El Gobierno enjuicia a La Prensa mediante un proceso ordinario. Los expertos advierten que se está dejando de lado a la Ley de Imprenta.
9 de diciembre de 2008: el presidente Morales con el ejemplar de La Prensa en el que se publicó la denuncia (foto La Prensa)
La Patria
A través de una campaña de amedrentamiento
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La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció un nuevo intento del gobierno de “coartar la libertad de prensa y expresión y de acallar, por el temor, a un importante medio de comunicación escrita”
Un comunicado de la entidad de aglutina a los directores de 23 medios de comunicación escritos de Bolivia dice:
El Gobierno del presidente Evo Morales ha iniciado un juicio, en el marco de la Ley de Imprenta, contra el periódico La Prensa, a raíz de un titular donde señalaba que el Mandatario había dado luz verde a las negociaciones con contrabandistas que, finalmente, lograron su propósito de transportar mercaderías de Bolivia a Brasil, en forma irregular, en 33 camiones.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), si bien reconoce que la Ley de Imprenta es el marco legal, junto a los tribunales de ética de los medios, el que permite tratar situaciones vinculadas a problemas de la prensa, ve, en este caso, un nuevo intento del Gobierno de coartar la libertad de prensa y expresión y de acallar, por el temor, a un importante medio de comunicación escrita, asociado a nuestra institución.
Estos sinuosos intentos del Gobierno de desprestigiar y acallar al periodismo, no son nuevos. Han sido una constante desde que el presidente ha calificado a la prensa como su mayor enemiga, sin haber presentado, en los tres años de su gestión, una sola prueba que demuestre que el periodismo “humilla” al Jefe de Estado.
El último domingo, el presidente, en dos ocasiones distintas, ha insistido en que es humillado por la prensa y ha rechazado el informe final de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que destaca el informe sobre la pésima situación que enfrenta el periodismo en Bolivia. Dijo que invitaba a ese organismo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a venir a Bolivia a investigar quién es el humillado, si la prensa por el Gobierno, o el presidente por la prensa.
La ANP está de acuerdo con instituciones de alto prestigio internacional investiguen la situación de la prensa y constaten cómo el presidente hizo escarnio público de un periodista de La Prensa y que quiso hacer lo mismo con la corresponsal de CNN, que determinen si la decisión del mandatario de no permitir a periodistas de medios independientes estar presentes en sus conferencias de prensa no son actos reñidos con la libertad de prensa y expresión, con el derecho de la sociedad a estar correctamente informada y el acceso a la información que, por Constitución Política del Estado, por ley y por convenios internacionales, el Gobierno está obligado a cumplir y respetar. Estas son normas legales y democráticas que la ANP espera que el Gobierno cumpla.
El comunicado está firmado por Pedro Rivero Jordán, Presidente y Juan Javer Zeballos, Director Ejecutivo.
El Gobierno enjuicia a La Prensa mediante un proceso ordinario
Los expertos advierten que se está dejando de lado a la Ley de Imprenta
Para el Presidente del Colegio de Abogados, la Fiscalía debió declararse inhábil para conocer el caso.
La Prensa
El Gobierno interpuso un proceso ordinario contra el matutino La Prensa por el supuesto delito de desacato ante la Fiscalía de La Paz, como si se tratase de un caso común, dejando de lado la Ley de Imprenta. Tres expertos en temas constitucionales y uno en juicio de imprenta dicen que el Ministerio Público debería haberse declarado incompetente y convocar al Tribunal de Imprenta.
Una demanda interpuesta hace dos semanas por el Ministerio de la Presidencia contra este matutino actualmente se encuentra en etapa de investigación preliminar. El fiscal designado, Isabelino Gómez, informó que un investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lleva el caso.
“La denuncia se encuentra en fase preliminar. Ha sido sorteada en la División Corrupción Pública y por eso está en investigación. Estoy a la espera del informe, no se ha citado a nadie todavía, está siguiendo el curso regular de cualquier denuncia por la vía penal”.
La querella ingresó al Ministerio Público al igual que los recursos comunes y fue sorteada en la división anteriormente citada. El fiscal Gómez afirmó que por ese motivo se está llevando el caso de modo ordinario. “Yo no puedo promover excepciones”.
Gómez reconoció que si alguno de los involucrados es citado a declarar en esta etapa, puede alegar que está bajo la Ley de Imprenta; sin embargo no quiso confirmar si el proceso derivará en la formación de un Tribunal Especial para el gremio.
La ley fuero de los periodistas dice que “la denuncia o querella se hará por escrito ante el Juez de Partido, quien mandará citar en persona al autor, editor e impresor, si fueran diferentes, al fiscal y partes interesadas, señalando día, hora y lugar para el sorteo de jurados (del Tribunal)”.
El Ejecutivo decidió interponer el recurso después de que este matutino abrió su edición del 9 de diciembre de 2008 con el titular: Evo negoció “luz verde” con contrabandistas dos meses antes. La Prensa fundamentó la información en dos cartas dirigidas al Primer Mandatario en las que los acusados de contrabando le recordaban a Morales conversaciones que mantuvieron sobre la reexpedición de sus mercaderías.
El jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales Peña, advirtió ayer de que cualquier hecho vinculado con publicaciones de prensa sólo puede ventilarse en un Tribunal de Imprenta, al que se presentará la documentación oficial elaborada por la Aduana Nacional y por dirigentes del sector que certifican el contenido de la información publicada.
Además consideró que la denuncia forma parte de una ofensiva política del Gobierno contra los medios de comunicación y los periodistas en Bolivia, que afecta a la libertad de expresión y de información consagrada en la Constitución Política.
“Morales nos quiere enjuiciar por decir la verdad, porque no quiere a medios ni a periodistas que investiguen la corrupción. Vamos a continuar informando con el mismo profesionalismo como lo hemos hecho en los últimos 11 años”.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, afirmó que, existiendo un fuero especial, la Fiscalía debió declararse inhábil para emitir criterios en la materia.
“Cuando hay una supuesta falta por parte del ámbito periodístico, obviamente existe una instancia especial, que es el Tribunal de Imprenta, caso contrario se está violentando su fuero (…) cuando el Ministerio Público recibe una denuncia, lo primero que tiene que hacer es analizar su competencia, si existiese una ley especial o fuero, debe declinar la competencia de oficio y enviar los antecedentes al tribunal o juzgado que corresponde”.
Marco Goitia, especialista en materia de Ley Imprenta, observó la forma en la que el recurso del Gobierno fue presentado. “Es absolutamente irregular, no puede haberse hecho la denuncia ante el Ministerio Público. En delitos contra la sociedad, como el desacato, obligatoriamente es un jurado de imprenta”.
El constitucionalista Carlos Alarcón, por su parte, lamentó la naturaleza de la denuncia. “En los países que se precian de ser democráticos ya han derogado el delito penal del desacato, es una mordaza que no permite el cuestionamiento. Es una especie de amedrentamiento contra medios de comunicación”.
Alarcón también cuestionó la forma de presentación de la querella, pues se dejó de lado la Ley de Imprenta. Así, la Fiscalía puede emitir citaciones contra los presuntos responsables, y si no se da cumplimiento a esa orden, se pueden registrar aprehensiones.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Ronald Grebe, afirmó que corresponde “exigir que se respete la Ley de Imprenta”.
Este juicio por la vía ordinaria va en contrarruta de lo que declararon ayer en la mañana el vocero Iván Canelas y el viceministro Sacha Llorenti, quienes aseguraron que el caso se ventilará en un Tribunal de Imprenta.
Canelas dijo: “En el marco del derecho que tiene cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una publicación de prensa puede acudir a la Ley de Imprenta para solicitar un proceso contra el medio que manipuló o tergiversó una información. En ese ámbito de ese derecho se ha iniciado un proceso por esta vía contra el periódico La Prensa, y en este ámbito se ventilará nuestra denuncia”.
En un reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que el presidente Morales apela al “escarnio” contra periodistas, a los que incluso llegó a calificar de “enemigos”.
La ONU pide a presidentes respetar las críticas
El relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank la Rue, pidió ayer en Quito a los gobernantes de América Latina que asuman “la crítica” en los medios de comunicación como parte de su trabajo.
En una conferencia de prensa ofrecida en la capital ecuatoriana, donde participará en el seminario internacional “América Latina en el siglo XXI: Comunicación y Poder”, La Rue expresó que en esta región “se ha avanzado mucho” en cuanto a libertad de expresión, pero aún es preocupante la situación de amenazas contra los periodistas. La Rue, que no quiso referirse específicamente a Ecuador “porque no estoy en visita de investigación” del país, se mostró partidario de la “desaparición de las figuras del desacato y la difamación” contra la prensa cuando las críticas a un funcionario se hacen “en relación con las funciones de su cargo”.
“En general, en América Latina hemos avanzado mucho, sobre todo en comunicación comunitaria”, y se observa una “jurisprudencia sólida” en relación con la libertad de expresión, dijo el relator de la ONU, abogado guatemalteco experto en derechos humanos. En contraste, mencionó, “estamos mal en asuntos de violencia, con más amenazas y atentados contra periodistas”.
ANP condena más ataques
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) condena la “campaña de amedrentamiento a los medios”, promovida por el Gobierno de Evo Morales y el juicio que el Ejecutivo ha decidido iniciar al matutino La Prensa.
En un comunicado público, la ANP se pronunció oficialmente sobre los recientes ataques de Morales y otras autoridades contra los medios de comunicación. Además pide que se cumpla con la Ley de Imprenta para cualquier proceso que se pueda llevar adelante contra periodistas. “(La ANP) ve, en este caso, un nuevo intento del Gobierno de coartar la libertad de prensa y expresión y de acallar, por el temor, a un importante medio de comunicación escrito, asociado a nuestra institución”.
El comunicado critica los constantes ataques del Mandatario. “Han sido una constante desde que el Presidente ha calificado a la prensa como su mayor enemiga, sin haber presentado, en los tres años de su gestión, una sola prueba que demuestre que el periodismo humilla al Jefe de Estado”.