La Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) presentará un informe sobre la masacre de Pando.
Iván Restrepo Lince, Jaime Arturo Restrepo, Liliana Raffo de Fernández, Hugo Ferrante y Jorge Mones
La Estrella del Oriente
INFORME. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la delegada presidencial, Nancy Teixeira, el alcalde de Filadelfia, Antonio Aguilera, Miguel Becerra, entre otros están implicados en la masacre
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La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), ha realizado una investigación sobre la masacre de Pando.
Los datos preliminares que fueron dados a conocer ayer por miembros de esa organización, señalan que existen suficientes elementos de juicio y probatorios que involucran directamente al Gobierno de Evo Morales en la planificación y ejecución de los homicidios, secuestros, lesiones personales y demás violaciones a los derechos humanos ocurridas en la localidad de Porvenir y otros sitios de ese departamento.
La organización integrada por delegados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela y Bolivia, se reunió con pobladores de Porvenir y Cobija, con exiliados en las ciudades brasileñas de Brasilea y Epitaciolandia, el prefecto Leopoldo Fernández y otros presos políticos en el Penal de San Pedro, así como con integrantes de la denominada marcha campesina.
Los delegados indicaron que estas violaciones a los derechos humanos se produjeron en el marco de una agresión propiciada con premeditación y alevosía desde esferas gubernamentales, que generó una legítima defensa de parte de los pobladores de Porvenir y Cobija.
Entre los funcionarios y aliados del Gobierno implicados estarían el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la delegada presidencial, Nancy Teixeira, el alcalde de Filadelfia, Antonio Aguilera, el jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, Miguel Becerra Suárez y el senador suplente Abraham Cuéllar, entre otros.
Esto permite adelantar que los informes de la Cámara de Diputados de Bolivia, Unasur y Naciones Unidas presentan graves falencias metodológicas y hacen un manejo sesgado y selectivo de la información.
La Comisión también constató la crisis humanitaria surgida a consecuencia de la militarización de Pando, que incluye acciones de amedrentamiento y abusos contra la población civil. Ante el temor de un agravamiento de la situación, la Comisión de Derechos Humanos de UnoAmérica reclamará medidas cautelares internacionales para la protección de los pobladores, así como para los numerosos exiliados en localidades fronterizas del Brasil.
La investigación será presentada en un Informe Técnico a distintos organismos institucionales, nacionales e internacionales, y será la base para realizar denuncias en contra del Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.