Otro escándalo. Santos ordenó a la estatal petrolera pagar a la empresa de su propiedad.
SIPSA también estaba autorizada a acceder a un crédito por $us 152 millones del Banco Central de Bolivia.
Labor: trabajadores de Senkata llenan las garrafas de GLP, su antigüedad era regulada por Full Industry
YPFB contrató a SIPSA, empresa de Ramírez, por $us 1,8 millones
La empresa de servicios iba a tener un contrato para engarrafar GLP
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La Prensa
YPFB Andina tiene un contrato con SIPSA por 4,3 millones de dólares para hacer perforación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) por 1,8 millones de dólares para que recalificara garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) y esta compañía, conformada por Santos Ramírez, además estaba por recibir parte del crédito de 1.000 millones de dólares que otorgó el Banco Central de Bolivia (BCB) a la estatal.
Así lo revelan datos incluidos en actas de reunión de su directorio y el presupuesto proyectado por la entidad.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó el jueves que en SIPSA se encontraron graves anomalías en su constitución, manejo financiero y pasivos, por lo que solicitó una auditoría e investigación al Ministerio de Transparencia.
Documentos de constitución revelan que el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, a nombre de YPFB, adquirió el 25 de agosto del año pasado 218 acciones de la empresa Full Industry y que el 4 de septiembre la conformó como SIPSA, una sociedad anónima al margen de la estatal, y puso a su mando a personeros de su entorno.
Entre ellos, a Rogelio Ashmine como gerente, Misael Gemio, presidente, y María Esther Carmona, vicepresidenta.
El abogado defensor del ex Presidente de YPFB Albo Lacaze señaló que no tiene información de SIPSA.
Un acta de la reunión de directorio de esa empresa fechada el 19 de septiembre, a la que accedió La Prensa, confirma la prestación del servicio de recalificación de garrafas a la estatal.
En la oportunidad, el Directorio de SIPSA autorizó al gerente general Rogelio Ashmine a suscribir con YPFB un contrato para este fin por el monto de 1,8 millones de dólares.
El aval es otorgado después de un intercambio de opiniones y tomando en cuenta el informe técnico SIPSA-003-2008, de fecha 17 de septiembre, presentado al Directorio.
El acta añade: “Con las atribuciones que le confiere el artículo 36 de los estatutos, se decidió por unanimidad autorizar a Rogelio Ashmine en su condición de gerente general de YPFB-SIPSA para que suscriba el mencionado contrato”. En la reunión participaron como presidente del Directorio Misael Gemio, destituido de su cargo de viceministro de Desarrollo Energético. También asistió la ex asesora de la estatal petrolera Esther Carmona en su calidad de vicepresidenta. Esta funcionaria del entorno más cercano de Ramírez también fue alejada de Yacimientos. Completaron la reunión el director Reinaldo Marín y la síndico de SIPSA Nelly Salvatierra.
El Comité Cívico de Camiri también reveló que parte de los 1.000 millones de dólares que el Banco Central de Bolivia (BCB) debía prestar a YPFB tenía como destino final la compañía creada por Ramírez.
Los datos de la estatal señalan que, de los 1.000 millones de dólares que se prestó del BCB, este año invertirá 1.000 millones de bolivianos (152 millones de dólares) en el rubro de perforación, cuya labor fue encomendada a SIPSA, que tiene un contrato con YPFB-Andina para el campo Víbora en Santa Cruz. El resto del crédito será para exploración, refinación y comercialización.
La ex empresa capitalizada, en respuesta a un cuestionario de El Deber, confirmó que tiene un contrato por 4.334.000 dólares con SIPSA para la perforación del pozo Víbora 34 b y 35 h.
Sin embargo, YPFB-Andina aclaró que aún no realizó un solo desembolso. Según la matrícula de inscripción en el registro de comercio de Fundempresa al que accedió La Prensa, esta compañía se constituye para prestar los servicios de perforación de pozos petroleros y gasíferos, exploratorios, productivos y de mantenimiento de pozos, construcción de plantas y equipamientos de campos petroleros y gasíferos, tendido e instalación de poliductos y plantas de almacenamiento.
Se funda con un capital pagado por los accionistas de 1,1 millones de bolivianos que forma parte del patrimonio. Además de un capital autorizado de 1,7 millones de bolivianos. La firma en su portal (www.ypfb-sipsacom-bo.jeparaportal.com) se hace conocer como YPFB-SIPSA, signataria de una joint venture con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para prestar servicios al sector.
El Gerente tenía amplios poderes para hacer negocios
El gerente de la YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima S.A. (SIPSA), Rogelio Ashmine, recibió amplios poderes para hacer negocios y actuar al margen de toda fiscalización del Estado.
Esta empresa fue fundada por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez para prestar los servicios de recalificación de garrafas y perforación petrolera a la propia estatal
Los documentos de otorgación de poderes de la empresa a los que accedió La Prensa revelan que el 16 de septiembre de 2008 el presidente de la empresa Misael Gemio Jordán y la vicepresidenta Esther Rosario Carmona le dan pleno respaldo a su gerente.
De esa manera Ashmine queda facultado para que en forma amplia y sin limitaciones de ninguna especie represente, administre y maneje los intereses y bienes de la sociedad judicial y extrajudicialmente. Ashmine tenía carta blanca para celebrar contratos de préstamo, financiamiento, crédito, joint venture y otros con terceras personas y empresas, invirtiendo en ello recursos de la sociedad.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, señaló el jueves que esta empresa adquirió pasivos que son investigados.
El Gerente de SIPSA podía realizar operaciones comerciales de compraventa de productos y servicios; adquirir, arrendar, comprar, vender, permutar, alquilar bienes inmuebles y transferir prendas. Algo que llama la atención es que Ashmine tenía aval para obtener certificados de depósito y bonos de prenda sobre bienes y mercadería de la sociedad. Fuentes del sector señalan que con esta prerrogativa el equipo de perforación que se trajo desde Venezuela y que llegó a poder de la firma estaba sujeto a su libre disposición.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente señaló que SIPSA fue creada al margen de YPFB para eludir los controles de la Contraloría y la dependencia de la Ley Safco porque al constituirse como sociedad anónima sólo debe responder a sus accionistas. En su criterio, la empresa debía haber sido creada como sociedad anónima mixta.
El analista Hugo del Granado añadió que SIPSA está liberada de los controles de gasto del Ministerio de Hacienda porque al ser una firma privada el Estado no interviene.
No se pagó la transferencia
La ex presidenta del directorio y apoderada de Full Industry, Lucy Barbery aseguró que a la fecha los responsables de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) no le pagaron un solo centavo por la transferencia de la mayoría de sus acciones.
Esta empresa dedicada a la recalificación de garrafas desde 2002 decidió venderle 218 acciones al ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A cambio, Barbery se quedaba apenas con una acción, como Nilda Domínguez.
La ex representante de Full Industry informó a Cadena A que el negocio fue cerrado con Misael Gemio por un monto de 216.000 dólares, pese a que la planta de recalificación tiene una valor superior a los 300.000 dólares.
La ex propietaria, con lágrimas, contó que hizo la transacción por la necesidad de recursos y trabajo.
“Yo hice el trato con la inocencia que he tenido al aceptar de quedarme como socia con el 1 por ciento por la necesidad de trabajo que yo tenía”. Envió una carta a YPFB para que se le entreguen sus recursos.
Colaboradora de Ramírez fue directora de SIPSA
Empresa • La creación de la recalificadora fue cuestionada por el presidente de YPFB.
La Razón
Esther Carmona, que fue la jefa de gabinete del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que tiene presunta responsabilidad en los hechos de corrupción en la estatal, fue vicepresidenta del directorio de la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras SA), investigada por el Ministerio de Transparencia, a pedido del actual presidente de la petrolera, Carlos Villegas Quiroga.
Desde el 2006, Carmona ha sido estrecha colaboradora de Ramírez. Se desempeñó como jefa de su gabinete, asesora de bancada y secretaria técnica del ex presidente de YPFB. También fue directora jurídica de la estatal y hoy está implicada en los hechos de corrupción en la empresa.
Según el acta de constitución de SIPSA, Carmona figura como vicepresidenta del directorio.
La empresa SIPSA es investigada por su supuesta conformación irregular. Fue creada por la estatal como una empresa de recalificación de garrafas y de servicios de perforación de pozos.
Así, Yacimientos decidió comprar la empresa Full Industry, de Mario Osini, por $us 215.000. Una fuente vinculada a YPFB explicó que la decisión se tomó porque la Superintendencia de Hidrocarburos cortó los permisos para este tipo de empresas, acción que levantó quejas por el peligro que representaba la circulación de garrafas en mal estado. Pese a que se firmó el contrato con Osini, el monto aún no fue pagado.
SIPSA también debía convertirse en la socia de la venezolana PDVSA para la formación de la empresa de perforación. La misma fuente dijo que se la creó como Sociedad Anónima (SA) y no como Sociedad Anónima Mixta (SAM) para poder pagar a sus técnicos salarios mayores al del Presidente de la República.
APUNTES
Perforación • SIPSA ya operaba como empresa de perforación en el campo Víbora de Santa Cruz, con el taladro de la estatal venezolana PDVSA que llegó al país el año pasado.
Garrafas • Como recalificadora de YPFB, SIPSA opera en El Alto desde octubre del año pasado. Según el encargado de la empresa, Luis Parra, SIPSA aumentó su producción
Consorcio usó 3,3 millones de dólares como quiso, dice Suxo
Parte de ese dinero llegó a los ejecutivos de la Fundación Khantati
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) elevó un informe al Ministerio de Transparencia.
La Prensa
Los 3,3 millones de dólares pagados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la sociedad accidental Catler-Uniservice no fueron invertidos en las obras destinadas a la construcción de una planta separadora de líquidos, sino que fueron distribuidos entre sus ejecutivos, empresas, particularmente e incluso, los parientes políticos de Santos Ramírez, según denunció ayer la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.
La autoridad recibió el informe que había solicitado a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre el movimiento de las cuentas de los involucrados en el caso de corrupción que llevó al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Santos Ramírez al penal de San Pedro.
La ex autoridad y su entorno profesional y familiar son investigados y procesados por el atraco y asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach el 27 de enero pasado.
Las investigaciones de la Fiscalía coinciden con el reporte oficial de la UIF, que da cuenta de los retiros de dinero efectuados por ejecutivos del consorcio.
Así, Mario Ángel Cossío, ingeniero en sistemas de la sociedad, hizo tres retiros del fideicomiso que YPFB abrió en el Banco Unión para dar lugar a la construcción de esa planta separadora de líquidos en Río Grande.
El primero de ellos, de 110.000 dólares, fue hecho el 3 de diciembre del año pasado; 55.000, el 15 de enero, y 150.000, el 27 de enero.
Luis Fernando Córdoba Santiváñez, egresado de Derecho y que se presenta como abogado de la firma, extrajo 110.000 dólares el 3 de diciembre de 2008, 20.000, el 20 de diciembre, y 150.000, el 27 de enero.
El socio Jorge O’Connor D’Arlach hizo un retiro de 580.000 dólares el 3 de diciembre pasado; 100.000, el 3 de enero, y otros 150.000, el 27 de enero, cuando murió.
Suxo explicó que los tres retiros del martes 27 de enero se hicieron con diferencia de minutos, por lo que manifestó su extrañeza, pues transacciones de esa magnitud no se hacen en caja, sino que se debe hacer un trámite para ingresar en la bóveda y, además, contar semejante cantidad exigiría mucho más tiempo.
Denunció, además, que después de realizarse los retiros, Helen Soto Cabello, quien declara ser encargada de compras de la sociedad accidental Catler-Uniservice, hizo algunos giros con esos recursos.
Pablo Cossío Cortez, hermano del Prefecto de Tarija, recibió un cheque por 2.490 dólares (ver recuadro).
Javier René Navia Doria Medina, todavía cuñado de Ramírez, se benefició con tres giros, uno de 17.000 dólares, el 25 de agosto de 2008; otro de 87.500 bolivianos, el 31 de octubre, y otro de 21.000 bolivianos, el 10 de noviembre.
Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina recibió un giro de 87.500 bolivianos el 31 de octubre del año pasado.
Los dos son ejecutivos de la Fundación Khantati, también bajo investigación.
Mario Ángel Cossío, que no es familiar del Prefecto tarijeño, percibió 70.000 bolivianos el 20 de noviembre y 5.000, el 27 de noviembre.
Acusan al hermano
La ministra de Transparencia Institucional, Nardi Suxo, denunció que el lunes 2 de febrero, cinco días después del asesinato de su hermano, Miguel O’Connor D’Arlach intentó retirar el saldo del dinero que había sido traspasado a la cuenta de Catler-Uniservice desde el fideicomiso de Yacimientos, a través del cobro de dos cheques que llevaban la firma del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach.
El Banco Unión rechazó, a las 16.00 de aquel lunes, el pago del cheque 000037 cuyo importe de 500.000 dólares debía ser depositado en la cuenta 1130952018 del Banco Bisa, perteneciente a Uniservice SRL.
En forma paralela, esa institución rechazó el pago del cheque 000010 por 60.000 bolivianos.
La cuenta de Uniservice SRL había sido bloqueada por instrucción de la Unidad de Investigaciones Financieras.
Suxo afirmó que Miguel O’Connor, de 33 años, tiene un depósito de plazo fijo por más de un millón de dólares, lo que debe ser investigado por el Ministerio Público.
Pablo Cossío desmiente
El hermano del Prefecto de Tarija, Pablo Fabián Cossío Cortez, desmintió la denuncia formulada por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, al asegurar que nunca recibió un cheque del consorcio Catler-Uniservice.
“Tengo dos empresas, una es la agencia de viajes Nómade y la fábrica de muebles Comas. Ambas son sociedades de responsabilidad limitada. Tendría que revisar la contabilidad de ambas, pero yo no he recibido un cheque de ese consorcio a mi nombre. No entiendo por qué esa señora me calumnia de esa manera”.
Pablo Cossío sostuvo que conoció la existencia del consorcio Catler-Uniservice, después de que se produjera el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, en La Paz.
Negó, además, mantener relación empresarial con Miguel O’Connor D’Arlach, aunque admitió haber formado con él la compañía GSA, que tenía la finalidad de vender los boletos de Aerolíneas Sudamericanas, una línea que nunca voló, por lo que GSA tampoco llegó a operar.
Hallan pistas de un ex gerente de YPFB en el caso del volteo
Una alta fuente de la investigación reveló que se halló un papel en el que hay anotaciones extrañas —que le corresponderían— en las que habla de Catler, de sicarios y de 450 mil dólares. El hombre declarará el lunes o martes.
• 2 DE FEBRERO • El primer lunes de este mes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue intervenido. En la fotografía, un grupo de al menos 15 policías ingresa al edificio.
La Razón
La Fiscalía halló papeles en una requisa que la llevan a sospechar que el ex gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Rodrigo Carrasco, estaría involucrado en el volteo de los 450 mil dólares que derivaron en el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach.
Una alta fuente de la indagación, en una declaración a este medio, señaló que Carrasco “es uno de los funcionarios que el Gobierno pidió que se lo destituya, y eso ocurrió el 2 de febrero. Ese día, uno de los interventores de YPFB denunció que este señor trataba de sacar información de una de sus computadoras, y por ello la Fiscalía secuestró su laptop y el ordenador de la oficina, se lo arrestó para que preste su declaración, pero en ese momento no teníamos indicios”.
Este medio consultó a la fuente si es que se le encontraron papeles que lo involucrarían con el volteo de 450 mil dólares.
La respuesta textual fue la siguiente: “No ha sido en esa oficina, fue en otra. Se encontraron unas anotaciones comprometedoras, extrañas, que ahora son producto de un análisis de laboratorio en cuanto a letras, y para determinar si le corresponde. Habla de Catler, de sicarios y de 450 mil dólares. Estamos analizando con personal de homicidios, que tiene más experiencia en estos temas”, acotó.
Al ser consultada si es que esta persona podría ser una pieza clave en la pesquisa, aseveró que “sí, todas estas personas, y ésta (Rodrigo Carrasco), a la que se halló este documento, ha sido citada a declarar, con su abogado, para el lunes o martes”.
El aludido, en un contacto telefónico con este medio, confirmó que está citado a la Fiscalía el lunes o martes.
Sobre la acusación, señaló: “No tengo idea a qué se refieren. Quiero decirle que en el tema de Catler mi gerencia no participó ni de manera profesional ni técnica ni personal en ese tema. Nosotros como gerencia comercial no participamos ni en comisiones ni en informes ni en nada. Desconozco este tema”.
Sobre su detención, cuando fue denunciado por un interventor, mientras supuestamente trataba de sacar información de unas computadoras de YPFB, sostuvo que “fuimos a entregar la oficina, y me denunciaron en ese sentido. Pero, no sabían que las computadoras ya estaban precintadas anteriormente. Por eso es que cuando me dirigí al fiscal, se dieron cuenta de que no había nada, sólo fue una cuestión de celos. Me retiré”.
Ese día, el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, informó que durante la intervención a las oficinas, Rodrigo Carrasco y Julio Anagua, dos gerentes destituidos, fueron arrestados por haber tratado de ocultar información.
Al respecto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, precisó que ambos hechos ocurrieron mientras las autoridades hacían el inventario de la documentación y el precintado de las computadoras en cada una de las oficinas de la empresa. “Cuando se estaba haciendo esto, se encontró in fraganti al ex gerente de Comercialización, Rodrigo Carrasco, tratando de sacar información de una computadora. En consecuencia, la Fiscalía, que estuvo presente, inmediatamente tomó las decisiones que el caso aconseja”, manifestó.
Los datos
Pedido presidencial • El día que el presidente Evo Morales destituyó a Santos Ramírez, pidió que su sucesor, Carlos Villegas, investigue y eche a otras 10 personas, entre ellas estaba precisamente el hasta entonces gerente de Comercialización, Rodrigo Carrasco.
El otro informe • Sin embargo, su nombre no aparece entre los 12 que el Ministerio de Transparencia, encabezado por Nardi Suxo, presentó a la Fiscalía para que sea investigado en la estatal petrolera.
Se trató de retirar dinero tras la muerte de O’Connor
HECHO • Miguel O’Connor quiso cobrar $us 500.000 del Banco Unión con un cheque firmado por su hermano, 5 días después que éste murió.
• LAS DENUNCIAS • Nardi Suxo estuvo el miércoles 11 en la Fiscalía de La Paz para aportar con datos a la investigación.
La Razón
Miguel O’Connor D’Arlach, actual representante del consorcio Catler-Uniservice —empresa vinculada con hechos de corrupción en la estatal petrolera—, intentó cobrar un cheque por $us 500.000 cinco días después de que su hermano Jorge O’Connor D’Arlach fuera asesinado, informó ayer en una conferencia de prensa la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
La información fue recabada en la Unidad de Investigación Financiera (UIF). El ente bloqueó la cuenta tras el asesinato del empresario el 27 de enero, por lo que la solicitud de retiro del cheque con la firma de Jorge O’Connor D’Arlach fue rechazada.
El medio millón de dólares fue depositado por Hilda Soto, representante de compras de Catler, en el Banco Bisa y fue transferido al Banco Unión para que se cobre en esta entidad financiera. El mismo día, se intentó hacer otra transferencia de Bs 60.000 del Banco Bisa al Banco Unión, también a nombre de Jorge O’Connor D’Arlach.
“El día del homicidio fue el 27 de enero del presente año. Lo curioso es que el representante legal (de Catler-Uniservice), Miguel O’Connor, el 2 de febrero intenta cobrar un cheque con la firma de Jorge O’Connor D’Arlach”. Suxo manifestó que este hecho es “totalmente preocupante”.
El dinero salió del fideicomiso de 45 millones de dólares que el Banco Unión administra, y que tiene como destino el pago por la construcción y montaje de la planta separadora de líquidos de Río Grande, que fue adjudicada en julio del 2008 a la sociedad accidental Catler-Uniservice.
De este fideicomiso, $us 35 millones fueron utilizados para abrir una carta de crédito que garantice el pago a la empresa Gulsby, encargada de la construcción del 80% de la planta. Esa compañía ya recibió un pago de $us 13 millones. Otros $us 3,3 millones fueron desembolsados para la empresa Uniservice SRL.
La ministra denunció que de este último monto se hicieron varios retiros que no fueron precisamente destinados a las obras y pidió a la Fiscalía que investigue el destino del dinero.
“Se supone que el dinero era para la ejecución del contrato; sin embargo, esos dineros no han sido distribuidos de esa manera. Han sido distribuidos para particulares, con temas totalmente diferentes”, subrayó la autoridad.
Suxo detalló que a Mario Ángel Cossío Mc Galem —gerente regional de Catler-Uniservice y testigo del asesinato de O’Connor D’Arlach— se le dio $us 110.000 el 3 de diciembre del 2008, $us 55.000 el 15 de enero y que el día del asesinato, el 27 de enero, cobró $us 150.000.
Añadió que exactamente en los mismos días, Luis Fernando Córdova Santiváñez —acusado de ser el autor intelectual del volteo de los $us 450.000 que Jorge O’Connor D’Arlach llevaba cuando fue asesinado— cobró 110.000 dólares (3 de diciembre del 2008), 20.000 dólares el 15 de enero y 150.000 dólares el 27 de enero.
La autoridad sostuvo que el empresario fallecido cobró $us 580.000 el 3 de diciembre del 2008, $us 100.000 el 3 de enero y $us 150.000 el 27 de enero.
“Lo curioso es que estos cobros de los $us 150.000, que hacen los $us 450.000 (que fueron robados en el volteo), han sido cobrados con diferencias de minutos, porque fueron realizados en el mismo banco (Unión). Este cobro se debe hacer de la bóveda y es todo un proceso, un procedimiento. Es imposible que pudieran contar tal cantidad de dinero en tan poco tiempo, porque son diferencias de minutos”.
Agregó que el 27 de enero, los cheques se cobraron entre las 10.00 y las 10.30, y que el volteo y homicidio sucedieron a las 11.00, sólo media hora después del delito. “Es un tema que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Eso es algo que nos llevará a ver a quién iban dirigidos los 450.000 dólares”.
Según Suxo, de la cuenta del fideicomiso se repartió dinero a particulares, entre ellos, Gonzalo Aramayo Doria Medina y Javier Navía Doria Medina, ambos parientes políticos del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez.
Información importante
Dinero • Nardi Suxo puso en evidencia que, con sólo 33 años, Miguel O’Connor D’Arlach tiene varios Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en entidades financieras del país, y que uno de los DPF supera el millón de dólares.
Verificación • Los O’Connor D’Arlach tienen cuentas bancarias en España, hecho que actualmente se está verificando, anunció la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Fideicomiso • Los pagos a la empresa Gulsby con dinero que sale del fideicomiso de YPFB se realizan a través del banco alemán Commerz Bank, por lo que no se trata de una cuenta de Santos Ramírez, aclaró Suxo.
Acusación • La ministra acusó a Pablo Cossío, hermano del Prefecto de Tarija, de haber recibido un cheque proveniente del fideicomiso que financia la construcción de la planta separadora.
O’Connor avisó por celular que ya salía con el dinero
DATO • La Fiscalía ya tiene los números, pero aún no se estableció a quiénes pertenecen.
La Razón. Minutos antes de morir, después de recoger los 450 mil dólares del Banco Unión para llevarlos a una casa presuntamente para entregar una coima, el empresario Jorge O’Connor hizo una llamada por su celular, desde esa entidad bancaria, en la que informó textualmente: “Estamos saliendo”.
Así lo aseveró, en una declaración informativa ante la Policía, Mario Cossío Mc Galem, quien era el gerente regional de la empresa Catler-Uniservice y cobró parte de los 450 mil dólares que fueron volteados el 27 de enero por un grupo de delincuentes que dispararon y asesinaron al empresario en la puerta de una casa en la avenida Tejada Sorzano. “Mi jefe (O’Connor) dentro del banco hace una llamada, no sé a quién, refiere ‘estamos saliendo’, luego salimos del banco”, apuntó en su declaración.
Los fiscales Sergio Céspedes y Luis Mamani coincidieron en señalar, por separado, que el Ministerio Público ya tiene los números a los que O’Connor llamó ese día. Sin embargo, admitieron que aún resta por esclarecer a quiénes pertenecen.
Cossío informó a la Policía que conoció al empresario fallecido en mayo del 2008. “Me presenta un amigo, en una reunión en el hotel Plaza, donde (O’Connor) hace una exposición del proyecto, y me pregunta si estaba interesado, y se establece una relación laboral”. Catler-Uniservice se adjudicó a fines de julio (dos meses después) un contrato con YPFB para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, por 86 millones de dólares.
Mario Cossío Mc Galem señaló que su trabajo en esos dos meses fue preparar “el documento base para que lo presentemos en YPFB, en la licitación”.
Como gerente, cuando la empresa se adjudicó el trabajo, admitió que realizó varios cobros de cheques, en operaciones similares a la que se efectuó el día que mataron a O’Connor. “Por instrucciones de mi jefe, son varios (cheques) que no recuerdo, está registrado en el banco porque entramos a la bóveda, fueron unas tres o cuatro veces”.