El Nuevo Día / Otra ciudad, otro ciudadano
La Patria / Negociar para un acuerdo
Opinión / El silencio de la oposición como complicidad o derrota
La Razón / El endeudamiento interno y externo
El Diario / Tenemos Fideicomisos para rato
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El Deber y La Prensa / Éste no es el país que queremos
Los Tiempos / De las amenazas a los hechos
La Estrella del Oriente / La Mala Hora
Correo del Sur / ¿Violencia justificada?
El Nuevo Día / Otra ciudad, otro ciudadano
La exitosa jornada de limpieza que se cumplió el pasado sábado ha despertado sentimientos encontrados en la población. Por un lado, se siente un sano orgullo por la demostración de esfuerzo y unidad de la gente en torno a un solo objetivo, derrotar a una epidemia que pone en peligro la vida de muchas personas. Sin embargo, muchos han quedado pasmados por las inmensas montañas de basura que la población guardaba en sus viviendas, hecho que denuncia una conducta que es necesario erradicar de forma urgente, si en verdad queremos que el dengue o cualquier otra plaga peligrosa no vuelva a azotar de la forma dramática, como lo ha venido haciendo esta enfermedad en los últimos cuatro meses.
La tarea resulta ineludible, pues ya lo han anunciado los expertos, quienes afirman que el dengue ha llegado para quedarse durante mucho tiempo, tal vez indefinidamente. Si en el futuro, el temible mosquito transmisor nos encuentra en las mismas condiciones, el daño puede ser monstruoso.
Si hay alguien que debe asumir un compromiso serio para que surja un nuevo ciudadano conciente y responsable en Santa Cruz, esos son los educadores, llamados a transmitir a la niñez y a la juventud, normas elementales de convivencia, hábitos sanos y el convencimiento que sólo mediante el cuidado de la higiene, es posible evitar la propagación de enfermedades graves capaces de provocar impactos sociales y económicos inmensos. Está claro que las familias necesitan orientación y por supuesto, la conciencia de que estamos frente a un grave riesgo.
Las inmensas montañas de basura que tomarán semanas en ser llevadas al botadero de Normandía, sin mencionar el alto costo que esto significa, representan la necesidad de que la Alcaldía asuma plenamente su papel de rector de la ciudad y sobre todo, ejerza con mayor energía su autoridad, sobre todo, en los espacios públicos, como mercados, que el año redondo albergan peligrosos focos de infección. Junto con los servicios departamentales de salud, tienen la obligación de trabajar arduamente para que Santa Cruz deje de ser una ciudad abierta a las plagas y enfermedades prevenibles con un suficiente trabajo de planificación y control. La ciudadanía debe comprender a partir de ahora, que está obligada a asumir otra conducta, a respetar las normas y a colaborar con la comunidad mediante hábitos más civilizados, de lo contrario enfrentar sanciones de instituciones vigilantes y celosas de la salud pública.
De lo ocurrido el sábado y de todos estos meses de epidemia se debe extraer una lección destinada a buscar un nuevo ciudadano para Santa Cruz. Se debe terminar la permisividad no sólo de los enemigos de la limpieza, sino de todos los que hacen de la ciudad un sitio hostil. El impulso y la indignación por lo que ha estado ocurriendo deben alcanzar para iniciar una verdadera guerra contra otros males como las borracheras callejeras, los mercados sucios y desordenados, los conductores que vuelven peligrosas las calles, los comerciantes y vecinos que no respetan a los demás, los ruidos molestos, en fin, todo aquello que impide que el orgullo por esta noble ciudad sea pleno.
La epidemia del dengue debe dejarnos una lección. Santa Cruz necesita ciudadanos concientes y responsables con mejores hábitos.
La Patria / Negociar para un acuerdo
En el breve tiempo transcurrido desde que la ciudadanía adoptó decisiones a través del último referéndum las cosas no han cambiado mucho, excepto que el oficialismo maneja el porcentaje logrado como un triunfo inobjetable, cuando lo real es considerar que casi medio país está con la posición contraria que debe ser tomada en cuenta para establecer una realidad que satisfaga a los anhelos de toda la comunidad boliviana, lo contrario es actuar desconociendo derechos consagrados en la nueva Constitución y que no pueden ser vulnerados.
La apropiación de la Nueva Constitución Política del Estado, NCPE demandará mucho tiempo y demasiada responsabilidad de dirigentes políticos, pero sobre todo de los gobernantes, para no alterar el orden constituido con rechazos a la voluntad del “soberano” que, como se observa en cifras claras, está dividido en materia de población y hasta en superficie territorial del país con marcadas posiciones en lo que ya se maneja como efecto político y que son las fuerzas de Oriente y Occidente, que en realidad tampoco es evidente y determinante.
Por una parte, se observa que el Gobierno no tiene aún una decisión clara sobre cómo aplicar la NCPE y en ese afán está intentando lograr el diálogo que por lo menos de momento ha sido rechazado porque no hay confianza en la manera en que pueda optimizarse sus resultados. Los interlocutores oficiales han sido cuestionados y con el correr del tiempo hay algunas razones para insistir en que cualquier diálogo se efectúe entre los verdaderos protagonistas del hecho político y en un marco de absoluto respeto y plenas garantías.
Las autonomías necesitan una obligada negociación, antes de su aplicación, respetándose las condiciones que se han dado en algunos distritos a través del voto popular que merece reconocimiento en toda instancia, por tanto urge que esos factores sean debatidos, analizados y consensuados anteladamente.
Si bien la corriente autonómica no tiene “vuelta de hoja” en el Oriente, sucede que en los departamentos del Occidente, precisamente en los que se opusieron a esa corriente y que son parte del fuerte respaldo al partido gobernante, ahora están interesados en promover el sistema autonomista, por supuesto con sus propias reglas de juego y con posiciones dirigidas a respaldar la intencionalidad del oficialismo en el resultado final de la vigencia del instrumento constitucional.
No hay que dejar de lado la urgencia gubernamental para definir la situación, no otra cosa significa la creación del Ministerio de Autonomías aunque de momento todavía su efecto político no ha logrado convencer a Prefectos y a los dirigentes cívicos del país para que dialoguen en un amplio escenario democrático, con todos los documentos en la mesa y nada bajo la manga, de manera que sin presiones de ninguna índole se vayan acomodando una a una las piezas del rompecabezas autonómico nacional que liquide el centralismo autoritario del Estado y admita de igual modo y con pleno respaldo, todas las decisiones que sean viables para encarar el desarrollo de las regiones en pleno uso de facultades ciudadanas y no de imposiciones partidarias. Hay necesidad de leyes que permitan su reconocimiento, por tanto es también determinante la acción responsable del Congreso antes que desbordes sociales o hechos de corrupción afecten la unidad del país.
Opinión / El silencio de la oposición como complicidad o derrota
Una de las mayores deficiencias y deformaciones del fenómeno político contemporáneo, es la debilidad ideológica y orgánica de los partidos políticos de oposición. El riesgo de un totalitarismo ominoso se da, preponderantemente, porque no hay quién equilibre al poder constituido. El vacío es no sólo inoperante, sino cómplice.
El abuso perpetrado contra la familia del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, obviamente es parte del método político imperante en el país, desde hace más de dos años. Se han creado, deliberadamente, condiciones para que los diferentes grupos sociales intervengan en los asuntos nacionales con sus propias ideas, sus propios métodos de acción y sus propios intereses circunstanciales. Las masas movilizadas, realizan hechos que en otras circunstancias no los llevarían a cabo. Se trata de un momento y de ciertas condiciones en que las diferencias sociales se están resolviendo en la dinámica violenta de la correlación de fuerzas. Los más fuertes imponen su voluntad por encima del sistema jurídico establecido.
Es importante reiterar acerca del comportamiento de las autoridades constituidas, es decir, del Gobierno. El Vicepresidente de la República, que parece el que define la ideología del sistema, no tiene el menor inconveniente de proclamar la hegemonía de los originario–campesino-indígenas. Dicha tesis por su dimensión sectaria y excluyente, es de todos modos violenta. En relación con la toma ilegal, masiva y sorprendente de la vivienda del dirigente político Cárdenas, hace dos días, ha dicho que no es posible reponer el orden mediante la fuerza. El razonamiento es no sólo equivocado, sino ofensivo para la inteligencia del país. Lo que la nación exige es: la aplicación de los principios y las normas legales del Estado, es decir, lo contrario a lo que dijo García Linera. En otras palabras, la restitución legal del inmueble a su verdadero propietario.
Por todo lo que podemos ver, y en algunos sectores, sin ningún disimulo, lo que ha sucedido Sank’ajawira (La Paz), es la manifestación objetiva de la ideología imperante y del método de trabajo equivalente a esa concepción de la sociedad y de su organización. Parece ingenuo decir que en otras circunstancias el Gobierno hubiera movilizado policías o quizá militares para restituir la racionalidad estatal. Estamos ante un determinado método de acción política, que puede extenderse a otros niveles y sectores de interacción social. Aquí y ahora, lamentablemente, las diferencias de opinión serán resueltas mediante hechos fundados sólo en la fuerza. Así la revolución será convertida en una tendencia dramáticamente objetiva indiscutible.
Excepto algunas personas que tratan de justificar aún lo más injusto y dañino, la mayor parte de la población condena la invasión a la propiedad del ex vicepresidente de la República. Felizmente los bolivianos, precisamente, en sus sectores más populares y auténticos, no han perdido su amor a la libertad y mantienen intacta su voluntad para oponerse a toda acción extrema, abusiva, antidemocrática y salvaje. Lo que nos ofende y quizá con mayor dureza que la agresión a que nos referimos, es la conducta de los partidos políticos de oposición que con su silencio acaban siendo parte incondicional y al mismo tiempo poco digna de la violencia y el totalitarismo.
Hasta ahora no hemos escuchado ni leído un pronunciamiento serio de parte de las organizaciones políticas opositoras, que tienen representación parlamentaria. No es la primera vez, anteriormente realizaron actos, ciertamente imperdonables, no sólo para facilitar, sino para legitimar las pretensiones absolutistas del oficialismo. Nunca Bolivia estuvo tan sola como ahora en materia de partidos encargados de frenar o suprimir los excesos de la fuerza imperante. Podemos repetir lo que dijimos antes, aquí el mayor peligro no es el oficialismo, sino la oposición.
La Razón / El endeudamiento interno y externo
Este panorama debería obligar a las autoridades a aplicar una política económica de austeridad, sin contraer créditos externos y evitando el aumento de la deuda interna; si es posible, con esfuerzo, reduciendo ésta lo más que se pueda. Bolivia no está blindada contra la crisis.
La actual administración estatal pareciera no estar tomando con plena responsabilidad las implicaciones de los endeudamientos, ya sean internos o externos. Lo apropiado sería no recurrir a estos mecanismos de financiamiento porque las recaudaciones impositivas tienen un buen comportamiento (en el 2008 fueron superiores en 30,4% respecto al 2007) y, adicionalmente, el Tesoro General de la Nación (TGN) recibe considerables ingresos por la exportación de gas natural.
En una entrevista concedida a La Razón, el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, hizo notar que la bonanza económica de los últimos tres años no está rindiendo los beneficios que podía y debía brindar. “Nos ha distraído la política, la bonanza se quedó en el marco macroeconómico, no llegó al ciudadano más allá de los bonos Dignidad y Juancito Pinto”.
Una de las preocupaciones de Núñez es la previsión de que este año se duplique la deuda pública, aparte de que la deuda externa está volviendo a crecer después de que los organismos internacionales de financiamiento, a pedido del Grupo de los 8, constituido por los países más industrializados del mundo, condonaron la deuda externa de Bolivia de casi 5.000 millones de dólares a menos de la mitad: $us 2.184 millones.
Pese a esta notable reducción, en el 2008 se contrajeron nuevos créditos, por $us 232 millones, y el total subió a $us 2.366 millones.
Según Jubileo, órgano de estudios económicos de la Iglesia Católica, el incremento de la deuda interna llegó el año pasado a $us 5.246 millones, incluyendo la colocación de bonos por parte del Banco Central.
En cuanto a los ingresos del TGN por concepto de exportación de gas, en los últimos tres años superaron los $us 5.100 millones. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el 2006 fue de $us 1.676 millones y en el 2007 de $us 1.692 millones; la agencia gubernamental ABI informó que el 2008 alcanzaron a $us 1.800 millones. El Gobierno no dio un informe oficial sobre los ingresos anuales que percibe el TGN por el gas.
Si existe un aumento en las recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y se perciben montos elevados por las tributaciones del gas, no se justifica contraer nuevos préstamos externos y, peor aún, aumentar la deuda interna.
Núñez anotó que Bolivia no sufrirá, como otros países, la recesión internacional, porque no está relacionada tan directamente con el sistema financiero mundial; sin embargo, sentirá sus efectos a través de la reducción de ingresos por la exportación de minerales, de productos agroindustriales, manufacturas, hidrocarburos y remesas de los emigrados. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) confirmó el lunes que las exportaciones de enero del 2009 cayeron en $us 170 millones con respecto a las registradas el mismo mes pero del 2008.
Quizá deba pasar mucho tiempo para que Bolivia vuelva a tener ingresos de la magnitud captada el año pasado, cuando fueron de $us 6.836,46 millones, constituyendo un récord histórico.
Esto debería obligar a aplicar una política de austeridad, sin contraer créditos externos y evitando el aumento de la deuda interna; si es posible, con esfuerzo, incluso reduciendo ésta lo más que se pueda. Bolivia no está blindada contra la crisis; lo demuestra la caída de las exportaciones. Hay que tomar previsiones.
El Diario / Tenemos Fideicomisos para rato
El presidente Evo Morales dio por concluidas las implicancias del contrato Catler-Unisevice a nivel del Legislativo, luego de ratificar su confianza al ministro de Hacienda, Luis Arce, y al presidente de YPFB, Carlos Villegas, los que fueron sindicados de responsabilidad en el Informe Multipartidario del Senado acerca de dicho contrato para la Planta Separadora de Líquidos de Vuelta Grande, cuya presunta corrupción salió a luz pública por el asesinato del empresario Jorge O’Connor Taborga. Más aún, el presidente Morales, en conferencia de prensa, fue tajante al manifestar que se seguirá dando paso a fideicomisos en las contrataciones del Estado, haciendo oídos sordos a las críticas de que esa figura jurídica no es la más apropiada y, por lo menos, no lo es en la aplicación impropia de la que viene siendo objeto.
Una confusa situación había originado este epílogo, después de que los senadores de Podemos, Walter Guiteras y Luis Vásquez Villamor, dieron a conocer el indicado informe, el que tuvo el cuidado de no involucrar al presidente Morales, pese a que se habla mucho de su responsabilidad en vista de que los Decretos Supremos 29.287, 29.522 y 29.576 que facilitan las contrataciones por invitación directa, viabilizaron los acuerdos con Catler-Uniservice, disposiciones que consignan la firma del Primer Mandatario. La referida exclusión fue obra de los senadores masistas, pero ese logro, si fue tal, no fue reconocido y los expuso a una actitud de bochorno. La no mención al presidente en el Informe, al margen de traducirse como expresión de respeto a su alta investidura, inclusive debía entenderse como la apertura de una puerta entre la oposición y el Gobierno en momentos en los que la fisuras se agrandan cerrando el paso al entendimiento, pero la interpretación dada fue la misma de la confrontación y la imposición de decisiones políticas cerradas. Pese a todo, el Informe tiene que ser un elemento más de juicio importante para el Ministerio Público.
Como se conoce este Informe fue avalado por los senadores oficialistas Antonio Peredo y Ricardo Díaz, pero según trascendidos de prensa, cuando el documento fue aprobado por mayoría y registraba la firma de los dos parlamentarios del MAS, una llamada telefónica de alto nivel desautorizó su actuación y les obligó, 48 horas después, a retirar sus firmas. Esta actitud es vergonzosa e indignante porque da a entender que los dos congresales masistas o no leen lo que firman o simplemente se limitan a recibir órdenes, lo que denigra su investidura. El vicepresidente Álvaro García dijo que para la inclusión de los oficialistas se había aprovechado su “buena fe” y que habían sido “objeto de engaño”, sin que además hubiesen valorado “el contenido político” del mismo. El temor radicaba en que fuera utilizado inclusive contra el presidente Morales, no obstante que no fue mencionado, como está dicho. Lo anterior y otros elementos de juicio permiten apreciar que todo el peso de la responsabilidad se descarga contra Santos Ramírez, ex Presidente de YPFB, salvaguardando a altos niveles del Gobierno.
Para la ratificación de Arce y Villegas, el Presidente recurrió a que los senadores firmantes de Podemos también habían suscrito sendos fideicomisos cuando en los anteriores gobiernos oficiaban de ministros, anunciándoles inmediatas investigaciones que “tarde o temprano” terminarán por hacerles “caer”. El argumento de que lo ocurrido en el pasado justifica lo actuado al presente, sirvió también para el anuncio de que las futuras contrataciones del Estado no conocerán otras condiciones de erogación de recursos que las del fideicomiso.
Persistir en la figura del fideicomiso es, a todas luces, persistir en el error, en medio de una soberbia equivalente a sostener que “lo que yo hago, por ser yo, está bien hecho”. No hay en esto un ápice de reflexión y menos de enmienda, sin reparar en que si el error no preserva los intereses particulares, mucho menos los de la comunidad nacional. La forma sui generis de los fideicomisos del actual Gobierno cae en lo impropio, por cuanto el fiduciario (Banco) no administra los bienes o capitales concedidos, como debería ser a favor de un beneficiario. Es pues irregular que el fiduciario (Banco) entregue dineros al supuesto beneficiario o a terceros, sin consentimiento del fideicomitente y por simple requerimiento del beneficiario, precisamente por no ser administrador directo. El fideicomitente (Min. Hacienda) descarga la supervisión en la Contraloría General, olvidando su calidad de tal, es decir, de fideicomitente.
El Deber y La Prensa / Éste no es el país que queremos
Lo sucedido en Huatajata significa que nadie puede pensar diferente a lo que mandan los autoritarios y dictatoriales jefes. Este acto de barbarie acaba con los principios básicos…
Hemos sido impotentes espectadores, una vez más, de un acto de barbarie, de salvajismo inaceptable. Las escasas imágenes de televisión y las pocas fotografías de los diarios mostraron cómo un grupo de intolerantes campesinos entraban con violencia a la residencia privada del ciudadano campesino Víctor Hugo Cárdenas, en la región de Huatajata. Violaba la propiedad privada y, después, violaba los derechos humanos de desarmadas mujeres: esposa y familiares del ex Vicepresidente, a las que se agredió a chicotazos, a empujones y a puntapiés. Las imágenes dieron la vuelta al mundo mostrándonos como un país de salvajes. Ese hecho sólo se lo podía imaginar en la época de las cavernas, pero no en una sociedad moderna. Nos llenamos de vergüenza al ver en internet noticias que salieron de Bolivia y se publicaron en el exterior.
Qué triste imagen. Deplorable. Dolorosa e indignante. Se sumaba a las que también dieron la vuelta al mundo mostrando el cuerpo carbonizado de un alcalde de Ayo Ayo, al que primero le infligieron una brutal paliza y lo colgaron en la plaza de esa población antes de prenderle fuego; o a los ya tristemente famosos “ponchos rojos” haciendo alarde de machismo degollando a indefensos canes para mostrar lo que harían con gente del oriente boliviano; o las fotografías que recorrieron el planeta de los ladronzuelos quemados por turbas enfurecidas por el alcohol, que provocaron dos muertes, en Achacachi, famosa por ser centro de despiadada y salvaje violencia, en la que un militar de ejército murió a garrotazos.
Éste no es el país que queremos. Queremos un país de paz, no de violencia; de diálogo, no de violencia; de respeto a la ley, no de violencia; de cordialidad, no de violencia; de unidad y de hermandad, no de violencia.
De pronto nos hemos encontrado con prácticas, usos y costumbres criminales, con linchamientos, con transgresiones a la ley, con odios políticos y raciales y, lo que es peor, con autoridades gubernamentales que tratan de justificar esos actos cuando su función es condenar y castigar acciones criminales como las de Huatajata, Ayo Ayo o Achacachi.
El hecho de que se trate de una venganza o revancha por haber votado contra el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), que pese a todo ganó, no justifica en absoluto que autoridades del Gobierno justifiquen el delito cometido.
El Gobierno no debe amparar esa práctica que violó la CPE, que violó los derechos humanos, que violó la propiedad privada, que violó los derechos de la mujer y que violó la libertad de expresión. Lo sucedido en Huatajata significa que nadie en esa región, donde se reunieron representantes de más de 17 comunidades campesinas para cometer los delitos señalados, puede pensar diferente a lo que mandan los autoritarios y dictatoriales jefes. Ese acto de barbarie acaba con todos los principios básicos, fundamentales, de la democracia. El Gobierno debe ordenar la aplicación ejemplar de la ley.
Los Tiempos / De las amenazas a los hechos
Si hay simpatizantes del MAS que no comparten esa visión, es ahora cuándo deben hacerlo saber
Una de las principales características de los procesos políticos serios y profundos —y el que se está desarrollando en nuestro país es uno de ellos, aunque muchos de los principales aspirantes a candidatos de la oposición se esmeren en banalizarlo— consiste en que van plantando hitos a lo largo del camino que conduce a su consumación.
En el caso boliviano, muchos de los más importantes fueron impuestos por el gobierno con la colaboración de la oposición parlamentaria al darle al nuevo régimen la apariencia de legalidad. Lo ocurrido en Pando el 11 de septiembre fue otro hito pues selló una derrota de la otra ala de la oposición, la cívico-regional y abrió el cauce a una serie de acciones represivas.
Derrotadas la oposición parlamentaria y la cívico-regional, a los estrategas del oficialismo les quedó claro que el próximo paso tenía que ser impedir el surgimiento de una opción política capaz de hacerle frente con alguna posibilidad de éxito en las próximas elecciones. Y como era previsible, hacia ese objetivo se dirigió el grueso de su artillería.
Víctor Hugo Cárdenas, por haber sido el único líder que tuvo el valor necesario para encabezar la campaña en contra de la aprobación del proyecto de Constitución propuesto por el MAS, mientras los demás guardaban un elocuente silencio, fue identificado como el “enemigo principal”. Pocos días después del referéndum del 25 de enero se decidió darle un escarmiento y un mes después, de las amenazas se pasó a los hechos.
Lo que era difícil prever, porque a pesar de todas las evidencias todavía cuesta aceptar la magnitud de lo que está ocurriendo en Bolivia, era que la brutalidad con que actúan los brazos operativos del régimen llegue al extremo de dirigir su furia contra la esposa e hijos del principal de sus rivales. Ni las peores dictaduras militares se atrevieron a tanto.
Lo que ocurrió en Omasuyos el pasado fin de semana, como muchos otros actos escenificados en Achacachi y sus alrededores durante los últimos años, es pues algo que ya no puede mirarse con desdén. Es la manifestación de algo que, aunque esté recién en su etapa embrionaria, anticipa la bestialidad que por no haber sido detenida a tiempo dio lugar a catástrofes políticas como la de Camboya en los años 70, Ruanda en los 90 ó, más recientemente, Darfur en Sudán.
Esa y no otra es la dimensión del “nuevo Estado” que cuya vigencia está ensayándose en el altiplano paceño. El acto perpetrado contra la vivienda de Cárdenas y su familia es todo un manifiesto que con hechos, y ya no sólo con palabras, anuncia el tipo de régimen que tienen en su mente los ideólogos de la “revolución democrática y cultural”. Y si hay simpatizantes del MAS que no comparten esa visión, es ahora cuándo deben hacerlo saber.
La Estrella del Oriente / La Mala Hora
La Mala Hora parece haber llegado. En medio de todos los conflictos creados, la convivencia se enrarece y aparece además la máscara del poder, la cara dura con la que el poder comienza a jugar con la vida de los ciudadanos y con la que actúa agazapado en las sombras, urdiendo, tramando, digitando intrigas, haciendo que unos ataquen a otros, que el país entero se saque la mugre, escudándose en intrigas, en rumores, mientras desde el Palacio de Gobierno se sigue apostando a la infalible fórmula de ser los únicos ganadores del odio que se ha ido sembrando.
En la Mala Hora, han caído muchos que ahora están en la cárcel de San Pedro, entre ellos el prefecto Leopoldo Fernández, el periodista Jorge Melgar, entre otros que valientemente lucharon por defender los derechos de sus pueblos, el derecho a su identidad, a un jirón de autodeterminación, a gozar de la libertad de disentir y de resistir las imposiciones y la violencia.
También ha caído en el área oscura de la Mala Hora, todo el departamento de Pando, que ha sido elegido para servir de chivo expiatorio, para infundir terror al resto del país, para mostrar lo que es capaz de hacer el poder cuando se vuelve soberbio y llega hasta la tortura para obtener obediencia.
Por desgracia también ha caído en este agujero negro, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y su familia, quienes han sido atacados vilmente por una turba aleccionada, predispuesta para ensañarse contra su propia sangre, porque el poder necesita mostrar que quien se aleje del rebaño será castigado con sus bienes y pagará con el precio de su propia vida si es necesario.
En medio de tan malas horas, el teje y maneje del poder no se detiene y aparece el propio Presidente justificando los hechos violentos y planteando que debe tratarse de acciones de la justicia comunitaria. Después de avalar la llegada de tan Mala Hora, el Presidente se marchó a fumigar porque ha comprendido que las plagas y epidemias que azotan al pueblo son un buen escenario para mostrarse solidario, disparando veneno por aquí y por allá, para demostrar que siempre está con el pueblo, sobre todo en la ocasión de la Mala Hora.
En la Mala Hora, el Vicepresidente y algunos de sus viceministros tan pronto declaran que los problemas serán derivados a la justicia, como se la quitan a la justicia de encima, peloteando los casos entre la justicia comunitaria y la ordinaria, tal como ha declarado ayer el Vicepresidente sobre el caso del prefecto de Pando, planteando que no gozará de un juicio administrado por la Corte Suprema de Justicia porque según su particular interpretación de las leyes el prefecto lleva seis meses preso esperando el dictamen de una comisión de investigación del Congreso; pero luego declara que todas las detenciones son un asunto de la justicia, que ellos no tienen nada que ver, porque ésta es la forma en que actúan los que crean e imponen la Mala Hora a los pueblos, los que deciden que todo se destruya, porque ganan y suman en el clima de destrucción, porque ellos siguen negociando, sacando ganancias de la violencia y la desgracia de los pueblos que han tomado como sus rehenes.
La Mala Hora es la hora marcada por los poderosos que les rompen el alma a los pueblos a título de un retazo de promesas y que permiten que los actos de vandalismo queden impunes, ese es el motivo por el que los comunitarios tienen libertad absoluta para actuar con discrecionalidad, matan, queman casas, violentan los derechos y luego se declaran en estado de sitio civil, como está ocurriendo ahora con el caso del asalto a la casa de la familia Cárdenas y ya ocurrió cuando 11 personas fueron linchadas en la misma localidad de Achacachi, caso que hasta ahora no se ha esclarecido. En todas estas oportunidades el asunto acaba en que la justicia ordinaria no pueda ingresar a la comunidad y así todos los agresores, delincuentes y asesinos gozan de protección y asunto concluido, porque en eso nomás han quedado los hechos de sangre hasta el momento.
En la Mala Hora, los prefectos opositores no gozan de caso de corte pero las hordas violentas se acogen sin embargo al estado de sitio civil y se escudan en la impunidad. También en la Mala Hora, se aprovecha la delincuencia, hay asesinos a sueldo que en forma sospechosa ingresan a domicilios de los que han delatado actos de corrupción, es el caso de la extrema violencia sufrida por la esposa del ex general Cesar López, quien se atrevió a denunciar el caso de contrabando de los 33 camiones en Pando y como represalia, el mismo general López ha denunciado que su esposa ha sido asaltada tres veces, cortada con heridas de arma blanca en los brazos y por último, según declaraciones del ex jefe de Aduanas de Bolivia le han vaciado el ojo golpeándola en la esquina de una mesa. Matones contratados, no puede ser otra cosa, porque esto siempre ocurre cuando se impone la Mala Hora.
La Mala Hora sólo se puede combatir con un escudo de reservas morales y con adhesión a principios firmes. Esto nos pone en claro que la Mala Hora avanza, crece y se ensancha cuando se negocia con ella y nos entregan a su informe y pegajosa labilidad moral. Entonces se expande la violencia y ésta se engorda con sangre nueva que ha caído en ese remolino de permisividad, de firmas, de claudicaciones, de despojo y entrega incondicional.
Correo del Sur / ¿Violencia justificada?
No existe argumento alguno que permita justificar la conducta salvaje y delincuencial de la turba exaltada que la pasada semana asaltó la propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y agredió, sin contemplación alguna, a su esposa e hijos; así como tampoco es tolerable que el grupo comunitario más conocido como los "ponchos rojos" hubiera declarado un "estado de sitio civil" en la región de Sank’ajawira, del municipio de Huatajata, y otras poblaciones de la provincia paceña de Omasuyos, para impedir cualquier acción policial o judicial contra los responsables en el lugar donde se produjo la citada agresión.
Es, pues, desde todo punto de vista condenable e inadmisible que altos dignatarios de Estado, desde el mismísimo Presidente de la República hasta sus más estrechos colaboradores y miembros del oficialismo, pretendan apelar a argumentos políticos para justificar la vandálica acción que ha merecido la generalizada condena ciudadana.
Decir que "el pueblo no olvida ni perdona" o calificar como "traidor" a Cárdenas para intentar explicar la reacción de los ponchos rojos deja mucho que desear de la obligación que tienen nuestros gobernantes de respetar y hacer respetar los más elementales derechos y garantías que asisten a cualquier individuo en un régimen democrático y de derecho como el que está vigente en nuestro país.
Antes que ex Vicepresidente de la República o visible dirigente político de la oposición, Cárdenas es un ciudadano boliviano que, como cualquier otro, tendría que sentirse protegido y amparado, tanto en su propiedad privada como en la integridad física de sus familiares, por la Constitución, la Ley, el Estado y la justicia.
Si los derechos y garantías constitucionales no son respetados en el caso de un personaje público, ¿qué puede esperar, entonces, el ciudadano común cuando su seguridad sea puesta en peligro?
Y si el legítimo derecho a disentir, a opinar diferente o a elegir libremente una ideología política será mutilado y castigado por la acción violenta y represiva de grupos paraestatales como es el caso de los ponchos rojos, ¿qué clase de democracia es la que se pretende instalar en el país cuando, en la práctica, la sensación que dejan hechos de esta naturaleza no es otra que la de un régimen de terror?
Por último, habría que preguntarse si el Gobierno y las autoridades jurisdiccionales dejarán pasar el "estado de sitio civil" y el pacto de silencio declarado por los comunarios de Huatajata, como si se tratara de un territorio sin Ley; o si ésa será, de hoy en adelante, la manera de concebir la ahora constitucionalizada justicia comunitaria que, de no reglamentarse debidamente, puede terminar dando lugar a un manto de impunidad a excesos como el que motivan el presente comentario.
Si el Gobierno no cambia de actitud y no demuestra una actitud firme y enérgica para castigar a los responsables de tan lamentable acto de persecución política, y si no se sienta un debido precedente legal, habría que temer una incontenible espiral de violencia que puede llegar a tener nefastas consecuencias para la convivencia civilizada entre bolivianos y para la propia vigencia plena del estado de derecho.
¿Qué clase de democracia es la que se pretende instalar en el país cuando, en la práctica, la sensación que dejan hechos como el aquí comentado no es otra que la de un régimen de terror?
El Mundo / Sí mentimos
El reto está planteado y es: “No mentiras”. En Bolivia esta frase es hueca, sin valor, sin contenido, la ausencia de la verdad es la norma implantada desde los cimientos, se construye un estado sobre una quimera, sobre una fantasía, o como dirían los marxistas: todo es una utopía; miente permanentemente el Presidente, hace historias donde las fabulas quedan como hechos reales, acusa sin pruebas, la mentira generalizada remplaza al estado institucionalizado, miente el Vicepresidente, sin inmutarse ni perder el movimiento de cintura hace apología de referentes inexistentes, los Senadores borran con la boca lo que rubricaron con la mano, los ministros no solo mienten sino esquilman al estado inagotable, mienten el rico y el pobre, el hombre, la mujer y el gay, mienten los opositores, mienten los periodistas, mentimos todos, unos más, otros menos, pero al final no creo que exista ciudadano boliviano que no realice una mentira al día, también existen otros que no pueden realizar una verdad al día, mienten las iglesias en su desesperación de cooptar mas pecadores y perdonarlos.
Mentimos cuando hacemos una declaración patrimonial, mentimos cuando pagamos los impuestos, mentimos cuando decimos te amo, mentimos cuando ellas se pintan, mienten cuando se colocan prótesis para aparentar una imagen mentirosa, mentimos para conquistar a los demás, los políticos mienten para seducir a las masas, cuando son gobierno mienten para esconder la verdad cruda, ayer observaba que muchos hacen esfuerzo por remarcar que ellos no mienten, que dicen la verdad, un joven en un ´programa de televisión señaló que su abogado le informó que un fiscal solicitó $US. 40.000 para liberar a su hermana, minutos después salió el Fiscal solicitando una explicación, afirmando que lo dicho es una mentira, terminó la faena el abogado señalando que nunca dijo semejante mentira y mañana el único que dijo la verdad tendrá que declarar por qué mintió, que existen fiscales que piden dinero es verdad, que existen abogados que sonsacan dinero a sus clientes con la “finalidad” de darle al fiscal o juez (cuando en muchos casos es una mentira), hemos hecho ya una característica, al punto que nuestra bandera es ya sinónimo de insulto y ser calificado de “boliviano” es una ofensa.
Porque no nos enfrentamos al reto de No mentirás y si nos atrevemos a decir la verdad ella es calificada como blasfemia, por qué no decir que los bolivianos de Hutajata no somos lo mismo que los bolivianos nacidos en Saavedra, que los bolivianos que siembran achachairú en Buena Vista no tienen nada en común con los cultivadores de coca de Villa Tunari, que los nacidos en el occidente no quieren a los nacidos en el oriente y los de oriente aprendieron a separar, que con ellos no existen coincidencias sino contradicciones , ellos son una cultura del odio, de la envidia y del resentimiento que finalmente se esconden en la máscara de la mentira, que la disfrazan de discursos chauvinistas para esconder su verdadero rostro que es la mentira.
No tememos a Dios, no respetamos los símbolos, no existe el sentido de la palabra, negamos nuestra firma y juramos en falso por nuestra madre, somos una sociedad que definitivamente a lo único que tememos es a la verdad, esa verdad desnuda que no tiene cuestionamientos, ni artificios, solo sabemos de trucos, de evasiones hemos hecho un arte de artimañas, la riqueza es sinónimo de la mentira y como dice mi fiel amiga Mafalda nadie puede hacer fortuna sin haber hecho harina a los demás (sin alusión a Salvador Ric), nuestro panorama nos ofrece negros nubarrones que nos acechan y amenazan a nuestros hijos quienes crecen carentes de valores, y es hora de asumir los retos antes que seguir en esta ruta de la perdición donde todos hacemos esfuerzo para correr una maratón de mentiras donde desesperadamente pretendemos participar en la carrera inmoral de pretender obtener sin merecernos poder, riqueza y mentiras, donde convertimos en héroes a ídolos de barro, y hacemos villanos a los que se atreven a decir la verdad. Por lo tanto el reto de los buscadores de tesoros (No mentirás) no es una tarea perdida, es una tabla de esperanza que definitivamente es el único eslabón que nos une para diferenciarnos de los animales; que triste es tener que reconocer que la tarea recién empieza.