El vicepresidente tiene en sus manos un documento sobre la corrupción en entidades públicas. El estudio fue realizado por la oficina de su hermano Raúl.
Álvaro García Linera ¿tiene las manos limpias? *
El escándalo desatado en YPFB luego de salir a la luz pública los malos manejos realizados por Santos Ramírez y su entorno han convertido al tema de la corrupción en el arma con la que los masistas se aprestan a romperse el alma entre ellos con el único, justificado y comprensible objetivo de ocupar algún espacio de poder luego de las elecciones de diciembre próximo, en las cuales, con un optimismo que disminuye día a día, consideran que saldrán victoriosos.
En la vicepresidencia de la República circula un documento confidencial en el que se evalúa el problema de la corrupción en diversas entidades públicas y cuyo diseño fue encargado por el propio Alvaro García Linera a la unidad que dirige su hermano Raúl.
Pero no nos llamemos a engaño. No es que el vicepresidente se esté preocupando finalmente por la corrupción que campea impunemente en el gobierno y con el respaldo de Evo Morales, cuyo máximo y supremo argumento es : “si otros lo hicieron porque nosotros no” y así justifica la ratificación de sus cuestionados colaboradores y el mantenimiento del sistema de fideicomisos que es la bolsa de la que están echando mano sistemáticamente los masistas, que a estas alturas del partido ya no se ocupan mucho de cuidar las apariencias.
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Lo que ocurre es que Alvaro se ha percatado que la corrupción puede ser una contundente arma de campaña electoral para actuar contra alguno de sus correligionarios políticos que es claro, no lo miran con muy buenos ojos.
En ese documento se indica que la corrupción ha sido prácticamente institucionalizada en las entidades públicas y que se expresa por varias vías.
Se indica, por ejemplo, que el sistema de coimas ha llegado a extremos descarados y que nadie que no esté dispuesto a ofrecer las mentadas “mordidas” puede ni siquiera imaginar que podrá obtener un determinado contrato para brindar un servicio cualquiera.
Esto significa que el oferente deberá, de entrada pagar y por adelantado, el diez por ciento que le abrirá las puertas para obtener un contrato y que le permitirá, además, inflar sin preocuparse los costos y realizar, además, el trabajo con una calidad muy discutible.
Además se ha identificado una práctica muy arraigada relacionada con el cobro de “cuotas partidarias” que en algunos casos llegan al diez por ciento del total ganado. Sin embargo se indica que en muchos casos o en la mayoría de ellos, dichos aportes van a parar al bolsillo de quien usó su influencia para permitir la contratación o al del encargado de Recursos Humanos o jefes de personal.
En el caso de YPFB se menciona que se logró la recaudación, solo en la oficina central en la ciudad de La Paz , de alrededor de 300 mil bolivianos destinados supuestamente a la campaña para el referéndum constituyente, sin embargo nadie conoce cual fue el destino de estos recursos y al parecer fueron también a parar a ese “agujero negro” que formaron Santos Ramírez y sus inmediatos allegados.
No es la única entidad en la que se cometen irregularidades y es sabido que en la Administradora Boliviana de Carreteras podría desatarse en cualquier momento un escándalo similar al de YPFB. No existe una sola adjudicación para la construcción de carreteras realizada durante la gestión de Patricia Ballivián que no haya sido cuestionada ya sea por sobreprecios o por mala calidad de las obras. Los montos involucrados (decenas de millones de dólares) no son una bicoca y favorecen principalmente a la empresa brasileña OAS, que se dice realizó importantes aportes para la campaña de Evo Morales.
Es conocido que en las esferas de gobierno se ha desatado una sorda pugna por el control de la entidades del Estado y queda claro que el vicepresidente Alvaro García Linera está en carrera. El conocer de que pie cojean los presidentes de estas entidades le puede dar un importante handicap para lograr nuevamente su postulación a la vicepresidencia aunque muchos miembros del partido gobernante consideran que esta carrera se le está haciendo cuesta arriba una vez que las llamadas «organizaciones sociales» no lo quieren ver ni en pintura.
*foto ABI