Informe se presentará el miércoles. La comisión parlamentaria acudirá a la Fiscalía para que ésta inicie las investigaciones.
foto archivo El Mundo
La Prensa
El informe de la comisión parlamentaria que investiga el contrabando de 33 camiones en Pando en agosto de 2008 establece responsabilidades en 15 personas, entre ellas el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el ex presidente interino de la Aduana César López, y el actual prefecto de Pando, Rafael Bandeira.
Según el presidente de esa comisión, Javier Zabaleta, del Movimiento Sin Miedo (MSM) —aliado del Movimiento Al Socialismo (MAS)—, el documento será entregado oficialmente por esa instancia el miércoles 25 a las 18.00.
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Consultado sobre el contenido del informe, adelantó: “Apunta a dos aspectos, primero a determinar las responsabilidades de los implicados que han sido investigados y, luego, a tipificar la naturaleza de los delitos”.
Treinta y tres camiones con mercadería ilegal fueron retenidos el 27 de julio de 2008 en la comunidad de Santa Rosa del Abuná (a 180 kilómetros de Cobija), pero el sábado 23 de agosto fueron recuperados por contrabandistas que luego se dieron a la fuga.
El 3 de diciembre, el ex gerente de la Aduana César López acusó al ministro Quintana de haber viabilizado el paso de 17 camiones a Brasil luego de haber acordado con los contrabandistas.
Indagaciones
Sobre las investigaciones, Zabaleta agregó: “En cada caso (de los 15 implicados) hay un dictamen que implica que individualmente se va a establecer si tienen responsabilidades y sobre la base de eso se determinará a qué tipificación penal se adecua su caso”.
Anunció que se pedirá a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones correspondientes de acuerdo con la tipificación legal que la comisión determine.
“Obviamente —prosiguió—, en cuanto a las personas que hemos investigado y que consideramos que no tengan responsabilidad alguna, también vamos a pedir que esto quede aclarado”.
Añadió que en la parte de las conclusiones se establece qué procedimientos fueron los que “fallaron” en lo administrativo y burocrático, es decir, determinar si los decretos, los reglamentos y las instituciones han cumplido a cabalidad lo que demandan sus funciones, “o si es que han fallado, como hemos detectado ya, por ejemplo en algunas partes del texto de la Ley de Aduana y en los decretos posteriores (al hecho) que se emitieron”.
Respecto de los delitos que se cometieron en el caso, Zabaleta dijo que recaen en incumplimiento de funciones, cohecho, inducción al delito y falso testimonio.
Agregó que la comisión “intentará” reunirse con los diputados de las diferentes bancadas, entre el lunes y el martes, para ajustar la metodología de la sesión en la que se presentará el informe.
“Esto para guardar ciertos procedimientos mínimos que eviten que la reunión se salga de control y fracase. Debemos además velar porque se realice en el marco de nuestras atribuciones y el respeto entre los diferentes puntos de vista”.