Evo promete que los corruptos irán a la cárcel.
YPFB sí firmó contratos que dañan al Estado. Desembolsó fondos para el grupo Catler-Uniservice SRL.
Firma: el ex presidente de YPFB (derecha) suscribe el contrato con el representante de Catler, el 14 de julio de 2008.
YPFB. Se confirman más irregularidades en el contrato
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El consorcio que impulsa la planta separadora no tenía experiencia de trabajos similares.
Los desembolsos para el proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande fueron a parar a Catler-Uniservice S.R.L y posteriormente a una subsidiaria de nombre Gulsby, que es la que aporta con su experiencia y no a la sociedad accidental con la que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez asegura que firmó el contrato.
Así se desprende de una nota del Ministerio de Hacienda enviada a los medios de comunicación explicando la participación de esa cartera de Estado en la canalización de los recursos hacia el fideicomiso constituido en favor de YPFB.
Los hechos irregulares que rodearon a la selección del consorcio Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande se comenzaron a conocer luego del asesinato del empresario Jorge O’Connor el 27 de enero.
Hacienda informó que “el 1 de diciembre de 2008 y el 14 de enero de 2009, por instrucción de YPFB (el beneficiario del fideicomiso), el Banco Unión realizó traspasos a Catler-Uniservice S.R.L. por 1.650.000 dólares cada uno”.
Los recursos forman parte de los 35 millones de dólares depositados por el Ministerio de Hacienda en el fideicomiso de 90 millones de dólares formado para que YPFB impulse el proyecto.
Ramírez informó el lunes que se desembolsaron 6,8 millones de dólares para la sociedad accidental.
La referencia de que se canalizaron los recursos a Catler- Uniservice S.R.L difiere de la versión del ex presidente de la estatal, quién aseguró que la sociedad para construir la planta separadora de líquidos en Río Grande se constituyó con la firma Asociación Accidental Catler-Uniservice.
Hacienda precisó “los desembolsos que se han efectuado en este fideicomiso, el más grueso fue de 35 millones de dólares y se lo realiza el 12 de noviembre de 2008 con la apertura de la carta de crédito para la importación de ese equipo”.
Además complementa que de acuerdo con un reporte del Banco Unión, este desembolso se realizó para la apertura de una carta de crédito a nombre de Gulsby P.S., para la compra de equipo básico de ingeniería y diseño para la planta de gas.
Según el ex presidente de YPFB Carlos D’Arlach, esta empresa a la que subcontrató Catler-Uniservice es la única que tiene la experiencia en el sector en la construcción de plantas de GLP similares a la que se impulsa en Río Grande.
Este extremo fue admitido en septiembre del año pasado por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y presidente de YPFB, Santos Ramírez, en una carta de respuesta a la petición de un informe solicitado por D’Arlach y que pasó el 26 de agosto primero por manos del presidente Evo Morales antes de llegar al Senado. Las autoridades mencionan que la experiencia de la sociedad se apoya en la “sociedad Gulsby”.
Para ese fin detallan que esta compañía presentó como respaldo 95 proyectos, en cambio de Catler-Uniservice no se hace conocer ninguno. Como antecedente se tiene que este consorcio se creó con un capital de 50.000 bolivianos. En la respuesta, Villegas y Ramírez complementan que la sociedad se encuentra formada por Catler, Gulsby , Uniservice S.R.L., Arcan Engineering, Carlos Caballero S.R. L. y E.N.S.R Bolivia S.R.L. La misma se encuentra con domicilio en el barrio Las Palmas, 4to anillo, Nº100 T. Rent 171/2. Caballero aclaró el 6 de febrero que su empresa nunca confirmó ninguna relación comercial con Catler ni Uniservice, ni formó parte de ese consorcio. Un empleado de Catler-Uniservice en Argentina, al que logró contactar La Prensa el lunes 2 de febrero, de nombre Javier Montes dijo que la compañía trabaja en conjunto con Gulsby, firma asentada en Texas, Estados Unidos, que ha construido más de 50 plantas iguales o más grandes que las de Río Grande.
Fuentes del sector consideran que en lugar de darle el contrato a Catler, con la que se debió establecer una relación directa es con Gulsby, la que finalmente levantará la obra.
Empresas locales consultadas por El Deber, el 30 de enero, expresaron que llama la atención que la mayor parte del contrato por 86,3 millones de dólares presuntamente va para la subcontratada (Gulsby), que se queda con 55 millones de dólares. Otros 15 millones van para Sica Gonella, encargada de construir los tanques, las obras civiles están valuadas en 10 millones de dólares, otros 6 millones se van en impuestos, costos directos y de administración y utilidades de Catler-Uniservice.
Aseguran que este tipo de operaciones se hacen al revés: Gulsby debió ser la empresa contratada por el Estado y ésta debió encargarse de subcontratar servicios de otros consorcios para las “obras menores”.
El destituido viceministro de Desarrollo Energético Misael Jemio a la pregunta de por qué ganó Catler frente a una gigante como Hanover, la otra empresa postulante, aseguró que “la propuesta económica de Hanover Exterran fue ligeramente menor a la de Catler, pero su planta producía un 25 por ciento menos (GLP y gasolina) que la de su competidora”.
Esa diferencia gravitó para que Catler gane. “La razón fue la ventaja o beneficio económico para el país. Mientras la una (Hanover) ofrecía producir 270 toneladas, la otra (Catler), 360. Esa diferencia equivale a unas 35.000 toneladas al año, si nosotros importáramos ese volumen, eran más de 35 millones de dólares. Era demasiada la diferencia de dinero”. Hanover Exterran es uno de los consorcios más grandes del mundo en el ramo, con 10.700 empleados y presencia en 30 países del mundo, y es una firma con experiencia en Bolivia. La comisión interventora de YPFB investiga las irregularidades cometidas por ex autoridades que estuvieron a su mando.
Las principales observaciones
1.- La primera omisión de YPFB fue la de no haber protocolizado el documento ante Notario de Gobierno en la Prefectura de La Paz, pese a que la estatal efectuó un desembolso de 6,8 millones de dólares a favor de la compañía. Este trámite es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Luego de esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro.
2.- La segunda irregularidad tiene que ver precisamente con el hecho de que el documento no llegó a esa entidad. Este requisito debió cumplir a los cinco días de haberse suscrito el contrato, pero como no fue así, Ramírez podría ser sujeto de responsabilidad civil, administrativa y penal, de acuerdo con lo que dictamine la auditoría iniciada por la Contraloría.
3.- La tercera observación se refiere a que el Directorio en pleno de YPFB no llegó a conocer el contenido.
4.- El Decreto Supremo 29506 le dio a YPFB poder para efectuar contrataciones directas y a cuyo amparo realizó ajustes a la licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos y ajustó el contrato con Catler-Uniservice.
5.- Una quinta irregularidad se desprende de las cuatro adendas introducidas al contrato original firmado el 14 de julio. Éstas excluyen a Catler-Uniservice de la presentación de tres boletas de garantía.
6.- Catler-Uniservice se unieron para encarar el proyecto de la planta separadora de líquidos tres días antes de firmar el contrato.
Más datos
Hasta el miércoles se esperan resultados de la intervención en la estatal petrolera.
La comisión gubernamental está por concluir la revisión legal del contrato.
El Gobierno garantizó que no encubrirá ningún acto de corrupción en su gestión.
YPFB sí firmó contratos que dañan al Estado
SANCIÓN • El presidente Morales anunció ayer que todos los corruptos irán a la cárcel.
La Razón
La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribió contratos que dañan los recursos del Estado, informó a La Razón la viceministra de Transparencia y Lucha contra Corrupción, Nardi Suxo.
La autoridad es parte de la comisión que formó el Poder Ejecutivo para investigar las supuestas irregularidades cometidas en la estatal petrolera durante la gestión del ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
La comisión investiga el proceso de adjudicación y el contrato suscrito el 14 de julio del año 2008, entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice, para la construcción e instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Tarija).
Tras las indagaciones que viene realizando, desde el lunes (2), Suxo señaló que se estableció que “hay contratos lesivos al Estado porque se han suscrito contratos que dañan a los recursos del Estado”. El documento establece el pago de 86,3 millones de dólares para la ejecución de dicha obra. Según el nuevo presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, ya se desembolsaron 38 millones de dólares.
A media semana, la viceministra Suxo adelantó que existían indicios de cuatro delitos cometidos en la petrolera, los que responsabilizan a Ramírez por incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, contratos lesivos al Estado y daño económico al Estado.
En tanto que el presidente Evo Morales anunció ayer que los corruptos tendrán cárcel. ´Quiero aprovechar esta oportunidad (para decir) que a ningún corrupto se perdona, sea masista o no masista; los corruptos (irán) a la cárcel, sean familiares o no familiares; corruptos a la cárcel´, remarcó el Jefe de Estado.
Suxo recordó que se estableció incumplimiento de deberes, debido a que el contrato suscrito debió ser protocolizado y enviado (una copia) a la Contraloría General de la República (CGR). Procedimientos que en la gestión de Ramírez se omitieron.
También explicó que en YPFB se vulneraron las normativas de adquisición de bienes, inclusive el propio decreto que el Gobierno emitió para permitir la contratación directa, con el objetivo de acelerar la ejecución de obras en el sector de hidrocarburos.
Ayer, el contralor interino, Gabriel Herbas, anunció que su despacho iniciará una auditoría de los bienes de Santos Ramírez. Indicó que por ahora no se tiene idea exacta de su patrimonio.
LOS HECHOS
Fusión • Las empresas Catler y Uniservice se fusionaron tres días antes de la suscripción del contrato con YPFB para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Tarija), informó la viceministra Nardi Suxo.
Directorio • El contrato con la sociedad accidental Catler-Uniservice fue suscrito sin la aprobación del directorio de YPFB, lo mismo que las cuatro adendas que fueron adjuntadas al documento, después de que éste ya fue firmado.
Evo dice que no habrá perdón y que corruptos irán a la cárcel
El Mandatario critica que personas sin moral indaguen el flagelo
Indagaciones: Santos Ramírez (centro) declaró en la Fiscalía el viernes por asesinato y robo agravado
La Prensa
El Presidente asegura que la corrupción es propia del colonialismo, por lo que habló de descolonización.
El presidente Evo Morales aseguró ayer que no habrá perdón para los corruptos, sean miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) o familiares de las autoridades o dirigentes de ese frente político, y advirtió de que irán a la cárcel.
El Jefe de Estado se refirió a ese tema en momentos en que su Gobierno afronta un escándalo en YPFB que involucra a uno de sus hombres de confianza, Santos Ramírez Valverde, la esposa de éste, Jiovana Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS, los hermanos de ésta, Javier, Juan Carlos y Mario, además de su primo, Gonzalo Aramayo Doria Medina, y los empresarios que se adjudicaron la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande.
En el discurso de promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, Morales se refirió a que el nepotismo, la burocracia del Estado y sobre todo la corrupción han sido un derecho del Estado colonial, por lo que a partir de la puesta en vigencia de la Carta Magna se tiene que descolonizar ese flagelo.
Fue en ese marco que aseguró: “Quiero aprovechar esta oportunidad (para decir) a ningún corrupto se perdona, sea masista o no masista, corruptos a la cárcel, sean familiares o no familiares, corruptos a la cárcel”. Esa promesa fue recibida con entusiasmo por la multitud que hasta entonces se mantuvo apática.
Luego de conocer de las aparentes irregularidades en Yacimientos, el Mandatario echó de la presidencia de la estatal petrolera a Santos Ramírez e instruyó una investigación.
El escándalo de una supuesta red de corrupción en la estatal petrolera y las probables irregularidades en la firma del contrato con Catler–Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), cuyo costo asciende a 68,3 millones de dólares, salieron a la luz pública, luego de que el martes 27 de enero uno de los miembros de esa sociedad, Jorge O’Connor D’Arlach, fuera asesinado a plena luz del día para arrebatarle 450.000 dólares que momentos antes había retirado del Banco Unión.
El empresario tarijeño fue ultimado en el zaguán de la vivienda de Gonzalo Aramayo, primo cuñado de Santos Ramírez. Sin embargo, esa casa también resultó ser el domicilio legal de la Fundación Khantati, de la que Aramayo y el hermano de la esposa del ex presidente de la estatal petrolera, Javier Navia Doria Medina, son socios.
Según las investigaciones, los 450.000 dólares que O’Connor llevaba consigo supuestamente eran una “comisión” para el ex titular de la estatal petrolera, porque habría favorecido la contratación de Catler–Uniservice.
El presidente Morales fue quien ratificó las informaciones periodísticas en sentido de que ese dinero provenía de las arcas del Tesoro General de la Nación, pero se desconocía su destino, y decide separar a Ramírez de YPFB.
Sin embargo, después de ser testigo del asesinado del empresario, Javier Navia aseguró a uno de los periodistas de La Prensa que el dinero que le arrebataron “era para la Fundación”. Un día después se conoció que se trataba de la Fundación Khantati.
El partido gobernante también presionó para que la esposa de Ramírez se despoje de su inmunidad parlamentaria, a fin de que se someta a las investigaciones iniciadas en su contra porque, según la Fiscalía, ella habría estado en el inmueble el día en que ocurrió el crimen.
Las indagaciones
A la fecha, están en curso cuatro investigaciones en la Fiscalía, el Senado, la Contraloría General de la República y el mismo Gobierno sobre el asesinato y robo agravado al empresario, y la aparente red de corrupción en Yacimientos por la firma de un contrato millonario en el que hubo al menos ocho irregularidades.
La indagación que realiza el Senado está encabezada por Wálter Guiteras (Podemos), quien en años anteriores fue parlamentario de ADN y ministro del extinto presidente Hugo Banzer Suárez.
Sin referirse específicamente a ese legislador, el presidente Morales criticó ayer que “corruptos” investiguen hechos de esa misma naturaleza, porque no tienen ninguna autoridad ni moral.
Según el Presidente, luego de la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), lo que deberían hacer esos políticos es aclarar la procedencia de sus bienes.
No es la primera vez que parlamentarios o autoridades del Gobierno se ven involucrados en hechos irregulares.
Los casos más sonados están referidos a la venta de visas chinas a ciudadanos asiáticos, en el que también se vio involucrado Ramírez y parlamentarios masistas, y la venta de avales en la administración pública.
Uno de los recientes casos que todavía está en investigación es el supuesto contrabando de 33 camiones en Pando, en el que se vio involucrado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Juan Carlos Navia reitera que estuvo en Santa Cruz
Juan Carlos Navia Doria Medina, investigado por la Fiscalía porque presuntamente el día del asesinato y atraco a Jorge O’Connor conducía la vagoneta Cherokee en la que iba el empresario, reiteró ayer lo dicho por su abogada, Cinthia Prince, que ese día se encontraba en Santa Cruz, para lo cual presentó dos facturas del pasaje que compró en AeroSur y del Hotel Cortez, donde se habría hospedado.
“El día 26 de enero, un día antes de esos hechos realmente lamentables, yo me fui a la ciudad de Santa Cruz, a las 14.30 de la tarde. Yo no me encontraba en el lugar de los hechos porque estaba en Santa Cruz y me quedé hasta el 2 de febrero en esa capital, alojado en el Hotel Cortez”.
Explicó que se ausentó de la ciudad de La Paz para que le realicen una evaluación “técnico profesional” de ingreso a la empresa YPFB Transportes.
Según la factura de dicha empresa hotelera y que fue expuesta por él, estuvo siete días en ese lugar.
Sin embargo, no hay la factura de la fecha de retorno de su pasaje. Al respecto, Navia explicó que retornó vía terrestre y para ello mostró un recibo de un trufi, cuyo costo es de 100 bolivianos hasta la ciudad de Cochabamba y de ahí volvió en transportes Copacabana y llegó el martes 3 de febrero a las 05.00 a la ciudad de La Paz.
Sostuvo que el miércoles 4 de febrero se presentó voluntariamente en la Fiscalía y le entregaron su citación para que declare el viernes 6, pero esa sesión fue suspendida para el martes 10 de febrero.
Explicó que lo involucran con este caso porque es cuñado de Santos Ramírez, por haber trabajado en Yacimientos como Jefe de Prensa y porque en la escena del crimen estaban su hermano Javier Navia y su primo Gonzalo Aramayo. “Desconozco de toda la actividad, de todo su movimiento, qué estaban haciendo y desconozco porque ellos son casados, yo soy casado y cada uno tiene su actividad”.
Los detalles
El 27 de enero fue asesinado y atracado el empresario Jorge O’Connor.
Tenía en su poder 450.000 dólares del Estado que le fueron arrebatados.
El dinero era aparentemente una “comisión” para Santos Ramírez.
El ex Presidente de YPFB habría favorecido la contratación de Catler-Uniservice.
Esa sociedad se adjudicó la construcción de la planta separadora de líquidos.
La Fiscalía presume que la esposa de Santos Ramírez también estaba el día del crimen.
Además indaga a Juan Carlos Navia, porque habría conducido el auto de O’Connor.
Está previsto que el equipo de fiscales presente un informe la próxima semana.
A la fecha se realizaron siete allanamientos para recabar supuestas pruebas.
También se secuestraron tres motorizados que fueron conducidos el día del crimen.
Contraloría auditará a Santos Ramírez
Gabriel Herbas conformó un equipo de cinco auditores y dos abogados
La Contraloría General de la República (CGR) auditará los bienes que posee el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, a fin de determinar cuál es su patrimonio. La ex autoridad también fue diputado y presidente de la Cámara de Senadores por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El ex titular de la estatal petrolera hizo su última declaración jurada de bienes y rentas el 14 de marzo de 2008 en la entidad fiscalizadora.
De acuerdo con ésta, sus bienes activos suman 154.000 bolivianos, sus pasivos o deudas hacen un total de 256.000 bolivianos, por lo que su patrimonio neto tiene un saldo negativo de 102.000 bolivianos. El total de sus rentas suma 199.500 bolivianos.
El Estatuto del Funcionario Público obliga a los servidores públicos a presentar su declaración jurada de bienes y rentas antes de asumir el cargo y a su conclusión.
Ramírez fue destituido de la Presidencia de Yacimientos el 31 de enero y al cabo de dos semanas de su alejamiento no actualizó su declaratoria.
La fiscalización a los bienes del ex titular de YPFB fue anunciada ayer por el contralor interino de la República, Gabriel Herbas. “No tenemos en este momento la idea exacta del patrimonio de Santos Ramírez, esto lo establecerán los auditores”.
Esta auditoría a los bienes de Santos Ramírez se anuncia en medio de otras investigaciones que fueron iniciadas por la Contraloría, la Fiscalía, el Senado y el Gobierno por la supuesta corrupción en YPFB y las irregularidades en la firma del contrato con la sociedad Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), cuyo costo es de 86,3 millones de dólares.
Ese escándalo fue destapado tras el asesinato y robo de 450.000 dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, socio de Catler-Uniservice. Ese dinero, al parecer, era una “comisión” para el ex Presidente de Yacimientos porque había favorecido la contratación de esa compañía.
Luego de que estos hechos fueran conocidos, el presidente Evo Morales lo destituyó y puso en su lugar a Carlos Villegas.
Para esclarecer el patrimonio de Ramírez y también otras irregularidades en Yacimientos, el Contralor informó que fue creado un equipo de investigadores integrado por cinco auditores y dos abogados.
“Ayer (viernes) el equipo de auditores se constituyó en YPFB para tomar a su cargo la investigación, entonces este proceso de investigación de la Contraloría se está llevando adelante”.
Una de las irregularidades que cometió Santos Ramírez está referida a que el contrato con Catler-Uniservice no fue remitido a la Contraloría General para su registro, ello porque ese documento no fue protocolizado en la Notaría de Gobierno.
Sin embargo, pese a no cumplir esos requisitos, la empresa había comenzado las obras y se hicieron al menos tres pagos por 6,8 millones de dólares.
El contralor Herbas no precisó si la auditoría alcanzará a la esposa de Ramírez, Jiovana Navia Doria Medina, también diputa suplente del MAS, quien declaró sus bienes el 16 de diciembre de 2006.
Según el documento de la Contraloría, la pareja de Santos Ramírez tiene bienes activos por 144.000 bolivianos, no tiene deudas, por lo que su patrimonio neto es de 144.000 bolivianos.
Sus rentas ascienden a 60.000 bolivianos.
La esposa de Ramírez es investigada por la Fiscalía porque el 27 de enero, día en que fue victimado O’Connor, al parecer estaba en la casa donde fue baleado el empresario.
Sus hermanos Juan Carlos, Mario y Javier también son indagados, además de su primo Gonzalo Aramayo. Los dos primeros trabajaron en YPFB y los otros dos son socios de la fundación Khantati y estaban presentes el día del asalto.