Inspector general llega a Cochabamba para investigar denuncias de Opinión.
Un asunto ligado al narcotráfico. Policías retiran el cuerpo de sus camaradas linchados en Epizana, en febrero de 2008 (foto Los Tiempos)
El sobreseimiento de diez acusados del linchamiento de policías y otras irregularidades son investigadas en la Fiscalía de Distrito de Cochabamba
Opinión
El inspector general del Ministerio Público, Gonzalo Flores Céspedes, se encuentra en la ciudad de Cochabamba junto a dos de sus colaboradores para realizar una auditoría técnico-jurídica en la Fiscalía de Distrito. Las irregularidades en el sobreseimiento de diez acusados por el triple linchamiento de policías en Epizana y otros hechos de presunta corrupción publicadas en Opinión motivaron la acción del inspector, a solicitud del fiscal general de la República, Mario Uribe.
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Se tiene previsto que esta inspección concluya hasta la próxima semana para determinar si existen indicios de responsabilidad en el fiscal de distrito, César Cartagena, y los representantes del Ministerio Público que tenían a su cargo la dirección de la investigación del linchamiento en Epizana: Lilian Ferrufino, Irving Avendaño y Varinia Arnez.
Según Flores Céspedes, la Inspectoría General, con sede en la ciudad de Sucre, tomó conocimiento de las denuncias públicas de este medio de comunicación, así como las comunicaciones expresas de la Brigada Parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba y del diputado de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo.
“Estamos realizando una revisión minuciosa y prolija de los seis cuerpos o cuadernos de investigación hasta ahora acumulados. Luego se hará conocer a la opinión pública con la resolución indicando si hay o no elementos de convicción para las sanciones por faltas graves y muy graves”, manifestó.
Dijo también que no se trata de una investigación de carácter disciplinario, sino una revisión para determinar si existen los indicios suficientes para ir a un proceso disciplinario donde, de acuerdo a reglamento, se solicita medidas cautelares como la suspensión de los denunciados por dos meses con goce de haberes.
“Se ha desprestigiado al Ministerio Público de Cochabamba y por velar el correcto funcionamiento se ha tomado la decisión de realizar la auditoría para desvirtuar o confirmar las denuncias hechas desde el primero de febrero en Opinión y otros medios”, agregó.
Cuatro denuncias
La inspección técnico-jurídica o auditoría se basa fundamentalmente en cuatro denuncias, las mismas que ya son de conocimiento del inspector general.
A decir de la autoridad, uno de los primeros objetivos es establecer si las denuncias respecto a que los sobreseimientos emitidos por los fiscales, como directores de la investigación tuvieron algún desvío jurídico que amerite que no correspondía un sobreseimiento.
Por otro lado, el hecho de que los sobreseimientos que fueron posteriormente confirmados por el fiscal de distrito, tuvieron como antecedente el presunto pago de 5 y 10 mil dólares, dádivas o presiones.
“Verificaremos todo esto en el Juzgado Séptimo Cautelar para determinar si está enmarcado en la ley y si la Policía tiene algún reparo en la acumulación de pruebas que no dude en presentarlas”, sostuvo.
Un tercer elemento es la denuncia sobre la participación de un abogado del staff de la esposa del fiscal de distrito, que tendría algún vínculo con los sobreseimientos y el pago de los mismos.
Finalmente se tomó conocimiento de la posesión de una camioneta robada en Brasil por parte del fiscal Cartagena, la misma que estaría ilegalmente en su poder.