Los dirigentes dicen que aplica el control social establecido en la nueva CPE.
Las beneficiarias de Gregoria Apaza resguardan su edificio. Se quiere coartar la libertad de expresión, denuncia Rojas
Protección: las “gregorias” iniciaron ayer una vigilia en sus oficinas para evitar cualquier agresión
La Prensa
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Un dirigente de la COR dice que la resolución es de cumplimiento obligatorio para Rojas y la ONG.
La Central Obrera Regional (COR) de El Alto, aliada del Gobierno del presidente Evo Morales, exige el alejamiento del director de Prensa de canal 57 de esa urbe, Andrés Rojas, porque supuestamente se había referido “muy mal” de los alteños, y amenazó con expulsar a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en esa ciudad si no presentan informes económicos en 30 días, entre ellos a “Gregoria Apaza”.
Las organizaciones de prensa y de periodistas repudiaron este intento de veto de las organizaciones sociales afines al Ejecutivo; sin embargo, el dirigente de la COR Franklin Troche explicó ayer que esta determinación asumida en el V Ampliado del sector se enmarca en el “control social” reconocido en la nueva Constitución Política.
No obstante, la Carta Magna señala que la sociedad civil puede ejercer control social sobre las instituciones del Estado o en las que tenga participación, pero no a entidades privadas y organizaciones no gubernamentales.
En ese marco, la Federación de Gremiales habría denunciado que Rojas en los hechos de octubre de 2003 se refirió “muy mal de los alteños en la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada”. No existen mayores pruebas del hecho; pero la COR, en su ampliado del 18 de marzo, decidió respaldar esa denuncia y pidió la separación del comunicador al director del medio, padre Sebastián Obermaier.
Una parte del documento indica: “No podemos permitir cómo alguien que se refirió de manera despectiva a los alteños sea amparado en un canal alteño, lo contrario significará asumir otras medidas”.
El periodista aludido negó esas acusaciones y envió una carta al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, pidiéndole garantías constitucionales para él y su familia porque teme ser agredido por los movimientos sociales afines al MAS.
En una conferencia de prensa, Rojas dijo que no renunciará al cargo de Director de Noticias de CVC 57, pues dice contar con el apoyo de Obermaier.
“¿Qué es lo que se pretende con esto? —se interrogó—, coartarme el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos los medios de comunicación acá y en todas las partes del mundo, con este falso argumento se me está privando el derecho que todo ser humano de bien tiene, como es el derecho al trabajo”, dijo Rojas, quien expresó su preocupación por las amenazas de agresiones físicas que recibió en los últimos días.
Rojas desvirtuó las acusaciones en su contra, pues cuando sucedió la “masacre de octubre” trabajaba en radio Erbol, donde denunció el abuso de la fuerza que se produjo y destacó las movilizaciones que se realizaron hasta la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Este amedrentamiento surge en medio de un escenario adverso para los medios de comunicación reflejado por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).
Las organizaciones de periodistas repudiaron ayer la decisión de la COR. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Pablo Zenteno, advirtió de que este antecedente indica que los comunicadores ya no podrán ser críticos con el Gobierno o con determinadas políticas gubernamentales porque entonces se les considerará como “opositores” o “traidores” a todos por igual.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Ronald Grebe, también repudió la decisión de la COR y se solidarizó con Rojas.
La Prensa también conoció que el Gobierno “llamó la atención” al principal dirigente del sector, Édgar Patana, porque había recibido una “queja directa” de las “gregorias”; sin embargo, no fue posible conocer una versión del Órgano Ejecutivo al respecto.
El secretario general de la COR, Eliseo Suxo, dijo ayer que la resolución emitida en el ampliado es “de cumplimiento obligatorio” y que los dirigentes harán prevalecer lo establecido.
En el documento también se demanda a todas las ONG, entre ellas a “Gregoria Apaza”, a presentar informes económicos a las organizaciones sociales en el plazo de 30 días, es decir hasta el 18 de abril; de lo contrario “no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza”.
La directora de esa ONG, Cecilia Enríquez, expresó su molestia y dijo que esta organización no tiene nada que ocultar, pues sus actividades son transparentes, y ofreció explicarles cómo funciona y el destino de los fondos.
La resolución sexta señala textualmente: “Exigimos y emplazamos a las ONG y fundaciones que practican el más secante racismo, nepotismo y desprecio a los alteños, que han convertido la pobreza en una mercancía que capta recursos internacionales para el lucro de familiares y entornos”.
Los beneficiarios de “Gregoria Apaza”, más conocidos como las “gregorias”, iniciaron ayer una vigilia a las puertas de las instalaciones ubicadas en la calle Mayor Euler de la urbe alteña.
Esta organización también cuenta con una serie de programas de ayuda a la mujer y cuenta con la radio Pachamama.
“Gregorias” se quejan
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza denunció este lunes una supuesta agresión y amenazas de latigazos contra los representantes de esta organización no gubernamental (ONG) por parte de la Central Obrera Regional (COR), pero esta entidad lo negó rotundamente.
La directora de esta ONG, Cecilia Enríquez, en contacto telefónico con Erbol, dijo que esta organización se encuentra muy molesta por las calumnias de la que fue objeto sólo por trabajar con la población femenina alteña durante 26 años.
“El jueves (pasado) fuimos a una reunión que pensábamos iba a ser horizontal y donde pretendíamos transparentar nuestros recursos en el marco del diálogo, pero fuimos agredidas en términos de no permitirnos hablar ni escuchar nuestra voz y amenazadas con látigos, las mujeres que se manifestaron a favor de nuestro Centro fueron también amenazadas con ser latigueadas y pegadas en la calle”.
El secretario general de la Central Obrera Regional (COR), Franklin Troche, negó esa denuncia. “También pedimos respeto para la COR de El Alto, no acepto de ninguna forma (esa queja) de que hubiéramos agredido con chicote de una u otra forma, no lo hicimos ni lo vamos a hacer. Si bien El Alto se pronuncia es contra la derecha neoliberal que ha hecho daño al país y si sigue así nos pararemos otra vez si es necesario”, advirtió el dirigente Troche.
La COR quiere echar a ONG y a periodistas
Una resolución de la COR da el plazo de un mes a las ONG para dar sus informes económicos. Si no lo hacen, serán echadas. También exige el alejamiento del periodista Andrés Rojas del Canal 57. Diputados del MAS piden una norma.
LA DENUNCIA • El periodista Andrés Rojas (der.) junto a Waldo Albarracín, en la Asociación de Periodistas de La Paz.
La Razón
La Central Obrera Regional (COR) de El Alto, a través de la resolución de su V Ampliado ordinario, determinó expulsar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que no envíen sus informes económicos en un plazo de 30 días y pedir al Canal 57 que aleje al periodista Andrés Rojas de su planta por “haber hablado mal” de los alteños durante los hechos de octubre del 2003.
La citada resolución fue aprobada el 18 de marzo del 2009. Édgar Patana, secretario ejecutivo de la COR, explicó que en el caso de las ONG, la resolución se dio porque existen algunas organizaciones que lucran con los alteños y los recursos que reciben. En El Alto trabajan cerca de 145 instituciones de este tipo.
“Las ONG están trabajando a nombre de El Alto y jamás han rendido un informe de absolutamente nada, se les da un plazo de 30 días, pero empezaremos a nombrar quienes lucran a nombre de El Alto”, afirmó Patana.
“Los alteños no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza de los alteños”, dijo Eliseo Suxo, dirigente de la COR alteña.
La COR El Alto apoya “moral y materialmente la acción directa de los compañeros de la localidad de Sanq’a Jawira (Huatajata)”. En la citada comunidad, la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas fue agredida y echada. Su casa fue tomada este mes por los campesinos.
Una similar acción sería tomada por los afiliados a la COR alteña contra las ONG que no entreguen sus informes económicos en el plazo de un mes.
La institución mencionada en la resolución es Gregoria Apaza. La directora de esta entidad, Cecilia Enríquez, aseguró que la ONG seguirá en El Alto. Anoche las beneficiarias de Gregoria Apaza hicieron vigilia en las instalaciones.
En el caso del alejamiento del periodista Rojas, Luis Mallea, jefe de Producción del Canal 57, anunció que hoy se tomará una decisión. “No nos pudimos reunir, estamos esperando para tomar una decisión, mañana (hoy) vamos a tener una luz clara de qué decisión vamos a tomar o qué posición vamos a tener”, afirmó.
Al respecto, parlamentarios del MAS sugirieron elaborar una norma. “Va a ser importante antes de tomar cualquier medida atropelladora una norma, que permita regularizar, controlar y fiscalizar los recursos provenientes del exterior en favor de las ONG que llegan a nombre de la lucha contra la corrupción, la pobreza, de niños y mujeres, es decir necesitamos una ley para regular y posteriormente a ello serán los sectores sociales quienes pueden hacer una fiscalización”, señala un comunicado.
En las consideraciones de la resolución de la COR alteña sostienen que los neoliberales, que operan “a través de los prefectos, comités cívicos y uniones juveniles de la denominada Media Luna”, se han rearticulado en un frente “contrarrevolucionario que tiene el claro objetivo de truncar el actual proceso político”. También se indica que estos neoliberales comenzaron a “desenterrar a sus viejos aliados” como Víctor Hugo Cárdenas, Fernando Untoja y Alejo Véliz.
Tres de las 11 resoluciones de los alteños
La resolución del V ampliado ordinario de la COR El Alto fue aprobada el miércoles 18 de marzo del 2009 por todas sus instituciones afiliadas.
Tercero.- Por constituirse en la cuna de los grandes cambios en el siglo XXI y por tener las organizaciones sociales más combativas del país, la ciudad de El Alto debe ser la sede de las deliberaciones para redactar el nuevo Estatuto Autonómico y la futura Sede del Gobierno Departamental de La Paz.
Sexto.- Exigimos y emplazamos a las organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones que practican el más secante racismo, nepotismo y el desprecio a los alteños, que han convertido a la pobreza en una mercancía que capta recursos internacionales para el lucro de familiares y entornos, a presentar informes económicos a las organizaciones sociales en un plazo de 30 días. En caso de que no lo hagan, los alteños no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza de los alteños, tal es el caso de Gregoria Apaza y otros.
Décimo primero.- A petición de la Federación de Gremiales exigimos a los administradores del “Canal 57” alejar al señor Andrés Rojas, toda vez que en los hechos de octubre del 2003, se habría referido muy mal de los alteños en la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada, por lo que no podemos admitir cómo alguien que se refirió de manera despectiva a los alteños sea amparado en un canal alteño, lo contrario significará asumir otras medidas.
Las beneficiarias de Gregoria Apaza resguardan su edificio
ONG
Cecilia Enríquez, directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Gregoria Apaza que trabaja en El Alto, aseguró ayer que no se retirarán de esa urbe y anunció que están reforzando la seguridad de sus instalaciones.
“No nos vamos a ir, nuestros extractos económicos están colgados en nuestra página web, así como los resultados de nuestras auditorías que se hacen semestralmente”, afirmó Enríquez.
También señaló que la gente de El Alto que trabaja en favor de la ONG y que se beneficia de ella está haciendo una vigilia alrededor de las instalaciones para evitar la toma anunciada a través de una resolución por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.
“Estamos doblando la seguridad privada. Intentamos entrevistarnos con el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para pedir garantías, pero no estaba”.
Se quiere coartar la libertad de expresión, denuncia Rojas
GARANTÍAS
El periodista Andrés Rojas denunció ayer que la Central Obrera Regional (COR) El Alto quiere coartar la libertad de expresión cuando piden su alejamiento de Canal 57, medio en el que conduce un programa. Además, pidió públicamente garantías al Ministerio de Gobierno.
“Pedí, como corresponde al ministro (de Gobierno) Alfredo Rada garantías porque esto es una alusión pública, al final dice que si el Canal no acata lo que dice la resolución, van a tomar otras medidas”, denunció Rojas en una conferencia de prensa en la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).
El 18 de marzo, la COR de El Alto aprobó una resolución en la que uno de sus puntos pide el alejamiento de Andrés Rojas del Canal 57, porque habría hablado mal de los alteños en los hechos de octubre del 2003. También amenaza con “otras medidas” si es que no se escucha su demanda.