Industriales dicen que se legalizó el contrabando. El gobierno golpea a los pequeños productores y favorece a la ropa usada. Indignación y amenazas tras ampliación.
Familiares de Evo Morales vinculados al contrabando
El Diario
Presidente de Codeina:
Porfirio Quispe asegura que el Gobierno otorga favoritismos a los vendedores de la ropa usada en desmedro de los pequeños productores.
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La dignidad de Bolivia se queda sola en discurso, ya que la empresa y la industria nacional nuevamente fueron golpeadas por las medidas desatinadas del gobierno del presidente Evo Morales.
El presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), Porfirio Quispe, denunció ayer a la agencia ANF, que familiares del presidente Evo Morales están vinculados al contrabando y por esta razón se otorga favoritismos a los vendedores de ropa usada en desmedro de los pequeños productores, por lo que anunció movilizaciones desde la próxima semana.
“No tenemos oficialmente documentación, pero esto es político. Nos han llegado mediante informes de compañeras dirigentes de Oruro y de otros departamentos y me voy a atrever a decir que hay familiares de nuestro Presidente metidos en negocio (contrabando)” expresó.
Quispe anunció que hará una denuncia formal cuando tenga la documentación necesaria para oficializar esta denuncia. Asimismo, denunció que existe la posibilidad de anular las prohibiciones al ingreso de ropa usada, hoy vetada por un Decreto Supremo.
“Pedimos a la ministra Patricia Ballivián y a su viceministro Ramiro Lizondo que no le hagan más daño a la industria nacional y reiteramos que vamos a presentar una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y oras instancias” manifestó.
EL Comité de Defensa de la industria convocó a una movilización en contra de la ampliación indefinida de la venta de ropa usada el martes 24 de marzo. Además se demandará la renuncia de los Ministros y viceministros que han gestionado la ampliación de la ropa usada.
Intereses gubernamentales apoyan al contrabando
Mercados nacionales inundados con mercadería a medio uso.
La empresa y la industria nacional golpeadas otra vez por medidas desatinadas del gobierno, cómplice del contrabando, por haber firmado el convenio entre los vendedores de ropa y representantes de la microempresa, que asegura la permanencia irrestricta para la venta de la ropa usada en el país.
La declaración corresponde al presidente del Comité de Defensa de la industria, Porfirio Quispe, quien fue el que denunció que con la rúbrica de representantes del gobierno central, y dirigentes legalizan al contrabando de ropa usada, como la ilícita importación que abre más la brecha a la pobreza, el cierre de fábricas y pérdida de empleo.
Quispe añadió que: “el sector de los vendedores de ropa usada, los sectores asociados de Conamype y el gobierno hablan de impulsar la producción nacional sobre los cimientos del contrabando”, reclamó.
“No se tiene oficialmente una documentación, pero compañeros de Oruro denunciaron que se piensa en importación masiva, donde familiares de nuestro presidente están metidos en este negocio”, expresó.
Posteriormente, el componente del Comité de defensa de la Industria pidió que la ministra Patricia Ballivián no afecte a la industria nacional. Caso contrario, anunció movilizaciones junto a demandas y quejas ante la organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones.
Asimismo, el representante de la federación de la microempresarios de la ciudad de El Alto, Humberto Sandalio, –firmante del convenio– en entrevista realiza por EL DIARIO, sólo pudo explicar que para evitar malas interpretaciones traerá el documento, donde según el dirigente, no se habló de la venta de ropa usada.
Industriales dicen que se legalizó el contrabando
PRENDAS • Productores grandes y pequeños rechazaron la venta indefinida de ropa usada.
LA RAZÓN
El sector industrial nacional sostuvo que, al ampliar indefinidamente la venta de ropa usada, el Ejecutivo formalizó el contrabando de estas prendas.
Daniel Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), expresó su desacuerdo con el convenio firmado el viernes.
“Esto sólo formaliza la actividad ilegal del contrabando, ya que la ropa usada que debió desaparecer ingresó al país en los últimos tres años a vista y paciencia de la Aduana”. Sánchez parafraseó al primer mandatario, Evo Morales, y señaló que “la ‘Bolivia Digna está vestida con ropa usada de Estados Unidos. El Gobierno no tiene una política industrial clara, el sector productivo nacional está en desventaja ante los contrabandistas”.
El dirigente sostuvo que apoyarán todas las medidas que impulse el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina).
“Mandaremos las cartas a los ministerios para la reversión de esta medida y apoyaremos las movilizaciones que está anunciando el Comité de Defensa de la Industria Nacional”.
Humberto Sandalio, de la Federación de Microempresarios de El Alto, negó haber firmado el acuerdo que dicta la ampliación de plazo a la ropa usada, pese a que su nombre y su rúbrica figuran en el documento.
“Hay unas 11.000 toneladas de ropa usada y el Gobierno debe determinar si las quema o no. Debe haber un decreto de fortalecimiento a la microempresa”.
El acuerdo fue firmado el viernes por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, los comerciantes de prendería de segunda mano y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia.
Frenioth Ayaviri, dirigente de los importadores de vehículos usados, ratificó su disconformidad con el convenio gubernamental. El sector está en conflicto con el Gobierno, que prohibió el ingreso de autos usados con más de cinco años de antigüedad. “Vamos a intensificar nuestras medidas para que los bolivianos vean el perjuicio que hacen a la industria nacional”.
Ropa usada: indignación y amenazas tras ampliación
MEDIDAS | Los microempresarios confeccionistas anuncian manifestaciones y piden la renuncia de la Ministra de Desarrollo Productivo
Comercialización de ropa usada, en inmediaciones del mercado La Pampa. | Carlos López
LOS TIEMPOS
Por: María Julia Osorio M.
Edgar Calizaya, pequeño confeccionista cochabambino, dijo ayer sentirse devastado tras conocer que el Gobierno decidió ampliar indefinidamente el comercio de ropa usada en el país.
“Es terrible lo que ha hecho el Gobierno. Sigue dándonos la espalda y estamos muy decepcionados”, indicó el microempresario que cree que su negocio, como el de los más de 14 mil confeccionistas formales en el país, está en riesgo de quiebra.
La determinación del Ministerio de Desarrollo Productivo, presidido por Patricia Ballivián, provocó indignación en el sector, que llamó ayer a sus miembros a movilizarse para pedir la renuncia de esa autoridad, la del viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Lizondo e impedir que la ampliación sea efectiva.
El presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), Porfirio Quispe, indicó que el convenio suscrito entre los ropavejeros y un grupo de pequeños y microempresarios de la confección es ilegal porque viola incluso la nueva Constitución Política del Estado, que defiende la industria nacional. Agregó que permitir la venta de la mercadería a medio uso es legalizar y fomentar el contrabando, debido a que la importación de ese producto está prohibida desde 2007.
El Gobierno argumentó el viernes que quedan en el país 11 mil toneladas de ropa usada y que ese lote debe terminar de ser vendido para dar por concluido el comercio.
Sin embargo, para Quispe, hay ropa usada en el país, no porque fue acumulada antes de abril de 2007, sino porque desde entonces ingresa al territorio de manera ilegal sin que exista freno.
Movilizaciones
Los confeccionistas amenazaron con agotar todos los recursos para revertir la decisión de ampliar la comercialización de las prendas a medio uso.
Quispe anunció que las acciones comienzan este martes 24 de marzo en La Paz con una movilización de microempresarios de todo el país. La marcha partirá del cementerio general hasta el centro paceño.
El presidente de Codeina intentó buscar explicaciones a la decisión del Gobierno y denunció una supuesta relación familiar del presidente Evo Morales con algunos ropavejeros de Oruro.
En Cochabamba, el sector dijo que existe corrupción en el uso de los recursos para la reconversión productiva, que no funcionó, y de los destinados a proyectos para la pequeña industria financiados por el programa ALBA-TCP. En estos casos, estarían involucrados el grupo de microempresarios que firmó el acuerdo con los ropavejeros el viernes pasado.
Quispe calcula que ante el ingreso sin control de la ropa usada y la vía libre para su venta, sólo este año podrían ser anulados unos 16 mil empleos en el rubro de las confecciones.
La pérdida económica anual sería de más de 80 millones de dólares y será el sector productivo el más afectado y en menor impacto los servicios como el transporte.
Codeina teme que más de 2.500 talleres cierren debido a la ropa usada y la falta de mercado interno y externo para sus productos.
dirigentes
El Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina) desconoció ayer a los supuestos dirigentes de microempresarios confeccionistas que aceptaron firmar con el Gobierno y comerciantes de ropa usada una ampliación de la venta de esta mercadería.
El presidente de Codeina, Porfirio Quispe, indicó que los representantes de una Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Conamype) no representa al sector.
“No tienen representatividad nacional ni departamental”, dijo.
Quispe agregó que, al contrario de Conamype, conforman Codeina más de 100 organizaciones de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro y otros.