Sindicatos del MAS avalan la toma de la casa del ex mandatario. Gobierno ni policía toman acciones para defender la propiedad.El caso Huatajata tendrá efecto en la clase media 
Simbolismo: ante la casa tomada, una mujer azota a un muñeco que representa al expulsado ex Vicepresidente de la RepúblicaCabildo destierra a Cárdenas y cinco familiares de Omasuyos; éste va a juicioLa acción de la Policía sigue restringida por la actuación de los comunariosLa PrensaLos periodistas pudieron ingresar ayer al interior del inmueble avasallado el sábado anterior. El afectado declara continuar preocupado por la salud de sus familiares agredidos. El ex Mandatario asegura que luchará en la justicia ordinaria para recuperar el estado de derecho.Un cabildo reunido en Huatajata decidió ayer expulsar a la familia Cárdenas Catari de la comunidad de Sank’ajawira, provincia Omasuyos, e iniciar los “trámites de derecho propietario del inmueble” tomado por la fuerza.El ex Vicepresidente de la República anunció que logrará la devolución de sus bienes mediante una acción judicial.En consecuencia, Víctor Hugo Cárdenas, su esposa Lidia Catari y sus hijos Tania Naira, Irumaki, Sani Arasape y O’e Iru fueron desterrados de su comunidad y toda la zona aledaña, no recuperarán su propiedad.Estas disposiciones colisionan con los artículos 114 y 188 de la Carta Magna que prohíben toda forma de tortura, desaparición, confinamiento o cualquier forma de violencia física, así como la muerte civil y la pena de infamia.Los campesinos determinaron también prestar respaldo a los líderes campesinos Beatriz Quispe, Cruz Alarcón y Alfredo Huañapaco, quienes son acusados por los Cárdenas de ser sus agresores. Resolvieron, además, mantener vigilia permanente en puertas de la casa en cuestión.El sábado 7, unas 350 personas tomaron por asalto la casa de campo de la familia Cárdenas Catari, agredieron a chicotazos, palazos y golpes a cinco de sus integrantes, quienes terminaron hospitalizados, aunque ya recibieron el alta médica.Después de ello, los campesinos esgrimieron distintas razones para justificar sus acciones y rechazaron la presencia del Estado en la zona, declararon “territorio libre” a Omasuyos y el “estado de sitio amuki”, así como amenazaron a Cárdenas y los suyos en sus declaraciones públicas.Ayer, más de 500 personas se reunieron en Sank’ajawira desde la madrugada, como consecuencia de la llegada de 30 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Se dirigieron al lugar para prevenir el posible ataque a los parientes del matrimonio. Ellos, en caso necesario, se unirían a los 30 presentes en el lugar desde el mismo día de los hechos.La presencia de los uniformados caldeó los ánimos, pero el grupo se replegó y sólo quedó en el lugar el reducido contingente del Distrito Policial de El Alto.La presencia de los uniformados es simbólica, pues por su seguridad, muchos optaron por permanecer dentro del bus en el que se trasladan.Alrededor de las 05.00, los pobladores anunciaron que se habían instalado los debates de la reunión ampliada, aunque pidieron a los periodistas presentes en la zona que salgan del lugar, porque “ahorita van a venir los hermanos de Achacachi y ellos son violentos, así que, por su bien, váyanse de aquí”.Algunas manifestaciones de hostilidad se produjeron por la mañana. Un periodista de El Deber fue acusado de ser “pariente de Víctor Hugo Cárdenas” y una comitiva se le aproximó para exigirle que se vaya, pero cuando el aludido se identificó con sus credenciales, la tensión se disipó.Los debates se prolongaron hasta las 13.00, cuando los presentes decidieron refrendar la expulsión del ex Mandatario con un entierro simbólico. Guardaron un minuto de silencio, mientras las mujeres lloraban y un campesino imitaba el tono mortuorio de una trompeta con su propia voz.Un muñeco, que llevaba una banda (“traidor”) y colgado al cuello un letrero (“No he hecho nada por mi pueblo”), fue azotado por cinco hombres y tres mujeres antes de ser enterrado a un costado de la carretera.Después, la asamblea autorizó el ingreso de periodistas al inmueble y la reunión concluyó cuando los cabildantes se sirvieron un apthapi, aunque una intensa lluvia empañó el desarrollo del almuerzo comunitario.El interior de la construcción no presenta grandes daños, salvo los vidrios rotos y quemaduras en la puerta de ingreso.No hay muebles; sí basura y verduras descompuestas.Cárdenas respondeEl expulsado reiteró que continúa preocupado por la salud de sus seres queridos, quienes si bien evolucionaron positivamente (su hijo debe someterse a tratamiento por el fuerte golpe recibido en su ojo izquierdo), en el aspecto psicológico todavía muestran problemas.Explicó que continúa el proceso legal abierto a instancias suyas por el avasallamiento a su propiedad rural.“La acción judicial continuará hasta lograr la recuperación del estado de derecho en la provincia Omasuyos”. De esa manera, la ex autoridad se refirió a la declaración de “estado de sitio amuki” en la región, que fue declarada “territorio libre y jurídico”, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la nueva Constitución.Cárdenas lamentó la situación presentada desde el sábado y aclaró que su expulsión y las determinaciones adoptadas no corresponden a una manifestación de “verdadera justicia comunitaria”. Ésta, anotó, significa “conciliación, acción pacífica y reparación del daño. Justicia comunitaria es reconciliación y de ninguna manera, punición”, a pesar de que admitió que hay casos en los que se aplica la expulsión, pero “no todo lo que venga del mundo indígena es bueno, por lo que deben cambiar algunas de sus costumbres” para lograr “democracia, armonía e igualdad”.La Fiscalía de El Alto abrió una investigación por los delitos de allanamiento, lesiones leves y graves y daño calificado.“Violaron la Constitución”En opinión del constitucionalista Carlos Alarcón, la toma violenta de la casa rural de Víctor Hugo Cárdenas constituye una “violación flagrante” a la nueva Constitución Política del Estado.Una de las disposiciones del nuevo texto constitucional confiere un mayor valor legal que la misma ley fundamental a los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, ratificados por el Estado, a los que en este caso concreto “el Gobierno no dio cumplimiento”.El Pacto de San José de Costa Rica, cuyo acuerdo constitutivo fue refrendado por Bolivia, obliga a los organismos estatales a dar protección para que se respeten los derechos de todos los habitantes.Como quiera que el Estado boliviano incumplió su obligación, el Gobierno está expuesto a afrontar una demanda penal internacional, que podría ser planteada por las víctimas del ataque.Esa toma violenta “no es una demostración de justicia comunitaria ni se puede tapar delitos bajo la figura de cabildos, ampliados o asambleas. Quienes incurrieron en delitos deben ser sancionados”.Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos de todos los bolivianos y “sorprende que las autoridades gubernamentales hubieran apoyado” una manifestación de esta naturaleza, que deriva “en tres hechos catastróficos”.El primero consiste en que “se pone en vigencia la ley de la selva” en diferentes puntos del país, pues se impondrá la justicia de una manera irregular, “con jueces y verdugos a su manera”.El segundo es que se impide el libre disenso de las ideas, que es la base de cualquier ordenamiento democrático.El tercero se refiere a que la “seguridad jurídica de Bolivia” es afectada profundamente, porque si a través de una asamblea se va a decidir la toma de una propiedad privada, “¿quién querrá, sea boliviano o extranjero, invertir en el país?”.La defensa del asalto no puede ser considerada una apología de delito, aunque es incumplimiento de deberes.Operativo policial abortado la madrugada de ayerUn reporte de Inteligencia dio lugar a que el Comando Departamental ordene el despliegue, a la 01.10 de ayer, de un contingente de 30 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) hacia Huatajata.Ninguno de los uniformados sabía precisamente qué misión cumplirían, aunque todos llevaban equipamiento para sostener un enfrentamiento intenso.El informe en cuestión alertó a los policías de que los campesinos se aprestaban a tomar por la fuerza viviendas y propiedades de los familiares de los esposos Víctor Hugo Cárdenas y Lidia Catari.El grupo partió alrededor de la 01.10 y llegó antes de las 03.00, pero sólo encontró la hostilidad de los lugareños, nada sucedió.Desde esa hora, en dos minibuses y una vagoneta Toyota, modelo Caldina, unos diez campesinos convocaban a las personas a reunirse en torno a la casa de Cárdenas para defenderla de una probable retoma por parte de la institución del orden.El grupo buscó, sin éxito, la casa de los suegros de Cárdenas, inmueble que, según los datos preliminares, se encontraba “tres curvas más allá” del Inca Utama Hotel, en plena población de Huatajata, por lo que el bus policial debió pasar por delante de la vivienda tomada, lo que enardeció a los comunarios, quienes comenzaron a concentrarse masivamente.Los efectivos permanecieron durante la madrugada a orillas del lago Titicaca y se replegaron hacia La Paz hacia las 07.00. No se produjeron incidentes durante su permanencia en la zona. La movilización fue motivada, además del reporte de los organismos de seguridad, por un pedido de Cárdenas.“No fue justicia comunitaria, fue un acto político”El analista y ex asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Raúl Prada señaló que la toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas no fue una manifestación de justicia comunitaria, sino el resultado de un acto político masivo.El especialista dijo que las decisiones adoptadas ayer por pobladores de ese sector en contra de la familia Cárdenas no responden al marco de la justicia comunitaria, que si bien está constitucionalizada, todavía no ha sido institucionalizada, por lo que “aquella reunión fue un cabildo o demostración de una democracia comunitaria”.En esa asamblea política desarrollada ayer ante el inmueble perteneciente al ex Vicepresidente de la República, los comunarios resolvieron expulsar de la región a Cárdenas, su esposa e hijos; apoyar a los dirigentes procesados por las agresiones; mantener una vigilia permanente a la vivienda, e iniciar el trámite para la expropiación del inmueble.Prada se mostró partidario de que la agresión contra cinco familiares de Cárdenas “debe ser resuelta en la esfera política y por la justicia ordinaria”, a fin de que el tema sea zanjado .Al referirse a la situación de los allegados a Cárdenas, Prada señaló que los derechos individuales de estas personas han sufrido atentados, pese a que están garantizados por la Constitución Política del Estado, por la justicia ordinaria y la comunidad.Respecto de la vivienda avasallada, el analista indicó que el caso debe ser resuelto mediante la vía judicial ordinaria, toda vez que la nueva Constitución también garantiza la propiedad privada, como sucedía con las anteriores que rigieron las actividades nacionales desde la fundación de la República.Consideró que el asunto de la propiedad debe ser tratado políticamente, porque Cárdenas asumió posturas contrarias a la nueva Carta Magna, por tanto, resta que el “Gobierno tome una posición definida en la interpretación de la Constitución”.Las decisionesLa vivienda tomada el sábado pasado no será devuelta a sus legítimos propietarios.Los lugareños anunciaron que iniciarán el “trámite de derecho propietario” del inmueble.Un muñeco que representa al ex Vicepresidente fue enterrado ayer en un acto simbólico.El ex Vicepresidente asegura estar preocupado aún por la salud de sus seres queridos.Justicia comunitaria es conciliación y no punición, indica Víctor Hugo Cárdenas.El inmueble está vacío y muy sucio, aunque no hay muchos daños en su interior.Las decisionesExpulsión de la comunidad para Víctor Hugo Cárdenas y Lidia Catari y sus cuatro hijos.Se trata de Tania Naira, Irumaki, Sani Arasape y O’e Iru Cárdenas Catari.Respaldo a los comunarios contra quienes Cárdenas abrió una demanda judicial.Trámite del derecho propietario del bien inmueble asaltado el sábado 7 de marzo.Vigilia permanente ante la casa rural para evitar su retoma por la Policía Nacional.La medida de los campesinos es inconstitucional y viola derechos fundamentales
Sindicatos del MAS avalan la toma de la casa de Cárdenas
La dirigencia de la CSUTCB y de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa respaldó ayer las acciones de comunarios de Sankajahuira y prometió defenderlos. Los lugareños dicen que el terreno pertenece a ocho hermanos. La Razón
• Simbólico • Comunarios dan chicotazos a un muñeco que representa a Víctor Hugo Cárdenas. Sentado sobre una silla a punto de desplomarse, un muñeco de trapo cae al suelo al ser duramente golpeado por un quimsa charaña (chicote). El mueble de madera se derrumba también, mientras un círculo humano rodea el espectáculo y se escuchan risas y murmullos provenientes del lugar y de sus alrededores.Así y de forma simbólica, el ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, fue sometido ayer a la llamada justicia comunitaria en la localidad de Sankajahuira del municipio de Huatajata (La Paz).Tras un cabildo abierto que inició a las 11.00 y se prolongó por cerca de cuatro horas, los dirigentes de los nueve cantones del sector Lago Cordillera de la provincia Omasuyos, al que pertenece Sankajahuira, decidieron ratificar la expulsión de Cárdenas del pueblo, así como la toma de su vivienda porque, dijeron, fue adquirida “de forma ilegal”.Momentos antes que Angelino Turpo, representante del Cantón Jankoamaya, diera lectura a la parte resolutiva del cabildo, dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUB) y de la Federación Departamental de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa —organizaciones aliadas al Movimiento al Socialismo (MAS)— respaldaron la toma de la propiedad, realizada el sábado 7 y en la que una turba saqueó el inmueble y agredió a la familia del ex dignatario de Estado.En representación del Comité Ejecutivo Nacional de la CSTUB, Dionisio Condori, hizo conocer la resolución que en un ampliado de emergencia emitió el ente sindical. El documento declara a Cárdenas “traidor del movimiento campesino indígena” y apoya “la valiente decisión de los hermanos de Sankajahuira” de expulsarlo de la comunidad.También se refiere a la decisión del sector de defender, con movilizaciones , a los dirigentes del lugar de persecuciones y amenazas y menciona que “la derecha racista” no los engañará con “candidatos falsos indígenas que han traicionado la patria”.Asimismo, la Resolución 04/09 de la agrupación de mujeres indígenas, entregada por Juana Quispe, respalda “a los hermanos y hermanas de Lago Cordillera” y en ella el sector anuncia que “no permitiremos ningún atropello y amenaza” por parte de Cárdenas, a quien le exigen constituirse en el pueblo para “explicar sus obligaciones pendientes”.En pasados días, autoridades del Ejecutivo afirmaron que la toma de la propiedad era inconstitucional. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que nadie podía usar la nueva Carta Magna para agredir la propiedad privada. Por su parte, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, calificó el hecho como “un peligrosísimo precedente” sobre la legalidad democrática con la que debe administrarse la tierra.El cabildo de Sankajauira determinó además mantener la vigilia en el inmueble, mientras las autoridades judiciales resuelvan el derecho propietario de la misma; y apoyar a los dirigentes de los sindicatos Túpac Catari y Bartolina Sisa cuando se defiendan ante la justicia por la denuncia presentada por Cárdenas.En el acto, se mostró un documento de propiedad del terreno en el que se edificó la casa. En él figuran: Guillermo Alarcón, Saturnino Condori, José Yujra, Segundo José Yujra, Celestino Alarcón, Nicolasa Choquehuanca de Yujra y Serapio Condori.El documento lleva un sello de Derechos Reales del 1 de octubre de 1965, en el que se lee el Número de Partida 220. Las autoridades locales aseguraron que el predio no fue sometido a un proceso de división y partición de bienes y que fue otorgado por Resolución Suprema 99561, del 12 de diciembre de 1960, a los ocho hermanos. El dirigente Cruz Alarcón (hijo de Guillermo Alarcón), acusado de instigar la toma, afirmó ser “el primo-nieto” de Cárdenas , ya que dijo que su abuela, Petrona Choquehuanca, es tía del ex vicepresidente.Tras ser ajusticiado, el muñeco fue cubierto con una corona de flores y enterrado fuera de la vivienda, en medio del llanto y aullidos de los “dolientes”. Luego, la casa fue entregada simbólicamente a los ancianos del pueblo.Resguardan casa de suegros de CárdenasUn contingente policial custodió ayer el inmueble perteneciente a los suegros de Víctor Hugo Cárdenas, ante las versiones de que pobladores de Huatajata lo tomarían.El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, indicó que un grupo de efectivos policiales del Distrito Policial 5, ubicado en la zona Huayna Potosí de la ciudad de El Alto, fue enviado ayer a resguardar esa vivienda hasta que termine el cabildo en Sankajahuira, reportó ANF.Sin embargo, el dirigente de esa comunidad, Cruz Alarcón, dijo a La Razón que “no pensamos atacar la casa”, ubicada en la comunidad de Huatajata. “Respetamos a Max Catari (suegro de Cárdenas), no tenemos por qué agredirle”, agregó.Rada aseguró, no obstante, que la Policía estará en Sankajahuira por el tiempo que sea necesario y que uniformados se apostaron en el lugar desde el mismo día de la toma de la vivienda del ex vicepresidente.Ayer, durante el cabildo, los policías permanecieron a 200 metros de la casa y no intervinieron en ningún momento.LAS ACUSACIONES DE LA COMUNIDADFunción social • Autoridades de Sankajahuira y Omasuyos detectaron en Cárdenas y su familia el incumplimiento de usos y costumbres, como la asistencia a reuniones, ampliados y la no entrega de aportes comunales.Privatización • El ex vicepresidente es condenado por su pueblo por haber sido parte del gobierno de Sánchez de Lozada, en que se llevó a cabo la venta de empresas estatales.Promesas • Los pobladores afirmaron que Cárdenas no cumplió promesas electorales, como la construcción de un estadio, la dotación de becas, el mejoramiento caminero y la falta de apoyo financiero, entre otras.Crimen • El dirigente Cruz Alarcón acusó al padre de Cárdenas de ser el responsable de la muerte de su prima, Teodosia Alarcón. Además argumentó que se apropió de la tierra de sus parientes.
Gobierno no toma acciones para defender la propiedad
RESPUESTA • Dice que el caso de Víctor H. Cárdenas debe ser resuelto a nivel judicial. El Gobierno garantizó una vez más el respeto a la propiedad privada e incluso anunció que realizará una campaña para generar conciencia sobre ello, aunque en el caso de la toma de la casa del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, no tomó acciones directas y dejó el tema en manos de la justicia.“El tema ya está en manos de la justicia ordinaria porque hay un elemento nuevo, al parecer el terreno sobre el cual está construida la casa no tiene perfeccionado el derecho propietario, por lo menos eso es lo que dicen los comunarios de la zona, es un litigio entre una familia y otra, y esto lo definirá la justicia ordinaria, nosotros no estamos autorizados para ver eso”, señaló el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.De esa manera, descartó una posible actuación del Gobierno para retomar la propiedad, que fue invadida por los comunarios de Huatajata hace una semana.Insistió en que no tomarán acciones en tanto la justicia no se pronuncie. “La justicia ordinaria será la que emita sus decisiones y en función de ello actuará la Policía”, dijo, mientras en Sankajahuira, donde se encuentra la casa, los comunarios mantenían el control a vista de un grupo de policias que fueron desplegados al lugar y que se limitan a observar la toma campesina.El ministro de Autonomías, Carlos Romero, también garantizó el respeto a la propiedad privada, aunque coincidió en que en este caso que debe actuar la justicia. Luego anunció acciones.“Vamos a hacer una campaña de concientización acerca de los alcances del derecho a la propiedad privada y que éstos no pueden ser objeto de vulneración; hay que hacer una orientación política en sentido de que ésa no es la forma de resolver las diferencias”.Los antecedentesToma • Los comunarios de Sankajahuira tomaron el pasado sábado la propiedad de Víctor Hugo Cárdenas y expulsaron a su familia, con el argumento de que rechazó la aprobación de la Constitución.Propiedad • Al no encontrar sustento legal en la toma, familiares de Cárdenas reclaman la propiedad del terreno donde está construido el inmueble.
El caso Huatajata tendrá efecto en la clase media
MAS • Torrico cree que un sector minoritario de la clase media podría apoyar a Cárdenas. La toma de la casa del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas tendrá un efecto político en la clase media, que repercutirá en las elecciones de diciembre próximo, coincidieron oficialistas y opositores.No obstante, para los oficialistas el efecto se verá reducido a un sector muy pequeño de algunos grupos de la clase media que apoyarían a Cárdenas.El diputado Gustavo Torrico (MAS) opinó que “Víctor Hugo Cárdenas hace las cosas al revés. Se promociona muy posible para clase media tal vez, pero no para toda la clase media, sino para los renegados, para ciertos sectores que estaban en Basta Ya, Jóvenes en Acción, a ésos les puede caer bien, al resto no”, agregó.Sin embargo, para la oposición, los mayores efectos los sufrirá el oficialismo, porque la falta de garantías a la propiedad privada repercutirá sustancialmente en la clase media y en otros sectores.“Va a afectar profundamente a todo el sentimiento en todos los niveles, van a ser muy marginales los sectores que no se sientan afectados por esa toma … va a afectar en una reacción antigubernamental y eso se va a sentir”, afirmó el senador Luis Vásquez, del opositor Podemos.Sin embargo, coincidió con el oficialismo en que ese hecho no necesariamente pondrá en la palestra política a Cárdenas.“Yo no sería tan simplista de sumar esta reacción antigubernamental y de protección de un valor determinado de la democracia con una adhesión directa a una candidatura de otra persona”, aseveró Vásquez.En todo caso, dijo que el más afectado será el oficialismo.INDÍGENAS EXPULSAN A FAMILIA CÁRDENASABUSO. Alrededor de 1.000 originarios participaron de esta reunión, luego de lo cual chicotearon a un muñeco que representaba a Cárdenas y luego lo enterraron en una zanja que cavaron en la entrada de su vivienda.
Los comunarios chicotearon muñecos que representaban a la familia Cárdenas.La Estrella del OrienteLos comunarios de Omasuyos determinaron ayer viernes, tras un cabildo, expropiar la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ubicada en la comunidad Sankajahuira, cantón Huatajata, y determinaron expulsar a la familia de la ex autoridad nacional de esta población de manera definitiva, acusándolos de traidores.Alrededor de 1.000 originarios participaron de esta reunión, luego de lo cual chicotearon a un muñeco que representaba a Cárdenas y luego lo enterraron en una zanja que cavaron en la entrada de su vivienda, manifestando que el ex vicepresidente ya es un “cadáver político”.El principal argumento de las autoridades originarias fue que la familia Cárdenas Katari no cumplió con su pueblo y que además, existe un problema de litigio en el terreno de 300 metros cuadrados donde la casa fue construida, puesto que los anteriores propietarios del lote, que son alrededor de ocho cumunarios, según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no firmaron los documentos de transferencia del inmueble.Los pobladores ingresaron a la vivienda que fue tomada desde hace una semana, a misma que presenta varios destrozos y según los comunarios será el albergue de los ancianos que habitante en esta región lacustre.Justino de la Cruz, autoridad comunaria de Sanka- jahuira, criticó a Cárdenas por haberse cambiado el apellido, que originalmente era Choquehuanca, y manifestó que el ex vicepresidente, su esposa Lidia Katari, y sus hijos fueron expulsados de la comunidad.Del mismo modo, los suegros de Cárdenas, entre ellos Tomás Katari, abandonaron su vivienda ubicada en la misma población alrededor de las 07:00 horas de ayer viernes y se trasladaron a La Paz, sin escolta policial.El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que el caso del derecho de propiedad del terreno donde fue construida la casa de Cárdenas se ventila en los estrados judiciales, ya que esta propiedad está en litigio. ANF