Cristina Albertin, de la oficina antidroga de la ONU, afirma que incautar coca o drogas es insuficiente. Dice que hay debilidad institucional.
Cristina albertin, de Naciones unidas:
“Incautaciones de droga no son suficientes, hay que desarticular a los narcos”
La Prensa
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Por: María Luisa Callejas Quisbert
La DEA es irremplazable en inteligencia para enfrentar a las mafias de narcotraficantes. En los últimos años se erradicaron 5.000 hectáreas de cocales. En años anteriores, 10.000 a 12.000 hectáreas.
Cristina Albertin es la representante de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en Bolivia. Ocupa ese cargo desde febrero de 2007 y su gestión concluirá el próximo 31 de marzo, a partir de cuando será enviada a India.
La experta internacional ofreció una entrevista a La Prensa en su oficina, que emana un fuerte aroma a café.
Destacó que si bien la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logra importantes éxitos en materia de incautación de drogas, no investiga a las organizaciones criminales, porque todavía no tiene la capacidad de generar información de inteligencia, como lo hacía la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), cuyas actividades fueron suspendidas en noviembre de 2008 por decisión del presidente Evo Morales.
No oculta su preocupación por el incremento de la producción de cocaína y, por ello, considera que será imprescindible la cooperación internacional para combatir este problema.
El último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca de Naciones Unidas, presentado en junio de 2008, muestra que los cultivos de coca en Bolivia se incrementaron un 5 por ciento en 2007 respecto del año anterior, y que la producción de cocaína subió en 11 por ciento ese año.
—Si bien considera que hay importantes secuestros de droga, ¿por qué asegura que la FELCN no investiga a las bandas de narcotraficantes?
—Cuando hablamos del control de drogas, nos referimos a un problema de la agenda global y como el Gobierno actual tiene una política de sí a la coca y no a la cocaína, es una política que necesita mucho interés. Vemos que el Ejecutivo muchas veces hace hincapié en que se está incautando mucha droga. Nosotros señalamos que está muy bien que se incaute mucha droga, pero tampoco es un fin, más bien se debería reducir, porque si hay más incautaciones (de cocaína), también significa que hay más producción (de coca).
Además, el proceso no termina con la incautación, lo que debe seguir después es la investigación, porque de lo que se trata es de desmantelar los grupos que están detrás de esto (narcotraficantes), y allá vemos una gran debilidad institucional, y no estamos hablando de voluntad política, porque esas investigaciones competen a la Policía y a la Fiscalía, y cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de delincuencia organizada.
Vemos que aquí los operadores de justicia no saben cómo investigar, les hemos brindado asistencia técnica a los operadores de justicia, hemos hecho un juicio simulado sobre el tema de lavado de activos en 2007, para lo que hemos juntado fiscales y jueces para que lleven adelante un caso ficticio de lavado de activos, y hemos visto que los fiscales no saben cómo llevar esos casos. En ese juicio, hemos visto que es muy fácil para un criminal convencer al fiscal y éste se rinde fácilmente y se queda contento con la respuesta, porque ahora van muy bien preparados a los procesos. Hubo una sola sentencia en lavado de activos en estos 20 a 25 años que Bolivia convive con el narcotráfico.
No es suficiente tener crecientes cantidades incautadas de droga, el objetivo debería ser que no se incaute ninguna droga. Además la debilidad institucional de cómo manejar procesos penales y judiciales de crimen organizado significa que hay mucha necesidad de capacitación y asistencia técnica para que los operadores de justicia investiguen mejor, y al final se consiga que los narcotraficantes estén en la cárcel.
—Qué datos existen que demuestren que el narcotráfico se está expandiendo en Bolivia puesto que usted señaló en una entrevista anterior que no ocurría esto hace dos o tres años.
—En los últimos dos o tres años hemos tenido crecimiento del cultivo de la coca en Bolivia. En los últimos dos años ha sido un 5 por ciento en cada año.
Primero, hay que señalar que Bolivia es el tercer productor de hoja de coca en el mundo; Colombia es el gran productor y casi toda las cosechas van a la producción de cocaína; Perú es el segundo (53.000 hectáreas cultivadas), pero también tiene cultivo tradicional. Hemos visto que hay cierto crecimiento en los cultivos de coca.
Lo más importante es que el Gobierno controle el cultivo de la coca para que no se desvíe al narcotráfico. En esto hay una gran discusión sobre el consumo tradicional, de que la hoja es sagrada. El Ejecutivo está haciendo un estudio para establecer cuál es la demanda tradicional de la hoja de coca en Bolivia para su uso tradicional, como el pijcheo, acullico o los mates. Ese estudio, lamentablemente, está en implementación desde hace tres años, pero nos dará la pauta de cuánta cantidad de hoja se necesita para satisfacer la demanda tradicional. Será la base para definir la superficie legal del cultivo de coca en Bolivia.
En este momento la Ley 1008 (del Régimen de Coca y Sustancias Controladas) sigue vigente y permite legalmente 12.000 hectáreas de coca, pero existen 28.900 hectáreas de cultivo. Entonces, el resto de la coca, ¿dónde va? Como no se cambió la superficie legal y hemos tenido un 5 por ciento de crecimiento en los últimos dos años, eso obviamente significa que también aumenta la producción de cocaína.
—Este incremento de cultivos de coca y producción de droga desde hace dos años va paralelamente al Gobierno de Evo Morales que inició su gestión en 2006, ¿tiene datos precisos sobre esta situación?
—El Gobierno anterior ha erradicado fuertemente hasta que se llegó a un acuerdo con los cocaleros en el Chapare para parar la erradicación en 2004. Después comenzó a subir el cultivo de coca en Bolivia, entonces eran 27.700 hectáreas; en 2005 bajó a 25.400; en 2006 volvió a subir a 27.500 y en 2007 se registraron 28.900.
En el tema de cocaína, en 2007 se calcularon 104 toneladas, esto ha significado un aumento de 11 por ciento con relación a 2006, año en que se fabricaron 94 toneladas. Bolivia contribuye con el 10 por ciento a la producción de cocaína en el mundo, esa cifra no toma en cuenta la superficie de las 12.000 hectáreas, sólo la que excede; Colombia aporta con el 60 por ciento y Perú, con el 30 por ciento.
—¿Su Oficina tiene información de la existencia de carteles mexicanos o colombianos en Bolivia?
—Según conversaciones con la FELCN, los que están involucrados en Bolivia son los clanes; los grandes carteles que conocíamos de Colombia, Medellín y Cali ya no funcionan porque han sido desbaratados. La Policía y Fiscalía van a ir sofisticando sus medios para perseguirlos, hoy en día, los carteles son más pequeños, utilizan otro tipo de vías.
Por ejemplo, en una época se han diversificado las rutas. Hace 15 años todo lo que se producía en la región andina iba a Estados Unidos, hoy en día hay otras rutas de transporte y el consumo se ha expandido en la misma región. Hay consumo incipiente de cocaína en países africanos donde nunca lo hubo, y lo que más preocupa a muchos países europeos es que las tasas de consumo de cocaína han subido bastante. El primer país es España, después figuran Inglaterra e Italia.
—Respecto de la suspensión de la DEA en Bolivia en noviembre de 2008, ¿cómo se debe sustituir esta ayuda o ésta es irremplazable?
—Hemos discutido en unos grupos de coordinación sobre el control de drogas entre los Estados miembros y algunas embajadas. Definitivamente la impresión es que la suspensión de las actividades es muy grave, porque la DEA hacía la investigación necesaria para los operativos que después ejecutaba la FELCN. Sin la información necesaria de inteligencia, uno difícilmente puede hacer operativos. Entiendo que la DEA estaba aquí porque el Estado boliviano todavía no tenía la capacidad de generar esa información de inteligencia. Entonces, creo que esa agencia también ha transferido cierta capacidad al Gobierno mismo. Por ello, la preocupación es que la suspensión se va a traducir en menores operaciones y tal vez una mayor producción de droga.
Lo mejor sería que el Gobierno tuviera la capacidad de generar esa información, pero todavía no tiene la capacidad de investigar lo suficiente. La DEA ha tenido un papel muy específico, y no conozco otro país que esté interesado en asumir el mismo papel. Ésa es la preocupación. Hoy en día, como enfrentamos al crimen organizado transnacional, se necesita la cooperación internacional porque estos grupos no operan solos. Necesitan diferentes redes para actuar, para esconder sus ganancias. Entonces la cooperación internacional se hace cada vez más importante para combatir eficazmente el narcotráfico.
—¿Qué sugiere al Gobierno boliviano para aplicar políticas para una lucha antridroga más eficiente?
—Hemos estado todo el tiempo con el Gobierno tratando de encaminar ciertos proyectos de asistencia técnica, porque este país necesita bastante. Naciones Unidas ha financiado por muchos años varios proyectos, hemos aplicado muchos proyectos. El Ejecutivo también tiene que mostrar voluntad de querer luchar contra las drogas, y nos hemos dicho que hay que aplicar un paquete (en) el tema de prevención del consumo de drogas, el tratamiento de drogadictos y asistencia a campesinos.
Pero en los dos años que he estado aquí no hemos podido avanzar mucho, por las cuestiones internas del Gobierno. Después de todo, lo que es incautación, trabajo policial e investigativo, todos esos frentes tienen que ser trabajados para poder hacer algo eficaz en el control de drogas.
Sabemos que se quiere hacer cambios importantes, sabemos que la política de reducción de cultivos de coca se ha consensuado, pero no hay que olvidarse de que el narcotráfico avanza. Entonces uno tiene que contraponer una fuerza, uno no puede seguir debatiendo, tratando de buscar consenso porque, entretanto, el impacto del narcotráfico se mantiene.
—¿Qué opina de la racionalización de los cultivos?, ¿cree que sus resultados son inferiores a la erradicación?
—En los últimos años se ha visto que se han establecido metas con Estados Unidos para operativizar la reducción de coca. Entiendo que en los últimos años se erradicaron las 5.000 hectáreas, pero no tanto como antes que eran 10.000 o 12.000 por año.
—¿Qué opina de la nacionalización de la lucha antidroga y, si fuera posible, su regionalización?
—Sobre la nacionalización, con los gobiernos estamos haciendo abogacía. La lucha contra la droga siempre apela al famoso principio de la responsabilidad compartida, y si va a empezar a contribuir financieramente a la racionalización, me parece excelente, eso es lo que queremos.
Sobre la regionalización, es sumamente importante que los países se pongan de acuerdo, especialmente en el tema de cooperación judicial y legal; esas herramientas existen, porque desde hace tiempo están plasmadas en las convenciones internacionales, los gobiernos sólo las tienen que implementar.
—Desde 2007 se incrementó el secuestro de marihuana, ¿esta droga es un problema tan grande como la cocaína?
—Hay que abordar todas las drogas: marihuana, anfetaminas, tranquilizantes, alcohol, porque es un tema de salud pública. Aquí en Bolivia cuando se incauta la marihuana, la pesan entera con raíces y tierra, por tanto las cifras suben increíblemente. En Argentina se ha dicho que eso no está de acuerdo con los estándares internacionales.
Me parece bien que la FELCN se preocupe por incautar otras drogas, pero hay que ajustar las cifras a los estándares internacionales de medición.
—¿Cree que hay que modificar la Ley 1008?
—Entiendo un poco la intención del Gobierno de separar el tema de la coca de la cocaína, en ese sentido es bueno que lo haga. Además, con todos los esfuerzos que están haciendo, todavía hay que implementar muchas leyes en Bolivia. Por ejemplo, hasta hace poco no se podía aplicar la escucha telefónica, que es una herramienta importante para la investigación de estos casos.