CIA. El Prefecto beniano y Martínez se habrían reunido con fines conspirativos y en el caso Carrasco solo presenta recortes de prensa.
Presentación: el ministro Alfredo Rada, durante la conferencia de prensa ofrecida ayer en su despacho
Rodrigo Carrasco se había reunido con Martínez en dos ocasiones, según el Gobierno.
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La Prensa
El Gobierno acusó ayer al prefecto de Beni, Ernesto Suárez, de reunirse con fines conspirativos con el diplomático de la Embajada de Estados Unidos Francisco Martínez, quien fue expulsado por supuesta conspiración y vínculos con la CIA (Central Intelligence Agency, en inglés); pero no presentó pruebas de su denuncia del aparente “complot”.
Los parlamentarios opositores consideran que esta incriminación forma parte de una campaña para distraer la atención de los hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La denuncia fue hecha ayer por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en una conferencia de prensa. “Como parte de los funcionarios que visitaron a Suárez Sattori, a principios de julio de 2008, en un hotel de la zona sur de La Paz, estaba el señor Francisco Martínez”.
La autoridad gubernamental dijo que esa “curiosa reunión” se efectuó con el “mayor sigilo y discreción”, lo que levantó sospechas del Ejecutivo.
Suárez, al parecer, llegó en esa fecha a La Paz y no tomó contacto con ningún medio de comunicación —observó el Ministro—, sino sólo con funcionarios de la Embajada estadounidense, entre ellos Martínez.
La autoridad no precisó qué asuntos se trataron en esa cita privada, aunque aclaró que el Gobierno está investigando al diplomático estadounidense desde hace dos años, cuando ingresó en el país. Este funcionario, amparado en los privilegios consulares, habría participado en “reuniones políticas”.
Después de hablar con Martínez y otros representantes de la Embajada, el prefecto Suárez se habría trasladado a Santa Cruz para encontrarse con su colega Rubén Costas.
Rada sospecha que esos encuentros fueron “claves” para el inicio de las movilizaciones de las regiones de la “media luna” que finalizaron en septiembre con la toma de instituciones y aeropuertos, bloqueo de carreteras y la explosión de un ducto en la región del Chaco. “Entre julio y septiembre justamente se produjo una situación crítica que tuvo la intención de derrocar (al presidente Evo Morales)”.
Este matutino buscó la versión del prefecto Suárez, pero éste se encuentra enfermo con dengue, por lo que la Prefectura beniana decidió no emitir ningún criterio al respecto.
El jefe de bancada en Diputados de Podemos, Bernardo Montenegro, considera que esta acusación forma parte de una estrategia para “tapar” el escándalo de corrupción en YPFB, que derivó en la detención preventiva de su ex presidente Santos Ramírez.
Arturo Murillo, diputado de Unidad Nacional (UN), pidió al Ejecutivo que presente pruebas de las acusaciones de conspiración y no solamente incrimine a autoridades.
El presidente Evo Morales declaró el lunes “persona no grata” a Martínez porque también habría participado en actividades de infiltración a través del Centro de Operaciones Especiales (Copes), unidad de la Policía Nacional que fue disuelta en febrero de 2008. El Departamento de Estado de EEUU calificó de “arbitraria e injustificada” esa decisión. Martínez llegó a Bolivia el 19 de enero de 2007 y estaba acreditado como segundo secretario de la legación diplomática en la Cancillería boliviana hasta el 19 de enero de este año.
El ministro Rada afirmó ayer que Martínez tenía una serie de contactos con los policías de Copes, entre ellos el ex oficial Rodrigo Carrasco, quien también fue gerente de Comercialización de YPFB .
Carrasco comenzó a trabajar en la estatal petrolera durante la presidencia de Guillermo Aruquipa. Según el Gobierno, el ex policía sacaba información estratégica y fue señalado como el responsable de los periodos de escasez de combustibles.
Rada dijo que Martínez se reunió con Carrasco en al menos dos oportunidades, pero los abogados de este último negaron estos hechos. Anunció que más adelante entregará otras pruebas.
Estructura de espionaje
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo ayer que el ex asistente de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos Vincent Cooper, acusado de infiltración por el becario estadounidense Alexander van Schaick, en febrero de 2008, no fue el único involucrado en estas actividades, sino también el diplomático Francisco Martínez, que fue expulsado por conspiración.
“La investigación (de nuestros organismos) estableció que Vincent Cooper no trabajaba sólo”, dijo la autoridad gubernamental, quien considera que Martínez y el ex capitán de Policía boliviano Rodrigo Carrasco formaron parte de una estructura de infiltración y espionaje que, supuestamente, tenía conexiones con personalidades políticas y prefectos opositores de la llamada “media luna”.
Las “pruebas”
El Ministro de Gobierno presentó los siguientes argumentos como pruebas de la conspiración:
La reunión del prefecto Ernesto Suárez con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, que se habría desarrollado en un hotel de la zona Sur de La Paz.
La autoridad beniana no habría brindado declaraciones a los medios de comunicación.
Luego de ese encuentro viajó a Santa Cruz para dialogar con el prefecto Rubén Costas.
Luego comenzaron las protestas.
Para destacar
El diplomático de la Embajada de EEUU nació en Texas el 20 de mayo de 1972.
Sus padres son mexicanos, pero Martínez tiene ciudadanía estadounidense.
El funcionario tendría que dejar suelo boliviano hasta mañana por la tarde.
El dato
Francisco Martínez estaba acreditado ante la Cancillería solamente hasta el 19 de enero.
Sólo hay recortes de prensa contra Carrasco
“Espía”. El fiscal Isabelino Gómez reveló que el Ejecutivo presentó artículos periodísticos como “indicios” contra el ex policía y presunto agente de la CÍA estadounidense.
La Prensa
Gobierno da recortes de prensa como indicios contra Carrasco
La Fiscalía convocará a periodistas para que declaren sobre el espionaje
Efectivos del Copes “continuaron trabajando en las sombras y con gente de la Embajada de EEUU”.
Aunque el viceministro Marcos Farfán dijo que había entregado pruebas documentales a la Fiscalía que incriminaban a Rodrigo Carrasco con la CIA estadounidense, el fiscal Isabelino Gómez, responsable de la investigación correspondiente, reveló ayer que sólo recibió recortes de prensa como “indicios”.
En representación del Gobierno, el Viceministerio de Régimen Interior presentó el jueves una querella contra Rodrigo Carrasco, ex gerente nacional de Comercialización de Yacimientos, por los presuntos delitos de “espionaje y falsedad material”.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, sostuvo ayer, en conferencia de prensa, que se había cuestionado al Ejecutivo de acusar a una persona y no presentar las pruebas correspondientes, “pero pasado un tiempo prudencial, lo hicimos y ofrecimos todos los elementos de información para investigar”.
Carrasco, ex oficial de la Policía Nacional, prestó servicios en el disuelto Comando de Operaciones Especiales (Copes), un organismo de la institución del orden, y el Gobierno lo acusó de pertenecer a la CIA.
El fiscal Gómez refirió que contra Carrasco pesan algunos indicios, pero otros elementos contenidos en la denuncia darán lugar a que el Ministerio Público solicitará información escrita a la Policía Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y medios de comunicación “que han elaborado la información periodística” sobre este caso.
En tal sentido, el agente del Ministerio Público confirmó que se citará a periodistas y editores para que den a conocer sus propias indagaciones.
La consulta a la estatal petrolera se orientará a pedir información sobre las actividades de Carrasco y sus datos personales.
Ramiro Vega, abogado de Carrasco, aseguró ayer que “no nos han notificado, no sabemos de las actuaciones” de la Fiscalía, aunque “mi cliente ni se presentó a YPFB como ingeniero ni presentó ningún documento relativo a una profesión que no tenga, pues (él) es ex capitán de la Policía Nacional”.
El jurista reiteró que Carrasco nunca practicó el espionaje y lo identificó como “un boliviano que ha servido a su patria”. Además, él descartó la posibilidad de que Carrasco haya incurrido en el delito de falsedad material, pues nunca presentó títulos profesionales que no posee para formar parte de la planta ejecutiva de la estatal.
Vega explicó que su defendido tiene “experiencia laboral” en el área de hidrocarburos e ingresó a trabajar en Yacimientos merced a una invitación de la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la empresa.
En conferencia de prensa ofrecida ayer, el Ministro de Gobierno sostuvo que ex integrantes de Copes mantuvieron actividades clandestinas después de que se dispusiera su desarticulación al comprobarse el extremo de que no respondía al mando centralizado de la Policía Nacional.
Carrasco, uno de sus efectivos, se reunió dos veces (la autoridad no precisó cuándo) con Francisco Martínez, segundo secretario de la legación diplomática estadounidense, y fue expulsado del país por Evo Morales bajo la acusación de ser agente de organismos de inteligencia del país del norte y conspirar contra el orden instituido.
La autoridad indicó que Carrasco coordinaba su labor con la representación estadounidense para “desestabilizar a YPFB”, aunque ello, aclaró, no significa de que “el Gobierno quiera encubrir la corrupción” descubierta en la empresa nacionalizada.
Rada afirmó que “Rodrigo Carrasco pudo infiltrarse en una empresa estatal para favorecer a una potencia extranjera”.
El espionaje, de acuerdo con el Código Penal, es un delito sancionado con presidio de 30 años sin derecho a indulto y se aplica a quien “procurare documento, objetos o informaciones secretos de orden político o militar relativos con la seguridad a los medios de defensa o las relaciones exteriores”.
La falsedad se refiere a forjar un documento público o alterar uno verdadero, cuya sanción, en el caso de los funcionarios del Estado, varía entre dos y ocho años de reclusión.
“El Copes sirvió a una potencia extranjera”
En conferencia de prensa, ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que el desarticulado Centro de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía “estuvo al servicio de una potencia extranjera”.
La autoridad aseguró que varios oficiales asignados a esta entidad policial respondían a las instrucciones de la Embajada de Estados Unidos y no a las órdenes del mando de la Policía Nacional.
Consultada una fuente de este Ministerio en torno a las acciones legales que pueden iniciarse por este motivo contra quienes formaron parte de este organismo, el funcionario respondió que será muy complicado hacerlo debido a que resultará una tarea casi imposible determinar qué integrantes del Copes prestaron directamente servicios a organismos extranjeros de inteligencia y quiénes se mantuvieron leales al país y a su institución.
Rodrigo Carrasco, uno de los destinados al Copes, deberá comparecer ante el fiscal Isabelino Gómez este viernes para prestar su declaración informativa dentro de esta investigación por espionaje y falsedad abierta por demanda de las autoridades del Ministerio de Gobierno.
Carrasco, en su condición de ex gerente Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es objeto de otra investigación oficial por parte de la Fiscalía Anticorrupción por la irregular contratación de la sociedad accidental Catler-Uniservice para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
El caso fue puesto en evidencia después de las primeras indagaciones por el atraco seguido por muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, que puso en evidencia una serie de problemas legales y técnicos en el proceso de adjudicación de la obra al mencionado consorcio.
Por ello, el presidente Evo Morales acusó al ex Gerente Nacional de Comercialización de ser espía de la CIA y de haberse infiltrado en la empresa nacionalizada para montar una red de espionaje.
La juez Siles vuelve al caso
Por decisión de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, la recusación planteada por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, fue declarada improcedente, por lo que la juez Marcela Siles volverá a conocer la causa abierta en la Fiscalía de Corrupción Pública por la contratación del consorcio accidental Catler-Uniservice para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Suxo interpuso el mencionado recurso legal porque entendía que la Magistrada había obrado con benevolencia al decretar medidas sustitutivas contra la ex directora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Esther Carmona y al ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio.
Esa recusación impidió en dos ocasiones una audiencia de medidas cautelares para el ex director administrativo de YPFB Marco Antonio Vega, quien guarda detención domiciliaria por decisión del juez Róger Valverde.
Después de la mencionada sentencia de la Sala Penal Tercera, Marcela Siles conocerá nuevamente el caso y someterá a otra audiencia cautelar a Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mac Galem, Luis Fernando Córdoba, Javier Navia y Gonzalo Aramayo por los delitos de organización criminal y cohecho activo, aunque para los dos últimos, la tipificación es en el grado de complicidad.
Todavía no hay fecha ni hora para la realización de este acto jurídico.
Además, Juan Carlos Revollo, abogado defensor de Marco Vega, anunció que en las próximas horas presentará una acción de libertad para lograr que se suspenda la medida preventiva al haberse demostrado que su aprehensión fue ilegal.