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Mal que exige un programa integral
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Bolivia: Entre presiones e imposiciones
El Diario
Defensa del medio ambiente
La destrucción paulatina de la capa de ozono que protege la superficie de la Tierra ante la intensidad de las radiaciones ultravioleta, está originando el cambio climático que deteriora el medio ambiente, lo cual se agrava por ciertas actividades dañinas del hombre que dañinas. Los problemas que afectan al planeta por causas naturales y artificiales preocupan al mundo, motivo por el cual se ha hecho una serie de convenciones desde la década del 50 del siglo pasado, pero en lugar de aminorar la polución, ésta aumenta de manera peligrosa para la salud del hombre y de la naturaleza. Los resultados negativos los estamos conociendo con los cambios en el clima, que provocan, por ejemplo, la reducción de glaciares, las lluvias intensas en varias regiones, donde los pobladores son víctimas de riadas, inundaciones, mientras otras zonas son afectadas por sequías y erosiones del suelo, que afectan a la agricultura y a la ganadería y consecuentemente a las personas, muchas de las cuales tienen que abandonar esos lugares en busca de otros que por lo menos les permitan sobrevivir. A pesar de ser de conocimiento general la destrucción del medio ambiente por los seres humanos, particularmente los países industrializados no asumen las medidas necesarias para contrarrestar la emanación de gases nocivos, que son la principal causa del daño a la biosfera y la estratósfera.
Existen instituciones y organizaciones internacionales que se dedican a concientizar sobre el peligro que acecha al planeta, para lo cual recurren a iniciativas y acciones que son aceptadas por muchas poblaciones, pero no son apoyadas por algunos gobiernos, los que dicen no poder cumplir esas tareas y recomendaciones, porque hacerlo significaría diminuir el desarrollo industrial de sus países. En consecuencia varias acciones en defensa del ambiente quedan sólo como propuestas, fundamentalmente porque no se está tomando en cuenta en su verdadera dimensión el deterioro del planeta que habitamos.
La preocupación de algunos Estados y organismos mundiales ha dado lugar al Foro Mundial de la Naturaleza que ha convocado a la Hora del Planeta, que consistía en que a una hora determinada y por espacio de 60 minutos, 2848 ciudades de 84 países, como señal de su compromiso y determinación de luchar contra el cambio climático, apagaron sus luces para demostrar a los dirigentes políticos y gobernantes su preocupación por el calentamiento global. Esta iniciativa tiene que ser el inicio de futuras acciones de todos los seres humanos en defensa del medio. Pero para que esto sea efectivo, los gobernantes y políticos tienen que sumarse a este tipo de medidas que buscan el bienestar general.
En ese sentido, entre los postulados de EL DIARIO, además de la defensa del patrimonio nacional, de los recursos naturales y de la justicia social, está la del medio ambiente y el equilibrio ecológico, porque consideramos que no se puede destruir el porvenir de las nuevas generaciones, por el contrario, lo tenemos que preservar y eso será posible garantizándoles un hábitat con lo necesario para que puedan desarrollarse sin temor. Para ello es necesario cumplir la ley sobre el tema, que es calificada como la mejor de la región, pero no se la aplica.
En el país se han dado los primeros pasos para la defensa del medio ambiente con la prohibición del encendido de fogatas para la festividad de San Juan, aunque se cumple en pocas ciudades; se debe controlar el chaqueo indiscriminado, que consiste en incendiar lugares boscosos para hacer sembradíos agrícolas; se tiene que evitar la tala indiscriminada de árboles y la deforestación; las industrias y fábricas deberían usar filtros especiales para evitar la contaminación del aire por la emanación de gases que producen; se debería utilizar técnicas que impidan la contaminación ambiental por la explotación de minerales; asimismo es importante evitar la emanación de gases por la mala combustión de hidrocarburos en los automóviles. Con éstas y otras medidas podremos preservar el medio ambiente.
Al margen de la preocupación mundial por el cambio climático y el calentamiento global, en Bolivia las autoridades deben hacer cumplir lo que la ley manda, a fin de cuidar nuestros bosques, ríos y lagos, hacer que las ciudades sean limpias, que el uso de agua sea racional, luchar contra la erosión, además de solucionar otros problemas que dan lugar al mencionado fenómeno.
La Prensa
Elecciones a prueba de dudas
La CNE no puede perder más tiempo, como lo hizo hasta ahora, refutando sin fundamento recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea…
Durante los últimos referendos, una constante fueron las denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas. La palabra fraude, pronunciada por opositores y analistas políticos, recorrió casi todos los medios de comunicación y repercutió en todo el país.
La duda sobre la pureza de esos actos comiciales se extendió como mancha de aceite, de la que, en cierta manera, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se hizo eco al sugerir que la Corte Nacional Electoral (CNE) debería tener un nuevo registro electoral.
Este hecho demuestra que la confianza en el actual Padrón Electoral, a pesar de revisiones y correcciones realizadas por la CNE, carece de la credibilidad y la confianza necesarias para garantizar la transparencia de los procesos comiciales que se avecinan en este y el próximo año.
A ello se suma la amenaza de sectores sociales oficialistas de cercar el Palacio Legislativo para obligar al Parlamento a aprobar la nueva Ley Electoral. Presiones de este tipo son actitudes vinculadas más al autoritarismo que a la democracia, que debería ser la forma de la vida política del país. Bolivia requiere, por el bien de la democracia y por la imagen del Gobierno, tener elecciones transparentes y confiables que no pongan en duda los resultados que se registren en las urnas.
Por ello, la Corte Nacional Electoral no puede perder más tiempo, como lo hizo hasta ahora, refutando sin fundamento recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, a la que acusa de hacerse eco de opiniones políticas. El Gobierno, por su parte, deberá adoptar medidas adecuadas para evitar presiones antidemocráticas al Parlamento.
La tarea fundamental de la CNE debe ser la de garantizar que los procesos electorales estén libres de toda sospecha de ilegalidades o irregularidades y evitar que observadores internacionales formulen recomendaciones que hacen al fondo del proceso, como aquella de la UE que dice que en el reciente referéndum fue suspendida la garantía de igualdad de acceso de la oposición a la propaganda gratuita en los medios televisivos y radiales del Estado.
La respuesta de la CNE es que esa igualdad, de acuerdo con su normativa electoral, se produce sólo cuando hay “candidatos”. Así elude una responsabilidad de imparcialidad y no hace otra cosa que dar razón a quienes sostienen que la CNE está controlada por el Gobierno, perdiendo así la independencia que debería tener.
Si la CNE quiere granjearse el reconocimiento de la sociedad, debe hacer los méritos necesarios para ello, trabajando con imparcialidad, independencia y eficiencia, lo que podría permitirle rescatar la credibilidad perdida.
Si se carece de un Padrón Electoral sólidamente confiable, la sociedad difícilmente podrá sostener que las elecciones fueron transparentes. Por ello, la prioridad de la CNE debería ser el contar con un nuevo y cristalino registro electoral que elimine las muchas dudas que surgieron, especialmente, después del acto comicial más reciente, en el que en varios puntos del país se practicó el voto consigna.
La Razón
Prudencia en las RREE
Es momento de que se reponga una política de Estado sobre el tema marítimo y que se baje la tensión con Perú. Ciertamente, Bolivia no ha renunciado al mar, pero si quiere avanzar hacia ese objetivo histórico, debe dialogar con Chile sin afectar las relaciones con Perú.
Las relaciones internacionales de una nación no se pueden manejar de la misma forma que su política interna. Una cosa es formular declaraciones sobre política partidaria, generalmente orientadas a zaherir al adversario de turno o intencionalmente demagógicas para influir en los oídos del pueblo, y otro asunto muy distinto es referirse a cuestiones internacionales, en las que cada palabra debe ser medida, precisa y cierta, en vista de que de ello depende la buena o mala relación que el país tenga con sus vecinos y con la comunidad internacional.
Esta reflexión es conveniente a propósito de la demanda que ha interpuesto el Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre sus límites marítimos con Chile. Perú reclama un extenso espacio de mar que Chile alega que le pertenece por tratados vigentes. Esto viene de antaño, desde los acuerdos de 1952 y 1954, que Chile los exhibe como una demarcación definitiva y Perú sólo les da calidad de acuerdos pesqueros.
Pues bien, en Bolivia las reacciones no han sido las más afortunadas, porque las declaraciones del canciller Choquehuanca fueron contradictorias y han confundido a la opinión pública; y porque a falta de un apoyo diplomático profesional, imprescindible, el Presidente de la República tampoco ha estado acertado en expresiones que han sido públicas y donde no sólo ha molestado a Perú afirmando que pretende obstruir presuntos avances en negociaciones con Chile, sino que también ha expresado que la dirigencia de Santa Cruz estaría en esa misma línea. Esto señala con toda claridad que Evo Morales desea ligar vitales asuntos internacionales de Estado con pleitos internos y coyunturales. Y luego volvió a ofender al presidente Alan García con apreciaciones sobre su estado físico.
Además, el Canciller ha hecho saber que habría intención –si así lo requieren las circunstancias– de que Bolivia llegue también a la Corte de La Haya; que aquello no está descartado; que se está analizando en su despacho; pero que el tratamiento marítimo seguirá siendo bilateral, es decir con Chile. Pero, el canciller David Choquehuanca ha reconocido que no existen progresos que satisfagan a Bolivia en las negociaciones que llevamos a cabo dentro de la agenda de 13 puntos.
Todos estos contrasentidos han provocado que Perú, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, haya declarado que en Bolivia existe una “percepción equivocada” sobre su diferendo de aguas marítimas con Chile, que la demanda peruana no pretende afectar una solución al encierro boliviano, y que además, “el Gobierno de Bolivia fue el primero en ser informado” de la acción que ha planteado Perú en La Haya.
El canciller García Belaúnde agrega que Perú desconoce el alcance de las negociaciones de Bolivia con Chile y que “ignora por tanto si existe alguna propuesta que contemple una salida de Bolivia al mar por la provincia de Arica”. Bolivia, al parecer, no tiene nada que informar a Perú. El Presidente peruano ha declarado que Bolivia “hace rato” renunció a una salida marítima y que desconoce cualquier negociación sobre el particular. Es momento de que se reponga una política de Estado sobre el tema marítimo y que se baje la tensión con Perú. Ciertamente, Bolivia no ha renunciado al mar, pero si quiere avanzar hacia ese objetivo histórico, debe dialogar con Chile sin afectar las relaciones con Perú.
La Patria
El mar nuestro
Tantos años han pasado, tanto tiempo esperando, tantas gestiones cumplidas y tantas esperanzas aparentemente perdidas nos tienen que hacer reflexionar sobre una verdad irrebatible, que como alguien dijo, tiene relación directa con la política internacional del vecino país, Chile, que no quiere resolver nuestro problema de mediterraneidad, pese al criterio más abierto de parlamentarios y dirigentes cívico políticos de esa nación que está deseosa de fortalecer lazos de integración económica, pero además de facilitar nuestro “acceso” al mar.
Cuando se trata de analizar en profundidad este delicado problema nos encontramos con una serie de contradicciones que en el ámbito diplomático han generado declaraciones, aclaraciones y hasta insultos de parte de un mandatario –el nuestro– contra el dignatario peruano. Es decir que las cosas han salido del cauce diplomático y llegado a un estado crítico que puede complicar muy seriamente no sólo las relaciones con el Perú, sino con Chile.
En ambos casos la situación es sumamente delicada, naturalmente con las diferencias propias de los hechos históricos que por parte de Chile muestran sin lugar a errores una usurpación de nuestro territorio en doble acción y en una de ellas con un atropello simultáneo también a la soberanía del Perú, de ahí que en futuros arreglos y por vigencia del “Tratado de 1904” se hace necesaria la participación tripartita que permita una solución al enclaustramiento boliviano.
Se menciona que “Perú tiene la llave” para abrir la puerta de acceso al mar, mientras que Chile ha cambiado hábilmente el sentido de nuestra negociación al convertirla en un “mero reclamo”, dada la inclusión en nuestra Constitución de un artículo que sobre la reivindicación marítima dice: “El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”. El artículo inmediato contenido en el capítulo IV de la NCPE, añade: “La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”, con lo que se permitió una más acertada interpretación de la situación por parte del gobierno peruano.
Por qué tal situación, pues sencillamente por la interpretación que los expertos diplomáticos encuentran en el uso del vocablo acceso o acceder, que significa en buen castellano una acción de consentir en lo que otro solicita, además de entrada, camino, puerto de difícil acceso y conformarse o ceder algo. Puede ser una extremada interpretación diplomática de lo escrito en la Nueva Constitución, lo que significaría una alevosa jugada política contra la soberanía.
El asunto da para muchos análisis y las opiniones de expertos, especialmente ex cancilleres, profesionales diplomáticos coinciden en señalar que “en el último tiempo se han descuidado las gestiones abiertas del Gobierno boliviano para presentar en todos los foros internacionales la demanda reivindicativa de Bolivia para recuperar nuestros territorios usurpados, los que de manera natural nos conectan con el océano Pacífico”. Bolivia está esperando la justicia internacional para reinsertar a su territorio el mar cautivo por la política chilena.
Ex cancilleres, profesionales diplomáticos coinciden en señalar que “en el último tiempo se han descuidado las gestiones abiertas del Gobierno boliviano para presentar en todos los foros internacionales la demanda reivindicativa de Bolivia para recuperar nuestros territorios usurpados, los que de manera natural nos conectan con el océano Pacífico”-
Los Tiempos
De espaldas a la economía
Es muy poco alentador el panorama que se vislumbra hacia el futuro inmediato. Lo peor es que nada se está haciendo al respecto
La crisis económica global, cuyas primeras manifestaciones comenzaron a hacerse sentir hace algo más de seis meses, tienen a los economistas y gobernantes de todo el mundo sumidos en una creciente preocupación. Las visiones optimistas, que a un principio trataban de minimizar la magnitud del descalabro ya se han rendido frente a la contundencia de los hechos y ahora ya nadie ve con desdén los riesgos que se ciernen sobre la economía planetaria.
Hay, sin embargo, algunas excepciones. El caso boliviano, por ejemplo, cuyos gobernantes, obnubilados como están en su afán de reducir a escombros las bases económicas de lo que denominan el “Estado colonial y neoliberal”, se empecinan en dar la espalda a la realidad.
Es verdad que ya no hablan con tanta autosuficiencia, como hasta hace poco, de un supuesto “blindaje” que pondría a nuestro país fuera del alcance de los efectos de la crisis. Pero más allá de las palabras, sus actos indican que la economía está lejos de figurar entre sus principales preocupaciones. Todavía se niegan a reconocer que es muy grande la fragilidad de la estructura económica nacional y por consiguiente nada hacen para evitar un previsible colapso.
Las esperanzas siguen siendo depositadas en las Reservas Internacionales Netas acumuladas durante los tiempos de bonanza, aunque los simples cálculos aritméticos indican que éstas pueden esfumarse en un período muy corto de tiempo.
Las principales fuentes de ingresos para el país, las exportaciones de gas natural y minerales disminuyen a un ritmo vertiginoso y nada permite suponer que la tendencia será revertida en el futuro próximo. Tanto los precios como los volúmenes de gas se vienen abajo, no se hacen las inversiones necesarias, y ya se da por hecho lo que parecía sólo una previsión de mal agüero: la necesidad de importar combustibles para satisfacer la demanda interna.
Y como si los factores externos no fueran suficientemente alarmantes, YPFB se sume cada día más profundamente en un pozo de malos manejos, confusión e ineficiencia administrativa. Se ha recurrido a ase-sores externos, incluido el Banco Mundial y el BID, pero no se da el paso más obvio y elemental, que tendría que ser poner la empresa bajo la conducción de gente que algo sepa del negocio.
Otro de los pilares de la economía nacional, la agroindustria del oriente, ha sido sometida durante los últimos años a una serie de medidas que la han llevado al borde de la asfixia. Y lo mismo puede decir de todos los rubros de exportaciones no tradicionales.
Es pues muy poco alentador el panorama que se vislumbra hacia el futuro inmediato. Pero lo peor es que no se ve ni la más mínima señal de una política económica encaminada a afrontar la crisis que se avecina.
El País (Bolivia)
Turismo sustentado
La concepción del turismo como una actividad susceptible de desarrollar, se enmarca necesariamente en una concepción ideológica de lo que es el desarrollo estratégico, responsabilidad de quienes toman las decisiones públicas.
Según las conclusiones del estudio Censo 2008 de la Planta Turística de los Valles de Tarija, que abarca los municipios de Mendez, Cercado y Uriondo, considerados los centros potenciales de desarrollo turístico, las principales demandas del sector se refieren a crear una relación sólida con el sector público, de manera que éste pueda proporcionar mejores condiciones en caminos, servicios básicos, acceso a créditos y promoción del turismo tarijeño.
Si bien la estrategia del sector privado, principal componente y encargado del desarrollo turístico del departamento, es entablar una seria y consistente relación con el sector público, las políticas públicas en el sector aún no pueden consolidar esta demanda.
Por un lado, el estamento público en el caso tarijeño se concentró en la promoción de eventos, espacios y componentes intangibles de la tradición chapaca, además de fomentar concursos e identificar espacios o atractivos turísticos para llamar la atención del turista.
Por su lado, el sector privado enfrenta una dura lucha en el escenario económico y financiero, muy limitado para otorgar facilidades o condiciones favorables para acceder a préstamos dirigidos a la inversión en el ámbito turístico.
En el 2007 fueron más de 70 mil los turistas que se hospedaron en hoteles, residenciales y alojamientos, donde produjeron un movimiento económico de 3 millones 748 mil 730 dólares americanos. Es necesario reconocer que las condiciones de hospedaje son aún insuficientes para la demanda exigente del turista. En consecuencia, el turismo sustentable tiene aquí un aspecto que fortalecer.
De acuerdo al censo citado, la inversión en publicidad y marketing es muy reducida y poco innovadora, de manera que tecnológicamente existe un desfase en cuanto a la utilización o subutilización de recursos de comunicación para informar, promocionar las cualidades turísticas de los servicios o de los espacios atractivos de Tarija.
Los empresarios, dadas las condiciones limitadas de sus inversiones, demandan que los estamentos públicos sean quienes se hagan cargo de la promoción y publicidad, lo cual puede asumirse como parte de una estrategia de desarrollo de la planta de turismo sustentable.
Definitivamente, más allá de los estudios y de los datos, para los tarijeños es lógico y evidente que se puede evidenciar las deficiencias de un sector que se espera sea la base de la economía en los próximos años y que, a partir de su potenciación y sostenibilidad, la industria del turismo genere los beneficios económicos y sociales que son posibles con esta industria sin chimeneas.
Hay que crear esas condiciones que deberán, dicho sea de paso, estar normadas y responder a criterios que reflejen que el sector está siendo trabajado con seriedad.
Llamados a hacer de este sector una potencialidad sustentable serán los sectores públicos departamentales y municipales, así como el sector privado en todos los eslabones que forman la cadena turística.
El Nuevo Día
Los perros peligrosos
Ha sido suficiente que un perro de la raza pitbull ataque a las dos personas con las que convivía en un domicilio, hiriéndolas de gravedad, para que las autoridades municipales se decidan a desempolvar una ordenanza que establece limitaciones y sanciones a la tenencia de animales peligrosos. Ahora, habrá que ver si se la hace cumplir a plenitud se oponga quien se oponga, a sabiendas que quienes poseen animales de raza considerados peligrosos son generalmente los ciudadanos de mayor poder adquisitivo y los más reacios a sujetarse a las normas y procedimientos. La Alcaldía tiene por delante un reto difícil, porque también deberá enfrentar a la gente común que posee este tipo de animales.
De hecho, familias de extracción humilde se han dedicado de un tiempo a esta parte a la comercialización de animales de raza, sin ofrecer a los clientes las garantías sanitarias correspondientes. Pese a ello, numerosos ciudadanos han adquirido ejemplares de estos animales con el previsible riesgo de la rabia canina, a la que son muy propensos. Asimismo, los nuevos propietarios han hecho “suya” la responsabilidad de hechos previsibles como son los ataques a otros perros e inclusive –tal el riesgo- a seres humanos, especialmente niños, dado el carácter agresivo e imprevisible de estos perros considerados peligrosos.
Los establecimientos de salud han registrado en los últimos años una creciente cantidad de pacientes mordidos por animales, especialmente perros, al punto que ha sido necesario fortalecer el programa de prevención de la rabia canina con el consiguiente aumento de gastos en vacunas antirrábicas y otros procedimientos. Lo que ha llamado la atención, sin embargo, es que la mayor parte de los ataques de los perros han sido en el propio domicilio y las víctimas han sido niños que han sufrido graves heridas en cabeza y cara. Los animales agresores han sido perros de raza considerados peligrosos. Este fenómeno es todavía habitual.
Por tanto, se hace perentoria la aplicación en toda la regla de la ordenanza municipal que contiene un reglamento de 128 artículos para la protección de animales y que brinda seguridad ciudadana desde el punto de vista de salubridad y sobre la tenencia de animales. Se impone por la fuerza de la necesidad y fuera de toda duda, el peso de las disposiciones que incluyen y amplían los alcances de las medidas precautorias sobre registro de mascotas, régimen de responsabilidad de sus propietarios en casos de mordeduras y otras infracciones, además de formalizar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
Como tal ordenanza y el mencionado reglamento establecen que los perros de raza son considerados peligrosos, ya será un buen comienzo si se obliga a que estos animales sean conducidos en áreas públicas con bozal y sujetos con cadena o correa por sus cuidantes. Además, el dueño deberá portar su licencia administrativa. Para ello, será necesario que toda mascota sea registrada y matriculada en el Centro de Control de Rabia. En todo caso, resulta evidente que es una tarea conjunta de ciudadanos y autoridades para que de una vez por todas se ponga freno a la tenencia indiscriminada de animales peligrosos en Santa Cruz.
Será buen comienzo si se obliga a que estos animales sean conducidos por sus cuidantes en áreas públicas con bozal y sujetos con cadena.
La Estrella del Oriente
Lo primero es lo primero
Nada como seguir las decisiones que desembocan en el camino recto, entendiendo por éste, el perseguir la defensa de los principios rectores y de los valores sociales que son el primer objetivo a cumplir para la moralización de los pueblos.
En el escenario actual, el Gobierno muy hábilmente nos ha planteado el camino de las argucias, de las astucias y de los egos que se pueden inflamar ante el posible escenario de medir liderazgos y de buscar candidaturas a fin de conseguir espacios políticos. El Gobierno siguiendo hábilmente el guión político tradicional le ha puesto la carnada a la oposición, tal como ya lo hizo en el referéndum revocatorio, en el que les propuso medir fuerzas para supuestamente consolidar liderazgos individuales, argumento mefistofélico que provocó adhesiones de prefectos que se lanzaron ciegos a la campaña en la que ganaron, pero luego perdieron todo y más de lo que creían haber ganado.
Es esta misma situación, con sus variantes de escenario, la que está por ocurrir nuevamente con la carnada de las elecciones del 25 de diciembre próximo.
“La Navidad electoral”, que no es otra cosa que una nueva coartada para entusiasmar a los políticos pragmáticos, impulsándolos a jugarse todo por el todo para convertirse en estrellas fugaces en meteoros que no durarán un tris antes de caer destrozados, opacándose sin dejar el menor recuerdo pero muchas tristes y nefastas consecuencias de su rápido e intrascendente pasaje.
Ante este escenario que se avecina, el último antes de la debacle final y caída definitiva de la democracia, ya existen voces disonantes. Algunas están buscando formar un frente único pensando que con esto harán un frente efectivo al Gobierno de Morales que se presenta como el candidato cohesionado y con todas las ventajas competitivas, a saber: recursos económicos, todo el poder concentrado y el comprobado fraude electoral que será montado para consolidar la victoria amañada que los masistas están dispuestos a realizar pase lo que pase.
Sería un grave error incurrir en esta especie de cálculo, hablamos de conformar un frente amplio sólo con fines electoralistas para lanzarse ciegos a las elecciones, sin atender a hacer frente a la rectificación de las condiciones desfavorables con la que se enfrentan los opositores.
La conformación del “frente amplio” es una buena iniciativa, siempre y cuando se ocupe en primer término de revertir las condiciones fraudulentas del padrón electoral, la desinstitucionalización de los tribunales y cortes de Justicia, así como el ataque a la agroindustria y ganadería, y la reivindicación por la liberación de los presos políticos. Si estas fueran las tareas prioritarias estaríamos yendo por buen camino, porque las elecciones por sí mismas no revertirán ninguno de estos aspectos que hacen a la destrucción de la democracia, los derechos y libertades ciudadanas, sino que muy por el contrario conllevarán una mayor destrucción y profundización de la violencia y los atropellos contra los opositores al presente régimen.
Los asambleístas, a su vez, han declarado que harán resistencia en las calles y apoyarán al Comité Cívico desde la próxima semana, planteando que no aceptarán y por lo tanto desacatarán y resistirán la ley electoral planteada por el Ejecutivo y que conlleva profundas distorsiones de los principios democráticos.
Los legisladores declararon: “no aceptamos ese proyecto de Ley, lo rechazamos, lo resistimos, vamos a pelear, se está jugando un partido y ya tenemos al árbitro en contra, lo que no podemos tener en el reglamento, por lo tanto tenemos que oponernos y hacer resistencia quizá en las calles adherirnos a la lucha convocada por el Comité pro Santa Cruz a través de la marcha que se realizará la siguiente semana como el principio de las movilizaciones”, expresó Delmar Méndez, vicepresidente de la Asamblea Departamental. También manifestó su descontento con la cuestionada ley el representante de los pueblos guaraníes, Carmelo Justiniano, quien aseguró que el proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Diputados le resta representatividad a los pueblos originarios de las tierras bajas.
Por su parte, el ex presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Carlos Pablo Klinsky, resaltó la necesidad de priorizar en el diálogo del Consejo Nacional Democrático, Conalde, la aplicación de los estatutos autonómicos, planteando que los estatutos no se han aplicado hasta ahora por falta de voluntad política.
Pablo Klinsky apuesta a la aplicación de los estatutos autonómicos, considerando que éste es el único antídoto para enfrentar el estado de barbarie del Movimiento Al Socialismo.
Todos estos propósitos y voces que se elevan, nos demuestran que se comienza a mover la oposición de las regiones autonomistas, quizás viendo que el camino que de aquí en más les propone transitar el Movimiento Al Socialismo es un avance sin retorno hacia la emboscada electoralista.
El Deber
Mal que exige un programa integral
¿Cuántos drogadictos viven como topos en los canales citadinos, de los cuales emergen en horas críticas para asaltar a conductores y viandantes desprevenidos? No hay cifras oficiales al respecto, pero es altamente seguro de que la cifra de estos asociales se cuadriplicara en los últimos años, a causa del incremento de los factores específicos que lo generan.
El aumento progresivo de la población citadina, junto a la pobreza y desocupación, constituye la fuente común de todas las causas del mal. No es casual que un elevado porcentaje de los ‘topos’ proceda de barrios populares mayormente atacados por dichos males. Muy a menudo, éstos son un reflejo de la disgregación del núcleo familiar. El niño, el joven o la muchacha que abandona el hogar y se va a vivir a la calle o al canal, donde se vuelve drogadicto obligado a delinquir para satisfacer su vicio y sobrevivir con alimentación mínima, fue presa de los traumas que la separación de los padres, los castigos físicos recibidos o el hambre provocan en niños de psiquis ultransensible.
Es particularmente plausible, por lo anotado, el Programa “Ciudad Libre de Drogas” que en nuestra capital aplica la Policía en coordinación con la Prefectura Departamental y la Alcaldía Municipal. Sin embargo, debemos anotar que estamos ante una apuesta de carácter puramente represiva que no garantiza acabar con un mal que exige, además, idóneos y rigurosos programas de tipo preventivo y asistencial. Lo represivo surte efecto sólo por horas y días, pasados los cuales lo que combate rebrota con igual e incluso mayor crudeza. Así lo confirma lo que ahora vemos en los canales del segundo anillo que los ‘topos’ convirtieron en nidos delictivos: ni bien pasó el operativo policial, volvieron a los sitios de los que habían sido expulsados.
Lo grave es que lo preventivo y asistencial exige una inversión de millones que ni la Alcaldía ni la Prefectura pueden realizar, por falta de recursos, en tiempos en que los mismos se hallan en caída , por razones que todos sabemos.
Tendríamos que habilitar un gran centro de rehabilitación que a los ‘topos’ permita, tras largo tratamiento y proceso educativo, su reinserción en la sociedad, en condiciones de normalidad. A este fin urge contar con normas jurídico-legales que permitan recluir a los drogadictos mayores de 18 años.
Desde luego que lo anteriormente propuesto no garantizará acabar totalmente con el mal, pero permitiría reducirlo a un nivel razonable.
El Nacional
Bolivia: Entre presiones e imposiciones
Para esta semana ya se tienen previstos varios frentes de posibles conflictos. De esta manera el país regresa a la rutina de la permanente confrontación, en cuyo contexto los departamentos autonómicos y Chuquisaca, convocaron marchas en defensa de la democracia, la justicia y la producción, mientras que los sectores sociales que apoyan al gobierno, anunciaron que se movilizarán y cercarán al Congreso, hasta que se apruebe la ley transitoria del nuevo régimen electoral. Los prefectos opositores acordaron convocar a los líderes sindicales, indígenas, campesinos y cívicos de todo el país, a un encuentro nacional para articular una estrategia de resistencia democrática en contra de las medidas del gobierno.
Lejos de dialogar y negociar oficialistas y opositores han decidido presionar, pero lamentablemente en el campo político social los radicalismos nunca han conducido hacía una salida positiva. En ese orden digamos que, mientras la politiquería no meta sus manos, los movimientos sociales, generalmente canalizan sus posiciones en forma ecléctica. Así han conseguido sus mayores conquistas, presionando o dialogando, según las circunstancias.
La lucha del pueblo boliviano por conquistas sociales, reivindicación de los derechos civiles, recuperación de la democracia, o por la defensa de los intereses del país, ha tenido siempre como métodos la denuncia mediante los medios de comunicación y las medidas de presión. Algunas veces se han logrado conquistas mediante las negociaciones, pero casi nunca mediante arbitrajes o por vía de los tribunales.
Sería injusto ignorar a los líderes políticos progresistas, dirigentes sindicales y sociales que han conducido las luchas, muchas veces sufriendo el exilio o la cárcel. La consulta ciudadana mediante el referéndum y la convocatoria a la Asamblea Constitucional, no fueron concesiones gratuitas, sino producto de la presión popular y las negociaciones.
Pero una cosa es la presión ética por la defensa de los derechos y el logro de conquistas sociales, y otra la presión por imponer el modo de pensar y decidir. La democracia implica pluralismo, aceptación de las ideas ajenas, respeto a los derechos de los demás, a la libertad de expresión y pensamiento; significa tolerancia con las formas de pensar de otros, aunque se discrepe con ellas, respeto por la voluntad mayoritaria, así como por las minorías. En democracia no puede admitirse el dominio y la imposición, y toda la relación de la sociedad tiene que enmarcarse en el cumplimiento del orden legal.
Lamentablemente, los sectores que enfrentan a los bolivianos, utilizan mal los recursos de las luchas sociales, los desgastan y satanizan. Unos utilizan las autonomías, demanda legítima de las regiones, para pretender imponer una nueva forma de Estado, sin ocultar sus intereses mezquinos. Los otros utilizan el justo anhelo de cambio para imponer una visión en la que no disimulan su tendencia a aplicar la tesis de establecer la violencia revolucionaria, frente a la violencia fascista.
Lamentablemente, los anhelos ciudadanos han sido distorsionados, tanto desde algunos sectores radicales afines al gobierno, como desde la media luna, que se aprovecha de la justa demanda de las regiones para buscar una suerte de autonomía de gestión. En las urnas los ciudadanos de Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz decidieron una autonomía administrativa regional pero no por el federalismo ni otras formas de gobierno independientes.
En el otro extremo, los sectores radicales presionan para que se precipiten decisiones suicidas, tentando a la actual administración para que gobierne mediante decretos, se vulnere la nueva Constitución que tanto costó aprobar, amenazando con movilizaciones y cercos para imponer una forma de totalitarismo en el manejo de la nación boliviana.