Análisis. Voceros del oficialismo lo desmienten. Defienden al Gobierno
Crisis. La investigación y encarcelamiento de Santos Ramírez, acusado de corrupción en YPFB, fue un golpe para el MAS
El Deber
Leopoldo Vegas
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Los enemigos del Gobierno no están en los departamentos que forman parte de la ‘media luna’ ni en la embajada de Estados Unidos, en La Paz; los que atentan contra el presidente Evo Morales son los masistas que incurren en hechos de corrupción y los que incumplen en la gestión pública.
Ésa es la conclusión de un politólogo, de un dirigente indígena y un ex vocero presidencial, que fueron consultados sobre la situación en la que se encuentra el Gobierno a consecuencia de la expulsión de Santos Ramírez de las filas del MAS, que es acusado de corrupción mientras ejerció la presidencia en YPFB.
Tal visión, claro, es rechazada por algunos voceros del partido oficialista. El senador Félix Rojas dijo que el MAS ha cumplido a cabalidad con el decálogo emitido durante la etapa preelectoral de 2005, que sustentó el plan de Gobierno de Morales.
La opinión de Rojas no es compartida por el ex vocero de Palacio Quemado y fundador del MAS Álex Contreras. En su criterio, hay que reconocer que la filosofía y la ideología del partido fueron quebrantadas por algunos actos irregulares cometidos en el Gobierno, no sólo por Santos Ramírez, también por otras personas que incumplieron los ‘10 mandamientos’, pese a integrar el Poder Ejecutivo.
Contreras se refería al caso de la internación a Pando de 33 camiones cargados con mercadería de contrabando en la que supuestamente está involucrado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a la parcial paralización de YPFB después de la nacionalización.
“Los enemigos del MAS están en el partido y en el Gobierno, no están en la oposición ni en la ‘media luna’. El caso de Santos Ramírez ha sido el peor golpe al MAS. Eso no es culpa de Branko (Marinkovic), de la CIA ni de la embajada (de EEUU), fue el propio ex presidente de YPFB el que ha permitido que se destape la corrupción”, señaló Contreras.
Por su parte, el dirigente indígena Felipe Quispe afirmó que no existe diferencia entre Evo Morales y los gobernantes ‘ultraneoliberales’ que han pasado por Palacio Quemado.
“No es más que otro Sánchez de Lozada, Banzer o Carlos Mesa. No he visto cambios, hay que ver quiénes son algunos de los ministros”, expresó Quispe, un reconocido adversario del jefe de Estado.
A su vez, el politólogo Carlos Cordero recordó que el decálogo del MAS contempla acabar con la corrupción, pero por ahora es la corrupción la que está acabando con el Gobierno. “YPFB y Santos le dieron una puñalada a Evo Morales”, dijo.
Sin embargo, para el senador Félix Rojas, el caso Ramírez ha servido para demostrar que existe un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción. “En el pasado, cuando había denuncias de actos irregulares, los gobernantes se olvidaban de los hechos, pero en este caso el acusado fue destituido de sus funciones y expulsado del partido, en una muestra de que no hay privilegios de carácter político”, aseveró.
Los 10 mandamientos masistas
Lo que ofreció en campaña / En qué situación está
1. Nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización del gas.
El 1 de mayo de 2006 se dio la nacionalización. Se paralizó la inversión y bajó la exportación de gas.
2. Instalación de una Asamblea Constituyente y modificar la Constitución Política del Estado.
En agosto de 2006 se instaló la Asamblea Constituyente. El 25 de enero de 2009 se aprobó la CPE.
3. Ley Andrés Ibáñez para las autonomías de las regiones y los pueblos.
Entre 2006 y 2008 el MAS se opuso a la autonomía. Ahora busca crear un Consejo Nacional Autonómico.
4. Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción y la impunidad. Investigación de fortunas.
El proyecto de ley se encuentra en el Congreso, bloqueado por oficialistas y opositores.
5. Ley ‘tijera’, de austeridad estatal.
Hubo recorte de sueldos y se eliminaron los gastos reservados. Pero se crearon más bonos.
6. Programa económico para el desarrollo productivo, derogando el Decreto Supremo 21060.
El decreto 21060 fue derogado parcialmente. Suspendieron la exportación de productos agropecuarios.
7. Eliminar las superintendencias, los sueldos millonarios y la burocracia.
Se eliminaron algunas superintendencias y aumentaron los ministerios. Se bajaron los sueldos.
8. Un plan eficaz de seguridad ciudadana.
Aumentó la incautación de droga y se incrementó la criminalidad en las principales ciudades del país.
9. Reforma agraria para acabar con los latifundios improductivos y distribuir la tierra en forma equitativa.
Se aprobó la extensión máxima de tierras por persona en 5.000 ha. Hubo expropiación en Cordillera.
10. Ley Elizardo Pérez para la educación y cultura.
No se ha podido aprobar la ley de reforma educativa. Hubo manifestaciones de colegios y de la Iglesia.
Imagen gastada
– Asesinato. El presidente de YPFB, Santos Ramírez, el más estrecho colaborador político de Morales, fue destituido de la presidencia de YPFB y luego encarcelado a fines de enero, sindicado de ser el receptor de unos $us 450.000 de una firma privada argentino-boliviana que se adjudicó la construcción de una planta de gas por $us 86 millones. El caso se descubrió por el asesinato del empresario Jorge O’Connor.
– Hostigamiento. Un grupo de campesinos afines al MAS ocupó violentamente la casa y golpeó a la familia del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas. El hecho ocurrió el sábado de la semana pasada en el cantón paceño de Huatajata.
– Narcotráfico. Hace dos semanas, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe en el que asegura que después de la expulsión de la DEA de Bolivia hubo un repunte del tráfico de cocaína. Se corre el riesgo de una descertificación.
– Diplomacia. El presidente de la República, Evo Morales, instruyó la expulsión del segundo secretario de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Félix Martínez, a quien acusó de reunirse con los prefectos opositores para conspirar contra el Gobierno. Hubo un rechazo desde la Casa Blanca.
Costo político por agresión a los Cárdenas
En criterio de Álex Contreras, el ataque a la casa y la agresión a la familia del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, ocurrido la semana pasada en el cantón paceño de Huatajata, tendrá un costo político y provocará un desgaste de la imagen del Gobierno en el escenario internacional.
“Ése es un error político muy grande. El Gobierno, más allá de todas las denuncias hechas por los prefectos opositores, ahora ha demostrado ante la comunidad internacional que se están atropellando los derechos humanos de algunos ciudadanos”, dijo el ex portavoz en una conversación telefónica.
Por su parte, el senador masista Félix Rojas aseguró que la toma de la casa de Víctor Hugo Cárdenas ‘sirvió para demostrar el respeto al derecho a la propiedad privada, que establece la nueva CPE’. Sin embargo, no tuvo explicación para la agresión que sufrió la familia del ex vicepresidente de la República.