La Fiscalía pedirá mañana que se congelen los fondos del fideicomiso y también la anotación preventiva de bienes de Uniservice.
Aruquipa encubrió a la Gulsby
La Fiscalía pedirá detención de O’Connor y de otros cuatro
El ex director administrativo de YPFB es aprehendido
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Ramírez autorizó dos anticipos a Uniservice
Fijarán daño por compra de Full Industry
• NUEVO DETENIDO • El ex director Administrativo de YPFB, Marco Antonio Vega, sale de la Fiscalía con resguardo policial.
La Razón
El Ministerio Público afirmó ayer que el Estado boliviano habría sufrido una pérdida de 16,6 millones de dólares por un anticipo que otorgó al consorcio Catler-Uniservice para la construcción y puesta en marcha de una planta separadora de licuables en Río Grande, Santa Cruz. Esta millonaria suma sería difícil de recuperar, indicaron.
La información fue proporcionada ayer por el fiscal Anticorrupción Pública, Edward Mollinedo, que dijo que el dinero estaría ahora en manos de personas y empresas extranjeras.
“Aproximadamente son 16,6 millones de dólares que el Estado ya lamentablemente ha perdido y que va a ser difícil de recuperar de manos de personas extranjeras, de empresas privadas y de particulares”, manifestó.
Una fuente de la comisión especial de fiscales que indaga este caso sostuvo que en la audiencia cautelar del viernes, donde se imputará a cinco personas implicadas, se sustentará esta información, pues el contrato firmado con empresas extranjeras para la edificación de la planta sigue en pie y, por lo tanto, el dinero está todavía en reserva.
Los 16,6 millones de dólares se desprenden de los 45 millones del fideicomiso creado por el Ejecutivo, en beneficio de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para financiar la construcción de la planta.
Una parte del fideicomiso ($us 35 millones) se destinó a la apertura de una carta de crédito para garantizar el pago a la empresa estadounidense Gulsby Energy, subcontratista de Catler-Uniservice y encargada de la fabricación de las partes de la planta.
Del mismo fideicomiso, el ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, autorizó dos desembolsos por un total de $us 3,3 millones a favor de Uniservice SRL, una de las dos empresas que conforman el consorcio.
“A través del fideicomiso, se han desembolsado 13,3 millones a favor de Catler-Uniservice. Y a través de esta empresa, ese dinero va a la empresa Gulsby Energy y ésta le paga a Texas Energy de Estados Unidos, que está construyendo los turbo expander”.
El fiscal Mollinedo agregó que “se ha establecido que el retiro del dinero —por anticipo a la firma— a Catler-Uniservice fue de 3,3 millones de dólares, de los cuales indiscriminadamente y sin control alguno han sido retirados por los empresarios Jorge O’Connor D’Arlach, fallecido, (su hermano) Miguel O’Connor D’Arlach, otros funcionarios públicos, ayudantes, gestores, abogados y otras personas particulares”.
Según una fuente de la Fiscalía, los 16,6 millones que habrían sido perdidos corresponden a los 13,3 millones que se desembolsaron a las empresas extranjeras, y a los 3,3 millones desembolsados para Catler-Uniservice, en montos de 1,65 millones el 1 de diciembre del 2008 y una suma similar el 14 de enero, 13 días antes del volteo de $us 450.000, en el que murió Jorge O’Connor.
Edward Mollinedo expresó que en la audiencia de mañana solicitará al juez el congelamiento de los fondos del fideicomiso, “que es una medida que el Ministerio Público considera que puede garantizar de alguna forma que los dineros del Estado no sigan saliendo a cuentas o a las empresas que están en esta irregular contratación”. Además, pedirá la anotación preventiva de los bienes de Uniservice.
Aruquipa encubrió a la Gulsby
DENUNCIA • El senador Gastón Cornejo (MAS) reveló esta anomalía.
El senador del MAS Gastón Cornejo denunció a La Razón que el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, prohibió al gerente regional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Cochabamba, Saúl Escalera, revelar detalles acerca de la empresa Gulsby.
“Tenía la prohibición de abrir la boca, esa es la expresión. Él (Saúl Escalera) dijo ‘no les puedo informar porque tengo que respetar a las autoridades que me han prohibido hacer ninguna declaración’”, afirmó Cornejo.
El senador explicó que Escalera se trasladó hace una semana a la ciudad de Texas, Estados Unidos, para investigar detalles de Gulsby, la empresa estadounidense que fue subcontratada por Catler-Uniservice y que recibió $us 13,5 millones de anticipo por la fabricación de la planta.
Cornejo sostuvo que Escalera, en una segunda oportunidad, tuvo que revelar los detalles requeridos. “Se trata de una oficina de dos o tres piezas, con dos ingenieros que hacen de secretarios (…) Los documentos que firmaron con la Catler-Uniservice son fotocopias del año 2002 (…) Ese contrato es una burla”, sentenció el senador oficialista.
La Fiscalía pedirá detención de O’Connor y de otros cuatro
Investigación
La Fiscalía anunció que el próximo viernes solicitará la detención de Miguel O’Connor D’Arlach, hermando del fallecido Jorge O’Connor, así como de dos cuñados de Santos Ramírez, Gonzalo Aramayo y Javier Navía.
La misma solicitud hará para Mario Cossío McGalem y Luis Fernando Córdova, socios de los O’Connor. El juez cautelar definirá en el marco de la investigación de la corrupción en YPFB.
“Hay bastantes indicios, los suficientes para realizar la imputación formal. Los cargos que pesan contra ellos empiezan desde contratos lesivos al Estado, organización criminal, cohecho activo, incumplimiento de contratos. Se va a solicitar la detención preventiva de todos”, dijo el fiscal Edward Mollinedo.
De las cinco personas, sólo Córdova está detenido pero por el caso del volteo y asesinato.
El ex director administrativo de YPFB es aprehendido
Contratos
El Ministerio Público resolvió ayer la aprehensión de Marco Antonio Vega, ex director administrativo de YPFB, porque, según los fiscales, es uno de los presuntos responsables del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice.
“Se ha determinado la aprehensión de Marco Vega por considerar que existen suficientes indicios de responsabilidad en todo este proceso de contratación que se investiga y porque existen los riesgos procesales”, dijo el fiscal Edward Mollinedo.
Según Mollinedo, Vega fue el encargado de las contrataciones estratégicas. “Es quien llevó adelante todo este proceso de contratación, licitación, selección, concertación, adjudicación. Es uno de los hombres más importantes de este proceso”, añadió Mollinedo, quien luego indicó que los demás aspectos serán dados a conocer en la audiencia.
Ramírez autorizó dos anticipos a Uniservice
Irregularidad • El contrato se firmó con el consorcio y las pagas fueron a una sola empresa.
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez autorizó dos anticipos de pago por un total de $us 3,3 millones en favor de Uniservice SRL y no del consorcio Catler-Uniservice, con el que firmó el contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande.
Dos cartas firmadas por Ramírez, hechas públicas por Cadena A, solicitan al Banco Unión el desembolso de 1,65 millones de dólares el 27 de noviembre del 2008 y similar monto el 9 de enero, 18 días antes del atraco y posterior asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ejecutivo de Catler-Uniservice, en favor de Uniservice SRL. Esta empresa se asoció con la argentina Catler para adjudicarse la construcción de la planta separadora.
En ambas misivas se explica que los anticipos son para el inicio de actividades del mencionado proyecto hidrocarburífero.
Esta irregularidad se suma a las otras detectadas en el proceso de adjudicación de la obra y manejo de los recursos para financiarla. Una de ellas, denunciada el 10 de febrero, fue que Yacimientos abrió una carta de crédito para garantizar el pago a la subcontratista Gulsby, encargada de construir las partes de la planta, cuando debió ser el consorcio el que se encargue de ello.
En una carta enviada el 29 de octubre del 2008, Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB, instruyó al Banco Unión la apertura de la carta de crédito. Para ello, se tomó $us 35 millones de los 45 millones del fideicomiso para financiar la obra.
Fijarán daño por compra de Full Industry
INVESTIGACIÓN
La investigación que realiza la Fiscalía de Distrito establecerá el daño económico al Estado por la compra de Full Industry, que se transformó en YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras SA), anunció ayer el fiscal anticorrupción, Edward Mollinedo.
El presidente interventor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, declaró ayer ante la Fiscalía por el caso YPFB-SIPSA. Fue convocado “en calidad de testigo porque es uno de los querellantes en este proceso”, indicó el fiscal.
“En esta semana estableceremos la participación de todas las personas que han tenido participación directa en este proceso”.
El año pasado, a nombre de YPFB, el entonces presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, compró el total de las acciones de Full Industry. No obstante, de manera irregular, “se entregó a Lucy Barbery y Nilda Domínguez dos de las 220 acciones”, señala la denuncia presentada por la nueva administración de la empresa a la Fiscalía. ANF
El número de empleados no pasará de mil
YACIMIENTOS
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contará con unas 982 personas, con la consideración de que en sus planillas ya tiene 716 permanentes y contratará 266 eventuales. Además, funcionará con terciarización, que generará 163 fuentes laborales.
En YPFB “tenemos que estar en el orden de los 800 a 1.000 trabajadores”, aproximadamente, porque “pueden ser más o menos”, aseguró ayer el presidente interventor de la petrolera, Carlos Villegas, en declaraciones realizadas en la Fiscalía de Distrito.
El 12 de febrero, Villegas informó que YPFB tenía supernumerarios, pues sólo en la oficina central había 1.557 trabajadores.
El presidente de YPFB negó que haya despidos en la empresa, aunque sostuvo que los contratos de los funcionarios temporales empezaron a fenecer desde el 28 de febrero. Según Villegas, hasta el 20 de marzo se habrá terminado todos los contratos eventuales y “no tenemos obligación de renovar”. ANF