Y en Rurrenabaque la vigilia de protección para dos jóvenes detenidos continúa vigente para evitar su traslado a La Paz.
• DETENIDOS • Los hermanos Guerrero, presos en Beni.
Un reo dice que le pidieron incriminar a Fernández
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La Razón
Marcelo Mejido, ex cajero del Servicio Departamental de Caminos de Pando, ahora detenido en el penal de San Pedro por los hechos de septiembre del 2008 en Porvenir, denunció ayer a la red PAT que un funcionario del Ministerio de la Presidencia, de apellido Puña, le ofreció un proceso abreviado para él y otros dos detenidos, a cambio de acusar al ex prefecto Leopoldo Fernández de haber recibido Bs 6 millones para una campaña electoral.
“El doctor Puña, del Ministerio de la Presidencia, que es la parte querellante, nos dijo que era fácil, que nos iba a aceptar el proceso abreviado siempre que nosotros digamos que la plata que habíamos sacado de Caminos se la habíamos dado a Leopoldo para el referéndum revocatorio”, denunció. Manifestó que ese dinero se utilizó para la compra de repuestos en Santa Cruz.
El vocero del Palacio, Iván Canelas, dijo que “tendría que identificarse en el ámbito de la justicia quién hizo esa sugerencia”.
Mientras, en Rurrenabaque, los hermanos Juan Carlos y Saúl Guerrero Abrego continúan detenidos, acusados de participar en los hechos que desembocaron en las muertes de Pando, a la espera de la decisión de un juez de Trinidad para obtener su libertad, según informó a La Razón su abogada, Silvana Vaca.
Los detenidos en Rurrenabaque esperan por un juicio oral
Entretanto, continúa en esa localidad la vigilia para evitar el traslado de los presos a La Paz.
El Deber
Christian Peña y Lillo
Los dos hermanos detenidos en Rurrenabaque el lunes pasado, Juan Carlos (48) y Saúl Jesús (42) Guerrero Ábrego, acusados de ser los autores materiales de la quema y allanamiento del edificio de la Federación de Campesinos Agroecológicos de Rurrenabaque (Fecar), esperan el inicio del juicio oral que definirá si son inocentes o culpables.
Los sindicados, que se declaran autonomistas, permanecen detenidos en pequeñas celdas de la Policía del pueblo, que comparten con otros aprehendidos y donde la temperatura ambiente tiene una media de 29 grados, pero aumenta bastante. “Esto es un abuso, nosotros no tuvimos nada que ver en los hechos por los que se nos acusa”, dijo Juan Carlos, propietario de un medio de comunicación de Rurrenabaque.
Los hermanos Guerrero Ábrego afirman que fueron detenidos de manera ilegal. La decisión fue asumida por el juez cautelar de Reyes, Mauricio Camacho Martínez, a petición del fiscal que investiga el caso, Óscar Alexander Soruco Suárez, que les imputó formalmente los delitos de daño calificado, allanamiento y amenazas.
Familiares y amigos visitan con frecuencia a los acusados. El titular del Comité Cívico de Rurrenabaque, Celso Languidey, dijo que hay rumores de que el Gobierno quiere llevarse a los detenidos a La Paz, pero advirtió que el movimiento autonomista no lo permitirá.
“Lo que ocurrió está fuera de lo legal, fuera de la verdad y eso ha indignado a la población. El pueblo está atento a cualquier movimiento, porque hemos visto que esto es una cosa injusta que han cometido las autoridades”, declaró Languidey. Rurrenabaque es un municipio cívico, dijo, calificando la política como uno de los problemas de la localidad.
La abogada de los Guerrero Ábrego, Silvana Vaca Ruiz, señaló que tanto el fiscal como el juez no cumplieron con los pasos procesales correctos en el caso.
“Ellos tienen trabajo, domicilio y familia conocida, son funcionarios públicos y se someterán al proceso. Pese a estos aspectos que demostramos en la audiencia del pasado lunes, el juez decidió detenerlos”, protestó la jurista.