El Nuevo Día / La corrupción como estigma
La Patria / Cambio… ¿para qué?
La Estrella del Oriente / La justicia por el mango
El Mundo / Cuándo se cumplirá la ley
Opinión / La Policía debe reforzar su labor de prevención y de Inteligencia
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El Diario / Incremento en tarifas del transporte público
La Razón / Las aguas de la droga
La Prensa y El Deber / Un acto de barbarie
Correo del Sur / Omasuyos y el nuevo Estado (II)
Los Tiempos / La nueva cara del negocio coca-cocaína
El Nuevo Día / La corrupción como estigma
Uno estigma que arrastra el país desde hace décadas es el de la corrupción. Los informes anuales emanados por las organizaciones internacionales que se ocupan del asunto señalan que Bolivia acusa niveles negativos en este campo y en distintas áreas. Recientemente, el presidente Morales ha reconocido que la corrupción está profundamente arraigada en la estructura institucional nacional, al punto que su erradicación deviene en una tarea titánica, ardua y de largo aliento. Su preocupación resulta plenamente justificada cuando están frescas las sindicaciones de corrupción a miembros de su entorno y se espera para ellos sanciones duras y ejemplares.
La lucha contra la corrupción a nivel mundial se mide por el Índice de Integridad Global, cuyos indicadores son Sociedad Civil, Acceso a la información y Medios de comunicación; también el indicador Elecciones y componentes voto y participación ciudadana, Integridad de las elecciones y Financiamiento político. Por otra parte, la Rendición de cuentas del Gobierno, involucrando al Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Prácticas presupuestarias. Se mide también Administración pública y servicio civil, sus regulaciones, denuncias de prácticas ilegales, adquisiciones, compras y privatización. Asimismo, cuentan los Mecanismos de regulación y control, Mecanismos anticorrupción y Estado de derecho.
El Gobierno en la etapa electoral ha hecho suya la bandera contra la corrupción, y llegado al poder ha pretendido mostrarse como el paladín contra este flagelo institucional. Sin embargo, a media gestión ha quedado prisionero de sus promesas y su voz, otrora convocadora, ha quedado embargada. Le guste o no, el estigma de la corrupción le ha alcanzado de pleno. Es posible que al finalizar su gestión no haya podido remontar el enorme daño que le ha causado el escándalo de YPFB y de otros importantes proyectos sociales, como el de la vivienda solidaria. Vistas así las cosas, la corrupción seguirá siendo un dudoso distintivo.
Pero lo más importante de todo es que la corrupción afecta la gobernabilidad del país. Las relaciones entre los actores políticos juegan un rol determinante que a la larga tienen sus consecuencias sobre la vida del conjunto de los habitantes del país. El hecho que la democratización de los partidos políticos siga en entredicho no ayuda a la lucha contra la corrupción, del mismo modo que la libre asociación, la libertad de expresión y de prensa quedan afectadas si la lucha por el poder se conduce por caminos no pacíficos. El respeto a los derechos de la propiedad privada por parte del Gobierno también juega su parte en la evaluación de la corrupción y la gobernabilidad. Sin duda, esta lucha es de suya compleja.
Siendo un problema estructural, la corrupción institucional debe ser encarada con medidas acordes a la dimensión del problema. Es lo justo y necesario. Pero todo parece indicar que el Gobierno adolece de recursos humanos e instrumentales para tal tarea. Aun cuando la oposición magnifique los hechos de corrupción, el Gobierno está obligado a dar pruebas claras y concretas de que lo suyo no es simple verso. Por el contrario, debe dar sobradas muestras de lucha frontal y transparente contra un estigma que, mal de su gusto, le está socavando su credibilidad y perspectivas.
Siendo un problema estructural, la corrupción institucional en el país debe ser encarada con medidas acordes a la dimensión del problema.
La Patria / Cambio… ¿para qué?
La gran acción mediática del Gobierno está dirigida a convencer al pueblo de su intención de producir un “gran cambio” en el tradicional sistema de vida que todavía persiste bajo condiciones de inequidad e injusticia que se arrastran de anteriores gestiones y que deben cambiarse en este proceso liberador.
Han transcurrido tres gestiones del actual proceso y ese anunciado “cambio” todavía no se vislumbra objetivamente. La situación de los bolivianos no ha mejorado, se mantiene un alto índice de desempleo, el sistema productivo está restringido, la agenda política sigue siendo prioridad y la situación económica no ha cambiado el porcentaje de crecimiento que se mantiene desde hace muchos años prácticamente estancado.
Cuando se habla de cambio surge inmediatamente la interrogante que busca una idea clara del objetivo de la intencionalidad política, aún sabiendo que por muchas circunstancias cambios positivos todavía no hay, pero sí un registro de cambios que denotan claros signos de corrupción lastimando severamente la imagen del Gobierno haciendo que sean cuestionados los elementos más próximos a la cúpula oficialista, desatando además una serie de dudas sobre la verdadera lealtad política en sus conductos verticales de arriba hacia abajo y viceversa estremeciendo la tienda gobernante cuyos ocupantes no pueden ocultar compromisos políticos de un pasado criticado, pero que no limpia en absoluto las manchas que han quedado muy fuertemente impregnadas y que están reapareciendo con una andanada de muy serias denuncias.
El problema de YPFB destapó la olla de grillos, bichitos que están a la orden de algunos políticos de marcada experiencia que buscan asegurar su vigencia por lo menos una gestión más, objeto para el que se valen de muchas argucias aún poniendo en riesgo la estabilidad política del oficialismo que está sintiendo algunos remezones en su más íntima conformación partidaria.
Hay muchas formas de cambio, pero hay que buscar las que se presenten como alternativas para mejorar la situación del país y de sus habitantes, cambiar dando ejemplos de honestidad, transparencia y equidad, pues lo contrario es mostrar un cambio inverso que alienta la corrupción, que complica la jerarquía del Poder Ejecutivo, atropella el orden constituido desconociendo la institucionalidad y promoviendo un racismo que de acentuarse puede ser la causa de graves confrontaciones.
El cambio que todos anhelan es aquel que promueva la unidad frente a los enconos políticos, ese que busque un objetivo concreto para mejorar la vida de todos los bolivianos, cambio que permita disfrutar en las mismas condiciones los beneficios del uso de nuestros recursos naturales cuyas utilidades sirvan para el crecimiento armónico de nuestra Nación, sólidamente unida en la búsqueda de un desarrollo global, respetando el derecho autonómico de cada región y haciendo del Estado el instrumento para defender la democracia con respeto a las libertades ciudadanas, los derechos humanos y las Leyes, atributos que sólo pueden darse a través de un cambio para avanzar y de ningún modo admitir más cambios que profundicen nuestras diferencias. Oficialismo y oposición deben cambiar su sentido de servicio a la Patria, deponiendo de una vez intrigas y calumnias. Hay que vivir solidariamente.
El cambio que todos anhelan es aquel que promueva la unidad frente a los enconos políticos, ese que busque un objetivo concreto para mejorar la vida de todos los bolivianos, cambio que permita disfrutar en las mismas condiciones los beneficios del uso de nuestros recursos naturales cuyas utilidades sirvan para el crecimiento armónico de nuestra Nación
La Estrella del Oriente / La justicia por el mango
Fiel a su estilo, el Gobierno dejó que una turba tire la piedra invadiendo la casa de Víctor Hugo Cárdenas y luego salió a esconder la mano que con seguridad estuvo atrás del acto violento y escandaloso.
La acción violenta llevó a que la turba invada la casa del ex Vicepresidente y ahora pretenda confiscarla, sólo porque este hizo campaña por el No en el pasado referéndum por constitución, buscando hacer escarnio público de oponerse al Gobierno. Ahora tenemos la prueba palpable de que la justicia comunitaria ha sido constitucionalizada para que las comunidades indígenas dominadas por caudillos masistas y quien sabe pagadas incluso por operadores del Gobierno, tomen la justicia por mano propia, situación muy propicia para ejercer actos irregulares y delincuenciales con la pretensión de ejercer control social y de hostigar y castigar a quienes no participan del mandato que impele a obedecer a un Gobierno que exige subordinación total.
Personeros del Gobierno hoy dejaron claras evidencias de que ésta será la manera en que operarán en adelante, dejando que las turbas hagan de las suyas, mientras ellos que están por supuesto alentando y permitiendo estas acciones, saldrán luego a hacer declaraciones como las que escuchamos ayer de parte de funcionarios como los viceministros Chávez y Farfán, quienes al tiempo de lavarse las manos, planteando por supuesto que no habían tenido nada que ver en el asunto, no perdieron la oportunidad para dejar deslizar bajo cuerdas que la acción obedecía a que los campesinos “guardaban rencor” con Víctor Hugo Cárdenas porque éste había formado parte del Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada y porque no había hecho nada por ellos y porque finalmente había hecho campaña por el No. Los viceministros voceros del Gobierno plantearon además que el hecho era una reacción que respondía a las acciones políticas de Víctor Hugo Cárdenas señalando que éstas son de entera responsabilidad del afectado. En resumen, se lavaron las manos y dejaron a la víctima librada a la fuerza de la masa envenenada de revancha, de odio, de irracionalidad bestial.
El viceministro de Justicia Wilfredo Chávez abordó una sarta de justificaciones apelando a que el hecho debería comprenderse en la relación favorable o desfavorable que Cárdenas habría desarrollado con su comunidad, como si esta fuera una razón que justifique la toma de la vivienda y que se violen los derechos individuales. En el colmo del cinismo los viceministros Chávez y Farfán, haciendo uso de un discurso engañoso, se lavaron las manos mientras metían calda, mientras justificaban las acciones violentas y trataban de poner el dedo en la llaga de los opositores mostrándoles lo que les pasará si se oponen y que ellos no tendrán que hacerlo porque para eso tienen a los indígenas comunarios para lo que les han puesto la justicia comunitaria.
En otro de los registros de comunicación esquizofrénica de los que suele hacer uso el Gobierno para decir y no decir y sobre todo para decir como si no dijera pero imponiendo el mensaje como un mandato, los viceministros señalados, plantearon que ellos no tienen nada que hacer, que nada está en sus manos porque en realidad esto “le corresponde a la justicia” y debe ser investigada por el Ministerio Público. Algo absolutamente falso, primero porque el Gobierno hace lo que le da la gana independientemente de los fallos de la justicia y esto lo ha probado en muchas ocasiones, dejando de lado y desoyendo los fallos del Poder Judicial, como lo hizo en el caso del prefecto Leopoldo Fernández, y en segundo lugar porque ahora la justicia comunitaria tiene poderes para que la turba actúe, y para que el Gobierno actúe a través de la turba.
Los comunarios han pedido que el caso del vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas quede en manos de la justicia comunitaria y no de la ordinaria, y la turba no ha sido desalojada de la casa, permanece haciendo guardia y vigilia y ha planteado que ésta será revertida a la comunidad. El dirigente Cruz Alarcón, quien ha sido señalado como uno de los promotores de la violencia, aseguró que la toma de la vivienda fue decidida en un ampliado y aseguró que se mantendrá y se impondrán las decisiones de la comunidad incluso por encima de la Policía y las leyes vigentes, aduciendo que éstas están respaldadas por los usos y costumbres de su comunidad.
Sólo para tener una referencia de cómo piensan los comunarios, transcribimos las expresiones que tuvo Alarcón sobre los abusos que se han generado: “Todos tenemos derecho a todo (…) la toma se ha hecho democráticamente por la dignidad”, fue una de sus afirmaciones, mientras acusaba al ex Vicepresidente de haber “vulnerado las normas internas de la comunidad” a la que pertenece como aymara.
“Si en caso, la insistencia de la Policía (y) algunas cosas más del Víctor Hugo; entonces la decisión se va alterar más (…) puede llevar a una convulsión esto, un movimiento. (…) Rogarles que pacíficamente (acepten la toma). Pero, devolver la casa va ser muy difícil, puntualizó el caudillo indígena que se siente que tiene la sartén por el mango.
Los “hermanos” han actuado.
El Mundo / Cuándo se cumplirá la ley
De qué le sirvió al Presidente hacer tanto esfuerzo por la implementación de su Constitución, ya que una vez aprobada se da luz verde a violentarla, existe una serie de hechos que nos llama la atención, la impunidad de algunos sectores que izan permanentemente la bandera de la calavera, si, la de piratas que toman por asalto propiedades de un respetable indígena que realizó campaña por el NO, se premia de forma descarada a un joven delincuente que toma por asalto la propiedad de un ex vicepresidente, que apaleó a los periodistas cruceños, lo nombran viceministro de salud (es como jugar con excremento en la salud); hoy este gobierno llegó a límites que el neoliberalismo de Sánchez de Lozada no se atrevió, le expropia tierras a los bolivianos para entregárselas a multinacionales de la India, Milton Friedman diría “vamos muy rápido”; ni qué decir frente a la justicia, vivimos en un país donde no se respeta el estado de derecho, donde el debido proceso no existe, cuando la libertad de cualquier ciudadano es amenazada por un estado inmoral que hace esfuerzo por implementar una forma donde la justicia y la ley es simplemente otro de los botines de guerra que el MAS usurpó para usarla en contra de los que considera sus adversarios y favorecer a los suyos.
Leopoldo Fernández, Prefecto electo y ratificado por su departamento, fue prácticamente víctima de un asalto político donde el gobierno respaldado simplemente por soldados con metralleta en mano lo secuestró, donde las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son cantos de sirena, en este país nuestro de cada día vivimos en un estado impostor donde los valores democráticos existen en su mínima realidad, la base de todo estado moderno es el respeto y apego a la constitución, que existe libertad de expresión puede que sí pero eso no demuestra que el gobierno del Presidente Morales la respete en toda su dimensión, la libertad de prensa es simplemente una máscara para esconder la tiranía de los apresamientos ilegales, no existe el más mínimo elemento que respalde el secuestro de varios detenidos, que muchos bolivianos deciden por el exilio, que otros viven en la clandestinidad por persecuciones odiosas, donde no se respeta la inversión privada de los nacionales, donde prácticamente cientos de millones de dólares desaparecen mediante el nuevo truco de los denominados “fideicomisos” que es la forma donde funcionarios dispendiosamente la hacen desaparecer sin explicación alguna, sus medidas por más buenas que sean en su espíritu pierde su condición de tal cuando descubrimos que detrás de una buena acción se esconde una perversa forma de dilapidar los fondos públicos.
Todo lo que tocan se transforma inmediatamente en sospechoso, sus obras no son más que “caballos de Troya” dentro de ellas existe podredumbre, son una manga de oportunistas y demagogos donde hasta las conquistas de los adversarios pretenden adjudicárselas, lo hicieron con la autonomía, lo hacen con la estatutos autonómicos y este fin de semana se adjudicaron como suya la lucha contra el “dengue” que la región se esforzó por concretarla a pesar de los obstáculos de algunos ministros, el Presidente mientras más pasa el tiempo más demuestra su poco interés por la patria, por los ciudadanos, por el respeto a las naciones, Bolivia en poco tiempo más terminará siendo una isla, si, aislada por la comunidad internacional, con un bloqueo por el peligro que significamos cuando somos tan permisibles con la producción de cocaína que pone en serio riesgo nuestra integridad moral como nación.
No existe señales de respeto a la ley, es más los actos de barbarie los justifican, que los comunarios salvajes que azotaron y golpearon a los hijos de Víctor Hugo Cárdenas pueden estar seguros que sus actos son impunes y el responsable de ello tiene asegurado un vice ministerio, la corrupción de este gobierno la pretende tapar con Santos Ramírez quien solo es un botón de muestra que el traje de moralidad, de justicia social, de transparencia del MAS simplemente era un disfraz, debajo de este traje existe un uniforme de piratas de los andes que tomaron por asalto una nave que navegaba a la deriva , hoy sabemos que caminamos directamente al desastre.
Gobierno que no conoce ni hace esfuerzo por apegarse a la ley y constitución es simplemente una tiranía de paso.
Opinión / La Policía debe reforzar su labor de prevención y de Inteligencia
Hay que preguntarle al Gobierno qué está haciendo para evitar que el territorio nacional se convierta en un santuario del delito nacional e internacional, y a la Policía, si cumple con la labor de prevención e Inteligencia para combatir a los criminales.
Informes de la Policía corroboran que el país está viviendo una de las situaciones de mayor inseguridad ciudadana, en relación a los anteriores años.
Hace pocos días en la ciudad de La Paz, se registraron dos atracos a mano armada en menos de dos horas. La ola delictiva recrudeció desde la pasada semana, lo que añade a las estadísticas datos alarmantes, a tal punto que establecen que esta clase de crímenes se registran cada 24 horas.
La Policía, como explicación, sostiene que se trataría de bandas internacionales de delincuentes, e incluso dice que podría ser Sendero Luminoso ante la posibilidad de rearticulación del grupo terrorista peruano. Habría que establecer con precisión cuál era el modo de operar de los senderistas en el Perú para recaudar dinero, aunque muchos sostienen que los atracos no estaban en sus planes, y sí el narcotráfico.
De todos modos, lo que importa ahora, es que la delincuencia nacional e internacional está planteando serios riesgos a la población, frente a una Policía que parece estar confundida y sin mayores planes para combatir.
Más allá del papel de la Policía, que desde luego es el brazo operativo contra el crimen, hay que preguntarle al Gobierno qué es lo que está haciendo para evitar que el territorio nacional se convierta en una especie de santuario de los delincuentes, habida cuenta no sólo de la ola de atracos, sino del incremento del narcotráfico y de otros graves delitos que siembran miedo entre los pobladores. ¿Dónde están esos planes de seguridad ciudadana, aquellos famosos relanzamientos de operativos policiales? ¿En qué ha quedado el anuncio para reforzar la Policía con más efectivos, vehículos y otros elementos que mejoren su trabajo?
Sin embargo, entra también, al margen del trabajo activo de la Policía, la labor de Inteligencia de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Este tema está unido a la prevención, o sea detectar el ingreso de personas con prontuario policial y en general conocer en detalle el flujo de visitantes extranjeros. La labor de Inteligencia policial, que resulta de una especialización de oficiales formados para efectuar exclusivamente este trabajo, denota improvisación, a punto tal, que incluso origina descontento en algunos niveles policiales, por el descuido y la falta de objetivos en esta materia.
Por ello mismo, la ciudadanía, cuando interpela el trabajo policial en busca de garantías físicas y para sus bienes, se pregunta si la institución del orden, está cumpliendo actualmente sus funciones, dentro de parámetros estrictamente profesionales e institucionales. Lo que quiere significar, si la Policía, o cuando menos algunos mandos superiores, no distraen su deber en menesteres cercanos a la política partidaria, o recibe influencias externas que van socavando una labor que contrariamente a lo que ocurre ahora, debería ser mucho más exigente, ante un ambiente que genera temor y que, desde luego, también afecta a las actividades productivas.
El Diario / Incremento en tarifas del transporte público
Uno de los problemas que tienen que sopesar todos los gobiernos es que cuando se procede al incremento salarial, que no pasa del 14 por ciento sobre el salario básico, surge el reclamo de los transportistas que proponen incrementos a las tarifas que cobran por el servicio que prestan. Es una oportunidad para lograr algunas subvenciones estatales mediante la presión y las amenazas a las que recurren. Por el contrario, existe una autorregulación para el incremento de precios de los hidrocarburos, lo que significa que la subida de precios al consumidor está de acuerdo con las fluctuaciones del dólar y el mercado internacional. Este método da buenos resultados no sólo en Bolivia sino en otros países, para evitar alzas en porcentajes considerados exagerados. Esto no ocurría cuando el Gobierno de turno esperaba dos o más años hasta que los precios de los combustibles requerían ser incrementados porque había un desequilibrio respecto al incremento del dólar hasta en un 50 por ciento, lo que originaba los denominados tarifazos que afectaban a todo el sistema financiero nacional.
Con la autorregulación de los hidrocarburos los incrementos no son traumáticos, porque su alza está de acuerdo con el ascenso o descenso de la moneda americana, que es el patrón monetario de gran parte del mundo. Este mismo sistema u otro similar se debería aplicar para el sistema público de transporte, el que necesariamente debería regirse por parámetros que lo justifiquen y no esperar que por presiones de cualquier tipo los dirigentes de los transportistas aprovechen toda oportunidad que se les presenta para amenazar con incrementos que son cargados a la población, que tiene que soportar esas subidas de tarifas, como en la coyuntura actual.
Son conocidos los incrementos salariales dispuestos por el Ejecutivo, sobre todo para la administración pública, porque en el sector privado existe un rechazo porque no se puede disponer aumentos sin hacer antes las consultas necesarias para conocer la realidad de cada empresa. Muchas factorías han amenazado con cancelar sus operaciones o disminuir sus plantas de empleados porque no tienen suficientes recursos para mejorar salarios, debido a la crisis económica que afecta al país, además que el contrabando y la competencia desleal impiden el desarrollo de la industria nacional. Por esos motivos la empresa privada no puede cumplir con lo dispuesto por el Gobierno. Además consideran que la disposición gubernamental tiene un alto contenido político y un fin electoralista, con miras a la consulta popular del 6 de diciembre próximo, para elegir Presidente, Vicepresidente y congresales.
Parecería que por un afán de medir fuerzas, los dirigentes de los transportistas están empeñados en publicitar un incremento en las tarifas del transporte público, especialmente en el área urbana, donde la medida tiene mayor incidencia, porque afecta a la economía de los sectores que más utilizan el transporte público masivo. Los anuncios de los transportistas han merecido un rechazo unánime de la población, porque considera que por el efecto multiplicador subirán de precio todos los artículos de la canasta familiar y el costo de vida llegará a niveles peligrosos, a lo que se tienen que sumar las alzas que determinarán los servicios públicos, como los de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, teléfonos y otros, sin descartar el incremento en los alquileres de las viviendas.
Pese al rechazo al incremento de los pasajes del transporte público, un ampliado nacional de choferes realizado hace poco en la ciudad de Cochabamba ratificó el incremento del costo de los pasajes del transporte público a partir del lunes 16 del mes en curso, aunque no se sabe aún a cuánto alcanzará, pero no se descarta que pueda estar entre el 20 y 25 por ciento, porcentajes que no se ajustan al incremento salarial dispuesto por el Gobierno que es de 12 por ciento para todos los sectores, con excepción de los profesores y los trabajadores del sector salud.
El Ejecutivo, por su parte, está seguro de que no subirán los pasajes del transporte público porque no se justifican, argumentando que los combustibles mantienen sus precios, los insumos y repuestos que son cotizados al cambio del dólar americano tampoco cuestan más porque la cotización de esta moneda se mantiene estable. Ante ese panorama conflictivo es de esperar que las negociaciones entre dirigentes del autotransporte y las autoridades nacionales arriben a buenos resultados, lo que será posible con la flexibilización de la posición de los transportistas, que se beneficiarán con algunas medidas, entre las que no se descartan algunas subvenciones. Lo importante es que no se afecte a la economía de las familias bolivianas, que son las que soportan todo el peso de ese tipo de medidas.
La Razón / Las aguas de la droga
Son muchas las corrientes de agua de Bolivia que han sido contaminadas por la industria de la droga. Expertos internacionales que trabajan en la limpieza del lago Titicaca afirmaron que las muestras tomadas en los últimos meses revelan una fuerte presencia de ácidos…
Los campesinos de Pantipata, en el valle alto cochabambino, decidieron en pasados días bloquear la carretera de la zona para pedir algo inusual: quieren que el Gobierno haga algo para evitar que las fábricas de cocaína dejen de contaminar las aguas de los ríos y las acequias.
El argumento es que los ácidos y los otros elementos que utilizan los fabricantes de cocaína están destruyendo no solamente los campos donde operan, sino las tierras ubicadas aguas abajo. Incluso se están muriendo los animales, alertaron los dirigentes de este curioso movimiento campesino.
Todo el negocio de la coca y la cocaína provoca desastres en la naturaleza. Las plantas de la milenaria hoja dan tres o cuatro cosechas al año y eso genera un empobrecimiento acelerado de la tierra. La erosión es el peor problema de los Yungas de La Paz y del Chapare, después del drama del narcotráfico.
Al campesino que no cultiva coca en las zonas destinadas a esta actividad se le presentan otros problemas. Los jornales que pagan los cocaleros por la cosecha de la hoja son muy altos, comparados por ejemplo con el café o con los cítricos. Hay grandes plantaciones de coca en los Yungas que han sido abandonadas por sus propietarios en vista de que no consiguen cosechadores o el precio del café no permite pagar los jornales que ofrecen los cocaleros.
Son muchas las corrientes de agua de Bolivia que han sido contaminadas por la industria de la droga. Expertos internacionales que trabajan en la limpieza del lago Titicaca afirmaron que las muestras tomadas en los últimos meses revelan una fuerte presencia de ácidos y otros productos propios de la industria de la droga. Culpan de ello a las fábricas instaladas en las proximidades de la ciudad de El Alto. No se sabe dónde están, pero sí lo que contienen las corrientes de agua que llegan al lago más alto del mundo.
Pese a todo, es la contaminación moral la que peores efectos deja en el país. Los campesinos están perdiendo la costumbre de dedicarse a las actividades legales en amplias zonas colindantes con los territorios de la coca. Y están cometiendo delito.
La industria de la droga recluta mano de obra para la fabricación o el transporte. Los niveles salariales en cualquiera de esos eslabones de la cadena del narcotráfico son muy superiores a los que puede permitirse un trabajo legal, peor todavía si se trata de uno agrícola. Para miles de campesinos acostumbrados a tareas duras y mal retribuidas, la tentación es grande.
Por el momento, afortunadamente, esto no ha derivado en situaciones de escasez de productos tradicionales, pero sí ha generado una importante migración de campesinos hacia el dinero fácil relacionado con la producción de droga.
Este panorama se presenta en el país cuando el gobierno de Evo Morales ha decidido insistir en su campaña, ante los organismos internacionales, por la despenalización de la hoja de coca. Ésta, como se sabe, es considerada una droga en sí misma por la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes (JIFE), que acaba de ratificar su condena a la coca.
En estos tiempos de consultas populares, quizá no sea mala idea someter el tema de la defensa de la coca a un referéndum, pues se trata de algo que está afectando a todo el país.
Editorial / Subeditorial
La reacción de García contra senadores del MAS
La aprobación de un informe por parte del Senado ha dado lugar, el jueves de la semana pasada, a un hecho por el cual el vicepresidente de la República, Álvaro García, recriminó públicamente a senadores de su partido, el MAS.
Según García, los representantes del oficialismo en la Comisión Multipartidaria del Senado, que investigaba el caso de presunta corrupción en YPFB, fueron engatusados por la oposición y, así, firmaron un informe que el Gobierno no aprueba.
Lo que disgustó al Vicepresidente es que ese documento establezca que tres miembros del gabinete de ministros y el Superintendente de Hidrocarburos deben ser investigados para establecer la responsabilidad que podrían tener en el caso de los hechos de corrupción supuestamente cometidos por el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez.
Un periodista de La Razón atestiguó el momento en que uno de los senadores del MAS, Antonio Peredo, dejó el debate de dicha comisión para mantener una conversación telefónica con un tal Álvaro (se presume que sería el Vicepresidente), y en la charla primó la tensión.
Minutos más tarde, García ingresaba al Palacio de Gobierno y, al día siguiente, realizaba fuertes declaraciones en contra de la actuación de sus copartidarios.
“Han sido objeto de engaño y no han entendido a cabalidad el contenido político, antiestatal y antiproductivo que trae este informe”, les recriminó públicamente, a través de los micrófonos de los periodistas. Cualquiera que hubiera sido la motivación del Segundo Mandatario, por más molesto que estuviera, su reacción, ofendiendo la inteligencia de senadores de la República, no parece ser la adecuada.
Si García deseaba que los senadores del MAS retiren sus firmas del documento, podía haberlo hecho de manera más discreta y, sobre todo, civilizada.
Peredo, un histórico del MAS, había evaluado el documento como una solución para evitar que la situación llegue a descontrolarse. Pero, está claro, el Vicepresidente no lo tomó así y reprochó, de una forma nada serena, la actitud de los senadores.
Resulta incómodo tener que andar recordando, cada vez más seguido, que el respeto a las personas, sobre todo adultas mayores, debe partir de las autoridades.
La Prensa y El Deber / Un acto de barbarie
El caso pone a prueba una vez más la imparcialidad del Estado y sus instituciones, para poner freno a estos inauditos y condenables abusos.
Suman y siguen en el desventurado país nuestro los actos a contrapelo de la democracia, la paz y el orden que extrañamente parecen estar cada vez más distantes de una mayoría de los bolivianos. De los ciudadanos que no terminan de asimilar y de superar su capacidad de asombro y/o de espanto en el proceso de “cambio” que espolea el Gobierno de Evo Morales, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado que, sin remilgos, el propio régimen masista se encarga de violar sistemáticamente.
Uno de aquellos actos acaba de consumarse el fin de semana y estuvo a punto de terminar en una tragedia para la familia del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas. Durante la mañana del sábado, una turba de campesinos allanó el domicilio de Cárdenas en el municipio de Huatajata, a orillas del lago Titicaca, luego de participar en un cabildo organizado en el pueblo y que concluyó que había llegado el momento de “ajustarle cuentas” a quien se considera “cómplice” del ex primer mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada y al que no se le perdona haber manifestado públicamente su adhesión a una campaña por el No al nuevo texto constitucional en el referéndum del 25 de enero.
En completa y sospechosa ausencia de los organismos de seguridad, los enardecidos manifestantes procedieron a ingresar en la vivienda de Cárdenas, quemaron parte del inmueble y luego procedieron a la destrucción y al saqueo de enseres domésticos. El acto de barbarie también registró la cobarde agresión a la esposa del ex dignatario de la República, Lidia Catari; su hermano, dos hijos de la pareja y un sobrino, cuyas súplicas para que la turbamulta se calmara y no les hiciera daño no fueron escuchadas. Por el contrario, a todos los desalojaron de la casa entre empujones, golpes, chicotazos y puntapiés. Cárdenas, que en el momento del ataque contra los suyos se encontraba en la sede del Gobierno, responsabilizó del ataque al presidente Evo Morales y a su Gobierno. El Jefe de Estado se encontraba en Santa Cruz, sumamente preocupado por los mosquitos y la epidemia del dengue, por tanto dijo escuetamente no tener conocimiento de lo ocurrido.
Pero por pelos y otras señales, lo sucedido en Huatajata es nomás parte de la intolerancia política que crece desmesurada y peligrosamente en Bolivia. Tanto, que no existe registro de antecedentes similares de cuanto viene ocurriendo en tiempos de democracia.
El brutal ataque a la familia de Cárdenas, la toma y quema de su vivienda confirman que la violencia política instrumentada por el Movimiento Al Socialismo está en franco proceso de institucionalización, despojando de toda seguridad y garantías a quienes se atreven a pensar distinto al Gobierno, que no ha encontrado mejor método que el de la violencia para obligar a sus oponentes a retirarse del escenario político. Es el caso de Cárdenas, quien en el ejercicio de la Vicepresidencia de la República supo ganarse el respeto de la nación en el periodo comprendido entre 1993 y 1997.
Ante el grave suceso, la respuesta gubernamental ha sido casi de rutina, aunque un viceministro ha prometido una investigación y el castigo a los protagonistas, entre los que se ha identificado a un prominente “poncho rojo” de Achacachi, de donde es alcalde.
El caso pone a prueba una vez más la imparcialidad del Estado y sus instituciones para poner freno a estos inauditos y condenables abusos. A ver qué tan resueltos y firmes actuarán la Policía y la justicia para aplicar todo el rigor de la ley, como lo han hecho sin pestañear siquiera con algunos de los adversarios del Gobierno. Siempre y cuando no empiece a descubrirse la mano… de la CIA en la barbarie de Huatajata.
Correo del Sur / Omasuyos y el nuevo Estado (II)
Hace algo más de un mes, un ampliado de campesinos del cantón Huatajata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, decidió expropiar la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Al hacer pública la decisión, dijeron que "manifiesta la necesidad de responder a las provocaciones del ex vicepresidente de la República". Se referían al rol protagónico que jugó Cárdenas como el principal líder de la campaña en contra de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.
El viernes 6 de febrero, en este espacio editorial, al comentar tal amenaza, decíamos que había que tomarla en serio pues era una prueba más de que "en todas las provincias del altiplano paceño, pero especialmente en la provincia Omasuyos, está ya en plena vigencia un régimen que se rige por sus propias normas. Es una región del país en la que ya ha dejado de estar vigente el Estado de Derecho y en su lugar se aplica un sinfín de medidas coercitivas en contra de quienes no se someten a los designios del Movimiento al Socialismo".
Más adelante, afirmábamos que "El abuso (…) ha salido a luz y ha adquirido cierta notoriedad por ser el afectado un personaje cuyo prestigio impide que pase desapercibido. Pero es bien sabido que no es un caso aislado, sino uno más de muchos en los que los derechos básicos de ciudadanos insumisos son cotidianamente violados sin que haya quién los defienda en su heroica pero solitaria defensa de la democracia".
Ha transcurrido poco más de un mes de entonces, y la amenaza ha dejado de ser tal para convertirse en un hecho consumado. La casa de Cárdenas ha sido tomada por los campesinos y su esposa, hijos, sobrinos y otros familiares han estado a punto de ser linchados de acuerdo a las ya conocidas prácticas de "justicia comunitaria".
Durante todo este tiempo, el ex Vicepresidente, recurriendo a todos los medios a su alcance, pidió que las autoridades estatales hagan algo al respecto; que protejan su vivienda y a su familia, que den alguna señal de rechazo ante las criminales amenazas de que estaba siendo víctima él y sus familiares. Todo fue en vano. La única reacción oficial consistió en declarar, a través del Viceministro Sacha Llorenti "traidor a la Patria".
Una vez más, las más pesimistas previsiones han sido confirmadas por los hechos. Se ha puesto en evidencia que, como decíamos hace ya más de un mes, en Bolivia "se está consolidando un "nuevo Estado", que tiene en las provincias paceñas una especie de laboratorio de ensayo".
Solidarizarse con Víctor Hugo Cárdenas es ahora la mayor obligación e impedir que este caso quede en la impunidad la principal responsabilidad de quienes todavía mantienen viva la esperanza en la posibilidad de que Bolivia no sea sometida a un régimen totalitario.
Solidarizarse con Víctor Hugo Cárdenas es ahora la mayor obligación de quienes todavía creen la democracia
Los Tiempos / La nueva cara del negocio coca-cocaína
(Repetido el mismo de ayer)
Hay motivos para temer que estamos ante las primeras manifestaciones de la nueva dimensión del narcotráfico en nuestro país.
Tres noticias publicadas en este matutino durante la semana que concluye dan cuenta de la magnitud que tiende a adquirir en nuestro país la proliferación descontrolada de todas las actividades relacionadas con la producción y comercialización de drogas. Las tres notas que comentamos coinciden, además, al mostrar cuán cerca estamos de una explosión de violencia muy similar a la que por las mismas causas ha hecho estragos en países como Colombia y México.
Según uno de los informes, siete poblaciones vallunas están divididas, con altas probabilidades de llegar a enfrentamientos físicos, debido a que una parte de ellas ha optado por involucrarse de lleno en el negocio de la droga, mientras que los agricultores y sus familias desesperan ante las múltiples maneras como la producción de cocaína los perjudica.
Los informes de la Felcn indican que en la comunidad de Pantipata funcionan 115 fábricas de cocaína en 2008, aunque los comunarios denunciantes afirman que hay al menos 300, que producen unos 200 kilos de droga por semana.
Los desechos producidos por el proceso de transformación de coca en cocaína contaminan los ríos de la zona, lo que envenena los alimentos producidos en comunidades ubicadas río abajo. Los animales que beben esas aguas enferman y mueren, las cosechas se pierden. A ello se suma la corrupción de los jóvenes, la inseguridad ocasionada por la violencia siempre relacionada con el negocio, entre muchas otras calamidades.
En otra zona del valle cochabambino, un grupo de narcotraficantes hostigó con disparos a efectivos de la Felcn, cuando éstos pretendían destruir una factoría en Charamoco (Capinota). Según el jefe de la Felcn, se trataba de una instalación móvil que podía producir hasta 15 kilogramos de cocaína al día.
El jueves por la noche, un motín carcelario desencadenado por enfrentamientos entre bandas rivales por el control del negocio de la droga, dio otra señal de alerta sobre lo que las secuelas del auge de las actividades ligadas al negocio de la droga están ocasionando a nuestro alrededor.
Como es fácil constatar, las tres noticias tienen muchos elementos en común. Uno de ellos es que están ligadas a un fenómeno que sin ser nuevo, ha adquirido durante los últimos tres años una nueva dimensión. Un segundo elemento es que las fuerzas policiales son impotentes ante la magnitud del mal que deben combatir.
Como enseña la experiencia propia y la ajena, estamos ante las primeras manifestaciones de un fenómeno que al paso que crece muy pronto puede llevarnos a una situación muy similar a la mexicana. Con la agravante de que aquí el negocio de la coca y sus derivados está muy estrechamente ligado a la organización política que gobierna el país.