Comunarios desconocen al Estado y Omasuyos se declara “territorio libre”. Cárdenas cree que habrá más agresiones contra los que piensen distinto al MAS
Ponchos rojos dicen que se declaró estado de sitio amukim en Sank’ajawuira y otras comunidades
Ponchos rojos: el dirigente Justino de la Cruz y sus compañeros ofrecen una rueda de prensa en La Paz, ayer (foto El Deber)
Achacachi desconoce autoridad del Estado, y Fiscalía hace poco
La Prensa
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Achacachi desconoce la autoridad del Estado, pues sus dirigentes pusieron de facto en vigencia el capítulo cuarto de la Constitución, pues declararon a la provincia Omasuyos “territorio libre y jurídico”, mientras que el Ministerio Público todavía hace poco por investigar el asalto a la propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la agresión a cinco de sus familiares.
La esposa, la cuñada, dos hijos y un sobrino de Cárdenas fueron golpeados el sábado después de ser desalojados de su casa en Sank’ajawira.
Representantes de los “ponchos rojos” visitaron ayer la Cámara de Diputados y declararon, según ANF, que “a partir de la fecha, nadie ingresa a Omasuyos, ni el fiscal ni la Policía. Omasuyos tiene su propio fiscal, su propia Policía. Los fiscales primero tienen que leer los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución”.
El dirigente Justino de la Cruz afirmó que la decisión de los comunarios responde a promesas que Cárdenas no cumplió en su condición (en la primera gestión de Sánchez de Lozada) de Vicepresidente, como la construcción de un hospital, canchas de fútbol y otras obras en la región.
De la Cruz expresó: “La provincia Omasuyos se declara territorio libre y jurídico, se ha actuado de acuerdo con la Constitución Política del Estado”.
La ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, Jimena Alejandro, según ABI, alegó: “La toma de la vivienda es consecuencia de que Cárdenas es un traidor a su raza, porque nunca ha cumplido con sus compromisos estando en el poder”.
Germán Arteaga, otro “poncho rojo”, confirmó que en la región se declaró “estado de sitio amukim (en silencio)”.
Los comunarios aseguraron que la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas fue expropiada por no cumplir la función social establecida en la nueva Constitución, y convertirla en una “casa de ancianos”.
Otro dirigente del sector sostuvo que los campesinos están dispuestos a pagar por la expropiación del inmueble, aunque para ello será necesario que éste participe en un ampliado para ofrecer explicaciones sobre sus acciones recientes.
Cárdenas respondió que nada tiene que hablar y que todo el asunto está a cargo del equipo jurídico que lo asesora.
“Los abogados se encargarán de los pasos siguientes”. El ex Vicepresidente confirmó que ayer presentó la querella formal en la Fiscalía “contra todos los que resultaren autores directos e indirectos y cómplices” de la toma de su inmueble y las agresiones a sus allegados.
La ex autoridad dijo que sus parientes todavía se recuperan de las lesiones en el Hospital Arco Iris, pero no del trauma psicológico y estima que en las siguientes horas recibirán el alta.
Los campesinos se mantienen, entretanto, en estado de apronte en inmediaciones de la casa de campo y reiteraron que no será devuelta a su dueño.
El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, señaló que la vivienda en Sank’ajawira es resguardada por la Policía y que en los próximos días se extenderán las notificaciones a los presuntos responsables del hecho.
El fiscal adscrito a la investigación, Gregorio Blanco, requerirá videos a los canales televisivos que captaron imágenes, así como fotografías a los medios impresos, del ataque a la familia Cárdenas para identificar a los autores de los hechos de violencia, que serán procesados. La única vez que Blanco y los investigadores entraron en Sank’ajawira fue la tarde del domingo, pero los comunarios les respondieron de manera “tranquila” que tienen su propio fiscal para las labores propias del Ministerio Público.
Otros pronunciamientos
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció y condenó la “desenfrenada” actitud de los campesinos de Huatajata, quienes a chicotazos y amenazas impidieron trabajar el lunes a los periodistas de La Paz.
El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, optó por la cautela y dijo que espera que se reúna el próximo ampliado de las nueve comunidades de los municipios Cordillera y Lago de la provincia Omasuyos antes de pronunciarse sobre el particular.
La autoridad aclaró que el Movimiento Al Socialismo no participó en esta toma, que fue decidida por los campesinos.
El ex presidente Carlos Mesa expresó su repudio a la ”acción vandálica” que sufrió la familia Cárdenas Catari y ha advertido de que el Gobierno conduce al país a vivir una “inaceptable” situación de avasallamiento a los derechos humanos de las personas.
“Esta condena además quiere sumar otra idea, la preocupación por la actitud del Gobierno, que en vez de condenar estas acciones las justificó. No es tolerable que un ciudadano cualquiera sea sujeto a acciones vandálicas y violentas y no haya Policía, menos sistema judicial que lo proteja”.
La agencia ANF informó que a través de internet la condena por este hecho se expandió ayer con la masiva propagación de correos electrónicos, que sumó unos 50.000 envíos, en tanto que en la red social Facebook se apuntaron cerca de mil personas a las cuatro horas de haberse habilitado.
Polémica oficialista
El senador del Movimiento Al Socialismo Antonio Peredo explicó, según ANF, que en este momento “no hay una expropiación por parte del Gobierno” y que esta figura se inicia cuando el Estado declara “necesidad pública” de un determinado predio. “Ésta es una decisión de las organizaciones sociales, pero hay un resguardo de la Policía”. “El allanamiento es legal con orden de un juez y fiscal, pero esto no ocurrió”.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, dijo: “No es posible que cualquier cosa que pasa en el país directamente le culpan al Movimiento Al Socialismo, entonces, en la investigación que digan quiénes son los responsables, ojalá que las autoridades del Ministerio Público investiguen”.
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, admitió que la protección policial enviada el sábado por la mañana a la casa de Cárdenas es insuficiente.
“La Patrulla Caminera tiene vehículos que están en permanente recorrido y cada uno de los equipos tiene alrededor de cinco efectivos. En toda el área tenemos dos equipos; pero lo que hicieron los campesinos es ilegal y no vamos a permitir que se viole la propiedad privada”, sostuvo.
Las posiciones críticas de los masistas contrastaron con la justificación de Evo Morales y Álvaro García Linera a la toma violenta del bien inmueble y el ataque a la familia de Cárdenas en Sank’ajawira.
El diputado masista Gustavo Torrico se sumó a la posición de los mandatarios y criticó al ex Vicepresidente.
Señales
El 18 de noviembre 11 personas fueron quemadas vivas y torturadas en Achacachi.
Los 11 sujetos fueron sorprendidos en flagrancia mientras atracaban a pobladores.
Dos presuntos delincuentes murieron y nueve quedaron severamente heridos.
La Fiscalía no pudo ingresar en el lugar para hacer investigaciones y hubo un pacto de silencio.
Hasta ahora, los nueve presuntos atracadores siguen detenidos preventivamente.
En noviembre de 2007, comunarios de Achacachi degollaron a dos perros.
Cada animal muerto había sido bautizado con el nombre de prefectos opositores.
El hecho ocurrió poco antes de concluir las labores de la Asamblea Constituyente.
Ese sacrificio de animales mereció la condena de organizaciones ecologistas.
Ley del silencio e impunidad para los agresores de Cárdenas
Pobladores de Huatajata hicieron pacto de silencio
La Patria
Tal y como ocurrió con los linchamientos en Achacachi y en Epizana (donde tres policías murieron a manos de una turba de cocaleros), los dirigentes del MAS que perpetraron el allanamiento y agresiones físicas contra la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, anunciaron ayer la instauración de un “estado de sitio civil” con un pacto de silencio y la “prohibición” de ingreso a la comunidad de cualquier autoridad pública para investigar esos delitos.
Los dirigentes del MAS, en la provincia Omasuyos, encabezados por el ex constituyente de ese partido, Gregorio Mamani, ingresaron ayer al Congreso de la República para reivindicar las acciones contra los bienes jurídicos de Cárdenas y reiteraron que procederán a la “expropiación” de la propiedad privada del ex vicepresidente.
En la cultura aymara, los ancianos son venerados como sabios y son protegidos en el seno del hogar hasta su muerte. El alejamiento de los “awquilis, abuelos” del seno familiar es considerado una afrenta indolente por la comunidad.
Pero los dirigentes indígenas aimaras del MAS insistieron ayer en decir que el inmueble será para un asilo de la tercera edad.
Los dirigentes Germán Arteaga y Justino de la Cruz junto a otros integrantes de los denominados “ponchos rojos” dijeron que en realidad la casa de Cárdenas ya fue expropiada por no cumplir la función social establecida en el artículo 54 de la nueva Constitución Política del Estado para convertirla en una “casa de ancianos”.
AMENAZA
“A partir de la fecha nadie ingresa a Omasuyos, ni un fiscal ni la policía”, aseveró el dirigente de la Cruz.
“Omasuyos tiene su propio fiscal, su propia policía, los fiscales primero tienen que leer los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución por lo tanto declaramos estado de sitio amuki en toda la provincia Omasuyos”,
reiteró.
Pero cuando al ex constituyente los periodistas le preguntaron si había leído el artículo 56 del nuevo texto constitucional que garantiza la propiedad privada, se limitó a decir que el despojo se debe a una decisión de un ampliado campesino.
CAMINO LEGAL
El senador por Podemos, Luís Vásquez explicó que si bien la nueva Constitución reconoce la expropiación, “esta debe hacerse por ley”. “Entonces, si quieren expropiar que comiencen a tramitar la ley”, dijo.
Pero el senador por el MAS, Antonio Peredo, dijo que “no hay una expropiación por parte del Gobierno” y advirtió que ese despojo debe hacerse después de comprobarse la “necesidad pública” sobre un determinado predio.
Dijo que el allanamiento fue “una decisión de las organizaciones sociales”. “El allanamiento es legal con orden de un juez y fiscal y esto no ocurrió”, aclaró el senador oficialista.
Pero el ex constituyente Mamani anticipó que pese a esos impedimentos constitucionales “vamos a iniciar las acciones legales para la expropiación”.
“Eso ya está decidido, respetamos el derecho a la propiedad privada, como es una casa construida con buen material hay que darle un uso”, dijo Mamani. “La provincia Omasuyos como territorio libre y jurídico ha actuado de acuerdo a la Constitución Política del Estado”, dijo por su parte de la Cruz.
Rige ley del silencio y estado de sitio civil en el altiplano
Impunidad. Lo decretaron los ponchos rojos para tratar de obstaculizar las investigaciones de la toma de la casa de Víctor Hugo Cárdenas. La controversia por el hecho llegó a las filas del partido de Gobierno
El Deber
Marco Chuquimia. La Paz
Aunque el Gobierno solicitó comprensión a los comunitarios para dejar actuar a los fiscales que deben investigar las agresiones a la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, la dirigencia de los ‘ponchos rojos’ de Omasuyos y los representantes de Sankajawira decretaron ‘estado de sitio civil’ y ley del silencio para no permitir el ingreso de investigadores a la zona. “A partir de la fecha, nadie puede ingresar a Omasuyos, ni fiscales ni policías. En Omasuyos tenemos nuestro propio fiscal, los fiscales que quieran entrar primero deben leer estos artículos”, dijo el secretario de conflictos de la regional de la sección Lago-Cordillera, Justino de la Cruz.
Añadió que esta determinación está enmarcada en los artículos 190, 191 y 192 de la nueva Constitución, aunque en la Carta Fundamental no hace referencia a las declaratorias de estado de sitio civil y para que éstos entren en vigencia debe aprobarse una ley de deslinde. Desde el sábado pasado, campesinos mantienen ocupada la casa del ex vicepresidente, luego de tomarla violentamente, golpeando a la esposa, dos hijos, una cuñada y al sobrino de Cárdenas.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, exhortó a los dirigentes a ‘ser comprensivos y dejar trabajar a las autoridades para investigar los sucesos’, pero evitó comentar la legalidad de la decisión asumida por los campesinos.
El dirigente comunal dijo que se va aplicar la ley ‘amuki’ (silencio). “No vamos hablar con nadie, porque los medios de comunicación mienten y además nos insultan”, aseveró Cruz. Es la segunda vez que la provincia Omasuyos asume una decisión similar. En noviembre de 2008, cuando una decena de delincuentes fueron sorprendidos, apresados y quemados en el estadio de Achacachi, se recurrió a la misma medida. De manera coincidente, la Fiscalía de Distrito de La Paz asignó para investigar la toma a Gregorio Blanco, que también está a cargo del caso del linchamiento en Achacachi, que se encuentra impune.
El fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez, adelantó que se ha solicitado los videos del hecho a Cadena A y que se ha identificado a algunos de los autores. El hecho ha cobrado tanta importancia, que el fiscal General de la República, Mario Uribe, ordenó a Gutiérrez inicar la investigación. El fiscal paceño no ha determinado cuándo enviará policías para recuperar la casa de Cárdenas. Ayer los comunitarios resolvieron expulsar al ex vicepresidente y anunciaron que no lo dejarán volver.
Los dirigentes también afirmaron que cinco comisiones de campesinos ya se desplazaron hacia la ciudad de La Paz para ‘negociar’ con Cárdenas una indemnización. Quieren descontar las ‘deudas’ de Cárdenas con su pueblo, por ‘todos los años que no prestó servicio comunitario’.
Pero la expropiación de la casa desató una polémica entre los legisladores del MAS. Mientras el senador Antonio Peredo afirma que la expropiación sólo es posible con una ley de necesidad aprobada por el Congreso, su colega Félix Rojas dijo que la población puede recuperar la casa para la comunidad. El diputado Leandro Chacalluca anunció que presentará un proyecto de ley que permita la expropiación del inmueble.
Para el senador Luis Vásquez (Podemos), el Poder Ejecutivo intenta desesperadamente cubrir la ilegalidad cometida por sus bases.
Artículos citados por ponchos rojos
Artículo 190.
I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, normas y procedimientos.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.
Artículo 191.
I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial. Están sujetos a ella los miembros de la nación o pueblo, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
III. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Artículo 192.
I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones ordinaria e indígena.
Denuncian presión sobre otras casas
La dirigencia de Alianza Social, partido liderado por el alcalde de Potosí, René Joaquino, denunció ayer que lo sucedido con la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas es el inicio de una arremetida de grupos afines al MAS contra los opositores al régimen de Evo Morales.
El delegado de esa fuerza política en La Paz, Amilcar Barral, aseveró que una decena de propiedades serán avasalladas, “aunque no creo que sean tomadas como en Sankajawira, pero van a presionar en esas casas”.
De acuerdo con su denuncia, las casas ‘marcadas’ por los masistas son las del jefe de su partido, René Joaquino; del ex presidente Carlos Mesa Gisbert, del dirigente campesino Rufo Calle, del ex jefe del Movimiento Katarista Nacional Fernando Untoja, la del diputado disidente del MAS Guillermo Beckar, del senador Guido Guardia, y la del dirigente campesino y acérrimo adversario político de Morales, Alejo Véliz.
Barral dijo que estas agresiones estarán a cargo del grupo denominado Satucos, que es liderado por el diputado masista Gustavo Torrico; aunque este legislador dijo que su grupo ‘es un colectivo de pensamiento político que se reúne cada martes’ e invitó a Barral a asistir a esas reuniones ‘para aprender a hacer política’.
Este mismo grupo fue señalado por la esposa de Cárdenas, Lidia Catari, de rondar la casa de la familia en la ciudad de La Paz.
En Sucre, la prefecta Savina Cuéllar, reaccionó pidiendo garantías para ella y su familia, ya que teme que una situación similar pueda darse en su caso, y que grupos afines al MAS ataquen su domicilio en la capital de la República, volviendo a acusar a Evo Morales de confrontar a los bolivianos y de enviar agresores a quienes piensan diferente a él.
«Del MAS me pidieron disculpas». Víctor Hugo Cárdenas | Ex vicepresidente de la República
La ex autoridad señaló estar abocado a la seguridad y recuperación de su familia. Prefiere no hablar de política por el momento y reconoce que hubo grupos que le propusieron estar al frente de un proyecto alternativo al MAS. Dice que hubo masistas que le pidieron disculpas por la agresión
Indígena. Cree que habrá más agresiones contra los que piensen distinto al MAS
El Deber
Christian Peña y Lillo
– ¿Se siente un perseguido político?
– Me siento un boliviano que padece por la inseguridad ciudadana. Lo ha sufrido mi familia con la toma violenta de mi vivienda. Es un hecho que si ahora le pasó a un ex vicepresidente, le puede pasar al resto de los bolivianos. Es la inseguridad a la que estamos sometidos todos.
– En los 90 fue discriminado por su condición de indígena, ahora los indígenas lo califican de traidor, ¿qué lectura hace de esto?
– Son los sectores indígenas que están a favor del Gobierno, aquéllos que se han dejado llevar por un discurso de revanchismo. Es la gente que se ha dejado confundir por una consigna equivocada.
– ¿Cree que hay otros dirigentes en la mira?
– Seguramente habrá más personas que por pensar diferente serán atacadas por el Gobierno. Optamos por una visión distinta a la del Presidente de la República, una decisión democrática. Me sindican por haber encabezado la campaña No de Corazón. Dijeron que yo apoyaba a la ‘media luna’, pero la decisión de votar por el No era una opción personal, que la gente debía asumir y yo únicamente lideré una propuesta.
– ¿Cuál es la situación de su familia?
– Afortunadamente, en lo físico se están recuperando favorablemente. Sin embargo, lo ocurrido en mi casa en Sankajawira dejó traumas en mis hijos y mi esposa, eso será difícil de superar. Mi hijo tiene problemas en su ojo derecho, que fue lastimado por un chicotazo que recibió cuando estaba huyendo de la casa perseguido por la turba. No puede enfocar bien y los oftalmólogos analizan su situación para ayudarlo.
– ¿Volverá a vivir a Sankajawira?
– Claro que sí. Esa vivienda ha sido comprada con mi esfuerzo y el de mi esposa, Lidia. No hemos conseguido esa vivienda robando ni con dinero mal habido. Ha sido fruto de nuestro trabajo y yo volveré a vivir allí; además, ese bien lo obtuve antes de ser vicepresidente. No entiendo cómo quieren expropiar una casa humilde, de dos plantas, como la mía, y no hacen nada para expropiar las casas de otras autoridades como la del canciller (David Choquehuanca), que tiene un edificio de cinco pisos en La Paz.
– ¿Será candidato a la Presidencia?
– No es un tema que hubiera pensado detenidamente. Hubo grupos que me han hecho propuestas para estar al frente de un proyecto distinto al que ahora lideran Evo Morales y Álvaro García Linera, pero por el momento estoy íntegramente preocupado por mi familia. Lo de la candidatura será algo de lo que luego me ocuparé.
– ¿Qué se necesita para convencerlo?
– Que mi familia esté a salvo. Algunos creen que la política debe estar por encima de la familia, yo pienso de manera distinta. Mi familia, su seguridad y su bienestar están por encima de la política; cuando eso ocurra haré este tipo de análisis. Ésa no es mi prioridad
– ¿Se le puede ganar a Evo Morales?
– Ése es un análisis que haré más adelante, por el momento debo velar por la seguridad de mi familia y continuar con el proceso jurídico en contra de las personas que agredieron a mi esposa, intentaron matarla, allanaron mi domicilio y golpearon a mis hijos.
– El Vicepresidente dijo que será una contienda de indio contra indio, ¿qué opina?
– No me sorprende la posición que tiene un terrorista fracasado, que siempre tiene en mente la búsqueda del enfrentamiento. El señor Álvaro García Linera debe darse cuenta de que es el Vicepresidente de Bolivia y no el vicepresidente del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK).
– ¿Cómo se siente por el apoyo recibido?
– Agradezco de corazón las incontables muestras de apoyo que he recibido de todos los sectores políticos y sociales. Mi esposa y yo hemos recibido llamadas desde el exterior, demostrándonos su apoyo incondicional y su solidaridad por el momento difícil que le tocó atravesar a mi familia. Me siento más boliviano que nunca por las innumerables muestras de apoyo. Quiero agradecer de manera especial a los masistas que han reconocido que lo ocurrido no es la consigna de su partido y que esa violencia que lideran Morales y García Linera no es parte de la forma de pensar de los verdaderos postulados del MAS.