Informe Zavaleta: No hubo contrabando en Cobija y Chambi, dirigente de los contrabandistas, solo incurrió en desobediencia a la autoridad.
El informe preliminar de Javier Zavaleta sobre el caso de los 33 camiones halla responsabilidad en el ex jefe aduanero y deja en manos de Evo la suerte del ministro.
La Razón
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El informe preliminar elaborado por Javier Zavaleta (MSM-MAS), presidente de la comisión especial de diputados que investigó la fuga de 33 camiones con contrabando en Cobija (Pando), halla indicios de responsabilidad penal en el ex presidente de la Aduana Nacional, César López, quien denunció el hecho; y evita acusar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, implicado por la ex autoridad.
“La Comisión Legislativa Especial (CLE) se pronuncia para que el pleno de la Cámara de Diputados requiera la apertura del proceso penal correspondiente contra el mencionado ex servidor público (López), ya que es posible presumir de los hechos objeto de la investigación, la existencia de suficientes indicios de participación del mismo, adecuados a la tipicidad descrita por el Art. 154 (incumplimiento de deberes) y Art. 224 (conducta antieconómica) del Código Penal”, señala el dictamen del informe al que accedió La Razón.
Argumenta que “presumiblemente (López) no dio las instrucciones oportunas a los demás niveles directivos, ejecutivos y operativos que se encontraban bajo su tuición y dependencia, al margen de no haber denunciado oportunamente ante las autoridades llamadas por ley si consideraba que existían delitos de acción pública relacionadas con llamadas y, por otra parte, omitió querellarse en contra de los comerciantes”.
Zavaleta aclaró que, al tratarse de un “borrador”, su reporte puede ser modificado o complementado en base a las observaciones del resto de la comisión.
Tras evadir el control aduanero en la tranca del Kilómetro 19 de Cobija, 33 camiones fugaron el 23 de agosto del 2008 de la localidad de Santa Rosa del Abuná, rumbo a Puerto Evo.
El 4 de diciembre, López declaró ante la comisión de la Cámara Baja y acusó a Quintana de haber negociado con los comerciantes el paso de los camiones y de haberlo llamado para pedirle que autorizara aquello. En lo último, también implicó al ex jefe del Comando Conjunto de Cobija, contralmirante Rafael Bandeira.
En base a un informe legal, emitido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), este medio reveló que Bandeira habló en 15 oportunidades con Jesús Chambi, líder de los comerciantes, no una vez, sino en 15 oportunidades el 26 y 27 de julio, cuando los camiones pasaron por el Kilómetro 19.
Para Zavaleta, “no hay forma de establecer qué se dijo (en la llamada que hizo Quintana)”.
Por ello, el informe indica que el valor de las declaraciones de López, “aparece sin el sustento de otros elementos de prueba”. Añade que “resulta evidente que el Ministro de la Presidencia actuó en un área jurisdiccional administrativa que no es precisamente de competencia de esa cartera de Estado” y que, “no obstante, intervino salvando el conflicto social presentado (…)”.
Además, “recomienda al Presidente de Estado determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa establecida en la Ley 1178, SAFCO (…)”.
Asimismo, el informe acusa a Bandeira de incumplimiento de deberes y de negación de auxilio; y a Chambi, de desobediencia a la autoridad. Además, halla responsabilidades en otras ocho personas (ver infografía).
La comisión se reunió ayer para analizar el informe. Tras una hora de deliberación, determinó hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles para aprobar o no el documento que, posteriormente, deberá ser validado por el pleno de la Cámara Baja y remitido a la Fiscalía General de la República. El diputado Arturo Murillo (UN) dijo que el documento les fue entregado con retraso y adelantó que el contenido del mismo “es una vergüenza”.
“Recomienda al Presidente de Estado determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa (en Quintana)”.
INFORME PRELIMINAR, elaborado por Javier Zabaleta.
El hecho de contrabando el 2008
26 de julio • Una flota de 33 camiones que salió de la zona franca de Cobija (Pando), evitando el pago de impuestos, atravesó la tranca del Kilómetro 19, rumbo a la población de Puerto Evo.
27 de julio • Los vehículos cargados fueron interceptados por efectivos del Comando Conjunto de Cobija, en la localidad de Santa Rosa del Abuná, también en Pando, donde permanecieron detenidos por 27 días.
30 de julio • El Ministro de la Presidencia se reunió con los comerciantes y autoridades de la Aduana en el Palacio de Gobierno, para negociar una salida al problema ocurrido en Pando.
23 de agosto • Pobladores y comerciantes de Puerto Evo rebasaron a los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) que custodiaban los camiones en Santa Rosa del Abuná y los condujeron hacia la frontera.
Zavaleta dice que no hubo contrabando en Cobija
NORMA • Los cambios que el PGN 2009 hizo al Código Tributario son la base de esta versión.
Según el diputado Javier Zavaleta (MSM-MAS), los comerciantes de Puerto Evo que el año pasado trasladaron su mercadería sin autorización no incurrieron en el delito de contrabando, sino en una contravención aduanera.
“No hubo un delito penal, simplemente una contravención aduanera por parte de las personas que sacaron su mercadería del recinto aduanero sin autorización”, dijo Zavaleta a La Razón.
Explicó que la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 modificó el Artículo 56 del Código Tributario, ampliando los márgenes económicos, por los que el tránsito ilegal de una mercadería es considerado contrabando o contravención.
La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) denunció que la modificación establece como delito tributario la mercadería a partir de los 40.993 dólares y no desde los $us 2.050, como lo establecía antes.
Según Zavaleta, la ley del PGN 2009 —en vigencia desde enero— “establece la retroactividad de la misma cuando beneficie al imputado (por contrabando)”.
Al ser una contravención, recordó, los comerciantes sólo deben pagar impuestos y multas.
Buscan hacer de Puerto Evo una zona económica especial
Proyecto • El informe del diputado Javier Zavaleta plantea otorgar, por 20 años, beneficios aduaneros, tributarios y otros a esa población.
El presidente de la comisión parlamentaria que investigó el hecho de contrabando en Pando, Javier Zavaleta, incluyó en su informe un proyecto de ley para la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Evo.
“El presente proyecto tiene la finalidad de crear una Zona Económica Especial (ZEE), en la localidad de Rapirrán, también denominado Montevideo o Puerto Evo”, señala el documento al que tuvo acceso La Razón.
Explica que el mismo responde a “la necesidad de promover el desarrollo de actividades económicas, de formación de empleo, de mejoras en los ingresos, de dinamizar el comercio con países vecinos, con base en la explotación e industrialización de los recursos naturales existentes”.
Esta localidad era el destino de los 33 camiones con contrabando que, el 23 de agosto del 2008, se fugaron de la población de Santa Rosa del Abuná.
Como antecedente, el informe menciona la Ley 3420 (del 2006), que creó la ZEE del trópico de Cochabamba y estableció “tratamientos diferenciados en los ámbitos administrativo, tributario, aduanero y financiero para posibilitar el fomento a la inversión productiva, potenciando la industria, el turismo y otras actividades económicas, además de generar alternativas ante la ilícita actividad del narcotráfico”.
También indica que la ZEE para Puerto Evo tendrá una vigencia de 20 años y que el área de la misma será la superficie que abarca la actual población, incluidas todas las instalaciones de carácter industrial y comercial.
El “informe Zabaleta” no halla delito en ministro Quintana
Se plantea proceso penal contra Rafael Bandeira y César López por caso “camiones”
Puerto Evo: una calle de esa población donde se instalan negocios de electrodomésticos y ropa
La Prensa
Zabaleta asegura que no hubo delito de contrabando, sino una contravención aduanera.
El informe final, redactado por el presidente de la Comisión Especial que investiga el caso de los “33 camiones”, Javier Zabaleta (MAS), no establece ningún delito para el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; sin embargo, deja en manos del presidente Evo Morales la apertura o no de un proceso administrativo por reunirse con los implicados en el Palacio de Gobierno.
Asimismo, define responsabilidades penales para el general retirado César López, ex presidente de la Aduana Nacional, y el ex comandante del Comando Conjunto y prefecto de Pando, Rafael Bandeira, y concluye que no hubo contrabando, sino “contravención aduanera”.
En el dictamen del documento también se recomienda el inicio de procesos para ocho personas entre empleados de la Aduana, Control Operativo Aduanero, Comando Conjunto, Fiscalía de Pando y el dirigente de los comerciantes de Puerto Evo, Jesús Chambi.
El líder de los presuntos contrabandistas es señalado por desobediencia a la autoridad que es penada por el Código Penal con una multa de 30 a 100 días.
La Aduana, el año pasado, le inició un proceso por contrabando.
Sobre el contrabando, el informe concluye que no existe delito, pues las mercancías no superaron las 200.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV) determinadas en el anterior Presupuesto General de la Nación (PGN), por tanto, no representa un delito penal, sino una contravención aduanera.
El año pasado, el Gobierno flexibilizó esta cantidad de UFV en el PGN 2009.
Los legisladores opositores rechazaron el contenido del reporte y anunciaron que presentarán un informe de minoría la próxima semana en el que establecerán responsabilidades contra Quintana y otras autoridades.
La Prensa accedió al informe redactado por Zabaleta en el que están incluidas 17 personas (ver lista), como el dirigente de los comerciantes de Puerto Evo, Jesús Chambi, y el fiscal pandino encargado de investigar el caso, Carlos Gonzales.
El informe fue elaborado por nueve parlamentarios: cinco del Movimiento Al Socialismo (MAS), dos de Podemos, uno de Unidad Nacional (UN) y uno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El trabajo de este grupo parlamentario comenzó el 27 de agosto.
Esta comisión tiene atribuciones de cabeza de Ministerio Público y puede realizar imputaciones en una plenaria de la Cámara de Diputados, controlada por la mayoría oficialista.
El diputado Zabaleta explicó que el informe que presentó ayer deberá ser aprobado por la comisión después de que se incorporen las observaciones de los demás legisladores.
Esta comisión se reunirá el miércoles para discutir el texto. El diputado Arturo Murillo (UN) anticipó que el informe de la minoría esta “prácticamente listo” y será presentado en esa sesión.
Este caso tuvo su origen en la salida ilegal de una caravana de camiones cargados de mercadería de la Zona Franca de Cobija hacia Puerto Evo, el 26 de julio.
Para pasar el puesto de control, supuestamente, se realizaron negociaciones previas entre comerciantes y autoridades, entre ellas se denunció al ministro Quintana, e incluso se presentó un video en el que el dirigente Chambi afirma que tuvo autorización de este Ministro.
Los carros, que atravesaron el puesto de control, fueron retenidos el 27 de julio en Santa Rosa del Abuná y permanecieron allí hasta el 23 de agosto. En ese periodo hubo una serie de trámites para recuperar los camiones y los comerciantes se reunieron con el ministro Quintana el 31 de agosto en el Palacio Quemado.
El 4 de diciembre de 2008, el ex presidente de la Aduana César López denunció ante La Comisión Especial que Quintana acordó el paso de los camiones con los comerciantes.
El documento de Zabaleta concluye que las acusaciones de López tienen “sólo un valor relativo, ya que las mismas han sido enfáticamente enervadas (negadas) por el ministro Quintana y no existen indicios o elementos de convicción que las respalden”.
La autoridad gubernamental fue investigada además por haber mantenido contactos telefónicos y reuniones con Chambi en Pando y en el Palacio de Gobierno. El texto redactado por el diputado Zabaleta omite las llamadas telefónicas certificadas por Entel entre Chambi y Quintana y solamente hace referencia a los contactos entre López y Bandeira y de éste último con la ex secretaria del Ministro de la Presidencia.
El informe de la empresa telefónica señala que hubo contactos telefónicos constantes entre Chambi y Bandeira, y también con el Ministro de la Presidencia.
Zabaleta sugiere, en su informe, que “el Presidente del Estado (Evo Morales) determine la existencia o no de responsabilidad administrativa establecida en la Ley No. 1178, Ley Safco, y disposiciones conexas, en la actuación del mencionado Ministro”, aunque en el documento se reconoce que Quintana “actuó en un área jurisdiccional administrativa que no es precisamente de competencia de su cartera de Estado”, como la reunión que sostuvo con los contrabandistas en el Palacio de Gobierno.
También se recomienda abrir procesos penales contra López y Bandeira. Al primero por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y al segundo por negación de auxilio, pues “no prestó la cooperación necesaria y suficiente para el resguardo o retorno de los camiones a Cobija, siendo requerido por el COA”.
Chambi hizo tres llamadas al despacho ministerial
El líder de los comerciantes involucrados en el caso de 33 camiones cargados con contrabando, Jesús Chambi, llamaba al despacho de Juan Ramón Quintana en el Ministerio de la Presidencia. Así lo revela el informe de llamadas que proporcionó una compañía telefónica a la Comisión Especial parlamentaria que investiga el caso.
El informe de las llamadas realizadas por Chambi en los primeros días de julio incluye tres hechas por éste al despacho de Quintana la tarde del 4 de julio de 2008. El número marcado desde el celular del comerciante de Puerto Evo es el 01022153869, perteneciente al Ministro de la Presidencia. Durante esas fechas los motorizados y las mercaderías permanecían en Cobija sin poder abandonar la Zona Franca. El dirigente, asimismo, mantuvo correspondencia con autoridades aduaneras, departamentales y nacionales en ese tiempo, buscando una autorización para sacar los camiones y comercializar sus productos en la frontera.
El diario La Razón publicó, hace dos semanas, que Chambi se comunicó con el ex comandante del Comando Conjunto Rafael Bandeira; César López, ex presidente de la Aduana, y el ministro Quintana en los días en que los camiones abandonaron la Zona Franca de Cobija, 26 y 27 de julio.
Chambi estuvo en La Paz el 31 de julio del año pasado, se reunió con López y Quintana en el Palacio buscando una conciliación que le permita a él y a su grupo recuperar los camiones retenidos.
Responsabilidades
Juan Ramón Quintana: se recomienda que el Presidente de Estado determine la existencia o no de responsabilidad administrativa.
César López: proceso penal por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Rafael Bandeira: proceso penal por incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.
Cristian Deheza, agente del COA: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Wálter Villalpando, agente del COA: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Omar Zegada, agente del COA: No hay indicios.
Sr. Pinto (no se cita su nombre), funcionario del COA: sin pena.
Luis Sánchez, Aduana Nacional: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Mario Vásquez, Aduana de Pando: incumplimiento de deberes.
Armando Pacheco, Comando Conjunto: sin responsabilidad.
Óscar Abastoflor, Comando Conjunto: incumplimiento de deberes.
Marco Miranda, Comando Conjunto: incumplimiento de deberes.
Huáscar Aguilar y Jhon Sosa, Zona Franca Cobija: sin indicios.
Carlos Gonzales, fiscal: incumplimiento de deberes.
Jesús Chambi, dirigente: desobediencia a la autoridad.
Silvio Magarzo, ex comandante de la Policía: incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.