Son del gobierno y exhiben como virtud un amplio prontuario de violencia. Se destacaron otra vez en el asalto y agresión a los Cárdenas.
La «valiente» turba de 500 campesinos contra 4 indefensas víctimas de la familia Cárdenas que huyen para salvar sus vidas. Ocurrió el sábado en Huatajata y Evo justificó la acción. *
El gobierno de Evo Morales aplica en forma sistemática la política de “lanzar la piedra y ocultar la mano”. Para ello cuenta con diversas “organizaciones sociales” que se encargan del trabajo sucio para que luego los funcionarios gubernamentales pongan cara de “yo no fui” y anuncien con gran despliegue pero sin gran convicción que se “investigará” todos los abusos que hayan cometido estas organizaciones.
“Organizaciones sociales” es el nombre genérico que los masistas han dado a todos los grupos que le son afines y cuyas actividades no pueden ser descritas como pacíficas además que en muchas ocasiones lindan con lo abiertamente delincuencial. Dentro de esta categoría entran los llamados “satucos” encabezados por el diputado masista Gustavo Torrico, quien se precia de haberse formado en la “universidad de la vida”, que no es más que una forma más o menos elegante de decir que es bruto pero que, paradójicamente, se las sabe todas.
Los “satucos” están muy bien ubicados en la administración pública y su jefe tiene el poder suficiente para influir, además, en otras “organizaciones sociales” debido al poder económico que le confiere el exigir el diez por ciento de sus salarios a sus recomendados.
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Miembro de este poco recomendable grupo es Beatriz Quispe, dirigente de las conocidas como “bartolinas” quien se destacó ampliamente por haberle hecho pasar muy mal a la diputada Ninoska Lazarte, quien tuvo el atrevimiento de pretender asistir a una sesión de la Cámara baja cuando las “organizaciones sociales” habían dispuesto que solo lo podían hacer los masistas.
La “bartolina” Beatriz Quispe, que es muy apreciada en el MAS por sus expeditivos métodos para convencer a los periodistas de lo perjudicial que puede resultar para su integridad física intentar recoger imágenes de las vigilias que realizan las heroicas “organizaciones sociales” en la cárcel de San Pedro o en las puertas del Parlamento, actuó como en sus mejores momentos en la toma y saqueo de la casa de Víctor Hugo Cárdenas en Huatajata, además de la violenta agresión contra su esposa, hijos y cuñada.
Junto a Eugenio Rojas, el líder de los “ponchos rojos” y alcalde de Achacachi, se ocupó de distribuir ingentes cantidades de cerveza a los “comunarios” comprada con dinero proporcionado por Hugo Moldiz, para luego conducirlos en un estado más que eufórico para cumplir la democrática labor de tomar la casa de Cárdenas y sacarles la enjundia a sus familiares. Exigió, además, que sus correligionarios en la ciudad, los «satucos», asumieran de inmediato idéntica actitud con otra casa del ex mandatario en la zona de Obrajes de La Paz.
Pero no es la única. El gobierno se está nutriendo cada vez más de este tipo de gente que entiende que el supremo y más efectivo argumento es la violencia y que el resto es cuento.
No está demás recordar al recientemente posesionado viceministro de Salud, Jonathan Marquina, de amplia y dilatada trayectoria al frente de un llamado movimiento juvenil Luis Espinal (pobre Lucho) formado por personas de gran prestigio en las cantinas y billares del Plan 3000. Se le vio muy activo en el referéndum autonómico y no es un secreto su antipatía por los periodistas.
Marquina y el propio ministro de Salud, Ramiro Tapia, entienden que existe mucho más futuro en causar heridas que en curarlas y por consiguiente el ser un perseverante repetidor (aplazado) de segundo año de la carrera de Medicina, no debe ser impedimento para que pueda beneficiarse de un alto cargo.
Finalmente, como tampoco es necesario conocer de hidrocarburos para manejar YPFB, tampoco son necesarios conocimientos de anatomía para realizar una cirugía. Con la “convicción política” y la dosis de violencia necesaria, basta y sobra.
*foto La Razón