Los Tiempos y Correo del Sur/ La nueva cara del negocio coca-cocaína
Opinión / Identidades y mestizaje, pero vale aún más el ser boliviano
El Nuevo Día / ¿Qué hacer con YPFB?
La Razón / La corrupción institucionalizada
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El Deber / La campaña de salud, balance y proyecciones
La Prensa / La raíz de la corrupción
La Patria / Incongruencias inadmisibles
El Diario / Pérdidas para el Estado
Los Tiempos y Correo del Sur/ La nueva cara del negocio coca-cocaína
Hay motivos para temer que estamos ante las primeras manifestaciones de la nueva dimensión del narcotráfico en nuestro país
Tres noticias publicadas en este matutino durante la semana que concluye dan cuenta de la magnitud que tiende a adquirir en nuestro país la proliferación descontrolada de todas las actividades relacionadas con la producción y comercialización de drogas. Las tres notas que comentamos coinciden, además, al mostrar cuán cerca estamos de una explosión de violencia muy similar a la que por las mismas causas ha hecho estragos en países como Colombia y México.
Según uno de los informes, siete poblaciones vallunas están divididas, con altas probabilidades de llegar a enfrentamientos físicos, debido a que una parte de ellas ha optado por involucrarse de lleno en el negocio de la droga, mientras que los agricultores y sus familias desesperan ante las múltiples maneras como la producción de cocaína los perjudica.
Los informes de la Felcn indican que en la comunidad de Pantipata funcionan 115 fábricas de cocaína en 2008, aunque los comunarios denunciantes afirman que hay al menos 300, que producen unos 200 kilos de droga por semana.
Los desechos producidos por el proceso de transformación de coca en cocaína contaminan los ríos de la zona, lo que envenena los alimentos producidos en comunidades ubicadas río abajo. Los animales que beben esas aguas enferman y mueren, las cosechas se pierden. A ello se suma la corrupción de los jóvenes, la inseguridad ocasionada por la violencia siempre relacionada con el negocio, entre muchas otras calamidades.
En otra zona del valle cochabambino, un grupo de narcotraficantes hostigó con disparos a efectivos de la Felcn, cuando éstos pretendían destruir una factoría en Charamoco (Capinota). Según el jefe de la Felcn, se trataba de una instalación móvil que podía producir hasta 15 kilogramos de cocaína al día.
El jueves por la noche, un motín carcelario desencadenado por enfrentamientos entre bandas rivales por el control del negocio de la droga, dio otra señal de alerta sobre lo que las secuelas del auge de las actividades ligadas al negocio de la droga están ocasionando a nuestro alrededor.
Como es fácil constatar, las tres noticias tienen muchos elementos en común. Uno de ellos es que están ligadas a un fenómeno que sin ser nuevo, ha adquirido durante los últimos tres años una nueva dimensión. Un segundo elemento es que las fuerzas policiales son impotentes ante la magnitud del mal que deben combatir.
Como enseña la experiencia propia y la ajena, estamos ante las primeras manifestaciones de un fenómeno que al paso que crece muy pronto puede llevarnos a una situación muy similar a la mexicana. Con la agravante de que aquí el negocio de la coca y sus derivados está muy estrechamente ligado a la organización política que gobierna el país.
Opinión / Identidades y mestizaje, pero vale aún más el ser boliviano
El 68 por ciento de los bolivianos se considera mestizo, aunque para la mayoría de los encuestados, más vale “ser boliviano”. Los resultados de la encuesta patrocinada por la ONU, son importantes para un análisis reflexivo, que modifique el discurso del enfrentamiento.
El censo oficial que se realizó el año 2001 en el país, arrojó datos sobre lo que se consideraba la identidad de los bolivianos y según aquellos resultados se puso visible la identificación indígena.
El 62 por ciento de la población se declaró perteneciente a alguna de las 33 etnias existentes en el país. Aunque en el resumen de preguntas, faltaba un gran detalle: se preguntaba a los encuestados sobre si se consideraba perteneciente a una u otra etnia, pero nunca se hizo patente la condición de su mestizaje.
A partir de ese censo, corrientes indigenistas y particularmente algunas ONG del exterior comenzaron a sostener que Bolivia era un país de mayoría indígena.
Estudios posteriores reinvidicaron la categoría mestiza, como lo ha hecho, un reciente encuesta del Fondo para la Democracia de Naciones Unidas (UNDEF), que afirma que el 68 por ciento de los bolivianos se considera mestizo, es decir 7 de cada 10 bolivianos. El estudio revela también que un 20 por ciento se declara indígena-originario y un cinco por ciento blanco. Sin embargo hay un dato interesante: un 44 por ciento dice “sentirse parte” de algún pueblo originario, lo que evidencia que no hay contradicción en ser mestizo y al mismo tiempo pertenecer a alguna cultura indígena, principalmente quechua y aymara, lo que habla de un aspecto complementario, más que de algo que divida o separe.
Otro dato es que el 76 por ciento de los encuestados ven más importante “ser boliviano” que indígena y el 82 por ciento lo valora por encima de la identidad regional.
Un acápite que merece ser mencionado es respecto a la unidad del país. El 89 por ciento opina que Bolivia no debe dividirse a pesar sus diferencias y el 92 por ciento se declara orgulloso de su nacionalidad.
La encuesta también revela un alto grado de desconfianza entre los propios bolivianos y que el 65 por ciento cree que lo que falla en Bolivia es su gente y el 85 por ciento considera que hay que tener cuidado con los otros. El informe también mide el grado de confianza de los bolivianos en sus instituciones, y como otros anteriores, señala que la Iglesia Católica es la más valorada.
Son interesantes estos resultados y deberían ser analizados con cuidado. Primero, por aquellos recalcitrantes indigenistas que propugnan peligrosamente el separatismo étnico que podría tener graves consecuencias no sólo para la unidad nacional, sino derivar incluso en situaciones de enfrentamiento entre bolivianos. Segundo, por quienes han venido proclamando esa especie de discurso de enfrentamiento entre razas, puntualizando lo indígena originario contra lo mestizo, o entre el campo y la ciudad y finalmente entre ricos y pobres.
Si la mayoría de los bolivianos -el 76 por ciento- afirman que por encima de todo es más importante “ser boliviano”, quiere decir que esos valores de la nacionalidad, están por encima de otros que se han venido afirmando desde esferas de Gobierno y de organizaciones no gubernamentales extranjeras.
El Nuevo Día / ¿Qué hacer con YPFB?
El vicepresidente García Linera ha dicho que YPFB necesita cirugía mayor y no simples aspirinas para sacar a la institución del pozo en el que lo ha dejado la corrupción. Los médicos suelen cortar por lo sano cuando un organismo está comprometido por un tumor. En la petrolera estatal cada día se descubre un nuevo quiste y es probable que la entidad sea un caso desahuciado.
El Gobierno intentará insistir en resucitar al cadáver putrefacto por un problema de falsa honorabilidad. YPFB representaba el emblema del “cambio”, la punta de lanza de la “revolución”, la encarnación de eso que se ha denominado “nacionalización”, la preciosa bandera del nuevo nacionalismo indigenista originario que fracasó por completo.
¿Qué significa cirugía mayor? El interventor de YPFB ha comenzado por expulsar de la empresa a 600 funcionarios eventuales que habían ingresado por favoritismo político. No se puede pensar otra cosa, pues no se explica cómo una organización estratégica pueda prescindir de un momento a otro de ese ejército de trabajadores que supuestamente cumplían labores técnicas y productivas. Veremos si los nuevos administradores son capaces de resistirse al clientelismo, característica que ha identificado a todos los gobiernos y que el MAS ha acentuado hasta límites destructivos.
¿Quién va a manejar YPFB? ¿Pondrán a la cabeza a otro Aruquipa o a un nuevo Santos Ramírez o van a buscar dentro o fuera del país al mejor profesional, técnico o experto que sea capaz de diseñar una trayectoria de largo plazo de la empresa, introducir criterios de competitividad en el trabajo diario y recuperar el potencial de la industria hidrocarburífera boliviana que va camino a su destrucción total? ¿Dejarán que ese profesional bien formado y bien remunerado organice su equipo de trabajo, libre de las presiones de los “movimientos sociales” buscapegas?
Aunque el MAS no ofrece la más mínima garantía de poder encarar una verdadera reestructuración total en YPFB, en la forma y con la intensidad como lo plantea García Linera, ellos son los que toman las decisiones y seguramente se sentirán con el derecho a reivindicar su imagen deteriorada por la corrupción y la inoperancia.
El problema es que la realidad de los hidrocarburos en el país no se presta para más experimentos. Bolivia está seriamente amenazada por el desabastecimiento, al mismo tiempo que se ha convertido en un proveedor inseguro y poco confiable. La caída de la demanda brasileña ha obligado a las petroleras a extraer menos líquidos, en cualquier momento pueden escasear la gasolina y el gas licuado y el riesgo es tal, que la importación de crudo es prácticamente una necesidad ineludible.
En YPFB se necesita una combinación de alta eficiencia para evitar complicaciones en la provisión de diesel, por ejemplo, y confiabilidad para revertir la prolongada sequía de inversiones. Esos son desafíos urgentes que requieren decisiones valientes y pragmáticas. ¿Podrá el MAS encarar una tarea de semejante envergadura? El tiempo apremia.
El Gobierno quiere relanzar otra vez YPFB, pero la realidad no se presta para más experimentos. Hay que solucionar la escasez.
‘Aramos’, dijo el mosquito
bajo el penoco
Evo Morales mejora cada día su habilidad para apropiarse de campañas ajenas. El flamante autonomista se subió al carro de la jornada de guerra contra del dengue organizada por la Prefectura y la Alcaldía de Santa Cruz y de un rato a otro apareció como el fumigador número uno. Alguien se acordó de la historia del mosquito trepado en la cabeza del buey, que a cada minuto le decía al jadeante animal “Estamos arando, compañero”. Otros recordaron que el Gobierno apenas ha colaborado con cuatro millones de bolivianos en la campaña contra del dengue, que el Presidente se ha referido al tema tres meses después de que comenzó la emergencia y que en algunos casos no ha hecho más que poner trabas. Y para terminar, alguno de los colaboradores del jefazo, debió soplarle al oído que ayer el asunto era limpiar y recoger basura, no fumigar. Eso lo hace Johnny.
La Razón / La corrupción institucionalizada
El Gobierno no puede darse el lujo de seguir dilapidando la popularidad que le llevó al poder. Su caudal electoral y su continuidad al mando de la nación están en juego, precisamente, en un año de elecciones. La economía tampoco resistirá más estafas como la de YPFB.
No se puede afirmar que la corrupción sea un mal boliviano ni mucho menos; ni siquiera es latinoamericana, ni de países pobres y atrasados de otros continentes. Es un daño que viene desde hace siglos y que ha causado estragos en naciones desarrolladas y con altos niveles educativos.
Pero esto no significa que los bolivianos deban consolarse de su actual situación de crisis de honorabilidad con la idea de que este problema aflige a muchas regiones del planeta.
El 2 de marzo, el presidente Evo Morales, en ocasión de posesionar a los viceministros de Lucha contra la Corrupción y de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, dijo: “Tenemos muchos problemas. Lamentablemente, la corrupción siento que está sumamente institucionalizada”.
Lo curioso es que al Jefe de Estado le cuesta aceptar, al menos en público, que la corrupción se produce dentro de su gobierno y, por ende, entre funcionarios y autoridades del MAS. Se refiere a ella como algo externo, que no toca a las estructuras de su gobierno. Pero, aunque el Mandatario no quiera verlo, su administración, al paso que lleva, va camino a convertirse en una de las más afectadas con esta grave endemia de todos los tiempos.
No se trata de que se la pueda imputar a un gobierno, o a dos o a tres. Desde hace muchos años que se ha impuesto en el país y, tanto con las dictaduras como en democracia, con la derecha como con la izquierda, esa censurable conducta no ha variado. Lo preocupante, y lo que llama a la reflexión, es la persistencia con que la corrupción se ha impuesto en la Bolivia, especialmente, de los últimos años.
En la historia reciente, los partidos políticos llamados “tradicionales” se debilitaron por esta causa, tanto como lo hicieron las dictaduras militares. Y luego se pensó que, una vez supuestamente concluida la democracia tradicional, representativa y pactada, vendría esa otra prometida: la participativa, nueva, honrada, innovadora, lúcida. Pero, para mal de todos, no ha sido así.
El MAS ganó las elecciones generales del 2005 con un objetivo como ofrecimiento básico: erradicar la corrupción. Hasta donde se ha visto, luego de más de tres años de gestión, la corrupción no solamente permanece en la administración pública, sino que se ha incrementado y de forma exagerada. O, al menos, se ha destapado de una manera alarmante.
Ya no se trata solamente de lo sucedido en YPFB, de contrabandos que han quedado en la duda y la incertidumbre, de que el narcotráfico haya alcanzado cotas antes inimaginables. El tema es peor: el presidente Morales ha admitido que la corrupción se ha “institucionalizado” en el país. Es decir que no tiene un carácter pasajero, sino permanente.
El siguiente paso tendría que ser el reconocimiento de que se atraviesa por una de las peores crisis morales y éticas de las últimas décadas y que, en ese sentido, las autoridades deben hacer algo más que anuncios de que se combatirá este problema.
El Gobierno no puede darse el lujo de seguir dilapidando la popularidad que le llevó al poder y con amplio margen. Su caudal electoral y por consiguiente su continuidad al mando de la nación están en juego, precisamente, en un año de elecciones. La economía tampoco resistirá más estafas como la de YPFB.
Editorial / Subeditorial
Los “nuevos” mestizos en Bolivia
El hecho de que en el último censo, del año 2001, los bolivianos se hubieran declarado mayoritariamente indígenas, dejando poco margen a otros grupos raciales y convenciendo a la comunidad internacional de que ésta era una nación con preponderancia de aymaras y quechuas, además de las pequeñas etnias del oriente, venía generando polémica.
Dicho censo, en rigor, omitió la pregunta que hacía referencia al mestizo. Al no aparecer esa opción en el formulario, el encuestado tenía que declararse o indígena o blanco. Esto provocó que se pensara que la mayoría de la población boliviana es indígena, lo que, a la luz de estudios posteriores, resulta erróneo.
De todas formas, los porcentajes del censo del 2001 influyeron hasta en la política.
Los excepcionales resultados electorales que obtuvo el MAS tienen mucho que ver con el referido trabajo estadístico nacional. El partido de gobierno capturó a esa masa votante que se identificaba con ser indígena y que se acopló a su política de ensalzar los valores vernaculares y deplorar todo lo que vino, especialmente, de España.
Según una última encuesta propiciada por el Fondo para la Democracia en Naciones Unidas (UNDEF), siete de cada diez bolivianos se consideran mestizos. Esto cambia totalmente el panorama con respecto al censo del 2001. El 68% ha expresado sentirse mestizo, el 20% indígena originario y sólo el 5% blanco.
En un sondeo realizado a un total de 3.288 personas, esta nueva encuesta tiene un valor digno de tomar en cuenta. Crece en importancia cuando, por ejemplo, el 89% de los consultados responden que desean firmemente la unidad nacional; pero, además, cuando el 92% se siente orgulloso de su nacionalidad boliviana.
La gente no desconoce que, lamentablemente, existe discriminación en el país. Un “racismo”, de acuerdo con la referida encuesta, que sería procedente de los “ricos” y de los jóvenes.
Sin dudas que las cifras recogidas por UNDEF darán que hablar por mucho tiempo. El contraste con las del censo de hace ocho años son evidentes.
Lo más destacable es que este tipo de estudios ayudan a desmitificar ciertos convencimientos equivocados, que no le han hecho nada bien al país.
El Deber / La campaña de salud, balance y proyecciones
Culminó ayer -con gran éxito y enorme participación de ciudadanía e instituciones-la campaña realizada en Santa Cruz para combatir el flagelo del dengue, plaga que ya afecta a decenas de miles de personas. Cabe reconocer el alto grado de participación y de compromiso asumido ante esta epidemia de niveles alarmantes, no solamente para el departamento, sino para todo el país, con especial énfasis en las tierras bajas, cálidas y húmedas de oriente y valles tropicales.
Más vale tarde que nunca, dice el viejo refrán. Aunque con atraso, al fin el Gobierno se apercibió de la dura realidad del dengue, comprobó que no era un “invento de la oligarquía camba” y ahora colabora activamente. La enfermedad está ahí; sus daños se sienten por doquier.
Válido y loable como fue el ejercicio de ayer, lo interesante sería que se transforme en algo cotidiano. La capital oriental, nuestra tan querida Santa Cruz de la Sierra, figura en las estadísticas internacionales como una de las ciudades más sucias de Sudamérica entre aquéllas que superan el millón de almas de población. Este poco honroso ‘récord’ debe hacernos meditar acerca de la imperiosa necesidad de sembrar buenos hábitos de cultura cívica, de limpieza y de mutuo respeto ciudadano.
Es palpable la imperiosa necesidad de trasladar algunos mercados y zonas comerciales -que generan daños a la salud por la proliferación de gérmenes, ratas y suciedad- hacia lugares alejados, donde podrán incluso realizar mejor sus actividades. La Ramada, Los Pozos y el mercado del Abasto –por citar los más notorios- deberían ser los primeros en moverse obligadamente hacia zonas periféricas -expropiando por utilidad pública y a precios justos lo que corresponda- para así limpiar profundamente esos antihigiénicos lugares, hoy focos de infección enquistados prácticamente en el centro de la ciudad. Estas son medidas perentorias que una urbe en crecimiento exige.
A los hábitos y buenas costumbres de los habitantes (que deberían pasar a ser cotidianos) debe sumarse la acción continua del Gobierno con obras y no con vano palabrerío. Cualquiera que lea textos constitucionales o normas con respecto a la salud pública y sin visitar Bolivia, podría engañarse creyendo que se trata de un “país modelo”. Sin embargo, los que vivimos acá sabemos que todo lo escrito es mentira o está muy lejos de alcanzarse. La salud pública se encuentra en estado calamitoso. Y mientras, el Estado, en lugar de usar recursos para mejorar los sistemas sociales de salud, los usa para seguir nacionalizando o manejando empresas que, al final, las administra mal o son fuente de corruptelas. A los hechos recientes en YPFB nos remitimos.
Sí, la campaña de ayer fue excelente, pero reiteramos: hay que hacer de esto un hábito, una forma de vida. Al mismo tiempo, autoridades departamentales y nacionales deben asumir, de una buena vez, las responsabilidades inherentes a la salud pública, en particular la prevención de epidemias como la actual del dengue, cuyas proporciones ya asumen peligrosas ramificaciones.
¡Y dale con la wiphala!
Dominicus
Con la ilegal nueva Constitución Política del Estado que nos ‘enchufaron’, dándole aires de legalidad mediante el obligado referéndum –con tufo de fraude– del pasado 25 de enero, ahora resulta que aparte de nuestra tradicional bandera tricolor rojo, amarillo y verde, se instituyen como ‘símbolos’ nacionales la wiphala, la kantuta y el patujú. Esto último, presumo, para intentar darle un mínimo de aire oriental a un texto manifiestamente altiplánico.
No soy el primero ni seré el último en referirme a este tema, de suyo controvertido por la imposición de algo que unos veneran sobre otros que así no lo hacen. La wiphala –al margen de su archiconocido origen europeo y ser hoy en el mundo la insignia de las organizaciones gay– representa en Bolivia a los movimientos indígenas del occidente. No significa absolutamente nada en el resto del país, salvo en aquellos lugares donde se han asentado algunas comunidades oriundas del altiplano. Pretender imponer este emblema a todo el territorio será fuente de conflictos.
Lo único válido a lo largo y ancho de Bolivia es la bandera nacional y punto. Y así debe interpretarse, pues, caso contrario, tendríamos también que tener wiphalas, kantutas y patujúes montados en oficinas públicas, cuarteles, colegios, en fin, por doquier. En mi modesta interpretación, el único símbolo obligatorio es la bandera de la nación y en cada departamento, ésta flameará al lado de la enseña regional. Los otros símbolos merecen respeto recíproco y nada más.
Querer imponer la wiphala solamente provocará problemas. Ojalá el Gobierno lo entienda de esta manera. Si la actual administración quiere izar la wiphala, allá ellos, pero que no obliguen a lo mismo en el resto de las entidades bolivianas. Acá, nada de elementos extraños en nuestras llanuras; izaremos solamente la bandera nacional y nuestra gloriosa verde, blanco y verde.
Santa Cruz debe oponerse férreamente a la imposición ‘wiphalesca’ que se pretende desde las alturas. ¡Tanto que hablan ahora de ‘coloniaje’ y ‘aculturación’ y resulta que se quiere hacer exactamente eso con pueblos que no comparten sus creencias o símbolos! Respetos guardan respetos. Yo respeto todo lo ajeno y pido que respeten lo mío. Cruceños: nada de wiphalas en nuestro suelo. Ésa debe ser la consigna. A ver si por lo menos en esto, la dirigencia local se pone las pilas y se planta con firmeza.
La Prensa / La raíz de la corrupción
Y es que el manejo honesto de toda institución no depende de las personas sino del conjunto de leyes, normas y procedimientos bajo los cuales desarrolla sus actividades.
Los vientos de cambio que soplan en Bolivia hicieron creer a los ingenuos que la corrupción iba a desaparecer tras la remoción de empresarios privados de las instituciones y la restitución del Estado como administrador de las mismas. Se estigmatizó a los primeros como corruptos por naturaleza, por anteponer su afán de lucrar ante todas las cosas, y se endiosó al segundo porque haría prevalecer su espíritu solidario frente a las tentaciones del dinero.
Los casos de corrupción que van apareciendo, como hongos, en varias instituciones de reciente administración estatal prueban que el discurso oficialista expresado en el primer párrafo resultó ser una absoluta falacia. Se acaba de confirmar que don dinero tienta por igual al individuo de cuello blanco y corbata que al más humilde defensor de los pobres.
Y es que el manejo honesto de toda institución —pública o privada— no depende de las personas, sino del conjunto de leyes, normas, procedimientos y mecanismos de control, bajo los cuales desarrolla sus actividades. A esto se le llama la institucionalidad.
Si bien la corrupción en nuestro país ha existido desde siempre, la institucionalización de las empresas estatales y privadas había dado pasos importantes desde que se restableciera la democracia. La aprobación de la Ley Safco, la creación de superintendencias sectoriales, los procedimientos de contratación de personal, los concursos de mérito, la reglamentación de las licitaciones públicas, las regulaciones para manejar sistemas contables transparentes y muchísimos otros logros ya gozaban de amplia aceptación en las estructuras institucionales.
Muchos de estos avances fueron calificados como burocráticos u obsoletos por la presente gestión de Gobierno, argumentos que abrieron las compuertas para que las instituciones se manejaran bajo la discrecionalidad de nuevos funcionarios supuestamente honestos y solidarios. La institucionalidad se vino abajo con el rosario de decretos que hicieron temblar las estructuras existentes; se contrató a personal en función de su afinidad al partido gobernante, antes que por méritos profesionales; se procedió a invertir recursos económicos sin observar mecanismos de control; en fin, se dejaron de lado las leyes bolivianas que buscaban blindar a las instituciones de toda debilidad humana.
Es hora de cortar de raíz la corrupción. No basta con castigar a los que ya han sido encontrados con las manos en la masa. Todas las empresas administradas por el Estado deben readecuarse a las leyes y demás normativas que con tanto esfuerzo se habían implementado a través de los años. Hay que dar marcha atrás en todas aquellas decisiones que se tomaron a espaldas de ellas. La institucionalidad así lo demanda.
El Mundo / Vergüenza ajena
Soy de esas personas que siente vergüenza ajena, incluso en las películas en algunas escenas donde existe situaciones de esta magnitud cambio de canal y evito verlas, me pasa lo mismo con las personas , cada escena de esas que estamos acostumbrados a soportar donde uno dice trágame tierra para no ser testigo de situaciones incomodas, se recuerdan cuando Roly se orinó en una maceta del senado, o cuando Arostegui respondió a una pregunta de una comisión de la cámara de diputado sobre una reunión en la que asistió y este respondió; “me sentí como chulupi en una asamblea de pollos” o las ocurrencias de Percy a las que no nos acostumbramos, o cuando Johnny en su famosa reunión de su partido hable “ de que no se guarden todo hasta los ceniceros, que dejen algo para el partido” ni me digan cuando observo alguna escena de celos donde una esposa encuentra en un café o discoteca a su marido, incluso hasta hoy me olvido cuando en tercero de primaria decidí “chuñearme” de clases y me fui a jugar a la pelota y en pleno partido mi madre ingresó a la cancha, pasan 100 años de dicha escena y no me animo a pasar por dicha calle la vergüenza me sigue atormentando.
Ayer cuando vi que dos Senadores (Senadores de verdad) del MAS que firmaron con la mano un informe sobre las responsabilidades de disponer de un fideicomiso decidieron “quitar sus firma del informe”, una especie de vomitar lo que comieron, al final el informe y la comida quedaron contaminados y este acto nos llenó de vergüenza al país todo.
De la misma forma sentimos vergüenza al ver al Presidente vestirse a la usanza de Johnny Fernández, agarrar la maquina mata mosquito y empezar a fumigar, vergüenza se siente cuando vemos que ayer todos se disputaban la autoría de las medallas ganadas contra el dengue y verdad este trabajo fue de pocos hombres que sin abusar de las cámaras llevaron esta tarea adelante, vergüenza ajena sentí cuando justamente los fieles soldados (movimientos sociales) del Presidente empezaron a azotar a la mujer de Víctor Hugo Cárdenas solo como una forma de implantar el odio y castigar a los que no piensan como fraudulenta mayoría finalmente incendiaron y expulsaron de Huatajata a la familia del ex Vicepresidente Indígena.
De verdad les confieso que no se puede vivir permanentemente con la vergüenza de los actos de los demás, que difícil es tragar sapos y culebras tantas veces. No todo es vergüenza, ayer sentí satisfacción del trabajo de los cruceños en su convocatoria por luchar contra el dengue, la conciencia de los ciudadanos que trabajaron para desechar los posibles criaderos, sentimos satisfacción por el trabajo de los periodistas como Carlos, como Magy, como José que mañana sale con un nuevo programa, nos llena de ganas seguir en esta labor la inquebrantable fuerza de Susana, la interpretación de las cosas que hace Alcides o la forma de escribir de Ruber, la confianza en la ley por los Constitucionalistas Joselo, Alejandra, Juan Carlos y otros, ellos de alguna forma son insulina que nos permiten seguir en la faena de sembrar semillas de esperanza, que mañana cuando ya no estemos ninguno empiecen a germinar para pintar de colores el país color sombra que hoy tenemos. Uno de los problemas que nos hace sentir vergüenza de la política es el nivel del debate, un escritor decía el debate intelectual se degrado debido a que todos los oficialistas, los opositores y los neutros tratan de cuestionar, debatir o interpretar los mensajes del Presidente quien sumergió el debate político intelectual por las cloacas y es por ello que debemos separar el Presidente de lo que nos pasa, no porque la mosca ande en los excrementos los demás debemos hacerlo, debemos cambiar de actitud y construir alternativas donde cimentemos entre todos las bases de la nueva Bolivia, la Bolivia nuestra, la de nuestros hijos, y acabar con las tres generaciones (75 años) que solo vieron al país como la alternativa de saquearla.
La Patria / Incongruencias inadmisibles
Cuando las incompetencias de administración prevalecen en algunos sectores por caprichosas actitudes de los “operadores coyunturales” se desata una serie de problemas que enfrentan a ciudadanos entre sí, en defensa de sus intereses o de supuestos derechos adquiridos, por usos y costumbres.
Eso es lo que se observa en los problemas que han surgido por la indebida asignación de locales educativos donde maestros y estudiantes, además de los padres de familia deberían compartir principalmente las instalaciones y definir la asignación separada de ciertos equipos para cada entidad educativa, lo que evitaría las pugnas por contar con iguales condiciones de aprendizaje. Es el caso particular de equipos de laboratorio y ahora último de computación, cuando no de material deportivo y posiblemente de textos o láminas educativas
Parecerían aspectos nimios, sin embargo a la hora de evaluar las condiciones de enseñanza esos elementos son fundamentales y hacen la diferencia entre uno y otro establecimiento, increíblemente ambos del sistema educativo fiscal.
Problemas como el referido y otros en materia educativa, son el resultado de la transferencia administrativa de la infraestructura educativa a los municipios del país, cuando en verdad esa tuición debería seguir siendo única y exclusivamente del ramo educativo con claras reglas de juego para el caso de cubrir presupuestos con recursos comunales.
Las cosas están definidas en el esquema que ahora se presenta como un problema más para las autoridades municipales, incluyendo sus concejos y por gravitación lógica en su parte ejecutiva que corresponde a los alcaldes, todos en conjunto, incluyendo muchos maestros, pero poco prácticos en materia de administración de bienes e infraestructura del sistema, que no es lo mismo que dictar clases en aulas o recintos cuyo mantenimiento corresponde a otras instancias que si no son cumplidas adecuadamente ocasionan problemas como los que se han producido recientemente.
Alumnos de dos establecimientos que han compartido instalaciones durante 50 años, en condiciones de incomodidad total, se enfrentan hasta con violencia cuando estrenan nuevas instalaciones con mayores ventajas. Claramente el asunto tiene que ver con equipamiento particularizado y no se trata de remilgos que esgriman maestros, alumnos y padres de familia. Insisten en otro local y desalojan a pequeños alumnos, que en verdad son los que tienen todo el derecho de seguir en su establecimiento Ildefonso Murguía y estos resultan despojados de su local y se convierten en vecinos que reemplazan a otros inquilinos, en tanto, dicen, se construya dos nuevos establecimientos.
Incongruencias inadmisibles a las que se suma una resolución que declara un edificio en disputa en “patrimonio cultural de Oruro”, interesante idea pero alejada de una realidad que en el presente necesita soluciones de orden pragmático y no sólo de enunciados que deberían complementarse con una serie de medidas para hacer realidad un “repositorio” de nuestra historia. Lo primero es lo primero y las matemáticas no pueden alterarse con algunos argumentos histriónicos.
El Diario / Pérdidas para el Estado
Los actos de corrupción en YPFB, que son descubiertos por el asesinato de un empresario que se adjudicó un contrato de más de 68 millones de dólares para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande en el departamento de Tarija, son muestra del abuso del poder de gente del Gobierno, que se sentía intocable. Pero una fatídica circunstancia hizo que el robo de 450.000 dólares que tenía en su poder el asesinado, destinado a pagar un favor recibido por la adjudicación de tal obra, alarmara a las autoridades nacionales, las que instruyeron una inmediata investigación de los hechos. A menos de 48 horas de cometido el delito, fueron descubiertos los autores materiales e intelectuales y los cómplices de ese hecho, que es la punta del ovillo de una serie de actos irregulares cometidos desde la Presidencia de la empresa fiscal del petróleo, con graves daños al patrimonio nacional, estando en juego decenas de millones de dólares, los que son considerados perdidos por el Estado, porque es muy difícil que retornen al Tesoro General de la Nación. Poco a poco se va descubriendo otros actos de corrupción de gente del gobierno y del Movimiento Al Socialismo, motivo por el cual se trata de minimizar los escándalos, cuando los afectados deberían ser los primeros en demostrar su inocencia.
Uno de los fiscales que investiga la corrupción que cometió el ex presidente de YPFB y alto dirigente del MAS -quien por efecto de las medidas cautelares guarda detención en la cárcel de San Pedro de esta capital- declaró que se da por perdidos 16 millones de dólares por un anticipo que YPFB dio a favor de la firma Catler – Uniservice, que se adjudicó la construcción de la Planta Separadora de Líquidos en Río Grande. Esto es inaudito, ya que si se hace el seguimiento correspondiente se llegará a los que se beneficiaron con esos recursos económicos. Se dice que fueron recontratadas terceras firmas entendidas en las obras a ser construidas, a las que se les entregó como adelanto cierta cantidad de dólares. Por lo tanto si las empresas cumplen con los requisitos del contrato, deben concluir con el trabajo para el que fueron contratadas. Así se evitaría pérdidas patrimoniales.
También está en el tapete la adquisición de una fábrica quebrada, dedicada a la reconversión de garrafas. Se afirma que se pagó más de un millón, cuando los activos de la misma no pasaban de los 200 mil dólares, lo que implica un sobreprecio que deberá ser establecido por quienes investigan esta anormalidad. Lo peor es que a esa firma se la convirtió en otra empresa denominada Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima –SIPSA-, la que se adjudicó la perforación de pozos en el campo Víbora. Resulta insólito que se adjudique obras a una empresa de reciente formación que no posee los medios materiales ni personal técnico necesario. Lo más perjudicial es que YPFB fue utilizado como garante para el alquiler de un equipo de perforación, para lo cual presentó ocho pólizas. El contrato fue firmado el 16 de diciembre pasado, pero no comienza la perforación. Según cálculos del Ministerio Público y entendidos en el tema, de no ser enmendados los errores el daño económico al Estado será de más de 60 millones de dólares.
Otro caso de mal manejo de dinero del Estado es el contrato suscrito con Uniservice para la construcción de un moderno hospital regional en Cobija – Pando, el mismo que fue suscrito en junio del 2006 por un monto de 12.060.000 bolivianos. Dicha obra debía ser entregada en el último trimestre del 2007, pero realizadas las primeras investigaciones las obras están paralizadas, pese haber recibido un desembolso del 10 por ciento. Las autoridades ejecutivas de la Caja Nacional de Salud, entidad contratante, se mostraron muy permisivas en su forma de actuar, porque no hicieron la fiscalización o supervisión de rigor. Se amplió el plazo del contrato en dos oportunidades, además que se elevó el monto de la obra a 13.8 millones de bolivianos. Este hospital debería empezar a funcionar en julio del pasado año, pero como van las cosas es difícil que eso suceda.
Estos tres casos demuestran que no existe control ni fiscalización tanto para la entrega de dinero del Estado como para su correcta utilización, a diferencia de anteriores administraciones que contrataron empresas especializadas en supervisión. Como esto no ocurre ahora, sobre todo con los contratos llave en mano se entrega obras de mala calidad. Lo cierto es que la mala administración y el afán de enriquecimiento ilícito en los que están empeñados algunas autoridades, hacen que se cometa una serie de delitos, los que generalmente quedan en la impunidad, aun en esta etapa de cambio que tanto pregonan los gobernantes y dirigentes del partido de gobierno. Sería importante que se haga una auditoría de los daños económicos que la corrupción está ocasionando al país, porque es hora para que las instituciones del Estado dejen de ser botín de las fuerzas políticas. Además se debería promulgar una Ley de investigación de fortunas que entre en vigencia en el menor tiempo posible.