesto, aunque firmó con un contrato de $us 86,351 millones con la mencionada finalidad.
Y por eso, añadió Ramírez, se contrataron “fiscales de obras” pero éstos emitieron un informe a favor de Catler-Uniservice y facilitaron el pago del dinero, que autorizó el Ministerio de Hacienda el 2 de septiembre.
El monto desembolsado es de $us 45 millones; de este monto, 35 millones eran para la empresa estadounidense Gulsby y 10 millones al consorcio Catler-Uniservice.
“Es un chivo expiatorio”
Víctor Borda, miembro del foro potosino y que parece ser el director del grupo de abogados de Santos Ramírez, señaló nuevamente que detrás de esta determinación hay “una ingerencia política, pero no voy a mencionar su origen ”, aunque dijo que su cliente es un “chivo expiatorio”.
Albo Lacaze lamentó la decisión de la juez Marcela Siles, pero anunció que después de evaluar el caso, se presentará un recurso para dejar sin efecto la detención preventiva de su cliente en la cárcel.
Otro asesor legal de Ramírez, José Luis Paredes Oblitas, anunció que el equipo de juristas que asesora a la ex autoridad, estudiará la determinación judicial en procura de lograr la libertad de su defendido.
Franz Avilés, quien había participado en las declaraciones ante la Fiscalía, junto con el otrora hombre fuerte del Movimiento al Socialismo (MAS), se ubicó entre el público y no junto con Ramírez. Avilés fue contratado por los ex funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). contra quienes se amplió la demanda judicial, por lo que se encuentran bajo investigación.
Cronología
12/03: Catler International se forma en Houston, EEUU, con un capital de 10.000 dólares.
12/03: La firma, cuyo principal ejecutivo es Agustín Melano, concede préstamos.
06/01/2006: En Tarija se constituye Uniservice de los socios Jorge y Miguel O’Connor.
06/01/2006: El balance de apertura muestra un capital de 20.800 boliviano.
15/11/06: Miguel O’Connor D’Arlach rec ibe un poder para administrar la empresa.
01/04/08: Santos Ramírez es autorizado a buscar un contratista para la planta de Río Grande.
21/05/08: YPFB invita a cuatro petroleras a participar en ese proceso.
27/05/08: Catler International participa con YPFB en una reunión aclaratoria sobre el pliego.
25/06/08: Julio Salazar participa en otra reunión como delegado de Catler-Uniservice.
30/06/08: Santos Ramírez forma la comisión calificadora de la licitación.
05/06/2008: Julio Salazar y Mario Cossío Galem representan al consorcio ante YPFB.
08/06/08: En Panamá se expide un registro de Catler con capital de $us 1.000.000.
08/06/08: Ese documento es presentado a YPFB para crear convicción de Catler.
08/07/08: Tres días antes de firmar contrato con YPFB, se forma Catler-Uniservice.
10/07/08: Santos Ramírez participa en la concertación con representantes de Catler.
11/07/08: Media hora antes de firmar contrato, se protocoliza la sociedad accidental.
11/07/08: Santos Ramírez dicta la resolución para adjudicar la obra a Catler-Uniservice.
11/07/08: Se forma una comisión de concertación, aunque el memorándum no es firmado.
11/07/08: Santos Ramírez aprueba la firma del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice.
14/07/08: Ramírez, Melano y Miguel O’Connor participan en un acto público de firma.
07/08/08: Fenece el plazo para que Catler-Uniservice presente sus garantías. No lo hace.
02/09/08: Hacienda deposita en el Banco Unión un fideicomiso de $us 45.000.000.
02/12/08: Catler-Uniservice recibe un primer pago de 1,65 millones de dólares.
02/12/08: Jorge O’Connor abre dos cuentas en ese banco, una en dólares y otra en bolivianos.
03/12/08: Jorge O’Connor recoge 580.000 dólares sin haberse iniciado las obras.
03/12/08: Gloria Miranda, una particular, retira 99.000 dólares para el pago de un seguro.
03/12/08: A las 12.04, Jorge O’Connor retira 100.000 dólares para el inicio de las obras.
03/12/08: Fernando Córdoba recoge 110.000 dólares para la compra de tuberías.
03/12/08: Mario Cossío Galem hace otro retiro para equipamiento, hidrocarburos y autos.
03/12/08: Jorge O’Connor pasa $us 200.000 de su cuenta en dólares a bolivianos.
04/12/08: El empresario Jorge O’Connor retira otros 939.000 dólares.
14/11/09: Se hace un segundo pago de 1,65 millones de dólares a Catler-Uniservice.
15/01/09: Mario Cossío Galem retira 55.000 dólares de ese pago.
15/01/09: Gloria Paola Miranda cobra 78.000 dólares de esa cuenta.
15/01/09: Luis Fernando Córdoba saca 20.000 dólares de ese pago.
27/01/08: O’Connor, Cossío Galem y Córdoba retiran 450.000 dólares de esa cuenta.
REPERCUSIONES
Iván Canelas
Portavoz gubernamental
“El Gobierno no va a permitir un sólo acto de corrupción sea del oficialismo o de la oposición. Ésta es una clara muestra de que, al margen de que se trate de cualquier persona, el Gobierno y el presidente Evo Morales van a exigir y demandar las más drásticas sanciones contra aquellos que hayan caído en el mal, en el delito, de la corrupción. Si alguien del oficialismo ha incurrido en actos de corrupción, es un traidor y también debe ir a la cárcel”.
Ricardo Díaz
Senador del MAS
“Ésta es una muestra de que no hay inmolaciones concertadas ni nada parecido en el Gobierno. Es una muestra clara de la posición que tenemos en el Gobierno: definiciones que nunca hubo antes en temas de esta naturaleza. Hay una definición clara del Gobierno y del Presidente, que muestra también una decisión de investigar a fondo absolutamente todos los temas oscuros en este país. Santos Ramírez no tuvo protección del Gobierno, no hubo complicidad y será recluido en la cárcel.”.
Fidel Herrera
Concejal de Sucre
“Esperemos que se llegue hasta lo último en el esclarecimiento y se dé con todos los autores intelectuales y materiales de los hechos de los que se acusa a Santos Ramírez y a otras personas en relación con las irregularidades en Yacimientos, pero consideramos que existe complicidad en quienes viabilizan mecanismos legales que dan paso, en cualquier institución del Estado, para que no se ingresar en los marcos formales de las licitaciones”.
Lourdes Millares
Diputada de Podemos
“En un Estado de derecho se tienen que cumplir las normas y, en este caso, el Ministerio Público en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, hizo la fundamentación ante las pruebas que han sido acumuladas como parte del proceso de investigación. Por supuesto que quienes administran la justicia han actuado en el marco de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Se está cumpliendo la ley”.
Peter Maldonado
Diputado de Unidad Nacional
“La detención de Santos Ramírez en el penal de San Pedro, dispuesta por una juez, es una señal positiva en la lucha contra la corrupción, como es destacable la decisión gubernamental de investigar el caso hasta lograr su total esclarecimiento. Esperemos que se aclare todo y que no queden cosas poco claras cuando concluya la labor de la justicia. Ésta es una medida acertada que le hace bien a la administración pública, porque de ahora en adelante, los pillos que quieran hacer negocios tendrán que pensarlo mucho”.
Gabriel Dabdoub
Presidente de la Confederación de Empresarios Privados
“La detención de Santos Ramírez es una demostración de que el Gobierno pretende luchar contra la corrupción, por lo que corresponde apoyar el gesto del Presidente de la República, que ordenó escarbar hasta el fondo el daño económico que se hizo al país con este hecho. Pero no sólo debe investigarse este hecho, sino que todas las denuncias que surgieron en el último tiempo deben ser objeto de indagación para que no queden dudas acerca de la voluntad de enfrentar la corrupción”.
Carlos Daboub
Secretario de Autonomía de Santa Cruz
“La corrupción es tan grande en el país que hasta el segundo hombre del Movimiento al Socialismo se ve obligado a guardar detención en la cárcel. El tema es tan complejo que no pudo ser escondido ni tapado. Esperamos que las investigaciones lleguen verdaderamente al fondo del asunto y todo quede esclarecido, para que todos los que resulten culpables de las irregularidades reciban las sanciones que merecen y se recupere el daño económico inferido al Estado de esta manera”.
La sesión se desarrolló en el quinto piso de la Corte Superior y no en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal.
El contrato no tiene calendario de ope-raciones y la empresa no dio un certificado de garantía.
Al caso Catler-Uniservice se suma la creación y contratación presuntamente irregular de su propia empresa
Ramírez creó su empresa para dar servicios a YPFB
SIPSA operará la perforadora traída de Venezuela para la estatal
Arribo: varios camiones transportan la perforadora china que se importó desde Venezuela y que llegó al país en junio
El presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, reveló ayer una nueva irregularidad cometida por la ex autoridad: el haber constituido la firma YPFB Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) para realizar trabajos de perforación y recalificación de garrafas antiguas.
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez armó una empresa irregular con 140 funcionarios y la contrató para que prestara servicios a la propia petrolera estatal.
Se trata de la empresa YPFB- Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima S.A. (SIPSA) que tiene carácter privado aunque usa la sigla de la estatal.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó que en esa compañía se han encontrado anomalías graves desde su constitución, en su manejo financiero y en los pasivos o deudas que se han contratado.
Según la autoridad, el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que impulse una auditoría técnica y legal de SIPSA.
Se espera que hasta la próxima semana se tengan más detalles de sus actividades.
La firma estaba gerentada por Rogelio Ashmine, funcionario que el 31 de enero quedó suspendido junto con nueve funcionarios jerárquicos tras la intervención de YPFB y destitución de Ramírez del cargo.
Esta persona ya fue alejada del cargo de Viceministro de Transportes el 8 de febrero de 2006, cuando el Gobierno lo acusó de haberse extralimitado en sus funciones al elaborar un decreto supremo de intervención del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Por esos días, los trabajadores de la empresa acataban un paro en demanda del pago de salarios atrasados y el Gobierno prefería quedarse al margen y que el problema lo resolviera el LAB.
De acuerdo con Villegas, SIPSA contrató a 140 funcionarios sin certificación presupuestaria, sin contratos, lo cual se constituye en una anomalía inaceptable.
Agregó que esta empresa fue creada para cumplir dos funciones principales. La primera consistía en efectuar la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Éste es un procedimiento mediante el cual estos recipientes deben ser acondicionados para su rehabilitación, obligatoriamente cada diez años.
La segunda función de la empresa es la de prestar servicios de perforación petrolera.
En su portal (ypfb-sipsacombo.jeparaportal.com), la empresa se hace conocer como YPFB-SIPSA, signataria de un joint venture con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para prestar servicios al sector.
Documentos notariales a los que accedió La Prensa revelan que, luego de su constitución el 4 de septiembre de 2008, el 16 de septiembre de ese año se procedió con la designación de Ashmine como gerente general y la de sus directores. Estos cargos recayeron en Misael Gemio como presidente, Esther Carmona como vicepresidenta, Reynaldo Marín como director y Nelly Salvatierra como síndico. El primero fungía como Viceministro de Desarrollo Energético y fue suspendido el 31 de enero, mientras que Carmona era la directora jurídica de YPFB (también fue alejada del cargo y formaba parte del entorno cercano de Ramírez).
Antecedentes
Los documentos notariales de la compañía de servicios dan cuenta de que se constituyó el 4 de septiembre del año pasado cuando la firma Full Industry S.A. cambia su denominación a SIPSA.
Esto atendiendo a que el 25 de agosto de ese año Ramírez, a nombre de YPFB, había comprado 218 acciones de esta empresa y se convertía en socio mayoritario, mientras que Lucy Barbery, ex presidenta del Directorio y apoderada de la sociedad Full Industry, y Nilda Domínguez poseían una acción cada una.
El mantenimiento de estas personas con una participación tan pequeña le da el carácter privado y de sociedad anónima a la empresa de servicios y no de una subsidiaria de YPFB.
Como antecedente se tiene que Full Industry, fabricante de garrafas, fue autorizada mediante Resolución Administrativa de la Superintendencia de Hidrocarburos SSDH No. 0666/2002, del 19 de diciembre de 2002, para la recalificación de los balones de GLP en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
Además, Ramírez, como máxima autoridad de YPFB, de acuerdo con fuentes del sector, le dio a esta firma el contrato de perforación del campo Víbora.
En los hechos aparece prestándole este servicio a YPFB-Andina, la administradora de ese campo en Santa Cruz.
Lo paradójico es que también la estatal petrolera le entregó el equipo de perforación de origen chino que había llegado al país el 30 de julio del año pasado desde Venezuela. Este aparato debía entrar en funcionamiento tras la inauguración, el 23 de enero, de los trabajos de perforación en el pozo 34D de campo Víbora.
El Deber, en un reportaje publicado el domingo, verificó que el taladro de origen chino todavía no le hizo ni un rasguño a la tierra del lugar porque aún se está haciendo el trabajo de la certificación.
Según Ramiro Huerta, técnico de SIPSA, todo trabajo petrolero se basa en el control de la calidad y la seguridad y por el momento “se está haciendo una certificación de las piezas del taladro”.
La creación de SIPSA se constituye en una más de las irregularidades cometidas por Ramírez al frente de la estatal, entre ellas la suscripción del contrato con Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Ex autoridad elevó burocracia de 525 a 1.557 personas
La nueva administración de la empresa pública despidió a 74 trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) luego de verificar que la planilla creció excesivamente.
El presidente de la estatal, Carlos Villegas, informó que se tomó esta determinación por diferentes causas y motivos: algunos están involucrados en la contratación de Catler-Uniservice, y los servicios de otros ya no son de utilidad para la petrolera.
“En YPFB hubo un crecimiento exponencial hasta llegar a 1.557 trabajadores con una asimetría absoluta entre gente vinculada a lo administrativo versus lo técnico. Una empresa petrolera no es una agencia de empleo, es altamente intensiva en capital”.
Además señaló que la mayoría de estas personas se ocupaba en funciones administrativas en las oficinas centrales, por lo que a partir de la fecha sólo se contará con el personal que sea necesario, porque la empresa debe garantizar inversión, no gasto corriente como sucedía hasta ayer.
Para ese fin, la estatal se encuentra elaborando un estudio que determinará cuántos trabajadores son los ideales para funcionar.
El secretario ejecutivo de los trabajadores petroleros del distrito oriente, Wilson Ramírez, informó que hasta 2005 YPFB contaba con 525 trabajadores, pero durante las gestiones de Guillermo Aruquipa y Santos Ramírez este número se triplicó y la intención de las ex autoridades era subir el personal a 1.700 este año. Esto para La Paz y en desmedro de una región productora, como Santa Cruz, donde hacen falta técnicos calificados para el engarrafado y otras labores.
Villegas denuncia que en YPFB desaparecieron los anexos del contrato con Catler-Uniservice
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, denunció que los anexos del contrato con Catler-Uniservice desaparecieron de las oficinas de la estatal petrolera.
La comisión interventora de YPFB compuesta por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el de Defensa Legal y la misma estatal petrolera no pudo hallar dichos anexos, razón que les obliga a demandar una copia a la firma contratada Catler-Uniservice.
Este documento fue firmado el 14 de julio de 2008 en un acto público en Santa Cruz, por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez para la instalación y construcción de una planta de extracción de líquidos (gas licuado de petróleo y gasolina natural) en el campo petrolífero de Río Grande.
El sábado 7 de febrero, La Prensa informó sobre la falta de tres anexos en el contrato publicado por YPFB el 4 de febrero. El primero contiene los parámetros para la ingeniería de la planta y los estudios ambientales que se harán en la zona hasta lograr la licencia ambiental.
El segundo incluye la propuesta de trabajo de Catler-Uniservice, el cronograma de trabajo, el tiempo de ejecución y las condiciones para la construcción de la planta.
En el anexo tres se explican las características que tendrá la construcción del sistema de evacuación de licuables. Además, estos documentos adicionales contienen información sobre las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas del proyecto, sobre cuya base se harán los estudios necesarios y los trabajos. ANF detalló que en total son siete anexos los extraviados
El miércoles, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, admitió que cuando entró en las oficinas de YPFB encontró un desorden y faltaban varios documentos.
Villegas anunció que en cuanto se obtenga una copia de estos anexos se harán públicos así como se dio a conocer el contrato.
El contrato firmado entre YPFB y Catler-Uniservice contiene al menos nueve irregularidades, entre estas, se desconocen los plazos en que se deberían ejecutar las obras.
Por esta razón aún no se pudo establecer el avance real en la construcción de las partes de la planta, delegado a la empresa Gulsby PS, con sede en Estados Unidos, ni el desarrollo de los tanques, que debe hacerlo Sica y Gonella, en Argentina.
A pesar de que Ramírez afirmó que se había enviado una comisión a EEUU para verificar el estado de las obras, se desconoce el informe de esta misión.
Además contó que estuvieron otros profesionales en Argentina. Un documento presentado por Ramírez da cuenta de grandes avances de parte de SIca y adjunta unos planos hechos por Gulsby.
Antecedente
25-08-2008: se efectúa la compra de acciones para conformar SIPSA.
14-09-2008: se procede a constituir la empresa de servicios.
16-09-2008: se designa al gerente, presidente y directores.
23-01-09: SIPSA es contratada para perforar para YPFB-Andina.
Personeros
El gerente de la firma es Rogelio Ashmine Oshiro, con todas las prerrogativas.
Su presidente es Misael Gemio y la vicepresidenta es Esther Carmona.
Son socias minoritarias Lucy Barbery y Nilda Domínguez, con una acción cada una.
El estudio de Río Grande fue “adaptado”
Dos parlamentarios dicen que el pliego pudo haber sido hecho para Villamontes
Dos parlamentarios, un opositor y un oficialista, declararon que se investiga si el estudio de factibilidad y las condiciones técnicas para lanzar la licitación de la separadora de líquidos de Río Grande es una adaptación de un proyecto similar efectuado, a un costo de 300.000 dólares, por la Prefectura de Tarija.
El diputado chaqueño Willman Cardozo, de Poder Democrático y Social (Podemos), informó ayer que recibió una denuncia en sentido de que el personal técnico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “adecuó” los documentos elaborados por orden de la Prefectura tarijeña.
Dedujo que “alguien” de esa entidad estatal “trajo a La Paz esos papeles”, lo que permitió a la empresa petrolera licitar en plazos muy breves esa obra.
Esa Prefectura intentó erigir un campo de estas características en Villamontes, aunque sus autoridades aceptaron, después de haber erogado 300.000 dólares, que las políticas nacionales en materia de hidrocarburos se definen desde el poder central.
El diputado chaqueño no quiso revelar mayores detalles sobre la denuncia, aunque dijo que la planta de Río Grande se adjudicó sin un estudio previo.
Consultado al respecto, el senador chuquisaqueño Ricardo Díaz, del Movimiento Al Socialismo (MAS), reconoció que existe esa denuncia, la que está siendo verificada por la comisión multipartidaria que investiga la supuesta corrupción en YPFB.
No dio más datos y aseguró que quien debe otorgar esas informaciones es el presidente de la comisión investigadora, Wálter Guiteras.
Fiscal confirma que O’Connor retiró $us 3,3 millones
El fiscal anticorrupción Edward Mollinedo confirmó ayer que el fallecido Jorge O’Connor, junto a Mario Cossío Galem y Luis Fernando Córdoba, retiró 3,3 millones de dólares del fideicomiso abierto para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Mollinedo dijo que esos retiros fueron hechos por los ejecutivos de la contratista, sin que se hubiera “movido una sola piedra en el lugar”.
Dio cuenta también de que el Ministerio Público recibió información en sentido de que de ese fondo, la empresa estadounidense Gulsby recibió alrededor de 13,2 millones de dólares.
El Tesoro General de la Nación (TGN) depositó 45 millones de dólares en el Banco Unión para cubrir más de la mitad de los 86,3 millones de dólares requeridos para construir la mencionada factoría, en tanto que el saldo debía ser cubierto con financiamiento externo.
La Fiscalía dice que procesará a otros 17 presuntos implicados
RELACIÓN • El fiscal Edward Mollinedo afirmó que se investigará a miembros de la familia O’Connor D’Arlach y de Navía Doria Medina. Se indagará también a funcionarios de YPFB.
LA RAZÓN
El Ministerio Público iniciará un proceso penal contra al menos 17 personas involucradas en el asesinato y robo de dinero al empresario Jorge O’Connor D’Arlach y la presunta red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según adelantó uno de los fiscales, se investigará a Mario Cossío, Luis Fernando Córdova, a miembros de la familia Navía Doria Medina, de la familia O’Connor D’Arlach y a funcionarios de la petrolera estatal.
“Se ha abierto caso e investigaciones en contra del empresario O’Connor, en contra del señor (Mario) Cossío, Luis Fernando Córdova (detenido en el penal de San Pedro), la familia Navía Doria Medina, no toda la familia. También se ha abierto proceso en contra de los funcionarios de YPFB que han participado en el proceso de licitación, selección, adjudicación y contratación de la empresa (Catler-Uniservice)”, afirmó ayer el fiscal Edward Mollinedo, en las puertas de la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Luego, el representante del Ministerio Público añadió: “Sí, son bastantes, aproximadamente tengo a 17 ó 18 personas contra quienes se ha iniciado el proceso penal por diferentes hechos o diferentes hechos penales”.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, solicitó el miércoles al fiscal Mollinedo realizar una pesquisa a Miguel O’Connor D’Arlach, hermano del empresario fallecido, por ser “una pieza fundamental” que podría esclarecer el destino y procedencia de los 450 mil dólares que portaba su hermano el día de su asesinato.
La autoridad de Gobierno nombró también a ejecutivos de YPFB que deberían ser investigados, además de otros miembros de la empresa estatal.
Hasta el miércoles, el Ministerio Público ya había convocado a declarar a Miguel O’Connor, sin embargo, según Suxo, el implicado no habría explicado el porqué su hermano llevaba ese dinero.
INVOLUCRADOS
Lista • La viceministra Suxo nombró el miércoles a 12 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entre ellos están la directora jurídica y el director administrativo de la empresa estatal.
Involucrados • Cossío acompañaba a los hermanos O’Connor el día de los hechos. Junto a ellos iban también los familiares de Jiovanna Navía, esposa del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez. El dinero habría estado destinado a una “coima”.
Directorio dice que no tenía competencia en el contrato
CASO • Los ejecutivos afirman que no estaban en funciones cuando se suscribió el documento.
Los miembros del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguraron que el contrato firmado por la estatal con el consorcio Catler-Uniservice no es de su competencia y que ello está establecido en los estatutos de la empresa.
Los ejecutivos de YPFB declararon ayer ante la comisión del Senado que investiga las irregularidades cometidas por la estatal en la firma del contrato con Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
El director nombrado por el Ministerio de la Presidencia, Fernando Vincenti, explicó que el directorio sólo está facultado para aprobar los contratos petroleros de exploración y de explotación de hidrocarburos y no los que hacen parte al resto de la cadena.
“De acuerdo con la norma que rige en YPFB, que emana de la presidencia de (Eduardo) Rodríguez Veltzé a través de un decreto, el único caso en que el directorio tiene competencia para aprobación de contratos es para los contratos petroleros de operación y semejantes”, señaló.
Mientras, el director por el Ministerio de Hidrocarburos, Mario Ávalos, indicó que se enteraron de la firma del contrato con Catler-Uniservice a través de los medios. Agregó que se demoró en ratificarlos al cabo de su gestión el 5 de agosto del 2008.
“No teníamos por qué conocerlo (el contrato), porque no estábamos en funciones. La gestión del directorio dura dos años, y la de éste empezó el 5 de agosto del 2006 y terminó el 5 de agosto del 2008, habiéndose suscrito el acuerdo contractual con Catler el 14 de julio del pasado año”, precisó el director por el Ministerio de Hacienda, Rafael Martínez.
Mientras, Vincenti explicó que en la gestión de Santos Ramírez, el directorio no fue llamado a reuniones, pese a la insistencia de sus miembros. Sostuvo que el ex presidente de la estatal petrolera procedió irregularmente porque se omitieron pasos administrativos en el proceso de licitación y se obvió la autorización del inicio de contratación, para lo cual sí está facultado el directorio.
En la petrolera faltan documentos
FALLA • YPFB no tiene los anexos del contrato con Catler-Uniservice.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cuenta con los anexos del contrato suscrito con el consorcio Catler-Uniservice, que a través del sistema de contratación directa se adjudicó la construcción e instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande, reveló ayer el actual presidente de la empresa, Carlos Villegas.
La autoridad recordó que el contrato tiene cuatro adendas y algunos anexos (siete, según la ANF) y denunció que estos últimos no pudieron ser encontrados en las oficinas de YPFB, tras la destitución de Santos Ramírez, por presunta corrupción.
Villegas informó que se pidió a Catler-Uniservice que envíe la documentación completa, es decir, el contrato, sus anexos y las cuatro adendas. Afirmó que en uno de los anexos está el cronograma de obras, necesario para controlar el avance del proyecto. Según la ANF, en los anexos también estaban los documentos completos de la propuesta adjudicada, el acta de concertación y el certificado de precalificación.
Con respecto a la suerte que correrá el contrato, Villegas reiteró que se espera al informe sobre el avance de la fabricación de los equipos en EEUU y Argentina; aunque aseguró la instalación de la planta separadora.
Sólo en su sede, YPFB tiene 1.500 burócratas
CIFRAS • El 2005, la estatal petrolera tenía 500 trabajadores en todo el país. Carlos Villegas despidió a 74 personas y dijo que habrá más retiros.
• OFICINA EN LA PAZ • Un grupo de personas se resguarda de la lluvia bajo una saliente del edificio central de YPFB, ayer.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuenta con 1.557 trabajadores sólo en el área administrativa de la oficina central; cuando en el 2005 eran 500 empleados en todo el país.
El incremento “exponencial” de la planilla de trabajadores fue revelado ayer por el actual presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, al justificar los despidos que se están ejecutando en YPFB y que ya llegan a 74.
La autoridad puntualizó que la cifra de 1.557 no toma en cuenta a los trabajadores de las empresas nacionalizadas, que ahora también forman parte de YPFB. Además, remarcó que el incremento de empleados en el área administrativa fue asimétrico en comparación con el número de técnicos que requiere la estatal.
“Una empresa petrolera no es una fuente laboral, no es una agencia de empleo. Una empresa petrolera es altamente intensiva en capital, por lo tanto requiere pocos trabajadores”, subrayó.
El incremento de funcionarios se habría iniciado en la gestión de Guillermo Aruquipa y continuó en la de Santos Ramírez, quien fue destituido del cargo el 30 de enero, por presunta vinculación en la irregular firma del contrato con el consorcio accidental Catler-Uniservice, para la construcción e instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
El senador Carlos D’Arlach, que fue presidente de Yacimientos durante la gestión de Carlos Mesa (2003-2005), explicó ayer a los medios que mientras él estuvo a cargo, la empresa estatal tuvo sólo 500 empleados.
Según información obtenida por La Razón, durante la presidencia de Juan Carlos Ortiz (2006-2007) los empleados de YPFB en todo el país no pasaban de 900, incluyendo a unos 150 trabajadores eventuales que tenían contrato por un año.
Durante la administración de Manuel Morales Olivera (enero a marzo del 2007) en todas la empresa a nivel nacional, existía aproximadamente 800 empleados, incluidos los temporales.
Villegas señaló ayer que los despidos de las 74 personas tienen diferentes causales. Explicó que algunos de los trabajadores echados están en la lista que le dio el presidente Evo Morales cuando lo puso al frente de la estatal petrolera. Mientras, otros fueron despedidos por tener presuntas responsabilidades en el proceso de contratación de la empresa Catler-Uniservice.
Un tercer grupo es el de los funcionarios cuyos servicios ya no se consideran necesarios.
El presidente de YPFB advirtió que los despidos continuarán, aunque no precisó el número de gente que será retirada. “Se va a despedir a los trabajadores que se considere que no son necesarios para el funcionamiento regular de la empresa, porque la empresa debe priorizar la inversión y no el gasto corriente”.
Ramiro Saavedra, del sindicato de trabajadores de YPFB, expresó su preocupación por los despidos y sostuvo que se busca una audiencia con Villegas.