Mientras el Vicepresidente asegura que los senadores masistas fueron engañados, éstos aseguran que firmaron sin presiones
La Comisión del Senado que investiga los hechos de corrupción en YPFB durante una sesión en las instalaciones del Congreso Nacional. | La Prensa
Informe del Senado sobre YPFB desata lío oficialista
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Los Tiempos
La Paz | Anf. El informe sobre los hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presentado por la Comisión Especial del Senado, desató una controversia en la bancada del oficialismo y el gobierno.
Mientras los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) admitieron haber firmado y avalado el documento que establece responsabilidades contra varias autoridades, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que los masistas «fueron sorprendidos y engañados por la oposición».
Sin embargo, el senador oficialista Ricardo Díaz, al defender el informe dijo «no recibimos presiones del Palacio de Gobierno y firmamos el informe. El presidente Evo Morales nunca estuvo mencionado en el documento», afirmó.
En tanto que el senador Antonio Peredo (MAS), coincidió con Díaz al señalar que «el Ministerio Público debe investigar las responsabilidades de los ministros que tienen que ver con los fideicomisos, hidrocarburos y otras acciones legales por eso vimos la necesidad de esclarecer la posición que teníamos en relación a este informe».
García Linera, a nombre del Gobierno ayer rechazó las conclusiones del informe por considerar que tiene un «claro contenido político» para empañar la gestión de Evo Morales y su gabinete de ministros.
«Ha habido senadores del MAS que han firmado, nos ha sorprendido ello y consideramos que ha habido una ofuscación en esa firma hemos luego conversado con ellos y creemos que han sido objeto de engaño y no han entendido a cabalidad el contenido político anti estatal que trae este informe», dijo.
«Pueden hacer uno o 10 informes del Senado eso no va a tener ningún respaldo, no tiene ningún respaldo, ninguna seriedad, ninguna consistencia ni técnica, ni jurídica, no nos van a detener en levantar un Estado productivo», añadió.
Para el presidente de la Comisión Especial Walter Guiteras (Podemos) el informe no sólo establece responsabilidad en contra de por lo menos tres autoridades del área económica del gabinete de Evo Morales, como el ministro de Economía Luis Arce; el interventor de YPFB Carlos Villegas y el superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa.
No se trató el caso de Evo
La Comisión Multipartidaria de la Cámara de Senadores que investigó la corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no debatió ni planteó responsabilidad alguna del presidente Evo Morales en el caso, aclaró ayer el legislador oficialista Antonio Peredo.
«En ningún momento la Comisión planteó que hubiera indicios que impliquen al Presidente, no hay sustento legal que pueda llevarlo a juicio», argumentó.
El legislador informó que una parte de dicha comisión tampoco consideró la responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce o el interventor de YPFB Carlos Villegas, tal como lo afirmara el titular de la comisión, el senador opositor, Wálter Guiteras.
«Este informe no culpa ni condena a nadie, estamos convencidos de la honestidad de las autoridades que serán investigadas porque los decretos emitidos por el Gobierno son válidos, puesto que acelerarán el proceso de industrialización» de hidrocarburos en el país, puntualizó Peredo. El vicepresidente Álvaro García Linera fustigó por equivocados «los criterios reflejados en el informe (que) carecen de sustento técnico y legal”.
El Gobierno se protege del informe YPFB
La oposición demanda que las autoridades gubernamentales acusadas deben renunciar a sus cargos. El Vicepresidente asegura que los legisladores masistas fueron engañados y que el informe busca perjudicar al Gobierno.
• COCHABAMBA • Dirigentes del MAS durante un ampliado en Cochabamba. Hablaron del caso YPFB. Ocurrió ayer.
Un día después de que la Comisión Multipartidaria del Senado estableció que tres ministros, además de otras autoridades, tuvieron responsabilidad en la firma irregular del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice, el Gobierno tendió un cerco de defensa en torno a ellos y acusó a la oposición de hacer uso político del documento y de haber burlado la inteligencia de los senadores oficialistas que lo avalaron.
“Han sido objeto de engaño y no han entendido a cabalidad el contenido político, antiestatal y antiproductivo que trae este informe”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera al referirse a los senadores de su partido que aprobaron el documento.
Dijo que éste “es un informe con claro contenido político para seguir esta batalla de ataque a nuestro Presidente y, principalmente, paralizar la actividad productiva del Gobierno” y aseguró que no prosperará la intención de enjuiciar a los ministros.
El informe de la comisión senatorial establece que la firma del contrato con Catler-Uniservice no sólo es responsabilidad del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez (preso en el penal de San Pedro), sino también de los ex ministros de Hidrocarburos, Carlos Villegas (ahora interventor de YPFB) y Saúl Ávalos (ahora viceministro de Autonomías), además del ministro de Hacienda, Luis Arce, y del directorio de la estatal petrolera.
El informe señala “la posible responsabilidad de las autoridades … por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.
“Por primera vez hay una comisión que dice: además de esa intencionalidad de ponerle blindaje a los niveles de participación de Santos Ramírez, hay un sistema de corrupción dentro del aparato del Estado y ese aparato del Estado está reflejado en varios ministros, interventores, superintendentes y viceministros”, dijo el presidente de la Comisión, Wálter Guiteras (Podemos).
El presidente del Senado, Óscar Ortiz (Podemos), señaló que “por dignidad, estas autoridades debieran renunciar a su cargo, porque si la bancada del partido de gobierno ha encontrado que tendrían responsabilidades en materia de delitos penales, obviamente ¿qué sentido tiene que sigan desempeñando la función que ocupan en el Gobierno?”.
Inmediatamente, las autoridades de Gobierno salieron a defender a los ministros.
En la misma línea de García Linera, la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, alegó a la inocencia de los ministros y desahució la posibilidad de que prospere un juicio contra ellos. “El ministro Arce, como el ex ministro Villegas, demostró con toda la documentación, con toda la declaración que hicieron, de que ellos no tenían nada que ver en este asunto”, dijo.
El portavoz del Gobierno, Iván Canelas, consultado si creían en la inocencia de los ministros, respondió: “Por supuesto, pero si tienen que investigarlos, que investiguen”. En todo caso aclaró que para el Gobierno, los senadores de la oposición “están actuando en el ámbito de una acción política destinada a dañar y a afectar la labor administrativa y de gestión del Presidente”.
Los senadores masistas Antonio Peredo, Ricardo Díaz, Lino Villca y Carmen Rosa Velásquez dieron una conferencia de prensa para explicar que el informe que aprobaron no tiene efectos legales y que confían en la honestidad de los ministros involucrados.
Peredo explicó que “la resolución no está culpando y mucho menos condenando a nadie, no es la función de la comisión, la comisión no ha actuado como cabeza de Ministerio Público y por lo tanto sus conversaciones, los informes que ha recibido, son informes coadyuvantes de la labor del Ministerio Público”.
Al respecto, el fiscal que investiga este caso de corrupción, Edward Mollinedo, anunció que cuando conozca el informe “lo vamos a evaluar y, en base a ello, veremos la factibilidad o no de citar a estas personas”.
LAS RESPONSABILIDADES QUE HALLA EL SENADO
Santos Ramírez • La Comisión estableció que tuvo responsabilidad por acciones y omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Lo acusan de suscripción de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa.
Ex ministros • A Carlos Villegas y Saúl Ávalos se los acusa de haber incumplido sus deberes inherentes a su cargo de acuerdo a ley, provocando posibles daños al patrimonio del Estado.
Ministro de Hacienda • A Luis Arce se lo acusa de no haber cumplido adecuadamente sus funciones, ocasionando con ello un presunto daño al Estado, “pues no hizo un correcto control o fiscalización como órgano rector a las contrataciones de YPFB, como establece la norma”.
Superintendente • A Guillermo Aruquipa y a todo el directorio de YPFB también se les encuentra responsabilidades por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, “dado que no actuaron de acuerdo a ley”.
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El Deber
Marco Chuquimia/H.Heredia
El Gobierno, con declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, minimizó ayer el informe del Senado sobre el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, el presidente de la Cámara Alta, Óscar Ortiz, y dos senadores del MAS defendieron el documento.
“Como Gobierno, rechazamos la mayoría de los puntos que están en sus conclusiones. Consideramos que es, fundamentalmente, un informe con claro contenido político para dos cosas: se viene esta campaña contra el presidente Evo y su gabinete, y buscan paralizar la actividad productiva del Ejecutivo”, dijo García Linera en La Paz.
García Linera añadió que en la bancada del MAS hubo una “ofuscación” de sus senadores y que fueron “engañados” por los opositores para firmar el documento. “Hablamos con ellos y hemos recibido sus explicaciones”, agregó.
Sin embargo, los senadores masistas Ricardo Díaz y Antonio Peredo, que firmaron el informe, defendieron su posición. Según los legisladores, el informe y la resolución del Senado no culpa y mucho menos condena a alguien, ya que ésta no es la función de la comisión, que no actuó como cabeza del Ministerio Público, por lo que el documento final sólo coadyuva a la labor del Ministerio Público.
Por su lado, Ortiz afirmó que el Vicepresidente no es quien para decir si el documento tiene o no validez jurídica. “En primer lugar no se excluyó de culpa al primer mandatario y, en segundo, no hubo votación por las investigaciones. Lo que se ha establecido es que hay tres ministros que han incurrido en conducta antieconómica. Según el Código Penal son 12 años de cárcel”, dijo.
A su vez, el fiscal Edward Mollinedo declaró que el informe del Senado no llegó hasta su despacho y dijo que este documento será analizado antes de ser utilizado como base del trabajo de investigación que llevan adelante en el Ministerio Público sobre los hechos de YPFB.
La necesidad de designar autoridades en las instancias nacionales tampoco tiene consenso, aunque cuatro diputados consultados -César Navarro, Jorge Silva, Óscar Urenda e Hilario Callizaya- afirmaron que es posible encontrar alternativas; sus propios correligionarios creen que es imposible buscar acuerdos por dos razones: la primera es que este año es “netamente electoral”; y la segunda razón es la división que existe en la oposición, donde hay bancadas divididas, especialmente en la Cámara de Diputados.
Mollinedo informó de que el juez Carlos Guerrero ya instruyó el congelamiento del fideicomiso a favor de Catler-Uniservice y de Gulsby.
Entre tanto, en YPFB y en el Ministerio de Hidrocarburos se confirmó que seguirán los cambios de funcionarios. Ayer despidieron a 15 trabajadores en Santa Cruz.
Peligra la planta y hay déficit de GLP
La planta separadora de líquidos en Río Grande corre serio riesgo de no ser construida a raíz de la falta de recursos económicos. A casi un año del estudio, faltan $us 41,35 millones para cubrir el costo total de esa infraestructura, tomando en cuenta el contrato ‘llave en mano’ que YPFB firmó con Catler-Uniservice.
El ex ministro de Hidrocarburos y de Planificación y ahora presidente de YPFB, Carlos Villegas, admitió que «las gestiones no han tenido resultados». En tanto el titular de Hacienda, Luis Arce, señaló en el Senado que «la plata la tenía YPFB», según indicó Wálter Guiteras, presidente de la Comisión Especial que investigó el caso.
Cabe recordar que el TGN ya desembolsó $us 45 millones para el fideicomiso destinado a YPFB. La entidad fiduciaria, el Banco Unión SA, desembolsó cerca de $us 40 millones; de ese total 35 millones con la Carta de Crédito y de éstos aún no fueron utilizados 21,5 millones. En tanto, $us 3,3 millones fueron cobrados por la empresa Uniservice.
El analista energético Carlos Alberto López sugirió que debe reencaminarse el proceso y lanzarse una nueva licitación internacional. Advirtió que en el país se acentuará el déficit de GLP. La demanda real del energético está en 1.200 t día; sin embargo, la producción es de 700 t. A ello, se suma que el estancamiento en la producción de diésel y gasolina.
Pedirán la detención de O’Connor
La Fiscalía solicitará hoy al juzgado primero de Instrucción en lo Penal la detención preventiva del representante legal de la empresa Catler – Uniservice, Miguel O’Connor D’Arlach Taborga, Mario Cossío McGalen, Gonzalo Aramayo Navia, Javier Navia Doria Medina y Luis Fernando Córdova, ‘El Ticoco’, por el complejo caso de posibles sobornos en la estatal petrolera.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, presentó la querella oficial del Gobierno contra el ex gerente de Yacimientos Rodrigo Carrasco, a quien acusan de espionaje y falsedad material.
LA RESOLUCIÓN
Aprobar ‘in-extenso’ el título de determinación de posibles responsabilidades del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, consistentes en la suscripción de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa. Asimismo, se determina la posible responsabilidad de los miembros del directorio de YPFB; ministros de Hidrocarburos (Carlos Villegas Quiroga, del 17 de septiembre de 2006 al 8 de septiembre de 2008; y Saúl Ávalos, del 8 de septiembre al 8 de febrero de 2009); el ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, y el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
Asimismo sugiere la necesaria aprobación de una Ley de Lucha Contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito y la Investigación de Fortunas; debe darse curso a la designación de autoridades públicas titulares en las diversas instituciones del Estado. En relación con los fideicomisos, se plantea la aplicación de normas de registro, control y fiscalización.