El amuki frena a la Fiscalía. Dos implicados se acogen a él.
Veinte embajadores y representantes de la ONU se reunieron con el presidente del Senado para expresar su apoyo al ex vicepresidente Cárdenas.
Parlamento: Cárdenas, junto a Franz Sarzuri y Fernanda San Martín, de la Coordinadora No de Corazón
La Prensa
Dos implicados se niegan a declarar por el caso Cárdenas
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El ex Vicepresidente emplaza al Ministerio de Gobierno a restituirle su vivienda
Cárdenas aseguró que no tiene problemas con los comunarios, sino con masistas.
Mediante memoriales presentados a la Fiscalía de El Alto, Cruz Alarcón y Beatriz Quispe, implicados en el allanamiento a la casa de campo del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la agresión a su familia, se niegan a declarar a la Fiscalía por el estado de sitio amuki imperante en Huatajata.
En un breve encuentro con los periodistas en la ciudad de El Alto, Alarcón reiteró que, por disciplina sindical, no puede hacer declaraciones, pues, por decisión de un ampliado campesino, en esa región se puso en práctica un pacto de silencio después del violento despojo del mencionado inmueble, producido el sábado 7 en Sank’ajawira.
En ese sitio, tres fiscales, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y un contingente policial pudieron ingresar el lunes al inmueble avasallado, para colectar evidencia de los destrozos causados por el allanamiento, por lo que este viernes se prepara una nueva incursión a la zona para dejar un segundo citatorio para Alfredo Huañapaco y otro dirigente comunal.
En caso de no encontrar a los sospechosos, el fiscal Gregorio Blanco emitirá las órdenes de aprehensión respectivas, según una fuente del Ministerio Público de El Alto, a pesar de la resistencia de los lugareños a aceptar la presencia del Estado.
Emplazamiento a Rada
Entretanto, mediante nota remitida a Alfredo Rada, Cárdenas exigió al Ministerio de Gobierno que las fuerzas del orden intervengan en Sank’ajawira para devolverle la casa tomada por la fuerza el sábado 7.
“En esta carta emplazo al Ministro de Gobierno como responsable de la seguridad del país, que cumpla lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE): Proteger la propiedad privada y garantizar la vida de todas las familias bolivianas”.
Según su argumentación, ningún cabildo o asamblea puede convalidar un despojo, “y eso lo saben” las autoridades, por lo que cabe es que, ahora, el Ejecutivo “haga cumplir la ley”.
Ayer por la mañana, en conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Legislativo, reiteró que no renunciará a recuperar su vivienda y que volverá a ese lugar, “porque yo no tengo problemas con los comunarios, sino con un grupo de militantes del MAS”.
“Señor Presidente, usted tiene la última palabra. ¿Su Gobierno va a respetar la propiedad privada? ¿va a frenar a los grupos de asalto que allanan domicilios y abusan a menores de edad?”.
Cárdenas compró ese terreno a la familia Yujra en 1980, y durante 29 años nunca tuvo dificultades, hasta participó en la campaña por el No a la CPE.
Los abogados del afectado presentarán en las próximas horas a conocimiento de autoridades judiciales los documentos que demuestran su derecho propietario para desvirtuar versiones de que el lote tendría ocho dueños y por el que hay un litigio por mejor derecho propietario.
Advirtió de que si el Estado no actuara con firmeza para que se respete la Constitución, recurrirá al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de hacer prevaler sus derechos.
Aún no es candidato
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas aseguró que todavía es “prematuro” hablar de que es postulante a la Presidencia del Estado.
Cárdenas aseguró que antes de pensar en postulaciones de cualquier persona, es necesario que se produzca un debate nacional sobre el proyecto de Código Electoral y superar los problemas que presenta el Padrón Nacional que, en su opinión, está “contaminado”.
Aunque son insistentes las versiones en que un grupo de activistas se halla abocado a formar una organización política para postularlo en los comicios nacionales de diciembre, el afectado ha reiterado que aún no ha estudiado esa posibilidad.
Señales
Cruz Alarcón dijo que no puede hablar por decisión de un ampliado campesino.
Beatriz Quispe se acogió, por escrito, a su derecho a guardar silencio.
La Fiscalía todavía no notificó a otros dos demandados por el ex Vicepresidente
Los Cárdenas quieren volver a su vivienda
La comunidad internacional respalda al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Su familia quiere recuperar su casa.
Foto. No renunciará • Los campesinos permanecen con la casa tomada pero Cárdenas dice que no retrocederá.
El Nuevo Día
Veinte embajadores y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron ayer con el presidente del Senado, Óscar Ortiz, para recabar información y expresar su apoyo al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, quien el pasado sábado fuera despojado de su vivienda en Huatajata, La Paz, por comunarios allegados al partido de Gobierno.
El hecho ha repercutido en las esferas internacionales y la oficina de la ONU en Bolivia ha exigido la condena de los responsables del ataque a Cárdenas. Francia ha definido al ex vicepresidente como «un gran amigo» y ha expresado su «conmoción» por el suceso, destacó ayer en una publicación el periódico español El País.
El ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, emplazó, ayer, al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, hacer cumplir la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que garantizar y proteger la propiedad privada y la vida de las personas.
“En esta carta emplazo al ministro de Gobierno (Alfredo Rada) como responsable de la seguridad del país, cumpla lo que dice la Constitución Política del Estado, proteger la propiedad privada y garantizar la vida de todas las familias bolivianas”, dijo la ex autoridad de Estado.
De manera sorpresiva, Cárdenas acompañado de sus abogados se hizo presente en el hemiciclo del Congreso para realizar una conferencia de prensa y anunciar que no renunciará al derecho propietario de su vivienda ubicada en Sank’ajawira, municipio de Huatajata, provincia Omasuyos, que permanece bajo el control de los campesinos de esa región.
El ex vicepresidente informó que ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía en contra de Felipe Cruz Alarcón y Alfredo Huañapaco, además de la dirigente de la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Beatriz Quispe, por los delitos de intento de homicidio contra su familia y de promover el asalto que sufrió su inmueble rural.
En ese contexto dijo que su familia no renunciará al derecho propietario de su vivienda, por considerar que no tiene problemas con la comunidad, sino con un grupo de “militantes del MAS” que aprovechando sus contactos en el Gobierno promovieron los hechos de violencia en contra de su familia y la toma física de su vivienda.
“Vamos a volver a mi vivienda, a mi comunidad porque no tengo ningún conflicto con mi comunidad. Ninguna asamblea o cabildo puede justificar un allanamiento y despojo de una vivienda y eso lo sabe el Gobierno, lo que cabe es que ahora el Gobierno haga cumplir la Ley”, dijo.
El ex vicepresidente advirtió al Gobierno que de no actuar y hacer respetar la Constitución recurrirá al Alto Delegado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para hacer prevaler sus derechos que están garantizados en la nueva Constitución Política del Estado.
“Señor Presidente usted tiene la última palabra. Su gobierno va a respetar la propiedad privada, su gobierno va a frenar a los grupos de asalto que allanan domicilios”, preguntó al Ejecutivo /Agencias
Van 12 días y no devuelven la casa
El sábado 14 • Se produjo la toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, oportunidad en la que golpearon a su esposa y a sus dos hijos, cuñada y sobrino.
El Gobierno • Implícitamente han justificado la toma y le han pedido a Cárdenas que “solucione sus problemas pendientes” con la comunidad de Huatajata.
CPE y propiedad privada • “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o
colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Se garantiza la sucesión hereditaria. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión.(arts.56 57)
“Vivimos en un clima de acoso”, dice jefe del Senado
«Vivimos en un clima de acoso», asegura el presidente del Senado Óscar Ortiz, en la denuncia al periódico El País.
«Además de Cárdenas, la diputada Marlene Paredes ha sido expulsada a golpes de su comunidad, en la región de Los Yungas, después de que rompiera con el MAS. Varios legisladores que investigan los escándalos de corrupción del Gobierno han sido amenazados o represaliados, como Luis Vázquez y Wálter Guiteras, del partido Podemos, o Arturo Murillo, de Unidad Nacional». Y algunos dirigentes sociales del MAS, añade el presidente del Senado, han advertido que tomarán otras casas, entre ellas las del escritor y periodista Carlos Mesa, que presidió Bolivia entre 2003 y 2005, y cuyo talante conciliador no logró aplacar las protestas capitaneadas por Evo Morales. «Empezamos a vivir la estrategia del miedo y una vulneración muy peligrosa de derechos y garantías ciudadanas», sostiene Mesa. «Evo Morales está destruyendo el Estado de derecho», reiteró este martes en una conferencia de prensa en Santa Cruz.
punto de vista
ALFONSO COCA
Decano de Derecho de la UAGRM
‘El Estado tiene el deber de protegerlo’
En mi criterio el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos. La nueva Constitución Política del Estado que ya está en vigencia habla de todos los derechos fundamentales, entre ellos los derechos civiles, políticos y lo más importante, dedica un acápite especial a la protección a la propiedad privada. Considero que la propiedad privada del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas cumple una función social, pues se trata de una vivienda y un hogar y no se puede alegar lo contrario, por lo tanto se le están conculcando sus derechos como ciudadano.
Amerita que el Poder Ejecutivo otorgue todas las garantías al ex vicepresidente Cárdenas conforme lo establecen los artículos 13, 14, 15, 21, 56 y 57, pero lo más importante es dar seguridad jurídica a los ciudadanos caso contrario van a correr las inversiones privada extranjeras pues nadie querrá asentarse en Bolivia por temor a que sus bie-nes sean confiscados y por otra parte es una responsabilidad del Ministerio Público investigar estos actos vandálicos y sancionar a los responsables de la toma del inmueble. En Bolivia nadie goza de privilegio todos los bolivianos debemos someternos a la ley, desde el presidente hasta el último ciudadano.