El Gobierno admite que invadir casas va contra la CPE.
Cárdenas dice que declaratoria de “territorio libre” deja en ridículo al Gobierno y pone la denuncia en Fiscalía alteña
Investigación: Lidia Catari de Cárdenas y sus dos hijos prestan declaraciones ayer en la mañana frente a la comisión de fiscales en el Hospital Arco Iris
La Prensa
Fiscalía ordena retoma de casa de Cárdenas y allanará otras
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El Gobierno retrocede y ahora pide no usar la CPE para las “expropiaciones ilegales”
Conflicto. El Ministerio Público ordenó recuperar la vivienda del ex Vicepresidente en Sank’ajawira, mientras que los comunarios mantienen la medida de fuerza. El Gobierno rechazó la toma y alertó de que se pone en riesgo el proceso de cambio. La ex diputada del MAS Marleny Paredes denuncia el avasallamiento de su propiedad en Yungas a manos de masistas.
El Alcalde de Achacachi desmintió que en Omasuyos se hubiera declarado “estado de sitio amukim”. Los comunarios se reunirán mañana en ampliado para explicar las razones de su decisión .
La Fiscalía de El Alto solicitó ayer a la juez Jenny Prado que emita órdenes de retoma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el allanamiento de los domicilios de otras personas, quienes podrían tener relación con el hecho.
Con asesoramiento del abogado César Guzmán, Cárdenas se querelló contra Cruz Alarcón, Alfredo Huañapaco y Beatriz Quispe por ser los supuestos instigadores de los delitos de allanamiento, lesiones graves y gravísimas y daño calificado.
La familia identificó además al ex asambleísta Gregorio Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y al alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, como los principales responsables del hecho, aunque no abrió proceso contra ellos.
Ayer, una comisión del Ministerio Público de El Alto dirigida por el fiscal Gregorio Blanco tomó declaraciones ayer a las cinco personas agredidas el sábado al mediodía en Sank’ajawira.
Ese día, por decisión de un ampliado campesino, se tomó por la fuerza la propiedad rural de la familia Cárdenas y se golpeó a Lidia Catari de Cárdenas, su hermana Hortensia, sus hijos Irumaki y Sami y su sobrino Eber, quienes fueron internados en el Hospital Arco Iris para recuperarse de sus lesiones.
Al nosocomio llegaron ayer los agentes del Ministerio Público para conocer las revelaciones de los convalecientes, quienes refirieron cómo se produjeron los hechos.
Poco más tarde, los cinco recibieron el alta médica y pudieron regresar a su domicilio.
La evaluación de los detalles recibidos fue rápidamente efectuada porque una fuente del Ministerio Público alteño dijo que ya se había pedido a la juez que conoce la causa, Jenny Prado, que emita los mencionados mandamientos judiciales.
El informante dijo que para entrar en el lugar se apelará al apoyo de la fuerza pública.
El fiscal Blanco aclaró que sólo los afectados pueden interponer directamente una demanda ante un juez de sentencia por despojo, que al ser un delito privado no puede ser indagado por el Ministerio Público.
El comandante departamental de la Policía, Édgar Revilla, dio cuenta de que un contingente de uniformados, “en cantidad suficiente”, se encuentra a cien metros de inmueble avasallado, para evitar que se produzcan nuevos problemas, y reiteró que la casa está vacía.
Entretanto, las autoridades ediles de Achacachi iniciaron los trámites para aprobar una ordenanza municipal que declare de utilidad y necesidad pública ese inmueble para lograr su expropiación legal, según el ex asambleísta Gregorio Mamani, quien dijo que la edificación estaba abandonada y no cumplía una función social.
De acuerdo con la normativa vigente, para que un inmueble pase a ser patrimonio de un municipio es preciso que se justifique esta medida, lo que debe tramitarse a través de una resolución del Concejo y ser refrendada por el Ejecutivo.
Un “sopapo” político
Víctor Hugo Cárdenas calificó ayer la decisión adoptada por los comunarios de Sank’ajawira de declarar a la provincia Omasuyos “territorio libre y jurídico” como un “sopapo político” a Evo Morales.
“Están poniendo al Gobierno en ridículo. El mundo entero debe estar muy preocupado y seguramente hay quienes piensan que aquí no hay Gobierno, no hay Presidente, no hay ministros, no hay ley. Qué pena, como boliviano y como ex dignatario de Estado, esto me da mucha pena”, y cuando junto con sus familiares abandonaba el hospital sostuvo: “Tengo un asunto político pendiente con Evo Morales”, y que después de que la región se declarara territorio libre corresponde que el Presidente designe a un embajador ante Omasuyos.
El alcalde achacacheño, Eugenio Rojas, desmintió que esa provincia se hubiera declarado el “estado de sitio amukim”, pues quien hizo semejante afirmación es una persona que “no está autorizada” y no se aprobó resolución alguna en ese sentido en los ampliados.
Rojas se esforzó para dejar en claro que detrás de esta movilización popular no se encuentran las autoridades nacionales o dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En declaraciones a Radio Panamericana, un comunario de Sank’ajawira expresó su desacuerdo con la medida de fuerza aprobada en el ampliado del sábado, aunque por disciplina acata la determinación.
El campesino de base dijo que los autores del ataque no fueron solamente personas de la comunidad, sino de otros lados.
Lamentó que bajo el argumento de que “no vuelven en mucho tiempo” se revirtiera propiedades, pues se preguntó qué pasará con los bienes de quienes se fueron en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos, Argentina o Brasil y que no pueden regresar periódicamente a su tierra natal.
“Un hermano sugirió, durante el ampliado, que la casa de Víctor Hugo Cárdenas sea destinada a la tercera edad” y se aprobó “al calor” del debate.
Este viernes por la mañana, los comunarios sostendrán una asamblea, a la que invitarán a periodistas, para explicar las razones de la toma.
Familiares dicen que abandonaron casa por temor a ser quemados
Cinco familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas abandonaron el sábado 7 el inmueble de su propiedad al sentir temor a que la multitud enardecida los quemara vivos en su interior.
La mañana del sábado, Lidia Catari de Cárdenas, sus dos hijos menores, su hermana y su sobrino llegaron a Sank’ajawira para resguardar la propiedad porque conocían rumores de que ese día los campesinos se adueñarían del inmueble, refirió la ex segunda dama.
Hacia las 10.00, los comunarios comenzaron a reunirse alrededor de la vivienda y hacia las 13.00 invadieron el inmueble. “Llamé a Radio Panamericana (para denunciar), pero no me dieron cobertura, llamé a mi esposo y luego me dijo que ya llamó (a la Policía) y que no me preocupe, pero nunca llegaron hasta que nos íbamos”, a las 15.00.
Mientras Lidia Catari se aprestaba ayer por la tarde a abandonar el Hospital Arco Iris, donde estuvo internada por cuatro días, relató a La Prensa que ella y sus familiares estaban en la planta alta de la vivienda mientras los comunarios gritaban al irrumpir en la planta baja.
“Pensamos que se habían conformado con tomar mi casa y quemar los colchones en la planta baja. Cuando trataba de hablar con ellos, una señora me dijo: ‘Hermana Lidia, salí, salí’, pero no le di importancia, cuando mi hijo me dijo que la casa estaba llena de humo. Yo me dije que esto se incendia, si no salíamos, nos quemamos. Les dije vámonos. Bajamos, salimos, y ahí nos agarraron a chicotazos, palazos y pedradas”.
La esposa de Cárdenas, aún con hematomas en las manos y el cuerpo, recuerda que se desmayó y fue auxiliada por un vehículo de la red televisiva Unitel que la trasladó a Huarina.
Recordó haberles preguntado a sus agresores: “‘¿Qué mal ha hecho mi esposo para que nos maltraten?’, los gritos decían: ‘Ahora nos van a pagar de lo que tu esposo ha ido contra el Presidente (Evo Morales) y por el No (a la Constitución Política del Estado), ése es tu castigo’. Nos trataron de ladrones, corruptos, vendepatrias”.
También fueron acusados de poseer varias casas, una en Miami, Estados Unidos; en El Alto y en Santa Cruz y de tener empresas. Esto fue desmentido por Lidia Catari; explicó que su familia vive humildemente y que su única vivienda está en la zona Bella Vista. “Yo trabajo desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, con una volquetita, con material de construcción y todos me conocen”.
“Instruimos votar por el Sí”
El principal ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpaj Katari, Juan Marca, sostuvo ayer que la toma violenta de la casa “del hermano Víctor Hugo Cárdenas” fue consecuencia del malestar existente en el sector por no haber acatado la instrucción emitida por la entidad para votar por el Sí a la nueva Constitución en el referéndum del domingo 25 de enero.
Marca recordó que Cárdenas hizo campaña por el No, en tanto que la matriz campesina paceña “está totalmente identificada con el proceso de cambio” que se desarrolla actualmente en el país.
El problema suscitado en Sank’ajawira es exclusivamente dentro de un cantón. “Huatajata tiene 14 comunidades y nueve de ellas decidieron tomar la casa para ponerla al servicio de todos”.
Cárdenas no será expulsado de las 20 provincias paceñas. Marca no supo precisar quién hizo tal afirmación, pues “la voz autorizada de la Federación soy yo” y el tema tampoco será puesto en tela de juicio por los dirigentes o sus bases en los próximos días.
Sin embargo, dijo que “esto se veía venir. El hermano Víctor sabía lo que iba a suceder. Ya se le había dicho en dos oportunidades anteriores. Una fue por escrito y otra en forma verbal”.
“Él ya conocía lo que pasaría y sabía dónde se estaba metiendo. No puede decir que estaba desprevenido”.
Los dirigentes de la Federación desean que se logre una solución pacífica al asunto y que Cárdenas deje de atacar a los comunarios que tomaron su propiedad a orillas del lago Titicaca.
Pidió además que el ex Vicepresidente reasuma su verdadera identidad, pues sus apellidos reales son Choquehuanca Condori, aunque el aludido explicó que no fue él quien operó ese cambio, sino que fue su padre quien se vio obligado a hacerlo.
Dijo: “En la década de los 40, mi padre quería estudiar en un centro superior, pero como eran tiempos de discriminación y segregación social, se vio en la necesidad de cambiar su apellido y sólo así pudo inscribirse en un instituto y se graduó como topógrafo”.
Los comunarios de Sank’ajawira le reprochan, además, no haber cumplido sus promesas de campaña para ser elegido Vicepresidente de la República, pero el acusado se defiende: “Construimos la infraestructura del hospital, pero no nos alcanzó el tiempo para equiparlo, y el proyecto para el estadio está listo”.
Chalets elegantes en la zona
En torno de Huatajata y las comunidades aledañas (Moco Moco, Sorejapa, Chua Cocani, Chua Vislaya y Sonchachi) se puede observar la existencia de cómodos chalets y construcciones de varios pisos.
Con orgullo, los lugareños dicen ser profesionales, militares y gente que produce y goza de bienestar. Algunos de los más conspicuos vecinos son el canciller David Choquehuanca Céspedes, cuya casa de campo tiene, según la versión de un comunario de Sank»ajawira, una piscina y un baño sauna en su interior. Consultada sobre el particular, Consuelo Ponce, asesora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró no conocer ese inmueble, pero que en alguna oportunidad el Jefe de la Diplomacia le dijo que había comenzado su construcción mucho antes de asumir sus actuales funciones y que en La Paz vive en la avenida Periférica, junto con sus hermanos, en la casa perteneciente a su padre.
En Sorejapa, el presidente del Concejo Municipal de El Alto, Roberto de la Cruz, posee su casa de campo.
En el lugar hay muchos restaurantes que los fines de semana ofrecen platos preparados con pescado, dos hoteles de primera categoría y desde hace muchos años el Yate Club Boliviano.
Dada la facilidad y proximidad con las principales ciudades del departamento, incluso muchos jóvenes viven en los municipios de la zona pero estudian en colegios alteños y aun en la Universidad Pùblica de El Alto (UPEA), en tanto que muchas familias viven en la sede del Gobierno o en la urbe alteña, donde trabajan y visitan sus comunidades durante los fines de semana y los feriados.
Bismarck Imaña, director de Achacacheña de Comunicaciones, informó que, dada la distancia entre Sank’ajawira y la capital del municipio, la población de Achacachi se encuentra en completa tranquilidad. “La verdad es que aquí no ha pasado nada”.
El periodista explicó que la mayor parte de las construcciones en esa región son de ladrillo y han sido diseñadas con muy buen gusto y el asesoramiento de arquitectos.
Detalles
Una comisión de la Fiscalía se trasladó ayer al Hospital Arco Iris para tomar las declaraciones a Lidia Catari, su hermana Hortensia, sus hijos Irumaki y Sami, y su sobrino Eber.
Las víctimas denunciaron que los comunarios pretendían quemarlos vivos el sábado pasado en su casa en Sank’ajawira.
Los agredidos fueron dados de alta después de ofrecer sus declaraciones y abandonaron el nosocomio donde estuvieron internados cuatro días.
Después de evaluar las declaraciones, la comisión de fiscales pidió a la juez que conoce la causa, Jenny Prado, que emita órdenes de allanamiento para la vivienda de Cárdenas y para otras casas de personas que pueden estar involucradas en la toma.
Los presuntos delitos que investiga el Ministerio Público son allanamiento, lesiones leves y graves y daño calificado.
Un “sopapo político” recibió el presidente Evo Morales con la actitud de los comunarios de Omasuyos, según el ex Vicepresidente de la República.
El “estado de sitio amukim” supuestamente declarado en Omasuyos fue desvirtuado ayer por el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas.
En la región ribereña del lago Titicaca hay varios elegantes chalets. David Choquehuanca y Roberto de la Cruz son dos notables vecinos de esa región altiplánica.
Investigación
La Fiscalía de El Alto tomó ayer las declaraciones a los familiares del ex Vicepresidente.
La investigación se orienta sobre los delitos de allanamiento, daño calificado y lesiones.
El municipio de Achacachi inició los trámites para aprobar una ordenanza de expropiación.
El Gobierno dice que invadir casas va contra la CPE
El Vicepresidente dijo que no se puede utilizar la nueva CPE para “agredir” la propiedad privada y el Viceministro de Tierras indicó que, por su tamaño, la casa de Cárdenas no debe cumplir una función económico social (FES).
LA RAZÓN
Para el Gobierno, la toma de la propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en el municipio de Huatajata (La Paz), es contraria a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
“Hay interpretaciones antojadizas del texto constitucional. El texto constitucional tiene absoluto respeto a la propiedad privada, incluso transcribe la misma frase de la antigua Constitución (de) respeto a la propiedad privada en tanto cumpla una función social; por tanto, nadie puede utilizar la nueva Constitución como argumento para agredir la propiedad privada”, dijo ayer el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera.
Pobladores de la comunidad Sankajahuira —en Huatajata— tomaron y saquearon el sábado la vivienda de Cárdenas y agredieron a parte de su familia.
Al igual que García, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) y secretario general de la Prefectura de Cochabamba, David Herrada, señaló que “el Gobierno está en la obligación de resguardar todos los bienes privados y que, a través de instancias legales, tiene que hacer una intervención (en Huatajata)”, según un reporte de la red ATB.
En la misma línea, el alcalde de La Paz y aliado político del Gobierno, Juan del Granado, repudió el hecho y manifestó: “No creo que haya justificativo alguno para ese acto. Ese acto tiene que ser drásticamente sancionado, primero por la Policía, luego por la Fiscalía y finalmente por los jueces de la República”.
El martes, los dirigentes de la provincia Omasuyos, a la que pertenece Huatajata, declararon a la misma “territorio libre jurídico”, en el que se prohibió el ingreso a policías y fiscales que realicen labores de investigación.
Por otra parte, el asesor legal de las comunidades de Omasuyos, Gregorio Mamani, anunció que tramitará la expropiación legal del inmueble de Cárdenas.
Al respecto, el viceministro de Tierras, Sergio Almaraz, afirmó que correspondería una expropiación “con una indemnización (al propietario) y por una causa de utilidad pública que sea determinada por alguna autoridad como el Ministerio de Hidrocarburos, de Minería o el municipio, ellos sí pueden expropiar”.
El dirigente Justino de la Cruz, sindicado de instigar la toma, justificó la misma en el artículo 56 de la CPE que garantiza “la propiedad individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”. Aseguró que Cárdenas no cumplió dicha función.
Sin embargo, Almaraz indicó que la función económico social (FES) se aplica de acuerdo al tamaño de la propiedad, que en el caso del ex vicepresidente no supera los 300 metros cuadrados. “Entonces, es una propiedad pequeña que no tiene obligación de cumplir una función económico social”, afirmó Almaraz.
El viceministro precisó que un predio debe cumplir con la FES cuando se trata de una propiedad mediana, cuya superficie mínima varía según la zona de ubicación. “En esta zona del lago (Titicaca) es mediana propiedad desde las cinco hectáreas”, acotó.
“En el caso de las propiedades agrarias que sean tomadas de manera arbitraria, como es el caso de Víctor Hugo Cárdenas, se procederá al desalojo”, dijo Almaraz, aunque apuntó que aún no se ha recibido ninguna denuncia o solicitud al respecto.
La autoridad agregó que el tema podría ser “un peligrosísimo precedente que pone en serio riesgo, en serio cuestionamiento, la legalidad democrática con la que tiene que administrarse la tierra, que no puede ser objeto de represalias ocasionadas en otra problemática como las discrepancias políticas”.
A decir del senador masista Félix Rojas, “la expropiación, válida jurídicamente y obligatoriamente acatada, tiene que ser dictada por un juez que tenga la competencia para el caso”. El presidente del Concejo edil paceño, Luis Revilla, dijo que “si el procedimiento lo lleva adelante un gobierno municipal o una Prefectura, se va a cumplir la ley; de lo contrario, vamos a estar al margen de la misma”.
Cárdenas presentó ayer una denuncia formal contra los comunarios de Sankajahuira.
Vigilia de comunarios y policías
Pese a la lluvia y al crudo frío del altiplano, esta madrugada una treintena de comunarios mantenía vigilia en las puertas de la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. A 200 metros del lugar, 40 policías al interior de un bus esperaban una instrucción superior para recuperar la casa tomada por los comunarios el sábado (7) en el sector de Sankajahuira.
Un subteniente comandaba el grupo de policías armados, al otro lado los campesinos tienen chicotes y un sistema para convocar a sus compañeros si acaso se diera la intervención. Tenían prendida una fogata, donde quemaron un muñeco de Cárdenas.
El oficial informó a La Razón en Sankajahuira que sin una orden fiscal no habrá intervención policial, la que recién sería obtenida hoy. Pero si hubiera la orden, la devolución del predio sería previa reunión de los comunarios que la tomaron.
Tramitan la expropiación en el municipio
La expropiación de la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas se encuentra señalada en un proyecto de ordenanza del municipio de Achacachi, según constató ayer La Razón en Sankajahuira.
El proyecto resuelve que “se declara la expropiación por necesidad y utilidad pública la propiedad inmueble del Sr. Víctor Hugo Cárdenas, ubicada en la Comunidad de Sankajahuira, Cantón Huatajata de la provincia Omasuyos” y que “el Ejecutivo Municipal de Achacachi, a través de las reparticiones correspondientes, queda encargado del proceso administrativo de expropiación…”.
En la parte considerativa se señala que la propiedad de Cárdenas “no cumple una función social, toda vez que se encuentra deshabitada y abandonada por sus propietarios” y además observa que “los propietarios no cumplen con usos y costumbres normados por la comunidad”.
Los comunarios anunciaron el tratamiento de este proyecto, mientras se recibía la información de que la Policía retomaría la casa en las próximas horas.
Para Cárdenas, Omasuyos pone en ridículo a Morales
LEY • Indica que los comunarios actuaron desconociendo la vigente Constitución Política.
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas dijo que la decisión que tomaron los comunarios de Sankajahuira, de declarar a la provincia Omasuyos de La Paz “territorio libre jurídico”, lo único que hace es “poner en ridículo” al gobierno de Evo Morales ante el país y ante el mundo entero.
«La decisión de los comunarios es un sopapo a las leyes que tiene el Gobierno. Están poniendo en ridículo al Gobierno y al presidente Evo Morales ante el mundo entero. Quiero ver ahora cuando el Gobierno tenga que enviar un embajador ante este territorio libre (Omasuyos)», ironizó la ex autoridad.
El martes, los dirigentes de los comunarios de la región lacustre informaron que la provincia Omasuyos decidió declararse territorio libre jurídico, en apego a la Constitución Política del Estado, que en sus artículos 190, 191 y 192 norma los alcances básicos de la jurisdicción indígena.
El anuncio estuvo acompañado por una resolución aprobada el 7 de marzo en Sankajahuira, donde además de aprobar la toma de la vivienda de Cárdenas, se determinó que “nadie debe declarar ante los estrados judiciales”.
Cárdenas recordó que el propio Morales reconoció que la actual Constitución necesita de leyes que la regulen, como en el caso del artículo 191 parágrafo 2 , que señala que «la jurisdicción indígena originario campesina conoce los asuntos indígenas de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional».
Cárdenas advirtió que, con estas actitudes, los campesinos desconocen la Constitución y ponen al Gobierno y al país en una situación difícil.
Cárdenas pone la denuncia en Fiscalía alteña
DEFENSA
El ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, formalizó ayer su denuncia ante el Ministerio Público de El Alto, por las agresiones que sufrieron sus familiares y la toma a su vivienda en la comunidad de Sankajahuira, la tarde del sábado.
“Ya hemos iniciado con la denuncia, que es el primer paso. Nuestro equipo jurídico está trabajando en ello y en este momento los fiscales están tomando las primeras declaraciones, ya los delitos específicos les corresponde especificar a los abogados, en la jurisdicción de El Alto”, manifestó ayer Cárdenas, mientras aguardaba que los médicos del hospital Arco Iris aprobaran la salida de sus familiares.
Ayer en la mañana, dos miembros de la comisión de fiscales llegaron para tomar las declaraciones de sus familiares. Según anunciaron, se investigará el caso bajo la presunta comisión de los delitos de allanamiento a domicilio, lesiones y daño calificado.
La Fiscalía cambia de posición y opta por investigar la toma
DELITOS • La comisión investigará el caso en base a la presunta comisión de los delitos de allanamiento a domicilio, lesiones y daño calificado. Ya habría dos personas identificadas.
• DECLARACIÓN • La esposa de Cárdenas, Lidia Catari, presta declaraciones a fiscales desde la sala del hospital. Fue ayer.
El Ministerio Público amplió ayer su trabajo, e incluyó en su investigación la toma de la propiedad del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, de parte de los pobladores de Sankajahuira protagonizada la tarde del sábado.
Hasta el martes, sólo se había anunciado la investigación a las agresiones que sufrieron los familiares de Cárdenas.
“Bajo principios de legalidad hemos visto que se han cometido varios delitos, inicialmente (se investigará) por allanamiento a domicilio, lesiones y daño calificado” afirmó ayer el fiscal de la comisión, Julián Marca.
La mañana del martes, el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, señaló que sólo se indagarían los hechos delictivos y las agresiones, “lo demás es un asunto civil comunitario”, dijo.
Horas después, el fiscal general de la República, Mario Uribe, ordenó a la Fiscalía de Distrito de La Paz el inicio de una pesquisa por el delito de allanamiento y otros. Designó, además, a fiscales para el recojo de información sobre los actos de violencia contra la esposa, los hijos y los bienes del ex vicepresidente.
Ayer, dos miembros de la comisión se apersonaron al hospital Arco Iris, donde se recuperaban los familiares de Cárdenas, para recibir sus declaraciones. Según indicó uno de los miembros, ya se tienen identificadas a dos personas.
“Seguramente de las declaraciones de las víctimas se citarán y de ahí saldrá algún nombre y en su momento los vamos a citar. Se recolectarán los mayores indicios de quienes habrían participado y habrían dirigido todo. Tenemos unos cuantos nombres, unos dos o tres, pero hay que ver su grado de participación”, afirmó el fiscal José Santos Lipa, sin dar más detalles sobre la identidad de esas personas implicadas.
De acuerdo con el investigador, esta fase podría durar hasta una semana, sin embargo, añadió que “no hay un tiempo establecido” para ejecutar la acción.
El Gobierno, por su parte, señaló ayer que la toma del domicilio no respeta la nueva CPE.
La jurisdicción indígena es motivo de contradicciones
Opiniones • Unos dicen que la jurisdicción indígena ya está vigente, otros que requiere ser reglamentada por una ley. La oposición critica.
Para el Gobierno, la interpretación incorrecta del capítulo constitucional que se refiere a la jurisdicción indígena es el origen de la toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, aunque para los comunarios de Huatajata el texto es suficiente para tomar decisiones autónomas como la expropiación de una propiedad sin uso social,
Para los comunarios de Omasuyos, la jurisdicción indígena originaria campesina rige desde la aprobación de la nueva Constitución, pero además creen que en esa jurisdicción prima la justicia de acuerdo a sus usos y costumbres, al igual que las sanciones para los infractores, como ocurrió en el caso de Cárdenas. Así lo explica la resolución del ampliado que decidió la toma de la casa de Cárdenas.
Sobre ello, el presidente en ejercicio de la República, Álvaro García, advirtió que “hay interpretaciones antojadizas del texto constitucional” que no justifican acciones como la adoptada contra la propiedad del ex vicepresidente. Dijo que la Constitución no reconoce tomas violentas.
Aseguró que la Carta Magna vigente “tiene absoluto respeto a la propiedad privada” y que “la nueva Constitución reconoce una jurisdicción indígena originaria campesina, en el marco del respeto de los derechos fundamentales, individuales y colectivos. La jurisdicción indígena, campesina, originaria, con sus normas y procedimientos de consenso, puede ser utilizada”.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que los comunarios “normalmente usan el término de jurisdicción para aplicar normas de convivencia de acuerdo a sus usos y costumbres, y esto está en plena vigencia”, aunque dijo que no puede ser el argumento para tomar bienes privados. “El límite de la jurisdicción indígena originaria campesina son los derechos y garantías constitucionales, que reconocen el respeto a la propiedad privada”, argumentó.
Según Romero, el problema está en que “hay interpretaciones diferentes sobre lo que significa la jurisdicción indígena, las que debemos aclararlas”.
Las diferencias se hallan en el propio MAS. El senador Félix Rojas, por ejemplo, dijo que para que entre en vigencia la jurisdicción indígena debe aprobarse una ley.
“No puede haber declaratoria de buenas a primeras de ninguna jurisdicción indígena, no puede haber expropiación de la noche a la mañana, y no puede haber el surgimiento de una jurisdicción indígena de la noche a la mañana”, afirmó Rojas, después de aclarar que, sin embargo, sí pueden ejercer sus usos y costumbres.
Para Podemos, está claro que ningún municipio, provincia o comunidad puede declararse jurisdicción indígena de hecho, como ocurrió en Omasuyos. “Se requiere una ley que delimite la jurisdicción indígena de la jurisdicción legal estatal formal”, señaló el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Vásquez.
La jurisdicción indígena, según la CPE
Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.
Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. II.La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. III.El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.
Fuente: CPE