Editorial El Diario.
El Ejecutivo continúa emitiendo decretos que si bien son instrumentos normativos a los que puede recurrir, abusa de ellos, hasta para dilucidar asuntos cuyo tratamiento corresponde al Poder Legislativo, puesto que tienen que ser debatidos, consensuados, modificados, enriquecidos y sancionados. Corresponde mencionar que los legisladores del Movimiento Al Socialismo y sus aliados tienen mayoría en la Cámara de Diputados, pero en el Senado son minoría, además de que pocos parlamentarios puedan llevar adelante reuniones conciliatorias. Ante esa situación los oficialistas actúan con prepotencia y precipitación, dejando de lado la planificación y el análisis. El sectarismo y dogmatismo de muchos senadores y diputados masistas impide la discusión y el debate, siendo también débiles las fundamentaciones de los proyectos que presentan. En consecuencia la administración gubernamental se ve impedida de promulgar mediante la vía congresal algunas leyes de la República, al no contar con mayoría en la Cámara Alta, recurriendo a la emisión de decretos, práctica reconocida y sostenida por el propio Presidente, quien además declaró que incurre en ilegalidades, que después las tienen que “legalizar” sus abogados.
Antes del referéndum del 25 del pasado mes, el Jefe de Estado anunció que ante la falta de mayoría de su partido en el Senado se vería obligado a gobernar por la vía del “decretazo”. En un principio la población recibió ese adelanto como una salida electoral, mereciendo rechazo y críticas, porque la mejor forma de administrar un Estado es mediante la ley y la transparencia en su ejecución, para lo cual lo primordial es la coordinación entre los Poderes del Estado, lo que no ocurre con la actual Gobierno, que está más interesado en buscar la confrontación tanto con los legisladores de la oposición como con los miembros del Supremo Tribunal de la Nación. Sobre todo con los máximos representantes del Poder Judicial, a quienes no sólo los agrede con denuncias e insinuaciones, sino que recurre a la presión exigiéndoles que renuncien a los cargos que ocupan, por aplicación de la nueva Constitución. Tal comportamiento sorprende, porque la Ley de Leyes establece un tiempo destinado al período de transición que tiene que existir para aplicar la nueva Carta Magna.
Que el presidente Evo Morales Aima apele al “decretazo” significa que no tiene confianza en sus legisladores para aprobar las leyes propuestas por el Ejecutivo. El Decreto es un instrumento que debe ser utilizado en el momento oportuno y para temas realmente importantes. Es el caso del DS 21.060 de agosto de 1985, durante la última presidencia de Víctor Paz Estenssoro, norma que estaba dirigida primero a frenar la hiperinflación que afectaba a Bolivia e imponer la nueva política económica nacional, vigente hasta el momento, pese a las críticas de los sectores marginales de la izquierda. Pero ese instrumento ha cumplido 23 años y su vigencia no es cuestionada, sobre todo por quienes se identifican como socialistas, que además administran el Estado sobre la base de esa propuesta cuestionada y vilipendiada.
El último decreto promulgado por el Gobierno tiene el objetivo de asegurar el voto de los bolivianos en el extranjero, argumentando que es para dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo I del artículo 27 de la Constitución Política del Estado que expresa que los bolivianos (as) residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás fijadas por ley. Tal derecho se lo ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Organo Electoral. Esto significa que se debe elaborar el padrón electoral, lo que traerá problemas y susceptibilidades, además de que se puede cometer irregularidades, como las denunciadas identificaciones duplicadas, números de identidad hasta cuadriplicados, ciudadanos fallecidos que votan, electores hasta con 150 años de edad, es decir errores que no han podido ser enmendados. Por ello es dudoso que se pueda habilitar con transparencia a esos electores que viven fuera del país.
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A propósito de ese decreto, analistas políticos, juristas y políticos han coincidido en declarar que Morales Aima quiere contar con el voto de los bolivianos que viven en el extranjero porque está perdiendo preferencia en Bolivia, debido a las denuncias de corrupción, peculado y otros delitos que comete gente de su partido y que están saliendo a luz. Además esa es una forma de quebrantar el Estado de Derecho que rige en el país y gobernar por decretos es ingresar a una dictadura. El gobierno del MAS pasa por un momento muy crítico por el descubrimiento de actos de corrupción en YPFB, donde el principal implicado es Santos Ramírez, otrora segundo hombre en el partido del Gobierno, quien en su defensa aseguró que sus actos están respaldados por decretos suscritos por Evo Morales. Eso demuestra que los decretos inducen a la corrupción, por lo que el Ejecutivo tiene que revisar esta forma antidemocrática de gobernar.