El oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo para hacer designaciones.
La oposición se inclina por la designación de nuevos supremos y el oficialismo rechaza esa posibilidad.
La Prensa
El martes 24 de marzo concluye el mandato de diez años de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que, para cumplir con el quórum mínimo de 11 miembros de Sala Plena, deberá completarse con tres conjueces que permitan resolver causas penales, civiles y laborales y otros procesos.
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Ese día, los magistrados Héctor Sandóval Parada, Emilse Ardaya Paredes y Jaime Ampuero García terminan su mandato, por lo que solamente quedarán ocho autoridades judiciales, siete magistrados y el presidente de la CSJ, Eddy Fernández Gutiérrez, quien además preside el Consejo de la Judicatura y afronta una investigación de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por su supuesta responsabilidad en la retardación de justicia en diversos casos.
Esta coyuntura se suma a la crisis que alcanza a todo el Poder Judicial por las acefalías de tres consejeros aún no designados en el Consejo de la Judicatura, que sólo trabaja con Fernández y el consejero Rodolfo Mérida. Por otro lado, las cinco magistraturas titulares y cuatro suplentes del Tribunal Constitucional siguen acéfalas —sólo funge la suplente Silvia Salame—, por lo que de los 21 cargos de autoridades en estas instancias, 15 estarán acéfalos desde el martes.
Según la nueva Constitución Política del Estado (CPE), las autoridades del Órgano Judicial deben ser elegidas por el voto universal. Actualmente el Ejecutivo y la oposición debaten sobre qué hacer en la etapa transitoria. Los primeros se inclinan por esperar los comicios y los segundos plantean efectuar designaciones momentáneas en el Congreso.
La Suprema
Las acefalías de la Corte Suprema —según reglamento— pueden ser cubiertas por los conjueces, que son abogados acreditados y designados por esa institución, quienes pueden realizar las mismas actividades de los magistrados, pero no gozan de inamovilidad.
Los 11 conjueces en función son: Luis Alberto Arellano, Elizabeth Maldonado, Jorge Zamora Tardío, Édgar Reynaldo Ordóñez, David Áñez Alí, Daysi Careaga Alurralde, Eduardo Veramendi Moya, Víctor Hugo Escóbar Herbas, Freddy Serrano Roca, Bernardo Wáyar Caballero y Édgar Rück Arzabe.
Cualquiera de estos juristas puede ser convocado para resolver las causas en reemplazo de los tres ministros salientes, a quienes podría sumarse el presidente de ese órgano, Eddy Fernández, de prosperar en su contra las indagaciones a las que es sometido. En caso de que suceda esto, la Suprema llamará a otro conjuez para reemplazarlo y entre todos se elegirá a un nuevo presidente.
Bernardo Wáyar, conjuez y presidente del Colegio de Abogados de La Paz, explicó que “si es que faltara uno o más ministros, el reglamento indica que se convocará a igual número de conjueces —sin restricción o límite— para que se lleven a cabo las reuniones generales a Sala Plena”.
La magistrada Rosario Canedo, por su parte, afirmó que el hecho de que existan cargos acéfalos en la Suprema perjudica a la población litigante ya que esta entidad se ve reducida en sus salas.
La Corte atiende asuntos penales, laborales, civiles, de familia, del menor, administrativos, extradiciones, rescisiones de sentencia y otros. Actualmente existen más de 3.600 causas pendientes, de las cuales el 66 por ciento —aproximadamente 2.400— están en la Sala Civil.
Designaciones
El Órgano Judicial prevé para el miércoles 25 una reunión de Sala Plena en la que se reconfigurarán las diferentes instancias, a efectos de que todas estén atendidas y sigan prestando sus servicios.
Canedo demandó del Congreso Nacional la inmediata designación de nuevas autoridades para completar los cargos vacantes. De ocurrir esto, los elegidos deberán asumir funciones por el tiempo que resta antes de la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, según las normas de la nueva CPE.
Al respecto, existen contradicciones entre las fuerzas políticas con presencia en el Parlamento. Mientras el partido oficialista desecha esta posibilidad, la oposición la respalda. El jefe de bandada en la Cámara de Senadores, Ricardo Díaz, del Movimiento Al Socialismo (MAS), considera que “en este momento no es pertinente elegir a otras autoridades de la Suprema”.
El jefe de bancada en Senadores de Poder Democrático y Social (Podemos), Fernando Rodríguez Calvo, dijo que “en caso de que sea el Congreso el encargado de completar las acefalías, se debe realizar antes un pacto político”.
Para el Gobierno, una vez que se aprobó la nueva Constitución en el referéndum del 25 de enero pasado, el Parlamento ya no tiene facultad para la designación de nuevos magistrados. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, indicó que “es el pueblo el que debe elegir en la urnas quiénes serán los supremos, magistrados y jueces, pues la nueva Carta Magna señala que estas autoridades serán electas mediante sufragio universal”.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, que es uno de los principales asesores jurídicos del Gobierno, abrió la posibilidad de que el Órgano Ejecutivo pueda designar, mediante decreto supremo, a los ministros del Tribunal Supremo de Justicia (actual Corte Suprema) y a los magistrados del Tribunal Constitucional. “La medida —dijo— sería asumida por única vez en esta fase transitoria, porque de lo contrario se tendría que esperar una legislación especial y mientras ésta se apruebe, no antes de 2010, la institucionalidad del Estado estaría paralizada”.
La coordinación con otros Órganos del Estado para llenar estos espacios es una de las preocupaciones de los magistrados, por lo que en la última reunión ampliada que se realizó hace dos semanas, y en la que participaron las nueve cortes superiores de Distrito (una por cada departamento), todas las representaciones del Órgano Judicial, así como la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia, decidieron convocar al Ejecutivo y el Legislativo a una reunión.
Las invitaciones serán dirigidas al presidente Evo Morales, al vicepresidente y presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, y a los presidentes de las Cámaras de Diputados, Edmundo Novillo (MAS), y de Senadores, Óscar Ortiz (Podemos).
Sin embargo, el Ejecutivo anticipó el rechazo a dicha invitación. Chávez dijo que el diálogo que quieren es “tardío” porque el Gobierno les pidió reunirse antes de los referendos del 25 de enero, cuando aún se podía llegar a un acuerdo.
En varias oportunidades, el presidente Morales dijo que los magistrados que se opusieron al referéndum que aprobó la nueva CPE deben renunciar “por ética”.
El Ejecutivo prevé reunirse con vocales y jueces para aplicar la CPE
A pesar del anuncio por parte del Gobierno de reunirse con las cortes distritales de justicia, hasta ahora no existe ni fecha ni lugar para ese encuentro, según informó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, quien aseguró que “no hay nada” respecto de esa reunión.
El 27 de febrero, la ministra de Justicia, Célima Torrico, anunció que se invitó a los presidentes de las cortes distritales de justicia para llenar las acefalías del Órgano Judicial mediante decreto supremo u otro mecanismo, dejando de lado al Congreso.
En aquella oportunidad, Torrico dijo que “vamos a convocar a una reunión nacional y estamos pensando que sea, en marzo, en Cochabamba, para poder ver y escuchar lo que el ciudadano litigante nos diga”.
El Órgano Ejecutivo pretende encontrar consensos con los actores judiciales “de base” para completar las acefalías en cada una de las entidades que dependen del Órgano Judicial (antes Poder Judicial).
Chávez manifestó que aún no se tiene una fecha definida y que en los próximos días se tendrá que analizar la pertinencia para llevar a cabo el encuentro.
“Por el momento no estamos poniendo fecha, la intención (de dicha reunión) es para ponernos de acuerdo y conversar con los operadores de justicia para la aplicación de la nueva Constitución Política de Estado”.
La autoridad explicó que las posibles reuniones con los operadores del sistema judicial tendrían el objetivo de implementar la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en el tema judicial, pues son los vocales quienes tienen competencias “para conocer acciones, tutela y garantía constitucional”, y descalificó a los ministros o magistrados para llevar adelante cualquier tipo de encuentro.
Según el Viceministro de Justicia, otro de los objetivos de un encuentro con los jueces y vocales a escala nacional es para realizar una “orientación para que se aplique la Constitución Política y todos sus preceptos”.
Mientras este encuentro está en suspenso, en puertas se tiene otro encuentro que también será auspiciado por el Ejecutivo.
Se convocará al Consejo de Coordinación de Órganos del Poder, donde están acreditados los magistrados Teófilo Tarquino y Ángel Irusta. Esta cita tampoco tiene fecha; sin embargo, el viceministro Chávez dijo que “eso (la convocatoria a la reunión) será en un tiempo más y veremos en qué momento lo hacemos, es un tema que sigue en discusión hasta que nos pongamos de acuerdo”.
El MAS aplaza designaciones
El Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Órgano Ejecutivo coinciden en que el actual Congreso ya perdió su tuición para realizar las designaciones, y que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) deberá preseleccionar a los postulantes que llevarán las riendas en temas judiciales, quienes finalmente deberán ser elegidas por el voto directo de los bolivianos.
El jefe de bancada de la Cámara de Senadores del MAS, Ricardo Díaz, argumentó que retomar el asunto de las designaciones en este momento no es prudente porque existen otras prioridades inherentes a los cambios que impulsa el Gobierno.
Más bien lo que plantea es hacer “una auditoría judicial en todas las instancias que conforman el Órgano Electoral, que son: el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de la República”.
La ministra de Justicia, Célima Torrico, también manifestó que la actual gestión legislativa “ya no tiene competencia para hacer las designaciones”. Similar criterio expresó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
En diciembre de 2008, la oposición y el oficialismo no lograron ponerse de acuerdo para viabilizar el nombramiento de nuevas autoridades judiciales.
La CPE establece que antes de la elección de estas autoridades, la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante dos tercios de sus miembros presentes, preseleccionará a los postulantes por cada departamento.
La Suprema en la nueva Constitución
La Corte Suprema de Justicia se llama Tribunal Supremo de Justicia y depende del Órgano Judicial. No se menciona si la sede de esta institución será la ciudad de Sucre.
Artículo 181
El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por magistradas y magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinarán por la ley.
Artículo 182
I. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. II. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará, por dos tercios de sus miembros presentes, la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral. III. Las y los postulantes o persona alguna no podrán realizar campaña electoral en favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos. IV. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas. V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado administrará la posesión en sus cargos. VI. Para optar a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos.
Artículo 183
I. Las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos y su periodo de mandato será de seis años.
Apuntes
Tres ministros de la Suprema dejarán su cargo el martes. Se les acabó el mandato.
Los recursos judiciales serán atendidos por jueces y conjueces que son suplentes.
La Suprema pide al Legislativo realizar nuevas designaciones para esa entidad.