MAS Petrol obligaba a pagar diezmos a eventuales de YPFB. La denuncia llegó a manos de Carlos Villegas, Nardi Suxo y a los trabajadores.
Santos no es expulsado del MAS.
Documentos: las planillas de los aportes de los trabajadores que eran cobrados por MAS Petrol
La Prensa
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La Regional del MAS no exige contribuciones obligatorias, según el dirigente Samuel Guarayo.
MAS Petrol, la célula del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), obligaba a los trabajadores de la empresa a depositar sus “aportes”, aunque éstos no fueron a parar a las arcas del partido, según una denuncia de los funcionarios de la regional alteña de la estatal.
Ramiro Saavedra, dirigente de los petroleros paceños, presentó documentos en los que se muestra que Sabino Carme, ex director nacional de Recursos Humanos de Yacimientos, y Henry España, “su mano derecha”, eran responsables de recibir la recaudación a los eventuales de YPFB.
Según la denuncia presentada por 54 empleados de la Planta de El Alto (PLEA), ese “dinero nunca fue pedido” por la Dirección Nacional del instrumento político “y nunca llegó al MAS”.
Cuando La Prensa intentó comunicarse con Carme, uno de sus asistentes informó: “El doctor está reunido con sus compañeros y no puede atender llamados en este momento, y no sé a qué hora estará disponible”, antes de cortar la comunicación.
El testimonio de los obreros da cuenta de que el año pasado, los trabajadores fueron forzados a efectuar estos pagos y “en el mes de diciembre elaboraron listas de sólo aquellos que les seguían. Al resto del personal, que no cedió a sus pedidos, lo pusieron en listas negras”.
Las recaudaciones
Saavedra mostró planillas de los descuentos efectuados a 79 empleados del proyecto 39K distribuidos en los puestos de El Alto, Caracollo y La Paz.
Los “aportes”, que variaban entre 20 y 100 bolivianos, totalizaron 4.120 bolivianos.
Otro listado muestra las cuotas del personal del mismo proyecto en la PLEA, que fluctúan entre 150 y 800 bolivianos. Lo recaudado, en este caso, asciende a 19.970 bolivianos, suma a la que se restan 3.975 bolivianos de “gastos”, por lo que España recibió, el 15 de julio de 2008, 15.995 bolivianos.
La nota en cuestión sostiene también que los cobradores emplearon este dinero para “costearse sus farras y viajes”.
El documento de los operarios de base señala: “Desde la Dirección de Recursos Humanos se dedicaron al tráfico de puestos de trabajo”, producto de lo cual, por ejemplo, fueron contratados Johnny Canedo Choque, “sobrino de Santos Ramírez”, y un recomendado del ex presidente de YPFB Guillermo Aruquipa, “Víctor Álvarez, quien funge como jefe de Personal de Entre Ríos”.
MAS Petrol colaboró inicialmente con el sindicato, pero posteriormente la “saboteó” al sostener reuniones; cuando un trabajador no asistía era incluido en las “listas negras”, y en cada sesión se cobraba diez bolivianos por persona.
Ramiro Saavedra declaró que es imposible calcular el monto global obtenido de esta manera, pues YPFB tiene muchas reparticiones en diversos puntos del departamento.
Dirección departamental
El presidente departamental del MAS en La Paz, Samuel Guarayo, explicó que si bien es posible que los militantes de base, dirigentes medios o cuadros de dirección tuvieran la posibilidad de efectuar aportes voluntarios a partir de sus ingresos, en ningún caso se hacen cobros obligatorios.
Desmintió que Carme y España fueran parte de la estructura de ese instrumento político. “Seguramente hay gente que se aprovecha de algunas situaciones especiales para pedir dinero, pero no conocemos esas cosas de forma oficial”.
Las direcciones regionales del partido de Gobierno no exigen contribuciones a las personas que forman parte de las organizaciones que las forman.
“Hubo gente que rodeaba al compañero Santos Ramírez que tuvieron la intención de destruir a Yacimientos y al MAS en su conjunto”.
Guarayo refirió que recursos provenientes de descuentos por planilla o aportes directos nunca fueron depositados en la regional paceña.
Copias de esta denuncia, fechada el 6 de febrero, fueron enviadas al Ministerio de Transparencia, al Defensor del Pueblo y a la Central Obrera Boliviana entre el 11 y el 13 de febrero.
Carme y España fueron destituidos por el actual presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, después de ser designado en reemplazo de Ramírez, actualmente recluido en la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Contribuciones para la marcha y el revocatorio
Otras planillas presentadas por el dirigente petrolero Ramiro Saavedra contienen los aportes efectuados por funcionarios de la PLEA entre el 14 y el 17 de octubre por 4.510 bolivianos, aunque en este caso los petroleros figuran como “marchistas”.
Estos documentos llevan las firmas de Henry España, jefe de la Unidad de Recursos Humanos; Édgar López Saravia y Hugo Quispe Mayta, inspectores de instalaciones internas de Proyecto 39-K de El Alto, además de Pablo Apaza y Carmelo Titirico, de los trabajadores de base.
En esas fechas, una enorme columna de marchistas llegó, desde Caracollo a la ciudad de La Paz, para exigir al Parlamento la Ley de Convocatoria a Referéndum Constituyente, objetivo que fue finalmente alcanzado por el Gobierno.
El 15 de julio del año pasado, 50 trabajadores de la Planta Entre Ríos, ubicada en la zona de El Tejar, desembolsaron entre 100 y 1.200 bolivianos para recaudar 19.100 bolivianos destinados al referéndum revocatorio del mandato popular celebrado el 10 de agosto de 2008 y que concluyó con un amplio triunfo del oficialismo.
Un memorándum
El dirigente Saavedra dio a conocer un memorándum firmado el 10 de septiembre de 2007 por Guillermo Aruquipa en el que instruye a la Dirección Nacional de Recursos Humanos la contratación de una persona hasta el 31 de diciembre de ese año, “para cumplir funciones de Operador GLP en el Distrito Comercial Oriente, asignándole el Nivel ‘1’ de la Escala Salarial”, y ese mismo día, el responsable de la repartición anotada, Sabino Carme, dirigió un oficio al beneficiado mediante el que da a conocer su contratación, por lo que “deberá cumplir con los requisitos exigidos por ley, como ser el examen preocupacional, entrega de documentación” y otros.
La célula petrolera
El 12 marzo de 2008, La Prensa denunció que MAS Petrol logró que 193 personas fueran incorporadas directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y tres funcionarios fueran “designados por la dirección”.
A fines de 2006, el líder de la célula masista petrolera, Hugo Vega, envió una carta al entonces asesor de YPFB, Juan Carlos Calvimonte, para agilizar los trámites de contratación. La nota señala: “Adjunto a la presente hacemos la entrega de la lista de los militantes del MAS-IPSP que trabajan en YPFB. Solicitamos que se les garantice su fuente laboral en las nuevas contrataciones, sobre todo de aquellos que se encuentran con contratos temporales, para formar parte de las planillas de la empresa (contratos con ítem)”.
Fuentes del oficialismo desmintieron en aquella oportunidad que MAS Petrol formara parte de la estructura orgánica de esa organización, aunque empleados de la estatal explicaron que MAS Petrol es una organización de trabajadores petroleros y de activistas del sector.
Su objetivo era defender la nacionalización de los recursos naturales y la política que impulsa el presidente Evo Morales desde sus puestos en la empresa estatal de los hidrocarburos.
Aportes
Los trabajadores debían pagar Bs 10 por cada asamblea general a la que asistían.
Hubo aportes para la marcha de octubre de 2008 y para el referéndum revocatorio.
La Dirección masista de La Paz asegura que ese dinero no fue depositado en sus arcas.
Santos no es expulsado, el MAS lo remite al Tribunal de Honor
Los dirigentes habían adelantado que echarían a Ramírez del partido oficialista
Cúpula: el Vicepresidente, el Presidente y la dirigente Zurita, en la testera del ampliado, ayer
La situación de la diputada Navia quedó en manos de la organización que le promocionó: Plane.
El hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez Valverde no fue expulsado de su partido como habían anunciado los dirigentes masistas, sino derivado al Tribunal de Honor que finalmente decidirá si sigue o no en el partido.
En el encuentro participaron el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
“Hay que deshacerse de las manzanas podridas”, aseveró la dirigente de las mujeres campesinas Bartolina Sisa Leonilda Zurita antes de ingresar en la reunión, y el presidente del MAS de Cochabamba, Feliciano Vegamonte, adelantó: “Ya es un hecho que Santos está fuera, él ya no es del partido”.
El ampliado comenzó cerca de las 14.30 de ayer y se desarrolló en la Casa Campestre de la ciudad de Cochabamba.
Sin embargo, siete horas más tarde (21.30), Ramírez no pudo ser echado con ignominia, como estaba previsto, del partido que había fundado en 1995 porque, supuestamente, las bases del MAS habían reclamado que el hombre fuerte sea sometido al Tribunal de Honor como cualquier militante.
El vicepresidente del partido oficialista, Sergio Loayza, explicó a La Prensa que la máxima pena que puede determinar el Tribunal, integrado por cinco masistas, entre ellos Silvia Lazarte, es una “sanción moral” que implica la expulsión o también una “recomendación fuerte”.
Recordó que Ramírez había pedido una licencia indefinida de su tienda política hasta aclarar los hechos de corrupción en los que se vio involucrado.
El hombre fuerte del MAS está detenido preventivamente en el penal de San Pedro a la espera de un juicio por varios delitos penales, debido a un escándalo de corrupción que se destapó tras el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor, el robo de 450.000 dólares y el hallazgo de irregularidades en el contrato firmado por la ex autoridad con Catler-Uniservice.
La dirigente Zurita, que también es secretaria de Relaciones Internacionales del MAS, evitó contestar las interrogantes acerca de las razones por las que no se expulsó a Ramírez, como había planteado ella. Se limitó a decir: “Recopilaremos toda la información de las denuncias contra Ramírez para pasarla al Tribunal y sea esta instancia la que analice. Estaremos también pendientes de las resoluciones de la justicia ordinaria”.
El ampliado del partido oficialista se realizó en un ambiente de hermetismo y con fuerte resguardo a cargo del equipo de seguridad del Presidente, miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales y hasta integrantes de la Policía Militar.
Luego de la inauguración hecha por Feliciano Vegamonte, jefe departamental del MAS, el presidente Morales “invitó” a los periodistas a desalojar el salón donde se efectuaba la cita. Fueron los agentes de seguridad los encargados de hacer cumplir la orden para que la prensa se retirara a uno de los ambientes de la Casa Campestre.
Una vez finalizado el encuentro, el Presidente, el Vicepresidente y el viceministro Llorenti salieron del ambiente. Un cerco policial impidió que los reporteros se acercaran a tomar declaraciones. En el evento participó una centena de dirigentes departamentales y provinciales.
Según el Estatuto Orgánico del partido oficialista, el Tribunal de Honor debe juzgar las “faltas y delitos” en los que incurran dirigentes y militantes.
Las sanciones que puede ordenar son las siguientes: llamada de atención, suspensión del cargo y la militancia por un periodo, y la expulsión definitiva del partido político.
Según ANF, durante el desarrollo del ampliado trascendió que Morales lanzó duras reprimendas a sus allegados, instándoles a dejar la prebenda, el “peguismo” y la corrupción. “Quienes no están de acuerdo con los principios y objetivos del proceso de cambio, tienen las puertas abiertas, porque el país necesita gente honesta y comprometida con su desarrollo (…) no es bueno que defraudemos al pueblo y a la comunidad internacional porque esta revolución tiene proyecciones continentales”.
Sobre la situación de la diputada masista y esposa de Ramírez, Jiovana Navia, quien también es investigada por los hechos de corrupción, el dirigente masista de La Paz Samuel Guarayo aclaró: “Ella no es militante del partido sino representante de una organización, ellos deben tomar decisiones”.
Según el representante, Navia fue postulada como legisladora suplente por los trabajadores del Plan Nacional de Empleo (Plane). Guarayo señaló: “Ella es la principal responsable de lo que pasa con Santos Ramírez”.
Perfil
Santos Ramírez
Ex dirigente del MAS
Nació el 15 de agosto de 1962 en Caiza D (Potosí), tiene 46 años. Fue profesor rural y dirigente del magisterio, luego estudió Derecho y se inscribió en la Carrera de Economía, pero no terminó esta última. Su primer matrimonio fue con María Olmos, en Potosí. Con ella tuvo tres hijos. Ingresó en la actividad política con el Eje Pachakuti y junto a René Joaquino en 1995. Joaquino fue alcalde y Ramírez, uno de sus concejales. En 1999 llegó al MAS y fue diputado por el departamento de Potosí. Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados y Presidente del Senado en 2006, en la primera gestión del presidente Evo Morales. Fue Mandatario interino en dos ocasiones. Es uno de los gestores de la Ley de Hidrocarburos y fue presidente de YPFB. Está involucrado en un escándalo de corrupción y detenido en el penal de San Pedro.
Las resoluciones del ampliado
1.- A partir de la fecha todas las organizaciones sociales junto con las instituciones políticas nacionales y departamentales deberán trabajar de forma orgánica y coordinada en todo el proceso de cambio en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado hasta la aprobación de la nueva ley electoral con base en todas nuestras luchas.
2.- Exigir al Senado Nacional la aprobación inmediata de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, dejando de lado las posiciones demagógicas, demostrando su verdadera vocación de legisladores y no defraudar la voluntad de nuestro Gobierno y el pueblo de erradicar de raíz la corrupción instituida por el modelo neoliberal.
3.- Asimismo, por decisión de este magno ampliado, se debe ejercer el control social en todas las instituciones públicas gubernamentales velando el buen desempeño desde los ministros hasta los funcionarios de rango menor, quienes deben demostrar compromiso social e ideológico y capacidad en el ejercicio de sus funciones para la ejecución de una buena gestión de gobierno, caso contrario deberán ser sustituidos inmediatamente.
Otras decisiones
Los masistas en su ampliado determinaron aplicar el control social en el Estado.
La nueva Constitución autoriza a la sociedad civil organizada a vigilar a las instituciones.
Los sectores afines al MAS pondrán en marcha el control desde esta semana.